Luis Hernández Navarro
Norma Mesino es nieta, hija y hermana de víctimas de la guerra sucia
en Guerrero. Desde niña vivió la feroz represión que se cebó sobre las
poblaciones rebeldes de la sierra de Atoyac. Tuvimos que convivir con el
Ejército –dice–, porque el Ejército tenía sitiadas todas las
comunidades. Las poblaciones vivían aterradas.
Ana Acosta, su abuela, murió buscando a su hijo, Alberto Mesino
Acosta, desaparecido en 1974 en el poblado de Agua Fría. Fue parte del
Comité ¡Eureka!, encabezado por doña Rosario Ibarra. Su papá, Hilario
Acosta, fundador de la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS),
estuvo preso. Su hermano, Miguel Ángel Mesino, fue asesinado en Atoyac,
en septiembre de 2006, en pleno día. Y a su hermana Rocío la mataron a
sangre fría, el 19 de octubre de 2013.
La OCSS, la organización a la que Norma pertenece, fue salvajemente
atacada en el poblado de Aguas Blanca el 28 de junio de 1995. Fueron
asesinados 17 de sus socios y heridos otros 23. Era gobernador del
estado Rubén Figueroa. Desde entonces, han matado a más de 30 miembros
de la organización, muchos de ellos activistas y dirigentes. Otros, como
Jerónimo Hernández Refugio, están en la cárcel sin sentencia.
Hace cinco años, su hermana Rocío fue ultimada arteramente por dos
sujetos a bordo de una moto. Los pistoleros le dispararon cinco balazos.
El crimen se cometió a 15 minutos de un cuartel militar. La policía
cubrió a los criminales.
La OCSS nació en 1994 con la demanda de la liberación de los presos
políticos y la presentación de los desaparecidos, secuelas de la derrota
del movimiento armado encabezado por Lucio Cabañas y la ola represiva
contra la población civil que le acompañó. Los fundadores de la
organización no podían quedarse callados mientras sus parientes estaban
desaparecidos. “Queremos justicia. Queremos la presentación de nuestros
familiares“, exigieron.
El acoso de militares, policías motorizadas y paramilitares contra la
familia Mesino no ha cesado a lo largo de tres generaciones. Desde hace
casi 50 años sus integrantes no han tenido un momento de tranquilidad.
Ni el gobierno, ni los caciques, ni el crimen organizado los dejan en
paz, a pesar de que ni Norma ni sus familiares son delincuentes. Son
luchadores sociales que buscan el bienestar de sus pueblos y justicia.
Distan de ser las únicas víctimas en el estado. Hace casi un año, el
pasado 14 de octubre, fue salvajemente asesinado el dirigente campesino
Ranferí Hernández, compañero de lucha de Norma. Mataron también a su
esposa, a su suegra y un camarada que lo acompañaba en el auto. Sus
cuerpos fueron incinerados y la camioneta en que viajaban fue abandonada
a menos de un kilómetro de un retén del Ejército.
La lista de líderes sociales ejecutados en los años
recientes en Guerrero es escandalosa. Incluye a Arturo Hernández
Carmona, Raymundo Velázquez, Luis Olivares, Rafael Banderas Román, Ángel
Román Martínez, Juventina Villa Mojica y Francisco Piedragil Ayala.
Además, fueron desaparecidos los campesinos ecologistas Eva Alarcón
Ortiz y Marcial Bautista Valle.
Se trata –asegura Abel López, asesor de la Organización Indígena y
Campesina Vicente Guerrero– de una política de exterminio hacia los
líderes campesinos que inicia desde la década de 1960 y se mantiene
hasta hoy. Comienza desde la masacre del 30 de diciembre de 1960 en
Chilpancingo; se sigue con la matanza de Atoyac del 18 de mayo de 1967;
con la de los copreros en Acapulco; con el asesinato de militantes
perredistas entre 1988-89; con Aguas Blancas y el Charco, y con el
homicidio de los diferentes compañeros.
Es, en los hechos, continuidad de la guerra sucia (la
represión militar y política implementada por las corporaciones
encargadas de la seguridad del Estado mexicano, destinadas a desmantelar
a los movimientos de oposición política y armada al régimen) que se
echó a caminar en la entidad desde finales de la década de los 60 hasta
finales de los 70.
Según el informe de la Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad), la guerra sucia
se intensificó en la entidad cuando en marzo de 1971 el secretario de
la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz, instruyó a sus órganos
internos, con riguroso carácter secreto, sobre el Plan Telaraña, que tenía como misión
la erradicación de la guerrilla, a cuyos integrantes, una vez asesinados se les daba el nombre de
maleantes o gavilleros, con el propósito de no
deteriorar la imagen de México.
Norma Mesino no es muy optimista sobre el papel de los Foros de
Construcción de la Paz y Reconciliación Nacional. Para ella, no son la
vía para alcanzar la justicia. “Muchos familiares –dice– no se han
acercado precisamente porque viene un formato único. No se les debe
pedir que perdonen para que haya pacificación. Se tienen que investigar
cada uno de los casos. Tiene que haber justicia, pero no puede haber
perdón”. No son pocos quienes piensan así. Y pareciera ser que eso no lo
han calibrado suficientemente en el futuro gobierno.
Twitter: @lhan55
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