16 días de activismo contra la violencia de género
Autoridades no aplican Protocolos de búsqueda
Quizá
si hubieran localizado el celular de Yureni para ubicar sus últimas
llamadas, si en el caso de Esmeralda hubieran accedido a atender la
denuncia inmediatamente, si hubieran seguido la pista de Noemí en el
lugar donde había indicios de su ubicación, si las pistas se hubieran
investigado, quizá ellas no estarían desaparecidas, dicen sus familias.
Si los escenarios hubieran sido de legalidad, Yureni estaría con sus
dos hijos, Esmeralda iría ahora en secundaria, Nohemí cursaría la
carrera de administración que soñaba.
Pero ahora engrosan la lista de 709 mujeres desaparecidas en los
últimos 6 años en Veracruz, según los datos oficiales. Las estadísticas
para 2017 y 2018 son desconocidas, la fiscalía las ha negado en
múltiples ocasiones.
Entre 2010 y 2016, en promedio desaparecieron 130 mujeres sin dejar
rastro, la mayoría entre 15 y 25 años, en los municipios de Xalapa,
Córdoba, Veracruz, Coatzacoalcos y Poza Rica, según las estadísticas de
la Fiscalía General del Estado.
Aunque en Veracruz desde el 2011 existen lineamientos básicos para la
atención de mujeres desaparecidas, que obligan a atender las denuncias
de forma inmediata, y la Alerta de Violencia de Género por violencia
feminicida ordena un Protocolo Alba de búsqueda, en la práctica nada se
aplica, la situación a la que se enfrentan las familias es la misma
cuando van a poner la denuncia: les piden esperar con el pretexto: “se
fue con el novio, los amigos, seguro bebió. ¿ Ya para que la busca?”
NOEMÍ, 13 AÑOS DESAPARECIDA
El caso de Noemí Cortés, desparecida en 2005, es la muestra de la
criminalización y el estigma con que se busca a las mujeres, opinó la
acompañante del “Colectivo Nuestros desaparecidos y desaparecidas”,
Anaís Palacios.
“Se criminaliza por una cuestión de género, a las mujeres se les
busca con el estigma de que ellas se lo buscaron, son señaladas si son
mujeres y son pobres, también la búsqueda depende de la calidad de
víctima y el sexo”, señaló.
Noemí tenía 17 años de edad cuando desapareció. Fue invitada a
trabajar a Puebla, después las investigaciones revelaron que fue
enganchada y entregada a los dueños de un bar, la familia logró una
inspección, en el lugar había celdas con candados, pero el entonces
ministerio público justificó que seguramente ella sabía y estaba por su
voluntad. Así, dejaron de buscarla 8 años, contó Anaís.
Hasta que la familia se topó con el “Colectivo por la paz” se
reactivó la búsqueda y supieron que la carpeta de investigación había
desaparecido.
Fue en 2014, nueve años después de su desaparición, el 23 de
septiembre de 2014, cuando la Unidad Especializada de Búsqueda de
Personas Desaparecidas (UEBPD) dependiente de la Subprocuraduría de
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad
(SDHPDSC) de esta Procuraduría, inició una investigación por los delitos
de privación ilegal de la libertad y los que resulten, en agravio de
Noemí Cortés Hernández.
Anaís adviritó que muchas de las desapariciones están ligadas a tema
de trata de personas con fines de explotación sexual, pero las
autoridades no buscan en esa línea, lo primero que dicen es que
seguramente salían con chicos, bebían alcohol o estaban vinculadas con
delincuentes, y eso justifica su desaparición.
ESMERALDA, EL RASTRO QUE SE PIERDE
El 21 de febrero del 2014, Esmeralda Balverto Julián de 12 años de
edad, desapareció cuando salió en su bicicleta a repartir chiles
rellenos de la venta familiar, la última pista es que fue subida a una
camioneta suburban blanca. Lo que siguió fue un infierno para la
familia, la Ministerio Público en Tecolutla se negó a recibir la
denuncia.
