PORTADAS: OBAMA AVANZA EN RUINAS DE BUSH TEMEN AL AUSENTISMO Y AL MARGEN DE ERROR EL DÍA NEGRO DE McCAIN EU: HORA CERO REBANARON A ISLA BERMEJA; EXIGIMOS NOMBRES: DIPUTADOS
04/11/2008 a las 7:28 am
EL UNIVERSAL: OBAMA AVANZA EN RUINAS DE BUSHLa ventaja con la que llega el candidato demócrata, Barack Obama, a la recta final de la campaña electoral es alimentada por las ruinas en las que se encuentra el gobierno del republicano George W. Bush. La actual administración tiene el peor índice de popularidad en más de 50 años, empujado por la guerra en Irak y rematado por la crisis económica en que se encuentra el país. Esta situación ocasionó que el aspirante republicano, John McCain, haya tenido que redoblar sus esfuerzos de llamado al voto en estados tradicionalmente fieles a su partido. VER NOTA COMPLETA
EXCÉLSIOR: TEMEN AL AUSENTISMO Y AL MARGEN DE ERRORA pesar de que, hasta ayer, las encuestas le daban una ventaja de entre 6 y 8 puntos a Barack Obama sobre su contrincante republicano John McCain, los demócratas son cautos y aún no cantan victoria. En entrevista con Excélsior, Estuardo Rodríguez, asesor del partido demócrata, destacó que se sienten bien pero que no están confiados, pues tienen que mantenerse trabajando y llamando a los electores para que no se olviden de que tienen que salir temprano a las casillas porque habrá largas filas. VER NOTA COMPLETA
MILENIO: EL DÍA NEGRO DE McCAINDe los 6 millones de electores que ya han depositado su papeleta y de los que se conoce su filiación, 57.8 de los votos fue para los demócratas y 42.2 por ciento de los republicanos. Aunque las autoridades electorales advierten que estas cifras son preliminares, la campaña del candidato republicano, John McCain, ha reconocido que la movilización de los electores en estados con “voto adelantado” había sido un punto fuerte de los demócratas. VER NOTA COMPLETA
LA JORNADA: EU: HORA CEROLos dos candidatos presidenciales atravesaron el país en las últimas 24 horas antes de la elección, en la vuelta final de esta campaña que arrancó hace casi dos años. Entre los dos viajaron por más de 10 estados este lunes, todos antes considerados territorio republicano, a excepción de uno, ilustrando la dinámica al final de esta contienda con Obama y los demócratas a la ofensiva, lo que obligó a los republicanos a mantenerse en una estrategia en gran medida defensiva. VER NOTA COMPLETA
LA CRÓNICA: REBANARON A ISLA BERMEJA; EXIGIMOS NOMBRES: DIPUTADOSEl senador panista Juan Bueno Torio reconoció que no estaba enterado del asunto en 1997, cuando era diputado. Diputados federales del PAN, PRI y Convergencia exigieron ayer al gobierno de la república que aclare de forma inmediata qué es lo que pasó con la isla Bermeja; demandaron una exhaustiva investigación en torno a este asunto y, en su caso, castigo para los responsables de la insólita “pérdida” o “desaparición” de esa porción de territorio mexicano. VEA NOTA COMPLETA
04/11/2008 a las 7:28 am
EL UNIVERSAL: OBAMA AVANZA EN RUINAS DE BUSHLa ventaja con la que llega el candidato demócrata, Barack Obama, a la recta final de la campaña electoral es alimentada por las ruinas en las que se encuentra el gobierno del republicano George W. Bush. La actual administración tiene el peor índice de popularidad en más de 50 años, empujado por la guerra en Irak y rematado por la crisis económica en que se encuentra el país. Esta situación ocasionó que el aspirante republicano, John McCain, haya tenido que redoblar sus esfuerzos de llamado al voto en estados tradicionalmente fieles a su partido. VER NOTA COMPLETA
EXCÉLSIOR: TEMEN AL AUSENTISMO Y AL MARGEN DE ERRORA pesar de que, hasta ayer, las encuestas le daban una ventaja de entre 6 y 8 puntos a Barack Obama sobre su contrincante republicano John McCain, los demócratas son cautos y aún no cantan victoria. En entrevista con Excélsior, Estuardo Rodríguez, asesor del partido demócrata, destacó que se sienten bien pero que no están confiados, pues tienen que mantenerse trabajando y llamando a los electores para que no se olviden de que tienen que salir temprano a las casillas porque habrá largas filas. VER NOTA COMPLETA
MILENIO: EL DÍA NEGRO DE McCAINDe los 6 millones de electores que ya han depositado su papeleta y de los que se conoce su filiación, 57.8 de los votos fue para los demócratas y 42.2 por ciento de los republicanos. Aunque las autoridades electorales advierten que estas cifras son preliminares, la campaña del candidato republicano, John McCain, ha reconocido que la movilización de los electores en estados con “voto adelantado” había sido un punto fuerte de los demócratas. VER NOTA COMPLETA
LA JORNADA: EU: HORA CEROLos dos candidatos presidenciales atravesaron el país en las últimas 24 horas antes de la elección, en la vuelta final de esta campaña que arrancó hace casi dos años. Entre los dos viajaron por más de 10 estados este lunes, todos antes considerados territorio republicano, a excepción de uno, ilustrando la dinámica al final de esta contienda con Obama y los demócratas a la ofensiva, lo que obligó a los republicanos a mantenerse en una estrategia en gran medida defensiva. VER NOTA COMPLETA
LA CRÓNICA: REBANARON A ISLA BERMEJA; EXIGIMOS NOMBRES: DIPUTADOSEl senador panista Juan Bueno Torio reconoció que no estaba enterado del asunto en 1997, cuando era diputado. Diputados federales del PAN, PRI y Convergencia exigieron ayer al gobierno de la república que aclare de forma inmediata qué es lo que pasó con la isla Bermeja; demandaron una exhaustiva investigación en torno a este asunto y, en su caso, castigo para los responsables de la insólita “pérdida” o “desaparición” de esa porción de territorio mexicano. VEA NOTA COMPLETA
Editorial La Jornada
Trascendencia y oportunidad
Las elecciones presidenciales que se celebran hoy en Estados Unidos ponen punto final a una ardua y prolongada campaña electoral que en meses recientes arroja resultados insospechados, como la salida de la contienda de figuras emblemáticas de ambos partidos, y que pudiera concluir, en caso de que se confirmen en las urnas las tendencias que muestran los últimos sondeos, en el histórico arribo de un afroestadunidense a la Casa Blanca.
