El problema de
los altos cobros de la electricidad que viene afectando a millones de
mexicanos desde hace más de 2 sexenios, agudizado en el centro del país
tras el aberrante decreto de extinción de Luz y Fuerza en el gobierno de
Felipe Calderón Hinojosa, es uno de los agravios sociales que no admite
dilación alguna por parte de los miembros del partido mayoritario en el
Congreso, para analizar la iniciativa ciudadana que propone la
aplicación del borrón y cuenta nueva, el establecer una tarifa social y elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad como un derecho humano.
A principios de marzo pasado este lastre
heredado al nuevo gobierno hizo crisis en entidades como Tabasco, donde
el gobernador Adán Augusto López se vio precisado a girar la
instrucción para detener a los trabajadores y vehículos de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) que en la entidad cortaran el servicio a
usuarios domésticos, sobre quienes pesan acumulados adeudos por la
imposición de tarifas como la 1C y 1D –de las más caras del país–,
aplicadas de manera arbitraria por décadas en 14 de sus municipios.
Vivir en regiones con climas en extremo
cálidos hace de la electricidad un medio indispensable para la
subsistencia. Desde hace años, medio millón de tabasqueños se mantienen
en resistencia por los exagerados cobros de la CFE, que en los
gobiernos neoliberales extravió el sentido social de la prestación del
servicio.
En el centro del país el asunto apareció
luego de que Calderón Hinojosa cerrara de la noche a la mañana a Luz y
Fuerza, dejando sin empleo a 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano
de Electricistas (SME). Como parte de la estrategia impuesta por los
organismos internacionales para desmantelar y privatizar al sector
eléctrico nacional, el expresidente panista echó mano de la más rancia
demagogia para prometer a los 6 millones de usuarios que eran atendidos
por la exparaestatal, una baja en las tarifas y un mejor servicio.
Como lo constató la sociedad en su
conjunto, el golpe al SME y la cancelación de la entidad pública
resultaron contraproducentes para el bienestar de la población porque en
la mayor de las irresponsabilidades públicas, la CFE inició de manera
“estimada” el cobro de los consumos sin tomar siquiera en consideración
el nivel socioeconómico de los usuarios.
De la noche a la mañana miles y miles de
atropellos empezaron a reproducirse por doquier al llegar recibos con
cantidades impagables a innumerables hogares humildes y de clase media.
Los funcionarios de Calderón y el extraviado mandatario prefirieron dar
la espalda a quienes prometieron algo totalmente distinto. Así como los
electricistas del SME se encontraron de un día a otro sin empleo, los
usuarios se enfrentaron ante la disyuntiva de comer o pagar la luz.
Durante su campaña, el expresidente
Enrique Peña Nieto prometió atender las anomalías y bajar la
electricidad, pero su compromiso no pasó de ser uno más en el
repertorio de la gastada retórica neoliberal. Terminó su gobierno y las
tarifas no bajaron, como tampoco se dio una solución al borrón y cuenta nueva,
planteado por el SME junto con la Asamblea Nacional de Usuarios de la
Energía Eléctrica (ANUEE). Esta última, una organización surgida de la
sociedad civil y que a la fecha suma miles de adherentes en varios
estados de la República.
El pasado 11 de octubre, aún con la
administración pasada, la ANUEE, el SME y otras organizaciones,
realizaron una multitudinaria marcha a la Cámara de Diputados para
entregar al coordinador de Morena, Mario Delgado, la iniciativa
ciudadana acompañada de más de 200 mil firmas, para que el derecho a la
electricidad adquiera rango constitucional como un derecho humano en
beneficio de millones de mexicano, a través del establecimiento de una
tarifa social, amén de solicitar la aplicación del borrón y cuenta nueva
que ponga fin a la persecución judicial y administrativa de la CFE en
contra de usuarios cuyo único delito es ser pobres y no poder pagar los
“recibos locos” de la ahora empresa productiva del Estado.
Los legisladores no pueden seguir
prorrogando un tema que ha terminado por extender sus costos a las
propias instancias de gobierno, acorraladas por la insolvencia de pagos a
la Comisión Federal y que está afectando de manera directa a la
prestación de servicios básicos como el abasto de agua potable. Alcaldes
de ciudades tan distantes y disímbolas como Acapulco y Ecatepec han
lanzado un SOS al nuevo director de la CFE para que también a ellos se les haga extensivo el borrón y cuenta nueva.
El edil Fernando Vilchis Contreras ha
solicitado la condonación de 447 millones de pesos, pues de lo contrario
miles de habitantes corren el riesgo de quedarse sin agua en uno de los
municipios más poblados y marginados de México.
Las consecuencias de haber extraviado
todo sentido social en la prestación del servicio eléctrico en los
gobiernos neoliberales, están a la vista y la solución en manos de los
nuevos funcionarios y los legisladores de un partido que deben sentarse a
escuchar y a analizar junto con millones de afectados la mejor
solución.
Es evidente que la nueva política
energética busca recobrar el sentido nacionalista que inspiró la
Expropiación Petrolera de 1938 y la Nacionalización de la Industria
Eléctrica en 1960, en los gobiernos de Lázaro Cárdenas y Adolfo López
Mateos.
Nadie puede vivir sin electricidad y
buena del desarrollo integral del país depende de las pequeñas y
medianas empresas así como del comercio y la prestación de servicios.
Una tarifa social ayudará a que los que menos tienen no vean afectada su
frágil economía por excesivos cobros, y una política integral de
tarifas justas ayudará a salir adelante a muchos negocios que han debido
cerrar a consecuencia de los recibos locos que han causado infinidad de estragos en la antes zona de influencia de Luz y Fuerza del Centro.
En dos ocasiones la iniciativa de la
ANUEE, con el acompañamiento del SME, fue ignorada por los Congresos de
corte neoliberal. Es momento de que los legisladores de Morena vuelvan
los ojos a la tercera presentación de la misma, donde miles de mexicanos
les piden ejercer de manera nacionalista y responsable su papel como
representantes de un pueblo cansado de sacrificar su vestido,
alimentación y hasta salud por tener que pagar su electricidad.
Martín Esparza Flores*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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