Minería, narco y comunidades indígenas

Luis Hernández Navarro

Rob McEwen es un próspero empresario canadiense. Es director y propietario en jefe de la minera McEwen Mining, compañía con fuertes inversiones en México. Es el centésimo hombre más rico de Canadá y un firme creyente en el oro.

En abril de 2015 sufrió un duro golpe. Un comando asaltó la mina El Gallo 1, ubicada en la zona serrana de Mocorito, Sinaloa, y robó 198 kilos de oro. Los ladrones se llevaron 8.4 millones de dólares. Se trató del hurto de oro más grande en México, y el cuarto asalto más importante registrado en la historia en peso.

Dos días después, McEwen dio una entrevista a la televisora canadiense Business News Network. Sin pelos en la lengua confesó: “Los cárteles están activos ahí. Generalmente tenemos una buena relación con ellos. Si queremos ir a explorar a algún lado, les preguntamos, y te dicen: ‘No, pero regresen en un par de semanas y terminamos lo que estamos haciendo’”.

Las declaraciones levantaron una intensa polémica. Tres días más tarde, McEwan se retractó y ofreció disculpas por el malentendido que creó la impresión totalmente falsa entre los medios mexicanos de que teníamos contacto regular con elementos criminales en su sociedad.

El hecho dista de ser un incidente aislado. Muestra la compleja relación que se ha entablado en México entre las empresas mineras y el crimen organizado. Una relación que tiene varias facetas: la abierta colaboración entre ambos negocios, la conversión de narcotraficantes en empresarios del sector, y la extorsión y el robo de los cárteles a las compañías.

Narcotraficantes y mineros comparten territorios y rutas de traslado de su producción. Muchos depósitos de mineras se encuentran en regiones productoras de amapola y mariguana, o en lugares en los que se cocinan drogas químicas. Ambos tienen sus propios ejércitos privados o guardias de seguridad. En ocasiones, los mineros mantienen relaciones de entedimiento y colaboración con los sicarios que operan en remotas serranías.

Los narcos se encargan de limpiar el terreno para que las empresas extraigan los minerales, despoblando comunidades o disuadiendo a los habitantes inconformes con las explotaciones. En no pocos lugares, de común acuerdo con los empresarios, cobran a los trabajadores un impuesto de cooperación para tener derecho a laborar en la mina, y a los poblados una cuota por las regalías que las minas deben pagar a los poblados donde se asientan.

El crimen organizado ha encontrado en la minería una próspera actividad económica, ya sea para lavar las ganancias producto de la venta de estupefacientes o como una forma de diversificar sus negocios. Obtienen de paso legitimidad social y política.

En Michoacán, L o s caballeros templarios enviaban a China barcos completos cargados de hierro. En 2010, La Familia, el cártel del que surgieron los templarios, ya habían incursionado en esta actividad. Según uno de sus lavadores que fue detenido un año después, habían exportado 1.1 millones de toneladas de mineral de hierro a ese país por medio de tres compañías, obteniendo por ello 42 millones de dólares.

En Coahuila, Los Zetas incursionaron exitosamente en la cuenca carbonífera, de por sí una ruta de paso de cocaína hacia Estados Unidos. Se establecieron allí controlando la explotación de pequeñas minas y lavadoras de carbón. En 2012 se calculó que el negocio les dejaba entre 20 y 22 millones de dólares.

En octubre de 2014, el empresario minero José Reinol Bermea Castillo, estrechamente ligado al PRI en Coahuila, acusado de ser una figura prominente de la narcominería regional, fue asesinado en la ciudad de Sabinas.

Las compañías mineras se quejan de que el crimen organizado es una competencia desleal y de que extorsiona, cobra derecho de piso y secuestra a sus trabajadores. Según la Cámara Minera de México (Camimex), este sector industrial es uno de los más vulnerables ante el crimen organizado (http://bit.ly/1ztgI8T).

Las empresas destinan entre 2 y 4 por ciento de su presupuesto en seguridad. Pero, mineras como First Majestic invierten aún más en seguridad y guardias armados: 10 por ciento. Otras compañías han reducido sus operaciones en México o rehúsan invertir aquí (http://bit.ly/1E4efpF).

Como señala el analista Simón Vargas, son tan significativas las pérdidas económicas que han sufrido, que las grandes trasnacionales mineras ya tienen a su disposición pólizas de seguros contra el narcotráfico, como las vendidas por la empresa Marsh Brockman y Schuh, las cuales ofrecen coberturas en México hasta por 25 millones de dólares en pérdidas (https://goo.gl/gaJxys).

Pero, más allá de las modalidades que asume la compleja y perversa relación entre narcotráfico y compañías mineras, un hecho resulta fundamental: la terrible afectación que las comunidades campesinas en lo general y las indígenas en lo particular padecen a manos de ambas. Sus tierras, territorios y recursos naturales están siendo salvajemente despojados, devastados y explotados por unos y otros. Con la minería y la narcominería los pueblos originarios son víctimas de una nueva colonización.

Twitter: @lhan55