Estos organismos tienen en común que son fuerzas intermedias, entre militares y policiacas. Esto, tanto en su operatividad como en la formación de sus integrantes. En todos los casos se encargan, por mandato constitucional, de la seguridad pública y del orden interno en sus países.
La Guardia Nacional que impulsa López Obrador tendría, también, esas características, pero su mando operativo estaría en manos de oficiales del Ejército y la Armada.
Esto la diferenciará de la Policía de Colombia, los Carabineros de Chile y la Gendarmería argentina, cuyos directores y mandos medios no son militares. Son profesionales que se formaron en esas instituciones y que tienen un alto grado de especialización en seguridad pública y combate al crimen.
Los tres directores de esos organismos son generales, pero no del Ejército, sino del escalafón de cada institución. Cada una tiene sus propios grados y jerarquías.
Carabineros de Chile está adscrita al Ministerio del Interior, igual que la Guardia Nacional española y la Gendarmería francesa.
La Gendarmería argentina depende del Ministerio de Seguridad, que tiene como titular a una politóloga, Patricia Bullrich.
La Policía Nacional de Colombia, en cambio, está incorporada al Ministerio de Defensa, pero no pertenece a las Fuerzas Militares.
En Colombia, además, el ministro de Defensa es un civil. Esto, a pesar de que este país ha enfrentado durante los últimos 54 años un cruento conflicto armado interno. Hace dos años se logró un acuerdo de paz con las FARC, pero aún está activa la guerrilla del ELN.
Hoy, el ministro de Defensa es el abogado y empresario Guillermo Botero.
Modelos para armar
En Chile, Argentina y Colombia los militares no tienen ninguna injerencia de mando en los organismos a cargo de la seguridad pública y el orden interno, a pesar de que son fuerzas intermedias y de que tienen organización castrense.
Esos tres países tienen ministros de Defensa civiles, igual que Brasil, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Perú, aunque en estos dos últimos países ejercen actualmente esos cargos militares en retiro que no tienen mando sobre las Fuerzas Armadas.
En Latinoamérica, sólo seis naciones tienen como ministros (o secretarios) de Defensa a militares activos. México es uno de ellos. Los otros son Cuba, Venezuela, República Dominicana, Guatemala y El Salvador.
En 1991, cuando el entonces presidente de Colombia, César Gaviria, decidió que un civil fuera ministro de esa cartera –lo que se ha mantenido desde entonces— los militares se resistían a la medida.
Pero quienes estaban a favor de la misma argumentaron que un ministro civil transparentaría la relación de las Fuerzas Armadas con la sociedad y evitaría a los altos mandos militares la exposición pública y el desgaste político.
En Colombia, al igual que en la mayoría de países donde los civiles asumieron la conducción de las carteras de Defensa, se creó un Comando General de las Fuerzas Militares al mando de un comandante en jefe. Este es siempre el militar de más alto rango en el país. Puede ser del Ejército, la Marina o la Aviación.
Además, cada rama de las Fuerzas Armadas –el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea— tiene un comandante.
Con la conducción civil del Ministerio de Defensa, en Colombia se fortaleció la capacidad operativa de las Fuerzas Militares pues los oficiales de más alta graduación se dedicaron a labores sustantivas de seguridad y defensa y no a las tareas administrativas y políticas, que son las que suelen consumir más tiempo a los ministros del sector.
Quizá si México tuviera un secretario de Defensa del mundo civil el debate sobre la Guardia Nacional que propone López Obrador se centraría más en las características estructurales y operativas que debería tener la fuerza, y menos en los riesgos de la militarización de la seguridad pública.
Otro podría ser también el escenario si la Guardia Nacional hubiera sido pensada para estar subordinada a la futura Secretaría de Seguridad, incluso aunque se contemplara la participación de militares en la formación y en el mando de sus integrantes, como ocurrió en su momento con la Policía Federal.
Mal ejemplo
La única Guardia Nacional que existe con ese nombre en América Latina es la venezolana. Puede ser un referente para México, pero de lo que nunca, jamás y bajo ninguna circunstancia hay que hacer en materia de seguridad.
La abogada y presidenta de la ONG venezolana Control Ciudadano, Rocío San Miguel, ha documentado ampliamente los atropellos de la llamada Guardia Nacional Bolivariana a los ciudadanos y sus abusos en el combate a la delincuencia.
“Es una fuerza ineficiente, corrupta y represiva. Espero que México no cometa el error de crear un organismo de seguridad con esas características”, señala.
El año pasado, La Guardia Nacional Bolivariana fue el brazo armado del régimen para sofocar las protestas sociales en las que murieron, en medio de acciones represivas, 163 manifestantes.
Amnistía Internacional indicó en septiembre pasado en un informe que esa fuerza ha hecho de las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y los allanamientos ilegales un modo sistemático de operar.
La mano dura, que suele ir acompañada de abusos de fuerza y violaciones graves a los derechos humanos –incluso de delitos de lesa humanidad, como la tortura–, no es una fórmula eficiente para combatir el crimen.
Venezuela es el país más violento de América Latina. El año pasado, la tasa de homicidios fue de 89 por cada 100 mil habitantes, 3.5 veces más que la de México.
La Guardia Nacional Bolivariana es una de las cinco ramas de las Fuerzas Armadas de Venezuela, junto con el Ejército, la Armada, la Aviación y la Milicia. Depende del Ministerio de Defensa, cuyo titular es el general Vladimir Padrino, uno de los hombres fuertes del régimen encabezado por Nicolás Maduro.