Autocrítica en el #MeToo

sdpnoticias.com

Frida Angélica Gómez

El suicidio del fundador de Botellita de Jerez no es el fracaso del #MeToo y mucho menos del feminismo: es el fracaso del estado en brindar un acceso efectivo a la justicia.

Foto propiedad de: Internet

“Nadie es más arrogante, violento, agresivo y desdeñoso contra las mujeres, que un hombre inseguro de su propia virilidad”  Simonne de Beauvoir  

Mi país es uno en el que menos del 4% de denuncias tienen algún resultado. Esto significa que solo 4 de cada 100 denuncias tienen una sentencia. En 25 de los 32 estados, el índice de impunidad rebasa el 60%. En el país donde crecí, la cifra negra que corresponde a los delitos que no son denunciados, es aún más desalentadora: según el Índice Global de Impunidad México 2018 elaborado por la por la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), 93 de cada 100 delitos no son denunciados. El estado no tiene la capacidad de asegurar el acceso a la justicia de las personas, menos aún de las mujeres. 

En mi país no hay conocimiento ni verdad, planteando que el asesinato de una mujer por motivos de género es la máxima expresión de violencia, el 70% de los feminicidas está catalogádo como “desconocidos” mientras que el 30% de los agresores están ubicados como personas conocidas por las víctimas, según los datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, OCNF. El estado no se ha preocupado en brindar una cifra oficial. La mayoría de las mujeres asesinadas fueron cuestionadas por la sociedad por encontrarse en la calle de noche, por las prendas que vestían, por no haber abandonado a sus feminicidas o por otras trivialidades con las que restaron responsibilidad a quienes les arrebataron la vida.

 En México, el país que yo amo, el estado no ha logrado, con efectividad, brindar cumplimiento a su razón fundamental de existencia: la seguridad. Garantizar la seguridad de los habitantes, la justicia y el desarrollo es la finalidad de un estado, las becas y dádivas sólo tendrían que darse teniendo un suelo común asegurado: el de mantenernos con vida.

En las distintas violencias, las más frecuentes son las del espacio laboral, doméstico y educativo. En mi país, se acosa de manera normalizada, se viola de forma silenciosa y se burlan de las exigencias de justicia. Un gran número de los que nacieron en mi país consideran que las mujeres no deben estudiar, ni trabajar, ni liberarse, ni revelarse, ni decirse “feministas”, ni exagerar, ni exigir, simple y sencillamente, creen que solamente tenemos el derecho a resistir la realidad que nos haya tocado vivir, sin intentar transformarla.

En el fondo, todas resistimos aunque no todas resistimos lo mismo, porque en una cultura de hostilidad para las mujeres que hipersexualiza a la niñez, acosa a la juventud, estigmatiza a la adultez, santifica la maternidad, criminaliza la decisión, juzga la libertad y discrimina a la vejez, ser mujer implica de por sí, una larga lucha.

El movimiento #MeToo tan sólo ha visibilizado lo que por años ha ocurrido: caricias incómodas de quienes ostentan el poder en los espacios laborales, peticiones de encuentros sexuales a cambio de ascensos o calificaciones, piropos no solicitados, pláticas sugerentes no pedidas, besos “robados” y relaciones forzadas. Una cifra incalculable de mujeres han abandonado sus empleos ante situaciones de presión insoportables. Una cifra incalculable de mujeres han renunciado a sus carreras porque alguien las hostigaba, y ni hablar de las mujeres que se han suicidado por haber sido exhibidas en su intimidad, como Julissa, de 19 años, quien se terminó con en Monclova, Coahuila tras la difusión de fotografías íntimas sin su consentimiento.  

¿Era necesario denunciar públicamente los abusos?  

Claro que sí. Aun con las denuncias falsas que fueron promovidas desde el machismo para evidenciar la falibilidad del movimiento. Aun con las denuncias falsas realizadas por revanchas personales. Aun con las determinaciones empresariales de despedir a trabajadores involucrados en denuncias por acoso. Aun con todo, el Estado ha fallado en brindar seguridad, justicia y reparación del daño. Las empresas han fallado en integrar mecanismos preventivos de acoso, en abrir la posibilidad de realizar denuncias anónimas con investigaciones internas sin persecuciones contra las denunciantes. Las universidades han ignorado desapariciones, protestas, quejas y solicitudes de cambio de profesores.