Más allá de tales consideraciones, la trascendencia de estos comicios no se limita al ámbito de la política interna estadunidense: se extiende también al escenario internacional por cuanto en la jornada de hoy habrá de definirse la proyección de la superpotencia hacia el resto del mundo durante los próximos cuatro años y, en consecuencia, el destino de millones de personas que viven fuera de ese país.
En ese sentido, y si bien es cierto que tanto Barack Obama como John McCain aspiran a gobernar una nación imperialista y con afanes hegemónicos en el mundo, lo peor que puede ocurrirle al planeta en la circunstancia actual es que triunfe el aspirante republicano. Por más que lo ha intentado, el senador por Arizona no ha podido sacudirse las inercias nefastas del cada vez más impopular George W. Bush y, para colmo, su campaña se ha ido decantando hacia los sectores más reaccionarios de la nación vecina. Existen, por tanto, elementos suficientes para pensar que el arribo de McCain al poder, en enero próximo, implicaría la continuidad de la catástrofe planetaria en que se han traducido los dos ciclos de gobierno de Bush: la proliferación de las violaciones a los derechos humanos, la debacle de la paz y la seguridad internacionales, el auge del unilateralismo, el injerencismo, la xenofobia; el racismo y la arbitrariedad características del político texano, el desastre político, diplomático, militar y moral de Estados Unidos, y la crisis de la economía mundial a consecuencia de las directrices económicas características de los republicanos, basadas en el neoliberalismo de Hayek y en el monetarismo de Friedman.
Por lo demás, resulta paradójico que una decisión de tal importancia y trascendencia mundial deba ser tomada en el contexto de un sistema electoral deficiente y obsoleto, que no se fundamenta necesariamente en el mandato popular y que posibilita la subversión de ese elemental principio democrático. Cabe recordar que el propio George W. Bush arribó a la presidencia en el año 2000 a contrapelo del voto de las mayorías –el aspirante demócrata Al Gore lo aventajó con más de 500 mil sufragios–, tras un largo conflicto poselectoral, que tuvo que ser dirimido en la Suprema Corte estadunidense, y bajo fuertes sospechas de fraude en Florida, gobernada entonces por su hermano Jeb. Cuatro años más tarde, un escenario similar en Ohio ratificó la permanencia del texano en el cargo. Así pues, la administración Bush se inició, en sus dos periodos, con dudas de legitimidad; al final del primero, la mayor potencia de la Tierra arrastraba ya los saldos de desastre de guerras ilegales, inmorales y depredadoras, y al término del segundo, se encuentra, para colmo, en el huracán de una crisis económica de grandes proporciones que ha arrastrado al mundo a una circunstancia angustiosa.
En suma, los comicios presidenciales de hoy constituyen, además de una prueba para la institucionalidad y la democracia en Estados Unidos, una oportunidad para que los votantes de ese país cobren conciencia de la importancia de su decisión, sufraguen en consecuencia y permitan que hoy por la noche el mundo pueda respirar con alivio y felicitarse por el fin inminente de ocho años de pesadilla.
Trascendencia y oportunidad
Las elecciones presidenciales que se celebran hoy en Estados Unidos ponen punto final a una ardua y prolongada campaña electoral que en meses recientes arroja resultados insospechados, como la salida de la contienda de figuras emblemáticas de ambos partidos, y que pudiera concluir, en caso de que se confirmen en las urnas las tendencias que muestran los últimos sondeos, en el histórico arribo de un afroestadunidense a la Casa Blanca.
Más allá de tales consideraciones, la trascendencia de estos comicios no se limita al ámbito de la política interna estadunidense: se extiende también al escenario internacional por cuanto en la jornada de hoy habrá de definirse la proyección de la superpotencia hacia el resto del mundo durante los próximos cuatro años y, en consecuencia, el destino de millones de personas que viven fuera de ese país.
En ese sentido, y si bien es cierto que tanto Barack Obama como John McCain aspiran a gobernar una nación imperialista y con afanes hegemónicos en el mundo, lo peor que puede ocurrirle al planeta en la circunstancia actual es que triunfe el aspirante republicano. Por más que lo ha intentado, el senador por Arizona no ha podido sacudirse las inercias nefastas del cada vez más impopular George W. Bush y, para colmo, su campaña se ha ido decantando hacia los sectores más reaccionarios de la nación vecina. Existen, por tanto, elementos suficientes para pensar que el arribo de McCain al poder, en enero próximo, implicaría la continuidad de la catástrofe planetaria en que se han traducido los dos ciclos de gobierno de Bush: la proliferación de las violaciones a los derechos humanos, la debacle de la paz y la seguridad internacionales, el auge del unilateralismo, el injerencismo, la xenofobia; el racismo y la arbitrariedad características del político texano, el desastre político, diplomático, militar y moral de Estados Unidos, y la crisis de la economía mundial a consecuencia de las directrices económicas características de los republicanos, basadas en el neoliberalismo de Hayek y en el monetarismo de Friedman.
