Emite nueva recomendación
La PGR y la procuraduría estatal conocieron del
ataque en el momento y no actuaron
El crimen sólo pudo ocurrir por
la penetración de la delincuencia organizada en estructuras de gobierno
Es probable que entre 23 y 28 alumnos hayan sido incinerados en
Cocula
▲ Miguel Aragón, José Trinidad Larrieta, el ombudsman Luis Raúl González Pérez y Jesús Ramírez López al presentar la investigación por violaciones graves en el caso Iguala.
Las autoridades federales y estatales fueron omisas para
evitar el ataque contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl
Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014 en Iguala,
concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que ayer
planteó la posibilidad que entre 23 y 28 de los estudiantes
desaparecidos pudieron haber sido incinerados en el basurero de Cocula,
con lo que revivió parte de la versión oficial que apunta a que los 43
jóvenes habrían sido calcinados en ese lugar.
En conferencia de prensa que se prolongó más de nueve horas, el ombudsman
Luis Raúl González Pérez, acompañado por el equipo de la Oficina de la
CNDH para el caso Iguala, entre ellos el titular, José Larrieta,
presentó la recomendación 15VG/2018 derivada de los hechos contra los
normalistas.
Fue una sesión insólita donde los funcionarios del organismo nacional
delinearon, detalle a detalle, el contenido del documento dirigido a 16
autoridades de los tres órdenes de gobierno, principalmente al
presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Es la primera ocasión que una recomendación de este nivel se dirige
al titular del Ejecutivo federal. Ayotzinapa representa el punto de
quiebre del sexenio de Peña Nieto.
Es un caso abominable que se volvió emblemático de la descomposición institucional y social que enfrenta nuestro país, así como del momento crítico que atraviesa en materia de violencia, inseguridad, corrupción e impunidad, subrayó González Pérez.
Los otros destinatarios del documento, que consta de 128
recomendaciones específicas, son las secretarías de la Defensa Nacional,
de Marina, de la Función Pública y de Educación Pública; así como la
Procuraduría General de la República; las comisiones Nacional de
Seguridad y Ejecutiva de Atención a Víctimas; los institutos Mexicano
del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado; el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo; la
fiscalía general del estado y la Secretaría de Salud local; la mesa
directiva del Congreso de Guerrero y los gobiernos municipales de Iguala
y Cocula, así como el gobernador del estado de México, Alfredo del
Mazo.
El ombudsman planteó que la recomendación asienta que un
crimen de las dimensiones del que se presentó en Iguala los días 26 y 27
de septiembre de 2014 sólo pudo ocurrir por la penetración de la
delincuenia organizada en las estructuras de los tres niveles de
gobierno.
El documento agrega que si las corporaciones federales y estatales
hubieran actuado de manera pertinente y oportuna, los ataques contra los
normalistas, que dejaron seis asesinados, 42 lesionados y 43
desaparecidos de manera forzada, pudieron haberse evitado. Y es que, por
medio del sistema C4, varias instancias de seguridad y justicia, como
la PGR, el Ejército, las policías Federal y estatal tuvieron
conocimiento de los hechos en el momento en que sucedían.
En Iguala, diversas autoridades tanto a escala federal como local y municipal sabían que las cosas estaban descompuestas y contaminadas, pero nadie hizo nada para actuar, con ello se hubiese evitado un desenlace como el que se presentó, aseveró González Pérez.
La CNDH acreditó que la PGR tuvo conocimiento del ataque contra los
normalistas casi al tiempo en el que ocurrían los hechos, y pese a que
sus oficinas en Iguala se ubican a siete minutos de donde se daban las
agresiones contra un grupo de estudiantes, no actuó para evitarlas.
De manera oficial, la PGR informó en su momento que atrajo el caso
nueve días después de los hechos. Sin embargo, el documento de la CNDH
acreditó que la dependencia federal recibió un aviso del sistema C4 a
las 21:45 horas del día 26, mediante el cual se le alertaba de lo que
sucedía, incluso se dijo que había hechos constitutivos de violación a
la ley de armas de fuego,
propio del actuar del Ministerio Público Federal. Y lejos de proceder conforme estaba obligada por ley para hacerlo de inmediato, se limitó a enviar un oficio.
En cuanto a la actuación del Ejército, la investigación de la CNDH
refiere que hubo presencia de personal militar en algunos puntos donde
ocurrieron las agresiones y que incluso llegaron hasta un hospital en el
que era atendido un normalista que había recibido un impacto de bala en
la quijada, donde no brindaron atención a los jóvenes. Además, agrega,
los militares llegaron tarde a los sitios de los ataques. Tampoco hubo
actuación oportuna de la Policía Federal ni de la estatal.
La recomendación señala que la noche del 26 de septiembre, entre 23 y
28 normalistas –del grupo de 43 que están desaparecidos– fueron
entregados a integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos, quienes los condujeron hasta el basurero de Cocula, Guerrero.
Otro grupo, de entre 15 y 19 estudiantes habrían sido conducidos al
municipio de Huitzuco, donde se les perdió la pista. Todo ello por
órdenes de un hombre apodado El Patrón del cual, de acuerdo con la CNDH, la PGR debe indagar quién es y el nivel de poder que tiene en la estructura criminal.
El organismo nacional documentó con pruebas científicas que en el
vertedero de Cocula fueron asesinadas y calcinadas al menos 19 personas,
en un tiempo que coincide con la desaparición de los estudiantes. Sin
embargo, debido a la ineficiencia de las diligencias ministeriales de la
PGR, no se puede determinar si se trata de algunos de los estudiantes
de la normal o de otras personas.
Un equipo de peritos de la CNDH acudió al vertedero para analizar el
lugar donde los implicados han declarado haber incinerado a los
normalistas, como apunta la llamada
verdad histórica, y concluyeron con pruebas científicas que en ese espacio hubo un incendio que alcanzó entre 200 y menos de 850 grados centígrados de temperatura, donde se habría calcinado a varias personas.
La CNDH encontró además que algunos de los restos óseos hallados
tanto en el basurero como en la bolsa de restos rescatada del río San
Juan, coinciden con el ADN de dos de los normalistas. Por ello, se
demandó hacer las pruebas científicas requeridas a 93 restos óseos
hallados tanto en el río como en el basurero.
La CNDH criticó la actuación desapegada a derecho realizada por la
PGR, en particular por el ex titular de la Agencia de Investigación
Criminal Tomás Zerón, quien incurrió en indebida diligencia en el río
San Juan. Además, censuró que las acciones penales contra los presuntos
responsables no se hayan formulado por el delito de desaparición
forzada.
La CNDH recibió 72 quejas por tortura contra los presuntos
responsables y logró acreditar que se concretó en ocho casos, y en 28 se
dieron tratos crueles, inhumanos y degradantes.
González Pérez dijo que algunos puntos del documento se presentaron
el lunes pasado a los familiares de los normalistas, quienes lo tomaron
con recelo. Reconoció la labor que han desarrollado los padres y dijo que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debe rencauzar totalmente la reparación integral del daño para los ofendidos.
Foto Yazmín Ortega Cortés
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
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