 Cuando se comprobó a causa de los secuestros exprés que las autoridades eran impotentes para mantener seguras a las mujeres, tuvieron que aprender autodefensa.

Cuando se comprobó que los ministerios públicos eran incapaces de integrar debidamente una carpeta de investigación, Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía, tuvo que realizar por 10 años una investigación profunda hasta brindar elementos suficientes para que la Suprema Corte de Justicia fallara en su favor.  Las madres desesperadas resultaron ser más efectivas que el estado, con todo el aparato de investigación y persecución de los delitos.

Como Irinea, cientos de madres emprenden búsquedas en fosas clandestinas hasta encontrar a sus hijas. El Estado falló en dar con la verdad.  

¿El anonimato es el problema?

Cuando Marisela Escobedo exigió justicia por la muerte de su hija, fue acribillada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua y falleció. 

Cuando Yanelli denunció la violación que vivió tras viajar en un taxi colectivo en el municipio de Huachinango, Puebla, por 2 asaltantes que abordaron el vehículo, fue perseguida, estigmatizada y despedida de su trabajo para “evitar problemas”. Después de la denuncia ante el Ministerio Público realizada por Yanelli, dos hombres ingresaron a su casa, la golpearon, ataron y violaron frente a su hija de dos años, además de tatuarle con una navaja en el pecho la palabra “PUTA”  sólo por haberse atrevido a denunciar.  

Casos sobran para explicar lo necesario que era tener un espacio administrado por mujeres para realizar denuncias. El suicidio del fundador de Botellita de Jerez no es el fracaso del #MeToo y mucho menos del feminismo: es el fracaso del estado en brindar un acceso efectivo a la justicia. Un caso aislado, alentado por diversos factores, nunca sería culpa de las cuentas de Twitter, de la mujer que denunció un acoso sufrido a los 13 años ni de la carrera que, supuestamente, se le terminaría ante la acusación.

Sin embargo, es cierto, la integridad e imagen pública de personas fueron afectados con denuncias, a primera vista, que no correspondían ni siquiera a las víctimas directas de un daño.

De #MeToo a #MeToo  

Dejemos de mirar al feminismo y al movimiento #MeToo como un fenómeno de una sola cabeza. Aunque todas las cuentas en redes tienen el mismo origen, no todas son manejadas de la misma manera.

Para comprenderlo, debemos tener la conciencia de que las mujeres que administran el #MeToo en los diferentes ámbitos, periodistas, políticos, músicos, cine, fotografía y universidades no cuentan con la maquinaria del estado para realizar una investigación ni con la formación de jurista para determinar inocentes o culpables conforme a las leyes.

Ellas cumplieron con la misión de darle voz a las mujeres con miedo que optaron por esta vía para compartir sus casos, partiendo de creerle a las víctimas. Ellas cumplieron con creerle a quienes denunciaban como un mecanismo de justicia y de reparación simbólica del daño. No podía ser de otra manera, más de mil mujeres han vivido la experiencia de llegar a un Ministerio Público o contar un acoso a la comunidad y que nadie crea en lo que se está denunciando. Con este antecedente, es claro que habría falsas denuncias. 

Sin embargo, es de reconocerse que fueron las mujeres del colectivo PUM (Periodistas Unidas Mexicanas) quienes desempeñaron el papel más serio y profesional de cara al movimiento. Ellas se encargaron de verificar que las denunciantes fueran cuentas reales, que las agraviadas tuvieran o hubieran tenido una relación laboral con el medio al que pertenecía el sujeto al que denunciaban, que las denuncias hubieran sido hechas por víctimas y narradas en primera persona, no así como las denuncias de hechos cometidos contra terceras que no constaban a quienes denunciaban. 

Posiblemente, de seguirse lineamientos y criterios éticos básicos para publicar las denuncias, el movimiento no habría sido desacreditado al nivel que lo fue. Entre más colectivo y grande sea un movimiento, más compleja es la comunicación interna. En el punto más álgido de la crisis de comunicación que enfrentaba el #MeToo ante el suicidio de Armando Vega Gil, la cuenta que publicó su denuncia hizo comentarios fuera de lugar sobre la muerte del occiso, asegurando que era una cobardía morir en vez de enfrentar la justicia.