Por lo demás, resulta paradójico que una decisión de tal importancia y trascendencia mundial deba ser tomada en el contexto de un sistema electoral deficiente y obsoleto, que no se fundamenta necesariamente en el mandato popular y que posibilita la subversión de ese elemental principio democrático. Cabe recordar que el propio George W. Bush arribó a la presidencia en el año 2000 a contrapelo del voto de las mayorías –el aspirante demócrata Al Gore lo aventajó con más de 500 mil sufragios–, tras un largo conflicto poselectoral, que tuvo que ser dirimido en la Suprema Corte estadunidense, y bajo fuertes sospechas de fraude en Florida, gobernada entonces por su hermano Jeb. Cuatro años más tarde, un escenario similar en Ohio ratificó la permanencia del texano en el cargo. Así pues, la administración Bush se inició, en sus dos periodos, con dudas de legitimidad; al final del primero, la mayor potencia de la Tierra arrastraba ya los saldos de desastre de guerras ilegales, inmorales y depredadoras, y al término del segundo, se encuentra, para colmo, en el huracán de una crisis económica de grandes proporciones que ha arrastrado al mundo a una circunstancia angustiosa.
En suma, los comicios presidenciales de hoy constituyen, además de una prueba para la institucionalidad y la democracia en Estados Unidos, una oportunidad para que los votantes de ese país cobren conciencia de la importancia de su decisión, sufraguen en consecuencia y permitan que hoy por la noche el mundo pueda respirar con alivio y felicitarse por el fin inminente de ocho años de pesadilla.
Barack Obama, el gran favorito; John McCain, por la hazaña
En la lucha legislativa los republicanos enfrentan un posible tsunami
Cuesta mil 314 millones de pesos al año el pago de profesores comisionados al SNTE
Detectan irregularidades por $37 mil millones en fondo educativo
■ Auditoría externa revela las anomalías; se trata de recursos entregados a autoridades estatales
■ Es una “sangría” que permite a gobernadores mantener “estabilidad artificial”, acusa diputado
Enrique Méndez
Detectan irregularidades por $37 mil millones en fondo educativo
■ Auditoría externa revela las anomalías; se trata de recursos entregados a autoridades estatales
■ Es una “sangría” que permite a gobernadores mantener “estabilidad artificial”, acusa diputado
Enrique Méndez
La auditoría externa al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), que se entrega a los gobiernos estatales, detectó que de 203 mil 317 millones de pesos destinados para este año, 37 mil 174 millones se ejercieron de forma irregular –lo cual representa un uso “atípico” de 18.28 por ciento–, y el caso más evidente es el costo de mil 314 millones de pesos al año que representa el pago a 8 mil 110 profesores comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Consultado al respecto, el diputado Antonio Ortega Martínez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, explicó que se trata de una “sangría” al gasto de educación básica, porque permite a los gobernadores un manejo discrecional de los fondos, lo que les ayuda a mantener una “estabilidad política artificial” con el SNTE.
El reporte –encargado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a la firma RSM Bogarín, Erhard, Padilla, Alvarez y Martínez– refiere además que la dependencia no cuenta con un control preciso de las cifras de las matrículas de las escuelas públicas y el número de éstas; así, por ejemplo, entre los educandos registrados por la dependencia federal y los institutos estatales hay una diferencia de casi 900 mil, y de mas de 2 mil 200 planteles.
“Deficiencia administrativa”
Esto es, explicó Ortega, los gobernadores de todos los partidos “inflan la nómina y los planteles para exigir más recursos”, pero con los resultados de la auditoría “la SEP tendrá elementos para frenarlos y exhibir al SNTE, pero también la secretaría tiene el primer grado de responsabilidad, por su deficiencia administrativa”.
Refirió que, por ejemplo, el informe señala que la secretaría carece de procedimientos formales para la actualización de los catálogos de los centros de trabajo, y que el Sistema de Información de Estadística Continua no se ha actualizado desde su integración, hace 10 años. “Con ello se refleja parte de la falta de control de la dependencia en la educación básica.”
La auditoría refiere que no existe una normatividad que obligue a conciliar los datos reportados por los gobiernos de los estados a la SEP con los reales.
Así, en los tres niveles de la educación básica –prescolar, primaria y secundaria– se encontró que los gobiernos estatales informaron de una matrícula de 21 millones 736 mil 668 alumnos, pero los auditores sólo encontraron documentación comprobatoria de 20 millones 843 mil 193; de 194 mil 200 planteles, pero sólo se cotejó la existencia de 191 mil 973.
Al confrontar el número de plazas y horas autorizadas por las secretarías de Educación y de Hacienda con la nómina cubierta con recursos del FAEB en los estados, se encontró que nueve entidades no conocen los manuales de políticas y procedimientos respectivos.
En el desglose se señala, por ejemplo, que en Baja California Sur 254 personas están contratadas con cargo al FAEB y comisionadas a centros de trabajo, 61 de ellas al sindicato magisterial.
En Colima y Chiapas existe personal con plaza de docente que realiza actividades administrativas. En Guerrero no hay un control adecuado sobre las horas pagadas por nómina con cargo al FAEB, la cual además no se valida con la existencia real del personal.
Desglosa también anomalías en Jalisco, estado de México, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
El análisis de plazas de la SEP y de los estados, salvo Durango, permitió constatar que en 27 entidades la nómina reporta más personal que el autorizado, en un promedio de 30 por ciento.
Uno de los puntos más conflictivos, que se refiere al personal comisionado al SNTE, también fue motivo de amplio análisis, y los auditores reportaron que ningún gobernador entregó completa la información solicitada al respecto: número, categoría, tipo de plaza, objeto de la comisión y vigencia.
Se trata, expresó Ortega, de actos evidentes de corrupción, pero que los gobiernos no pueden atacar porque en la mayoría de los casos los institutos estatales de educación se encuentran “a merced del SNTE, que impone a los secretarios, en una simbiosis patrón-directivo-cuadro magisterial. Existe una complicidad, un maridaje que le sale muy caro al país”.
Consultado al respecto, el diputado Antonio Ortega Martínez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, explicó que se trata de una “sangría” al gasto de educación básica, porque permite a los gobernadores un manejo discrecional de los fondos, lo que les ayuda a mantener una “estabilidad política artificial” con el SNTE.