La comunidad de Monte Gordo se organizó e hizo cuatro bloqueos para
exigir la aparición de la niña, finalmente atrajeron la atención
pública, la denuncia les fue aceptada tres días después.
La Alerta Ámber de búsqueda de menores de edad no pudo ser activada
en el estado porque este mecanismo de búsqueda emergente de menores de
edad no estaba vigente en ese momento, pues no se había hecho la firma
de documentos correspondiente. Solo el 23 de febrero se activó a nivel
nacional.
La presión de la familia logró la detención de Ana María Susana
Contreras Patiño alias “La Güera”, y una menor de edad, que
supuestamente fungía como víctima y victimaria del delito de trata de
personas. Ambas formaban parte de una red de trata que operaba en esta
zona de Costa Esmeralda, según lo informado por la fiscalía entonces.
Las investigaciones también revelaron que la niña fue entregada a cambio de dinero a un trailero que pasó por la carretera.
En este entonces el secretario de seguridad pública, Arturo Bermúdez –
hoy preso por desaparición de personas y tráfico de influencia- se
reunió con la familia, prometió avances, nunca más lo volvieron a ver. A
cuatro años de la desaparición, nadie sabe del paradero de la menor ni
de las líneas de investigación que siguieron y que reveló que en la
región operaba una red de trata de personas.
La omisión de la fiscalía se repite en los demás casos, Yuneri
Citlalli Hernández Delgadillo desapareció el 28 de noviembre del 2011
junto a las 12 jóvenes más.
La carpeta ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada (SEIDO), con el número de expediente
PGR/SEIDO/UEIDMS/AC/039/2014, da cuenta la de la desaparición de Luz
Abril Landa Ávila, Teresita del Rocío Vázquez, Yuneri Citlalli Hernández
Delgadillo, Nancy Hernández Moreno, Adriana Sarahí Ceballos Vázquez,
María de Jesús Landa Martínez, Mayra Salas Durán, Berenice Guevara
Gómez, Roxana Retureta, Luisa Itzel Quintana, Lizbeth Yetsil Amores
Roldán, Ana Laura Hernández y Karla Nallely Saldaña Hernández.
La última pista de su paradero es que iban al rancho el Jícaro en
Actopan a una fiesta donde trabajarían como edecanes, su caso es famoso,
las líneas que hay abiertas de investigación las ha conseguido su
madre, Victoria Delgadillo, a quien de inicio tampoco le recibieron la
denuncia.
Victoria no puede evitar hablar sin que el recuerdo le quiebre la
voz, a veces de tristeza y muchas más de impotencia, piensa que han
pasado 7 años y no se ha mandado a llamar al único testigo del caso – la
mujer que invitó a su hija a trabajar en esa fiesta-.
Cuenta que pasó un año y medio antes de que la Fiscalía General del
Estado pudiera rastrear la sábana de llamadas del celular y la última
ubicación de su hija, y apenas el año pasado logró un permiso para
inspeccionar el rancho escenario de la fiesta.
“Cuando Yureni desapareció no sabía qué puertas tocar, yo llegué a
poner la denuncia y me dijeron que tenía que esperar 72 horas porque
probablemente se había ido con algún novio, que había bebido, cuando ese
tiempo es clave en una búsqueda para una persona desaparecida”.
“Si todas las evidencias que hemos presentando se hubieran seguido en
el momento de la desaparición, hubieran podido localizarlas, pero ya
después de tantos año se pierden”, reconoce.
A las omisiones en la investigación del caso de su hija se suman las
amenazas. Un día al salir de su casa encontró un papel en el parabrisas
del auto, la instrucción era no seguir investigando. “Calladita te ves
más bonita, no vas a encontrar nada”, pero esto no frenó a Victoria.
Está consciente que en el caso de su hija, está vinculado el
narcotráfico y altos funcionarios de gobierno “nos han frenado la
investigación varias veces, pensamos que ellas oyeron o vieron algo que
no tenía que ver, quizá negociaciones que había con funcionarios de
gobierno”.