Un día de silencio sobre el tema, no necesariamente sobre las denuncias, habría bastado para que la integridad del movimiento se mantuviera intacta. Lo que comenzó como un espacio liberador, muy pronto fue utilizado por los liderazgos de opinión anti-mujeres para culpar a las feministas, a las denunciantes y a las promoventes de terminar manchadas con el silencio de esta muerte.

De por sí, los actos que realizamos las mujeres son desacreditados por es statu quo de manera constante. En este caso, les brindamos herramientas para plantear algo peor que la venganza: la inhumanidad. Después de todo, un suicidio no determina la inocencia o la culpabilidad de alguien, pero definitivamente, la gente suele sentirse incómoda con señalar a un difunto por sus actos debido a que ya no puede defenderse ni recibir algún castigo. Se torna algo ocioso, aun cuando el derecho a la verdad exista.

 Dentro de las cuentas que abanderaron el #MeToo, hubo algunas menos rigurosas que contribuyeron al tenso ambiente del sistema patriarcal en su intento de deslegitimar la causa.  Personalmente, realicé una solicitud a la cuenta @MeTooPoliticosMx para verificar una denuncia que publicaron a nombre de una tercera persona que no había sido víctima de los hechos que se describían, que además, aseguraban la comisión de un delito grave, y fui ignorada. 

Ni verificaron la denuncia, ni eliminaron la publicación y el daño que le generaron a la persona mencionada ya es irreversible.  

Aunque el mencionado en la denuncia es un fraterno amigo, como persona igualmente lo habría defendido, pues el testimonio no lo hizo una víctima sino un supuesto testigo; parecía más bien, un chisme.  Siempre sorprenderá ver a una persona cercana denunciada por cualquier hecho. Cuando un conocido, compañero o ser querido es denunciado de tal forma, lo natural es que se dude de la veracidad de la denuncia tan sólo porque esa persona es respetuosa con nosotras. 

Al reflexionar sobre la posibilidad de que el hecho denunciado hubiera sucedido, noté que no se trataba de un sesgo personal. Verdaderamente, no había forma de que él hubiera hecho lo que un tercero decía que había hecho.

Si la cercana es, además, una feminista, el gran dilema le hará pasar un mal rato, pues jamás sería capaz de desacreditar el movimiento pero tampoco sería capaz de alentar un hecho falso y ese dilema es en el que, la que escribe, todavía se encuentra. Miro con tristeza como es que en el Tribunal del Feminismo también las mujeres juzgan a otras mujeres que han emprendido algún tipo de defensa, motivada por las razones que sean.

Mi reflexión final es que entre feminismos, nos queda un largo camino por recorrer para construir sororidad, comprensión, comunicación, rigor, ética y clemencia entre nosotras mismas.

Pero el estado, el estado de este país que escurre sangre, debe asumir los costos de su tremenda omisión, porque no solo fue Armando Vega Gil, son 9 mujeres al día; 95 personas al día en promedio, son los homicidios dolosos que incrementaron hasta 122% en algunas entidades, según una comparación de cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), del primer bimestre de este año con las de 2018.

No sólo es el estado. Es el ideario colectivo de este, mi país mexicano, en el que paralizan actividades por un hombre que se suicida unilateral y deliberadamente,  pero miran con indiferencia a la alumna del plantel CCH Oriente de 16 años de edad que fue reportada como desaparecida el 20 de marzo en la alcaldía de Iztapalapa y que el mismo día en que un hombre decidió quitarse la vida, fue encontrada asesinada  en un lugar llamado “Pozo la Longaniza”. Tirada, exhibida y sin tantas oraciones ni lamentos en ninguna red social.

¿Dónde está la escala de valor del hermano mexicano que mira con terror a las mujeres pidiendo justicia y con indiferencia a las mujeres asesinadas en las calles?

Claramente, es grave que un suicidio se haya cometido en nombre del #MeToo, es grave que muchas carreras hayan sido manchadas con acusaciones falsas, es grave no admitir la autocrítica y reconocer las fallas en el movimiento, pero más grave es desconocer la legitimidad que originó al movimiento y negarse a comprender que el responsable original fue el estado con su omisión, incapacidad y desarticulación para ser el garante de institucionalizar y dirimir las disputas de la sociedad, llegando cada día más a extremos poco conocidos.