Enrique Calderón Alzati
La Jornada
Pido prestado el título
de la novela escrita por la joven y distinguida escritora veracruzana
Fernanda Melchor, en la que narra el infierno que vive un poblado
veracruzano, para comentar por mi parte lo que sucede en todo el
territorio de Veracruz, estado con el mayor patrimonio de recursos
naturales agropecuarios, forestales, pesqueros y petroleros, con una
posición estratégica en el territorio nacional y con el principal puerto
de la república, estado este que vive una crisis económica y social sin
precedente, como producto de las políticas irresponsables de gobiernos
anteriores, las cuales se reflejan en los niveles de desempleo,
inseguridad, pobreza y bajos niveles educativos, así como en la
desconfianza que dificulta la llegada de inversiones ante la posibilidad
de nuevos hechos delictivos; en esta situación el inicio de un nuevo
gobierno en el estado, ha generado expectativas y esperanza de que sus
problemas sean pronto superados.
¿Será posible lograrlo y generar la confianza necesaria para atraer
nuevas inversiones que impulsen su desarrollo? La respuesta parece
difícil en el corto plazo, si se toma en cuenta que la situación actual
es el resultado de más de una década de gobiernos cuya característica
común fue la corrupción desmedida de sus más altos funcionarios, la cual
significó más de 100 mil millones de pesos desviados de los recursos
federales y estatales, los cuales fueron a parar tanto a campañas
electorales, como a las cuentas bancarias del ex presidente Peña Nieto,
de gobernadores y funcionarios que han dejado un ejemplo para que otros
repitan las mismas prácticas en todo el país.
En diversas ocasiones nuestro actual Presidente ha declarado en forma
contundente su intención de acabar con la corrupción, barriendo las
escaleras de arriba hacia abajo, haciendo cumplir las leyes y
garantizando con ello que quienes dañaron al país, paguen sus delitos
con la cárcel y la devolución de lo robado, para lo cual se necesita la
acción del sistema de justicia y de la fiscalía general de la nación.
En este contexto, es difícil ignorar la actuación del anterior
gobernador, quien luego de su intento fallido de heredar a su hijo la
gubernatura, se dedica ahora a desestabilizar al estado mediante actos
delictivos con la finalidad de recuperar el poder que perdió en las
elecciones pasadas.
Hace unos cuantos días, apareció en diversos diarios electrónicos de
Veracruz la foto de un supuesto documento oficial, dirigido al Congreso
estatal, en el que el gobernador Cuitláhuac García solicitaba una
licencia para separarse de su cargo, para realizar algunas diligencias
de carácter personal. El efecto que creó este documento en un amplio
sector de la población veracruzana fue de desconcierto y si bien fue
desmentido de manera inmediata por el propio gobernador, la semilla
había quedado sembrada. La autoría del citado documento no ha sido
adjudicada a persona alguna, siendo claro que se trata de un acto
delictivo grave, (falsificación de un documento oficial) en tanto su
propósito ha sido la desestabilización social de ese estado, su autoría
nos lleva directamente al personaje mencionado ¿Quién más resultaría
beneficiado con esta acción? ¿Cuál es el interés para que se publicara y
se diseminara ese documento? Para responder a estas preguntas es
importante recordar quién es este personaje y cuáles han sido sus formas
de actuar.
En su libro Los demonios del edén la escritora Lydia Cacho,
lo denunció como parte de una red de políticos afectos a la pederastia,
mientras que por su parte, la Procuraduría General de la República ha
realizado investigaciones que lo relacionan con lavado de dinero y
enriquecimiento ilícito. Siendo director del Issste fue acusado de
entregar sumas millonarias a la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo,
así como de realizar operaciones fraudulentas con empresas
farmacéuticas, mientras que en los dos años, que tuvo la gubernatura de
Veracruz, sus acciones principales estuvieron orientadas a extorsionar a
los funcionarios del gobierno de Duarte, con objeto de que éstos le
entregasen un porcentaje importante del dinero que éstos habían robado,
so pena de ser enviados a la cárcel, afectando igualmente a las empresas
a las que el gobierno de Javier Duarte había dejado de pagar, exigiendo
que estas le entregasen 50 por ciento de los adeudos por cobrar (libres
de impuesto) a cambio de que su gobierno les pagara los adeudos
mencionados.
Es por ello difícil pensar que a este tipo de personajes les importe
realmente el bienestar y el progreso de la población que ofrecen
gobernar. La historia reciente de nuestro país nos presenta muchos otros
casos como el aquí mencionado, la diferencia de este personaje es que
además de sus altos niveles de corrupción, él representa un riesgo para
la sociedad en su conjunto y para el gobierno mismo, en virtud de que
aun con los millones de pesos acumulados, su conducta nos indica que se
trata de un ser empeñado en continuar sus fechorías y con ello un
peligro real para el bienestar de la sociedad mexicana y en particular
para el estado de Veracruz.
La próxima realización de una consulta pública para conocer el sentir
de la sociedad mexicana sobre el posible otorgamiento de perdón a
quienes han utilizado los altos puestos del poder para beneficiarse o
beneficiar a sus amigos, no debiera ser aplicable a delincuentes como
él, en virtud de que dejarlo en libertad implica con seguridad, la
comisión de nuevos delitos de su parte, que seguramente incluirán daños
para la sociedad y para el mismo gobierno veracruzano. Adicionalmente es
necesario que en el caso de Javier Duarte, cuyo juicio y condena
constituyen una burla a la sociedad mexicana y de manera particular la
de Veracruz, el actual gobierno debe solicitar la anulación del juicio
simulado que se le sigue, con objeto de poder realizar un nuevo proceso,
en donde de manera seria se le juzgue, por los robos y crímenes
cometidos contra el pueblo de Veracruz, con la complicidad de su esposa
obligándoles a devolver todo lo que se robaron, para paliar la crisis en
la que ahora vive el estado.
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