Javier Flores
En la conmemoración de los 50
años del movimiento estudiantil de 1968, un tema que ha sido poco
atendido es el de la participación de los científicos en esa gesta, así
como sus consecuencias en el desarrollo de la ciencia en México. Además
de la presencia de personalidades de la talla de Manuel Peimbert,
Heberto Castillo y Eli de Gortari (para citar sólo algunos ejemplos
representativos de los numerosos expertos de las ciencias, la tecnología
y las humanidades que apoyaron las demandas de los jóvenes), el 68
también se encuentra entre los eventos que llevaron a la creación del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Como ha explicado Ruy Pérez Tamayo, las relaciones entre el Estado y
la comunidad científica mexicana se deterioraron durante el movimiento
estudiantil llegando a la ruptura total después de la matanza del 2 de
octubre. El gobierno consideró que algunas reformas en la educación
superior y la creación del Conacyt podrían servir para restablecer el
diálogo con las comunidad académica y científica. El antecedente
inmediato fue un estudio elaborado por investigadores en el Instituto
Nacional de Investigación Científica (INIC), y la Ley para la creación
del Conacyt la firmó Luis Echeverría en 1970. Así, el surgimiento de
este organismo, que marcó el final del INIC y el inicio de una nueva era
para la ciencia mexicana, no puede entenderse sin el movimiento del 68 y
la participación activa de los científicos.
Digo lo anterior porque el Conacyt es un organismo que tiene una
evolución ligada a la historia de nuestro país y es obra de la comunidad
científica. Las modificaciones en su estructura y funciones no pueden
hacerse al margen del sector que le dio origen. Se trata de un organismo
vivo, al que no se le puede cortar algún miembro, trasplantarle un ojo
en la espalda o insertar una nueva letra en su genoma al gusto de cada
persona o grupo.
Hoy vivimos la transición entre dos gobiernos, un proceso en el que
había predominado la prudencia y que se ha fracturado en un espacio
inesperado. El detonante, un oficio enviado por la futura directora del
Conacyt, Elena Álvarez-Buylla Roces, dirigido al actual titular de ese
organismo, Enrique Cabrero Mendoza, en el que le solicita suspender
todas las convocatorias y contratos que pudieran comprometer recursos
para 2019. A mí me pareció grosero y mal sustentado jurídicamente; dio
pie además a confusiones que requirieron luego de múltiples
aclaraciones. No abundaré, por ahora, en sus contenidos, sobre los que
ya ha corrido mucha tinta, porque además de que la solicitud no fue
procedente, las reacciones han adquirido un tono maniqueo que dificulta
retornar a un enfoque constructivo.
El ruido generado se debe a que este tema ha sido tomado como
pretexto para atacar al gobierno que encabezará Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) y que todos los días recibe respuesta de sus partidarios.
No quiero decir que no haya posturas válidas, como los análisis lúcidos
de Ernesto Villanueva en Proceso, Carlos Ornelas en Excélsior o Raúl Trejo en La Crónica,
entre otros, que contribuyen a la crítica constructiva y a un debate
serio. Pero todos estos esfuerzos quedan sepultados por la densa nube
gris formada por intereses políticos y partidarios en favor o en contra
de AMLO.
La ventaja de que dirija al Conacyt un científico o científica y no
un administrador o político es que los primeros cuentan con las
herramientas para observar a la ciencia de nuestro país como fenómeno,
susceptible de estudio al margen de preconcepciones ideológicas.
Mediante el examen de sus características, es posible fortalecer a
este Consejo Nacional y transformarlo democráticamente para alcanzar el
nivel de desarrollo de la ciencia que el país requiere en beneficio de
los mexicanos.
Como he señalado previamente en este espacio, el triunfo de AMLO en
las pasadas elecciones brinda esta posibilidad y ha sembrado la
esperanza de que quizás es posible salir del estancamiento científico en
el que nos han mantenido gobiernos anteriores.
La crítica es muy importante en la construcción de la política de
ciencia y Elena Álvarez-Buylla debe entenderlo así. Yo estimo que tiene
una visión muy apresurada de lo que es la ciencia en nuestro país. Para
ella está plagada de intereses políticos y económicos, ligada con las
multinacionales, con prácticas neoliberales que conducen a los
científicos incluso a cometer fraudes. Esa es la realidad para ella.
Pero, como buena científica que es, eso lo tiene que demostrar y, si
no puede hacerlo, tiene que modificar su discurso. Aquí no se trata de
estar en favor o en contra de Morena.
Existe una preocupación real (verificable) entre los científicos del
país por los acontecimientos recientes en el Conacyt, y como han
mostrado los análisis de la votación del primero de julio pasado, en
este sector la gran mayoría votó por AMLO.
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