El reporte –encargado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a la firma RSM Bogarín, Erhard, Padilla, Alvarez y Martínez– refiere además que la dependencia no cuenta con un control preciso de las cifras de las matrículas de las escuelas públicas y el número de éstas; así, por ejemplo, entre los educandos registrados por la dependencia federal y los institutos estatales hay una diferencia de casi 900 mil, y de mas de 2 mil 200 planteles.
“Deficiencia administrativa”
Esto es, explicó Ortega, los gobernadores de todos los partidos “inflan la nómina y los planteles para exigir más recursos”, pero con los resultados de la auditoría “la SEP tendrá elementos para frenarlos y exhibir al SNTE, pero también la secretaría tiene el primer grado de responsabilidad, por su deficiencia administrativa”.
Refirió que, por ejemplo, el informe señala que la secretaría carece de procedimientos formales para la actualización de los catálogos de los centros de trabajo, y que el Sistema de Información de Estadística Continua no se ha actualizado desde su integración, hace 10 años. “Con ello se refleja parte de la falta de control de la dependencia en la educación básica.”
La auditoría refiere que no existe una normatividad que obligue a conciliar los datos reportados por los gobiernos de los estados a la SEP con los reales.
Así, en los tres niveles de la educación básica –prescolar, primaria y secundaria– se encontró que los gobiernos estatales informaron de una matrícula de 21 millones 736 mil 668 alumnos, pero los auditores sólo encontraron documentación comprobatoria de 20 millones 843 mil 193; de 194 mil 200 planteles, pero sólo se cotejó la existencia de 191 mil 973.
Al confrontar el número de plazas y horas autorizadas por las secretarías de Educación y de Hacienda con la nómina cubierta con recursos del FAEB en los estados, se encontró que nueve entidades no conocen los manuales de políticas y procedimientos respectivos.
En el desglose se señala, por ejemplo, que en Baja California Sur 254 personas están contratadas con cargo al FAEB y comisionadas a centros de trabajo, 61 de ellas al sindicato magisterial.
En Colima y Chiapas existe personal con plaza de docente que realiza actividades administrativas. En Guerrero no hay un control adecuado sobre las horas pagadas por nómina con cargo al FAEB, la cual además no se valida con la existencia real del personal.
Desglosa también anomalías en Jalisco, estado de México, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
El análisis de plazas de la SEP y de los estados, salvo Durango, permitió constatar que en 27 entidades la nómina reporta más personal que el autorizado, en un promedio de 30 por ciento.
Uno de los puntos más conflictivos, que se refiere al personal comisionado al SNTE, también fue motivo de amplio análisis, y los auditores reportaron que ningún gobernador entregó completa la información solicitada al respecto: número, categoría, tipo de plaza, objeto de la comisión y vigencia.
Se trata, expresó Ortega, de actos evidentes de corrupción, pero que los gobiernos no pueden atacar porque en la mayoría de los casos los institutos estatales de educación se encuentran “a merced del SNTE, que impone a los secretarios, en una simbiosis patrón-directivo-cuadro magisterial. Existe una complicidad, un maridaje que le sale muy caro al país”.
■ Afectan a 5 millones de usuarios, mientras los grandes consorcios reciben subsidios
Suben tarifas de Luz y Fuerza hasta 200% en un bimestre
■ En Profeco se presentan más de mil 300 quejas anuales contra la paraestatal por ese motivo
Carolina Gómez Mena e Israel Rodríguez
Suben tarifas de Luz y Fuerza hasta 200% en un bimestre
■ En Profeco se presentan más de mil 300 quejas anuales contra la paraestatal por ese motivo
Carolina Gómez Mena e Israel Rodríguez
Alrededor de 5 millones de usuarios de Luz y Fuerza del Centro (LFC) son afectados con incrementos constantes en sus facturaciones del consumo de energía eléctrica, las cuales tienen aumentos bimestrales que llegan a ser superiores a 200 por ciento, como resultado de la política gubernamental de retiros de subsidios a los consumidores domésticos, implantada desde hace seis años por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Esto contrasta con las subvenciones que ha otorgado y que han favorecido a los grandes consorcios comerciales e industriales.
Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) justifican que debido a lo anterior se dan los excesivos cobros a miles de usuarios.
Por su parte, los consumidores no tienen otra opción al reclamar que suscribir un convenio para pagar en parcialidades o abonar al contado para no perder el suministro eléctrico.
De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cada año se presentan mil 300 quejas en promedio en contra de LFC, de las cuales la mayoría son por los abultados precios del servicio.
Luz y Fuerza del Centro así como el SME señalaron por separado que a partir de febrero de 2002, Hacienda –que de acuerdo con la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, es la encargada de fijar y modificar las tarifas eléctricas– determinó establecer cuatro tipos de cobro (dos de bajo y medio consumo y otros dos de alto consumo) diferenciados, en lugar de uno doméstico, como existía en el pasado, con lo que alrededor de 5 millones de usuarios domésticos resultaron perjudicados con incrementos que van desde 30 hasta más de 213 por ciento por el aumento en el costo del kilovatio-hora (KWh).
Todas las tarifas, desde las subsidiadas hasta las que no lo están, experimentan un alza mensual según a la inflación y el incremento en los precios de los combustibles, por lo que siempre la facturación irá en aumento.
Actualmente, en el consumo de uno a 75 KWh mensuales el precio es de 65 centavos y en los adicionales se eleva a 77 centavos, pero al consumir de 76 a 125 Kwh el precio es 1.07 pesos, y el adicional se duplica a 2.29 pesos por KWh. Pero si el consumidor tiene un consumo promedio mensual mayor a 250 KWh durante el último año se le aplica la tarifa denominada Doméstica de Alto Consumo (DAC), la cual no tiene subsidio, y el usuario deberá pagar 3.37 pesos por KWh, es decir, 213.37 por ciento más, según la tarifa establecida hasta octubre de 2008. Para dar una idea de la equivalencia de un KWh, éste corresponde a mil vatios o mantener encendidos durante una hora 10 focos de 100 vatios.
