José Antonio Almazán González
Desde 2009, la liquidación de Luz y
Fuerza del Centro (LyFC) ha sido un misterio, marcada por la opacidad y
la falta de transparencia. Con Felipe Calderón para ocultar las
verdaderas causas de la quiebra de LyFC; y en lo que toca a Peña Nieto
para tender una cortina de humo sobre el proceso real de enajenación de
los multimillonarios bienes de LyFC. Por ello, llama la atención la
reciente revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a
diciembre de 2016, que arroja alguna luz sobre la negociación a la baja
entre el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la Secretaría de
Gobernación (Segob).
Salta a la vista la aseveración de la ASF de que los bienes de LyFC,
¡después de más de siete años!, siguen estando bajo el dominio de la
Federación, aunque la gran mayoría han sido transferidos a la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) y una pequeña cantidad, alrededor de 40,
al SME. Bien sea en comodato o a título oneroso gratuito, pues no se ha
podido acreditar plenamente la propiedad de los mismos. Otro dato
relevante es el valor de todas las propiedades de LyFC. Se trata de 533
bienes valuados contablemente, pero no a precios reales, en 98 mil 592
millones de pesos. Lo que abre un enorme boquete sujeto a la
especulación y a la corrupción.
A partir de estos incumplimientos, como los llama la ASF, se
cuestiona la versión oficial sobre el proceso de negociación entre la
Segob y el SME, entre los que se destacan: A la fecha, al SME no le han
entregado propiedades, sólo se ha dado una transmisión no onerosa de
bienes. Este proceso puede tomarse varios años más. Las plantas de
generación de Necaxa y las microhidroeléctricas, en tanto bienes
nacionales, fueron entregadas a la Generadora Fénix. Es decir, a una
empresa privada trasnacional, avalando en los hechos la privatización de
la industria eléctrica. Sin embargo, a diciembre de 2016 la firma del
contrato de adquisición de energía de CFE a la Generadora Fénix se
encontraba todavía pendiente de formalizar.
El capital accionario de la Generadora Fénix se integró con 51 por
ciento a Mota Engil, 40 por ciento al SME y ¡un 9 por ciento a la
Cooperativa LF del Centro! Dato que celosamente se había ocultado a los
trabajadores y a la opinión pública, convirtiendo al SME en un sindicato
sui generis: patronal-empresarial, con una membresía mínima de
500 trabajadores, 14 mil cooperativistas, 19 mil jubilados y una fuerte
inequidad de derechos accionarios entre todos sus agremiados.
De acuerdo con la ASF al gobierno le salió barata la liquidación de
LyFC y sus trabajadores. La administración de Peña Nieto se ahorró 627
millones de pesos en el pago de las liquidaciones y 328 mil 859 millones
de pesos, que no se pagaron en finiquitos con motivo de las demandas
relacionadas con los juicios laborales 1267/2009 y IV-53.1.2014, de las
cuales la dirección del SME se desistió y que incluía el pago de los
fondos de jubilación (Cl 64), el fondo del programa habitacional y el
Fondo del Seguro Sindical (Cl 112). Estos fondos son de naturaleza
diferente a los Pasivos Laborales y conforme al Contrato Colectivo de
Trabajo tenían que haberse entregado al SME.
Como parte de la negociación, para la extinción del pasivo
laboral de 80 mil millones de pesos, al SME le entregaron sólo 40 bienes
que representan 7.5 por ciento de los 533 bienes de LyFC, pero sin
escrituras, pues siguen bajo el régimen de dominio público de la
Federación. Esos 40 bienes tienen un valor contable de 512 millones de
pesos, que representan apenas 0.5 por ciento del valor total de los
bienes de LyFC. Éstos son: tres agencias, diez campamentos, dos
edificios administrativos, una escuela para trabajadores, tres predios,
diez subestaciones eléctricas, un sector y otros diez (plantas
eléctricas, terrenos, museos, tomas de hidroeléctricas, tanque de
carga). Adicionalmente, la ASF informa que el valor contable de las 16
plantas de generación ascendió a mil 103 millones de pesos,
representando 1.1 por ciento del valor de los bienes de LyFC. En total
mil 615 millones de pesos frente a un pasivo laboral de más de 80 mil
millones de pesos. Sin embargo, CFE se quedó con 436 bienes de los 533
bienes de LyFC que representan 81.8 por ciento del total, con un valor
contable de 95 mil millones de pesos, que representa 96.9 por ciento del
total.
Por otra parte, mientras en 2009 Calderón denunció un pasivo laboral
de los jubilados por 240 mil millones de pesos, para el pago de más de
22 mil jubilados, para diciembre de 2015 la ASF informa de 341 mil 210
millones para el pago a 20 mil 351 jubilados del SME. En ambos casos con
un déficit financiero de 100 por ciento.
La contraparte de esta historia es lo que ocurre dentro del SME.
Alrededor de 500 trabajadores laboran en la Generadora Fénix con un
contrato colectivo de trabajo con apenas los mínimos de la Ley Federal
del Trabajo, pero con dirigentes que gozan de elevados ingresos,
derivados de su doble condición como representantes sindicales y por
otra parte socios accionistas y miembros del Consejo de Administración
de la empresa privada. Cuyos tiempos de duración en sus cargos
sindicales fueron ampliados de dos a cinco años.
A casi ocho meses del cobro de sus liquidaciones (agosto de 2016) la
gran mayoría de los 14 mil socios de la cooperativa del SME sigue sin
trabajo. Los pocos que lo han logrado es en condiciones precarias; con
salarios mínimos, jornadas diarias de 12 horas y pésimas condiciones de
seguridad e higiene. Más de 900 pensionados con renta vitalicia llevan
más de dos años esperando el cobro de prestaciones y adeudos pendientes.
A los que se han atrevido a reclamar por las promesas incumplidas y las
mentiras recurrentes les han negado sus certificados como socios de la
Cooperativa de LyF y consignados ante la comisión autónoma de justicia
del SME, en medio de una campaña de descalificación y amedrentramiento.
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