La búsqueda de Victoria ha sido difícil y dolorosa, porque es ella
quien ha tenido que seguir las pistas, entrar a los ranchos, ligar
pistas sobre los cárteles que operaban en la región, hacer la liga con
funcionarios, buscar en penales, semefos y fosas.
La investigación del caso está integrada por 36 tomos, pero las
escasas pistas no han llevado a encontrar las jóvenes. Este 28 de
noviembre, Yureni cumple 7 años de desaparecida, y Victoria la busca
cada vez con más fuerza, impulsada por su nietos de 15 y 11 años.
“Yo saco el dolor cuando marcho, cuando grito, cuando busco, pero
ellos su dolor está ahí y es bien difícil ver el dolor en su carita y en
su rostro y eso me sigue empujando a seguir buscando a mi hija, un día
les voy a decir, encontré a su madre”.
Acompañante de otros casos de desaparecidos en el “Colectivo Enlaces
Xalapa”, dijo que las cosas poco han cambiado desde el 2011. “Las
autoridades no ha hecho su trabajo, aún siguen teniendo los mismos
errores, nos siguen diciendo se fue con el novio, siguen pidiendo 72
horas, cuando eso ya no debe ser”.
LA NUEVA BÚSQUEDA
A raíz de la aprobación de la Ley General en materia de desaparición
de personas, las tareas de investigación y búsqueda se dividieron,
explicó Anaís Palacios.
Mientras no hay en Veracruz una comisión estatal de búsqueda, la
alerta de una desaparición se notifica a la secretaría de gobierno,
quien debe notificar de inmediato a la Secretaría de Seguridad Pública
para que inicie la búsqueda.
A su vez, si en 48 horas no hay resultados de la búsqueda se
notificará a la fiscalía para que formalmente se interponga una
denuncia.
Para Anaís este procedimiento hace que las investigaciones se
estanquen en Veracruz, “ La búsqueda real no se hace por parte de la
Secretaría de Seguridad Pública porque no tiene personal suficiente,
entonces el reporte se queda estacionado ahí por lo menos 48 horas,
antes de hacer una denuncia formal”.
Los protocolos de acuerdo a la ley, tienen que ceñirse al Protocolo
Homologado de Investigación de Desaparición Forzada de Personas,
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de
Búsqueda de Personas vigente a julio del 2018, pero que se presentó con
fallas que están siendo corregidas porque el tiempo en que se busca a
una persona y se ponen las denuncias es largo, y dan tiempo suficiente
para sacar a la víctima del estado, incluso del país, consideró.
PROTOCOLO ALBA, 2 AÑOS DE RETRASO EN SU ARRANQUE
La Alerta por violencia feminicida en Veracruz, decretada por el
gobierno federal el 23 de noviembre del 2016, obligaba entre otras
cosas, a que en Veracruz se active un sistema de búsqueda rápida para
mujeres mayores de 18 años: el “Protocolo Alba”.
El Protocolo Alba es un mecanismo que permite la coordinación de
esfuerzos de los tres órdenes de gobierno comprometidos en la promoción y
ejecución de actividades conducentes para la localización de mujeres
con reporte de extravío.
Has pasado dos años desde entonces, y el protocolo de búsqueda no ha podido ser activado.
Mientras se integraba, se ordenaba emitir un “Decreto Administrativo”
para que se proporcionara atención inmediata en los casos de
desapariciones y violencia de género, pero hasta ahora tampoco existe.
Anaís Palacios advirtió que las desapariciones de mujeres en Veracruz
no han parado, y los problemas para interponer las denuncias siguen
siendo los mismos.
En su opinión es necesario armonizar la ley de tal forma que quepan
todos los protocolos de búsqueda, la Alerta Ámber para menores de 18
años, el Protocolo Alba para la búsqueda de mujeres y el Protocolo de
búsqueda de la Ley General en materia de desaparición de personas.
“Pareciera que son distintos y no están integrados, y hemos
encontrado un argumento en las autoridades, y es ceñirse a la ley y usar
los protocolos a su conveniencia”.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Flavia Morales
Cimacnoticias/AVCNoticias | Xalapa, Ver .-
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