En este contexto se inscriben los cobros “exorbitantes” a usuarios de LFC por el consumo de energía eléctrica y que tienen como principal explicación el retiro del subsidio a las tarifas residenciales. Así, miles de usuarios presentan inconformidades por las abruptas variaciones en sus recibos, pero sólo les queda pagar o que se les suspenda el servicio.
Cascada de quejas
En un recorrido realizado por La Jornada en varias de las oficinas de LFC se constató que el mayor número de reclamos se realiza por los altos cobros que varían de bimestre a bimestre. José Luís López, habitante de la colonia Emiliano Zapata en la delegación Coyoacán, y obrero con una percepción salarial de 52 pesos diarios, de un bimestre a otro vio triplicarse su factura al pasar de 148 pesos a 446. Carlos Rodríguez, empleado jubilado, pagaba hasta el bimestre pasado 869 pesos y ahora deberá cubrir 2 mil 207 pesos, según expuso en su inconformidad en la sucursal Álamos.
Desde la modificación efectuada hace seis años se favoreció a los grandes grupos industriales y comerciales en detrimento de los consumidores domésticos, al establecerse una nueva política de subsidios en la que Hacienda determinó que a mayor consumo de electricidad de los hogares el subsidio sería menor y así se fijó la tarifa DAC.
En contraste, a lo derivado del cambio realizado por la SHCP en 2002 y que afecta a la mayor parte de la población de usuarios domésticos de LFC, ahora los industriales serán nuevamente beneficiados con el anuncio del presidente Felipe Calderón, efectuado el viernes pasado.
En el mismo se argumenta que para atenuar el impacto de la alta volatilidad en los precios de insumos, las industrias ahora podrán acceder a una tarifa de energía eléctrica a periodos anuales.
Las inconformidades del público usuario se multiplican, según confirman las estadísticas de la Profeco, las cuales revelan que en los últimos años el promedio de quejas en contra de LFC es de más de 2 mil 300 anuales, en su mayoría por cobros excesivos.
Por ejemplo: Enrique Basurto, administrador de un edificio en la colonia Viaducto, señaló que por el consumo eléctrico de la bomba de agua del inmueble donde trabaja pagaban en promedio 2 mil pesos, y ahora los condóminos enfrentan el adeudo de 4 mil 696 pesos bimestrales. “El año pasado se pagaban apenas mil 200 pesos por un consumo de 335 Kwh, luego pasó a 2 mil pesos y ahora nos quieren cobrar hasta 5 mil pesos”, señaló.
Sobre está problemática la secretaria de Energía, Georgina Kessel, declaró a este diario: “Hemos estado trabajando muy intensamente con la dirección general de LFC para asegurarnos de que la empresa pueda mejorar sus niveles de productividad y eficiencia. Tenemos un problema que yo diría que es relativamente serio, en el sentido de que no contamos con un sistema electrónico, no tenemos un sistema computarizado ni para manejo de recibos y registro de los consumos. Estamos buscando que se implante este sistema para mejorar la atención al usuario final”.
En coincidencia con lo anterior, Fernando Amezcua Castillo, secretario del exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), reconoció que LFC carece de una herramienta informática, pero adelantó que ya se está trabajando con el Instituto Politécnico Nacional para que en pocos meses más se pueda contar con esta innovación. Esto permitirá pagar en cajeros automáticos, contar con un servicio en línea que se pueda pagar con tarjetas bancarias y atender al público de manera más eficiente.
Falta de tecnología en LFC, “fuente de errores y omisiones”
Al carecer de tecnología, los trabajadores de comercialización de esta empresa pública deben manejar 35 millones de documentos al año, entre quejas, contratos y aclaraciones, “con lo cual es lógico que ocurran errores y omisiones”, reconoció Amezcua Castillo, secretario del Exterior del SME. El sindicalista también advirtió que existe sobrecarga de trabajo, porque las 103 unidades comerciales fueron diseñadas para atender a entre 40 mil y 50 mil usuarios anuales, pero hoy atienden a una población tres o cuatro veces mayor. Incluso en algunas unidades como la de Nezahualcóyotl se atiende a más de 200 mil clientes.
Otra razón por la cual los recibos de consumo tienen fuertes variaciones de un bimestre a otro es porque al momento de que el personal acude a tomar la lectura de los medidores no es atendido o bien la falta de personal imposibilita la visita al domicilio y el consumo se registra en ceros. Sin embargo, luego se cobra todo lo adeudado, situación que –alegan los afectados– “no es nuestra culpa”.
También está el hecho de que LFC se percate de que le estaba cobrando menos a algún usuario y determine que debe cobrar todo lo que argumenta se le adeuda. Esto es lo que ocurre en ocasiones en que al consumidor le sube abruptamente el monto de su factura. Amezcua explicó que aunque los cambios en los subsidios ocurrieron hace seis años, cada cierto tiempo se hacen “revisiones” a los servicios y se detecta que el usuario no paga lo que debe.
“Por ejemplo, una persona viene pagando una determinada cantidad; manda la máquina a revisar y resulta que la lectura que tiene en ese momento no es la real, entonces el usuario reclama, y entonces la empresa nuevamente manda a revisar, si hay un error se modifica y al usuario se le cobra lo que se le tiene que cobrar, pero debo reconocer que también puede haber la posibilidad de que haya un error en la lectura, eso es cierto”.
A esta problemática se suman la faltas de control de calidad de los medidores adquiridos a una sola empresa, Industrias Unidas (IUSA), propiedad del empresario Carlos Peralta, dijo el representante gremial, quien explicó que en muchas ocasiones los medidores se instalan directamente sin pasar por el control de calidad que realiza el departamento de medidores-prueba. Por esta razón muchos de estos artefactos están mal calibrados, lo que incide en lecturas erróneas.
Acerca de los desperfectos que sufren algunos aparatos por las fluctuaciones en el suministro eléctrico, Amezcua Castillo explicó que se debe a que la mayor parte de las redes están sobrecargadas .
