Parte
de un mural de manos ensangrentadas, con los nombres de algunas de las
mujeres víctimas de feminicidio, durante una movilización en la capital
de Argentina, bajo la consigna #NiUnaMenos. En las sociedades
latinoamericanas crece la sensibilización contra estos crímenes
machistas, mientras se promueven nuevas medidas para ponerle freno.
Crédito: Fabiana Frayssinet/IPS
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Varias iniciativas buscan reforzar el combate contra los feminicidios
en América Latina, una región dónde pese a la creciente movilización
popular y a ser pionera en la legislación contra ese crimen de género,
todavía se registran los peores índices del mundo de este genocidio
silencioso, destaca ONU Mujeres.
“La normalización de la violencia contra las mujeres y las niñas, la
falta de servicios integrales y de calidad que identifiquen patrones de
violencia que podrían terminar en femicidio, la carencia de datos y las
investigaciones sin perspectiva de género, son comunes a todos los
países”, sintetizó la situación latinoamericana la directora regional de ONU Mujeres, Luiza Carvalho, en una entrevista exclusiva con IPS.
“Poner fin a la impunidad es fundamental. Hay países en la región
donde la impunidad al feminicidio alcanza hasta 95 por ciento de todos
los casos”, alertó Carvalho desde su sede en Ciudad de Panamá.
“También
debemos poner un gran énfasis en la prevención porque, aunque metamos
en la cárcel a todos los agresores, si no cambiamos las causas
estructurales, las actitudes y las percepciones que originan la
violencia contra las mujeres, nunca vamos a terminar con ella”: Luiza
Carvalho.
Una de las nuevas estrategias es la Iniciativa Spotlight,
impulsada por la Unión Europea y las Naciones Unidas para la
eliminación del feminicidio. De una inversión inicial de 500 millones de
euros (562 millones de dólares), 55 millones serán destinados a América
Latina.
Spotlight aborda el fenómeno de los asesinatos por razones de género
en forma integral mediante seis pilares: la normativa por la igualdad de
género, el fortalecimiento institucional, la prevención primaria, los
servicios de calidad, la recolección de datos y el fortalecimiento del
movimiento de mujeres.
La campaña que se lanzó en Argentina, el 21 de marzo incluye también a
El Salvador, México, Guatemala y Honduras, que fue el primer país donde
se lanzó a nivel mundial.
La selección de esos países, explicó Carvalho, responde a factores
como la tasa de prevalencia del feminicidio, el compromiso de sus
autoridades de implementar leyes y políticas nacionales para mejorar la
situación de las víctimas, y el dinamismo de los movimientos de la
sociedad civil.
En el caso de Argentina, “el movimiento #NiUnaMenos puso la atención
sobre este fenómeno como una situación inadmisible, demostrando que
tiene mucho que enseñarle a la región y al mundo”, destacó la alta
funcionaria de nacionalidad brasileña, sobre la toma de las calles
contra los feminicidios que se ha extendido por otros países de la
región.
Desde 1994, la región cuenta con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
adoptada en la ciudad brasileña de Belém do Pará, Brasil, que formalizó
la definición de la violencia contra las mujeres como una violación de
sus derechos humanos.
Ese instrumento internacional suscrito por 32 países estableció por
primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de las
mujeres en la lucha para eliminar la violencia contra su integridad
física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como privado.
En 2013 se incluyó dentro de ella la figura penal del feminicidio/femicidio.
Según Carvalho con esa Convención, la región se convirtió en
“pionera a nivel global en materia de legislación de violencia contra
mujeres”.
El feminicidio está integrado al Código Penal en 12 países
(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México,
Panamá, Perú y República Dominicana y Uruguay). Otros seis lo tipifican
en leyes ajenas a esos códigos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Nicaragua, Paraguay y Venezuela).
Luiza Carvalho, directora regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe. Crédito: ONU Mujeres
Además, los 32 países participantes en la Convención tienen leyes que
protegen los derechos de las mujeres y niñas que experimentan violencia
doméstica o intrafamiliar.ra
Para avanzar en esos logros, el 15 de marzo, en Washington, ONU Mujeres, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará
(Mesecvi), lanzaron oficialmente una Ley Modelo Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres y Niñas.
También presentaron un Análisis de Legislación sobre Femicidio/Femicidio en América Latina y el Caribe e Insumos para una Ley Modelo sobre ese tipo de homicidio machista.
