Recursos federales sin aclarar
En la Autónoma del Estado de Morelos, irregularidades por $1,632.3 millones
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), las universidades que reciben fondos públicos tienen
observaciones por más de 14.6 mil millones de pesos en total, la mayoría
generadas por anomalías como manejo inadecuado de fondos de jubilación,
compra irregular de materiales, fallas en comprobación de gastos o
falta de entrega de los trabajos por los cuales firmaron contratos con
entidades de gobierno.
En un análisis de cada una de las 55 casas de estudio auditadas por
el ente revisor, se pudo verificar que el total de recursos por
recuperar o aclarar por todas ellas –en las cuentas públicas de diversos
años– es de 14 mil 624.3 millones de pesos.
A inicios de este mes el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que su administración está dispuesta a
rescatarfinancieramente a varias universidades públicas estatales donde la falta de recursos ha generado huelgas y falta de condiciones básicas para el estudio, pero demandó que haya rendición de cuentas sobre los motivos que condujeron a esa crisis.
Muchas de las irregularidades detectadas se relacionan con contratos
firmados entre las universidades públicas y organismos gubernamentales
–como las secretarías de Agricultura (Sagarpa), Desarrollo Social
(Sedesol) y Desarrollo Agrario (Sedatu)– para hacer trabajos que los
centros educativos subcontrataron con empresas privadas y no se
concretaron.
Sin embargo, hay otras observaciones que se refieren a la operación
cotidiana de las casas de estudio, en las cuales no hubo un manejo
adecuado de los recursos públicos que reciben de la Federación.
Entre las universidades señaladas por haber hecho mal uso de
contratos con entidades gubernamentales se encuentra la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos, donde se encontraron irregularidades por
mil 632.3 millones de pesos, producto de fallas en las cuentas públicas
de cuatro años diferentes.
Ejemplo de los malos manejos en que incurrió ese centro educativo es
el de los contratos que firmó con la Sedesol por 324 millones 632 mil
pesos, para fortalecer la operación del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social, los cuales a su vez subcontrató por completo con
dos proveedores que no tenían capacidad para ese trabajo y no dieron
pruebas de haberlo realizado.
Otro caso es el de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que no ha
comprobado el uso de 616.3 millones de pesos, entre otras
irregularidades, por un convenio de colaboración con la Sagarpa por 219
mil pesos, que comprometía a la casa de estudios a prestar servicios
para operar el Programa de Productividad y Competitividad
Agroalimentaria, lo cual nunca se efectuó.
No obstante, hay casos de irregularidades en universidades públicas
que no tuvieron que ver con contratos firmados con entidades de
gobierno. Uno es el de la Autónoma de Nuevo León, que tiene
observaciones por 3 mil 819.4 millones de pesos aún sin aclarar, en las
cuentas públicas de cuatro años diferentes.
Otras casas de estudio que acumularon señalamientos significativos de
la ASF son las universidades autónomas del Carmen (mil 157.7 millones),
del Estado de México (795.1 millones), de Chiapas (359.1 millones) y la
Autónoma Metropolitana (625.9 millones), además de la Politécnica de
Francisco I. Madero (185.8 millones), la Politécnica de Chiapas (249.6
millones) y la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (mil 95 millones).
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
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