Según LFC, también los altos consumos de energía eléctrica tienen su origen en “problemas de la instalación eléctrica del domicilio, lo que ocasiona fugas de energía o bien porque se tienen electrodomésticos que por su antigüedad consumen mucha electricidad, o porque se utilizan calefactores altamente demandantes de este fluido”.
Fernado Amezcua explicó que las pérdidas anuales en LFC ascienden a “18 mil millones de pesos”, y de este monto “por lo menos 12 mil millones” tienen que ver con los servicios industriales que están en fraude, con los adeudos de municipios y los organismos operadores de agua, así como algunas secretarías de Estado. “Hay grandes corporaciones como Wal Mart, Bimbo, Cinemex y centros comerciales que están en fraude”, aseguró.
Esto contrasta con las subvenciones que ha otorgado y que han favorecido a los grandes consorcios comerciales e industriales.
Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) justifican que debido a lo anterior se dan los excesivos cobros a miles de usuarios.
Por su parte, los consumidores no tienen otra opción al reclamar que suscribir un convenio para pagar en parcialidades o abonar al contado para no perder el suministro eléctrico.
De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cada año se presentan mil 300 quejas en promedio en contra de LFC, de las cuales la mayoría son por los abultados precios del servicio.
Luz y Fuerza del Centro así como el SME señalaron por separado que a partir de febrero de 2002, Hacienda –que de acuerdo con la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, es la encargada de fijar y modificar las tarifas eléctricas– determinó establecer cuatro tipos de cobro (dos de bajo y medio consumo y otros dos de alto consumo) diferenciados, en lugar de uno doméstico, como existía en el pasado, con lo que alrededor de 5 millones de usuarios domésticos resultaron perjudicados con incrementos que van desde 30 hasta más de 213 por ciento por el aumento en el costo del kilovatio-hora (KWh).
Todas las tarifas, desde las subsidiadas hasta las que no lo están, experimentan un alza mensual según a la inflación y el incremento en los precios de los combustibles, por lo que siempre la facturación irá en aumento.
Actualmente, en el consumo de uno a 75 KWh mensuales el precio es de 65 centavos y en los adicionales se eleva a 77 centavos, pero al consumir de 76 a 125 Kwh el precio es 1.07 pesos, y el adicional se duplica a 2.29 pesos por KWh. Pero si el consumidor tiene un consumo promedio mensual mayor a 250 KWh durante el último año se le aplica la tarifa denominada Doméstica de Alto Consumo (DAC), la cual no tiene subsidio, y el usuario deberá pagar 3.37 pesos por KWh, es decir, 213.37 por ciento más, según la tarifa establecida hasta octubre de 2008. Para dar una idea de la equivalencia de un KWh, éste corresponde a mil vatios o mantener encendidos durante una hora 10 focos de 100 vatios.
En este contexto se inscriben los cobros “exorbitantes” a usuarios de LFC por el consumo de energía eléctrica y que tienen como principal explicación el retiro del subsidio a las tarifas residenciales. Así, miles de usuarios presentan inconformidades por las abruptas variaciones en sus recibos, pero sólo les queda pagar o que se les suspenda el servicio.
Cascada de quejas
En un recorrido realizado por La Jornada en varias de las oficinas de LFC se constató que el mayor número de reclamos se realiza por los altos cobros que varían de bimestre a bimestre. José Luís López, habitante de la colonia Emiliano Zapata en la delegación Coyoacán, y obrero con una percepción salarial de 52 pesos diarios, de un bimestre a otro vio triplicarse su factura al pasar de 148 pesos a 446. Carlos Rodríguez, empleado jubilado, pagaba hasta el bimestre pasado 869 pesos y ahora deberá cubrir 2 mil 207 pesos, según expuso en su inconformidad en la sucursal Álamos.
Desde la modificación efectuada hace seis años se favoreció a los grandes grupos industriales y comerciales en detrimento de los consumidores domésticos, al establecerse una nueva política de subsidios en la que Hacienda determinó que a mayor consumo de electricidad de los hogares el subsidio sería menor y así se fijó la tarifa DAC.
En contraste, a lo derivado del cambio realizado por la SHCP en 2002 y que afecta a la mayor parte de la población de usuarios domésticos de LFC, ahora los industriales serán nuevamente beneficiados con el anuncio del presidente Felipe Calderón, efectuado el viernes pasado.
En el mismo se argumenta que para atenuar el impacto de la alta volatilidad en los precios de insumos, las industrias ahora podrán acceder a una tarifa de energía eléctrica a periodos anuales.
Las inconformidades del público usuario se multiplican, según confirman las estadísticas de la Profeco, las cuales revelan que en los últimos años el promedio de quejas en contra de LFC es de más de 2 mil 300 anuales, en su mayoría por cobros excesivos.
Por ejemplo: Enrique Basurto, administrador de un edificio en la colonia Viaducto, señaló que por el consumo eléctrico de la bomba de agua del inmueble donde trabaja pagaban en promedio 2 mil pesos, y ahora los condóminos enfrentan el adeudo de 4 mil 696 pesos bimestrales. “El año pasado se pagaban apenas mil 200 pesos por un consumo de 335 Kwh, luego pasó a 2 mil pesos y ahora nos quieren cobrar hasta 5 mil pesos”, señaló.
Sobre está problemática la secretaria de Energía, Georgina Kessel, declaró a este diario: “Hemos estado trabajando muy intensamente con la dirección general de LFC para asegurarnos de que la empresa pueda mejorar sus niveles de productividad y eficiencia. Tenemos un problema que yo diría que es relativamente serio, en el sentido de que no contamos con un sistema electrónico, no tenemos un sistema computarizado ni para manejo de recibos y registro de los consumos. Estamos buscando que se implante este sistema para mejorar la atención al usuario final”.