La ley modelo “busca servir de base para crear o actualizar la
legislación sobre muerte violenta de mujeres en la región, así como
fortalecer las acciones de prevención, protección, atención,
investigación, persecución, sanción y reparación integral”, explicó
Carvalho.
Un estudio de Small Arms Survey
arroja que en América Latina están 14 de los 25 países con mayores
tasas de feminicidios en el mundo por cada 100.000 mujeres, en un
listado que encabezan El Salvador, Honduras y Guatemala.
Carvalho lo atribuyó a la inexistencia de medidas integrales “lo que
provoca una brecha entre los derechos formales y el acceso efectivo a
la justicia de las mujeres”.
“La convención de Pará fue clara en señalar que se necesita una
mirada integral de la violencia contra las mujeres, es decir, además de
penalizarla, los Estados deben desarrollar acciones de prevención,
protección, investigación y reparación, tanto para las familias de las
víctimas como para las sobrevivientes”, recordó.
Pero, criticó, “los Estados no manejan cifras de reparación, de
mujeres desaparecidas, de datos genéticos que permitan la ubicación de
las víctimas ni otros mecanismos que permitan garantizar sus derechos”.
“Necesitamos estadísticas comparables para analizar y comparar entre
países lo que funciona y lo que no para erradicar el femicidio. Cuando
disponemos de mejores estadísticas podemos ver los patrones y la
gravedad de la situación y formular políticas bien fundamentadas”,
puntualizó.
Las
movilizaciones contra la violencia machista han pasado a tomar las
calles de América Latina en las más diversas ocasiones, incluso en los
desfiles populares del carnaval en Brasil. En esta comparsa de “Las
carmelitas de Santa Teresa”, un barrio tradicional de Río de Janeiro, un
grupo representó este año críticamente a los feminicidios. Crédito:
Fabiana Frayssinet/IPS
Además según la directora regional de ONU Mujeres en los códigos
penales de la región persiste un “androcentrismo”, que se traduce “en
un contexto normativo adverso para la adecuada tipificación de los tipos
penales que sancionen las formas específicas de violencia hacia las
mujeres”.
Un problema que se agrava, indicó, por “una doctrina penal que no ha integrado la perspectiva de género y opone resistencias”.
“Cuando las mujeres son asesinadas, estos casos deben investigarse de
inmediato con la presunción de que el caso es un femicidio, como en
México. Los casos deben investigarse adecuadamente sin estereotipos y
prejuicios de género, y deben hacerse reparaciones”, exhortó Carvalho.
Según el Mesecvi, los Estados Parte destinan menos de uno por ciento
de sus presupuestos totales a las acciones de lucha contra la violencia
de género.
“Las leyes integrales necesitan de presupuestos para poder ser implementadas”, señaló Carvalho.
“También debemos poner un gran énfasis en la prevención porque,
aunque metamos en la cárcel a todos los agresores, si no cambiamos las
causas estructurales, las actitudes y las percepciones que originan la
violencia contra las mujeres, nunca vamos a terminar con ella”,
continuó.
Para Carvalho, “a pesar de algunos cambios prometedores, encabezados
por los jóvenes de la región, la tolerancia social de la violencia
contra las mujeres y las niñas se mantiene, y se necesita una
modificación de las normas sociales para abordar las masculinidades
dañiñas”.
La experta citó el ejemplo de Colombia, que en 2015 aprobó una ley
que involucra al sector educativo en actividades de prevención.
“Entender que el femicidio es el acto último en una cadena de actos
de violencia contra las mujeres, significa entender que el sector
sanitario, los servicios sociales, la policía y el sistema judicial
deben trabajar juntos”, opinó.
En esa dirección mencionó proyectos “exitosos” como uno Uruguay que
integró los tribunales, la policía y el Instituto Nacional de Mujeres.
En una situación de riesgo un juez puede ordenar al agresor que use
bandas electrónicas conectadas a un dispositivo que la mujer en riesgo
lleva consigo. Si el agresor se acerca a ella, el dispositivo alerta
automáticamente a la policía. Durante el programa ambos reciben también
apoyo psicológico.
“Hasta ahora ninguna de las mujeres que forma parte de ese programa ha sido asesinada”, subrayó Carvalho esperanzada.
Edición: Estrella Gutiérrez
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