En coincidencia con lo anterior, Fernando Amezcua Castillo, secretario del exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), reconoció que LFC carece de una herramienta informática, pero adelantó que ya se está trabajando con el Instituto Politécnico Nacional para que en pocos meses más se pueda contar con esta innovación. Esto permitirá pagar en cajeros automáticos, contar con un servicio en línea que se pueda pagar con tarjetas bancarias y atender al público de manera más eficiente.
Falta de tecnología en LFC, “fuente de errores y omisiones”
Al carecer de tecnología, los trabajadores de comercialización de esta empresa pública deben manejar 35 millones de documentos al año, entre quejas, contratos y aclaraciones, “con lo cual es lógico que ocurran errores y omisiones”, reconoció Amezcua Castillo, secretario del Exterior del SME. El sindicalista también advirtió que existe sobrecarga de trabajo, porque las 103 unidades comerciales fueron diseñadas para atender a entre 40 mil y 50 mil usuarios anuales, pero hoy atienden a una población tres o cuatro veces mayor. Incluso en algunas unidades como la de Nezahualcóyotl se atiende a más de 200 mil clientes.
Otra razón por la cual los recibos de consumo tienen fuertes variaciones de un bimestre a otro es porque al momento de que el personal acude a tomar la lectura de los medidores no es atendido o bien la falta de personal imposibilita la visita al domicilio y el consumo se registra en ceros. Sin embargo, luego se cobra todo lo adeudado, situación que –alegan los afectados– “no es nuestra culpa”.
También está el hecho de que LFC se percate de que le estaba cobrando menos a algún usuario y determine que debe cobrar todo lo que argumenta se le adeuda. Esto es lo que ocurre en ocasiones en que al consumidor le sube abruptamente el monto de su factura. Amezcua explicó que aunque los cambios en los subsidios ocurrieron hace seis años, cada cierto tiempo se hacen “revisiones” a los servicios y se detecta que el usuario no paga lo que debe.
“Por ejemplo, una persona viene pagando una determinada cantidad; manda la máquina a revisar y resulta que la lectura que tiene en ese momento no es la real, entonces el usuario reclama, y entonces la empresa nuevamente manda a revisar, si hay un error se modifica y al usuario se le cobra lo que se le tiene que cobrar, pero debo reconocer que también puede haber la posibilidad de que haya un error en la lectura, eso es cierto”.
A esta problemática se suman la faltas de control de calidad de los medidores adquiridos a una sola empresa, Industrias Unidas (IUSA), propiedad del empresario Carlos Peralta, dijo el representante gremial, quien explicó que en muchas ocasiones los medidores se instalan directamente sin pasar por el control de calidad que realiza el departamento de medidores-prueba. Por esta razón muchos de estos artefactos están mal calibrados, lo que incide en lecturas erróneas.
Acerca de los desperfectos que sufren algunos aparatos por las fluctuaciones en el suministro eléctrico, Amezcua Castillo explicó que se debe a que la mayor parte de las redes están sobrecargadas .
Según LFC, también los altos consumos de energía eléctrica tienen su origen en “problemas de la instalación eléctrica del domicilio, lo que ocasiona fugas de energía o bien porque se tienen electrodomésticos que por su antigüedad consumen mucha electricidad, o porque se utilizan calefactores altamente demandantes de este fluido”.
Fernado Amezcua explicó que las pérdidas anuales en LFC ascienden a “18 mil millones de pesos”, y de este monto “por lo menos 12 mil millones” tienen que ver con los servicios industriales que están en fraude, con los adeudos de municipios y los organismos operadores de agua, así como algunas secretarías de Estado. “Hay grandes corporaciones como Wal Mart, Bimbo, Cinemex y centros comerciales que están en fraude”, aseguró.
Astillero
Julio Hernández López Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ Si no pueden... que devuelvan los impuestos
Julio Hernández López Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ Si no pueden... que devuelvan los impuestos
El empresario Alejandro Martí ha agregado un elemento de fundada suspicacia al de por sí extraño manto de abigarrados intereses que en el pasado agosto convirtieron un deplorable suceso de grave inseguridad pública en un peculiar proceso de blanca y silenciosa protesta masiva. Utilizado el hecho por el gobierno federal, y explotado el sentimentalismo inherente para impulsar campañas mediáticas de unidad nacional y lucha cerrada por un “¡México!” sin partidismos ni discusiones (justamente cuando más vivas eran la discusión y la preparación de la defensa del petróleo), ahora resulta que el actor central, el dueño de las tiendas deportivas Martí y los gimnasios Sport City, ha estado buscando por la vía judicial que se le dé un trato de privilegio fiscal como el que en 2001 permitió a los dueños de Banamex –específicamente al empresario Roberto Hernández, siempre relacionado con ayudas importantes a campañas electorales y a gobernantes comodinos– realizar una venta de miles de millones de dólares sin pagar un centavo de impuestos al Estado mexicano.
El discurso y la postura de Martí se desgastan al saber que, a pesar de la desgracia familiar que le dio celebridad pública, persiste en una de las prácticas empresariales que más han creado las condiciones de desigualdad social que en una de sus vertientes producen a su vez violencia como la que terminó con la vida de un adolescente secuestrado. Los dueños de los grandes capitales se han especializado en México en quitar dinero a las estructuras públicas, ya sea mediante tretas de elusión fiscal o mediante abiertas maniobras de conversión de la riqueza colectiva en “negocios” legales que dejan injustas ganancias a esos privilegiados.
Al pedir que le devuelvan 100 millones de pesos que pagó al fisco a principios de este año por la venta de acciones del Grupo Martí que le dejó 2 mil millones de pesos (litigio que en estos días resolverá la Suprema Corte de Justicia), el empresario deportivo coloca en entredicho las palabras que pronunció meses atrás en Palacio Nacional, cuando se manifestaba contra la impunidad y la corrupción y mencionaba que en sus noches de dolor se preguntaba si a su hijo lo habría matado el engendro maligno de la impunidad “o todos nosotros, que con el paso de los años, nuestra irresponsabilidad y nuestra ceguera, hemos creado lo que hoy estamos viviendo”. Martí incluso planteó “¿quién es más culpable, el que deja hacer, o el que hace?” Buena pregunta, porque pareciera que tanto peca el que mata y secuestra como el que agarra la pata fiscal. Convertido en momentáneo depositario de virtudes cívicas extremas, el empresario Martí no parece estar en condiciones de “encauzar una nueva era del país”, como en su momento prometió. Bueno, ni siquiera de exigir con fuerza y congruencia que haya cuando menos resultados medianamente aceptables de las investigaciones policiales del caso que se ha convertido en feria de chivos expiatorios y en colección de situaciones tragicómicas a cargo del gobierno capitalino de Marcelo Ebrard y de oportunismos a cargo del que encabeza Felipe Calderón. Por cierto, ¿qué se informará cuando se cumplan los famosos 100 días de plazo impuestos para quién sabe qué cambios?
Astillas
Un ingeniero petrolero de larga experiencia comenta a esta columna algunas de las cosas que un premio Nobel como Mario Molina no logra entender ni denunciar respecto a las causas profundas de accidentes como el de la plataforma Usumacinta el año pasado: para trabajar en plataformas o embarcaciones costa afuera (off shore) se requiere obtener la “tarjeta de mar” que a un costo elevado expiden las capitanías de puerto luego de demostrar que el interesado sabe nadar, incluso en condiciones extremas, y que ha pasado cursos básicos de sobrevivencia, primeros auxilios e incluso algo de leyes marítimas mercantes. Además, para trabajar en equipos de perforación de gas y aceite se necesita otro permiso, el llamado rig pass, que es otro curso de seguridad industrial y personal. El ingeniero, cuyo nombre será omitido, explica: “todo está legislado en cuestión de seguridad, pero en la práctica esos documentos te los venden sin tomar curso alguno. Hay empresas que se dedican a dar esos cursos (tarjeta de mar y rig pass) y te dan un curso de seis horas, cuando deberían ser no menos de 40. No es que los documentos sean falsos, es que no se realizan los cursos”… Ricardo Flores pregunta adónde se puede comunicar con la doctora Caldera “para darle una larga lista de ingenieros que están listos para trabajar en Pemex, y un puño de constructoras también”… En España, mientras tanto, se publican anuncios en los diarios en busca de ingenieros de caminos, canales y puertos, o ingenieros técnicos en obras públicas, para fungir como jefes de obra civil en México, conforme a las concesiones recibidas acá por el grupo constructor Aldesa (www.aldesa.es/ofertas_descripcion.jsp?idc=1&id=0016). Carlos Iván Franco, quien reporta lo anterior desde la península, recuerda que en los servicios concesionados se repiten esos esquemas de altos pagos y oportunidades abiertas para los extranjeros, sin dejar a los nativos más que menores y mal pagadas: “Así sucede en el caso de la energía eólica, concesionada a Iberdrola Renovables, que en conjunto con Gamesa explota campos de energía en México pagando una miseria a los ayuntamientos o a los particulares propietarios. En España hay un ejemplo clave en el ayuntamiento de La Muela, en Aragón, cerca de Zaragoza, que es donde más generadores de este tipo hay y donde al ayuntamiento le pagan un buen dinero por el uso de las tierras, lo que permite que con el dinero sobrante, además de invertirlo en equipamiento para el poblado, se destine una parte a invitar a los pobladores de La Muela a viajes anuales subvencionados”… Y, mientras la violencia se desborda en el estado de México, con cada vez más policías asesinados, ¡Hasta mañana, con el romántico gobernador Peña Nieto que disfrutando de la exquisita gastronomía parisina en compañía de su angelical Gaviota de la Rivera mexiquense!
El discurso y la postura de Martí se desgastan al saber que, a pesar de la desgracia familiar que le dio celebridad pública, persiste en una de las prácticas empresariales que más han creado las condiciones de desigualdad social que en una de sus vertientes producen a su vez violencia como la que terminó con la vida de un adolescente secuestrado. Los dueños de los grandes capitales se han especializado en México en quitar dinero a las estructuras públicas, ya sea mediante tretas de elusión fiscal o mediante abiertas maniobras de conversión de la riqueza colectiva en “negocios” legales que dejan injustas ganancias a esos privilegiados.
Al pedir que le devuelvan 100 millones de pesos que pagó al fisco a principios de este año por la venta de acciones del Grupo Martí que le dejó 2 mil millones de pesos (litigio que en estos días resolverá la Suprema Corte de Justicia), el empresario deportivo coloca en entredicho las palabras que pronunció meses atrás en Palacio Nacional, cuando se manifestaba contra la impunidad y la corrupción y mencionaba que en sus noches de dolor se preguntaba si a su hijo lo habría matado el engendro maligno de la impunidad “o todos nosotros, que con el paso de los años, nuestra irresponsabilidad y nuestra ceguera, hemos creado lo que hoy estamos viviendo”. Martí incluso planteó “¿quién es más culpable, el que deja hacer, o el que hace?” Buena pregunta, porque pareciera que tanto peca el que mata y secuestra como el que agarra la pata fiscal. Convertido en momentáneo depositario de virtudes cívicas extremas, el empresario Martí no parece estar en condiciones de “encauzar una nueva era del país”, como en su momento prometió. Bueno, ni siquiera de exigir con fuerza y congruencia que haya cuando menos resultados medianamente aceptables de las investigaciones policiales del caso que se ha convertido en feria de chivos expiatorios y en colección de situaciones tragicómicas a cargo del gobierno capitalino de Marcelo Ebrard y de oportunismos a cargo del que encabeza Felipe Calderón. Por cierto, ¿qué se informará cuando se cumplan los famosos 100 días de plazo impuestos para quién sabe qué cambios?
Astillas
Un ingeniero petrolero de larga experiencia comenta a esta columna algunas de las cosas que un premio Nobel como Mario Molina no logra entender ni denunciar respecto a las causas profundas de accidentes como el de la plataforma Usumacinta el año pasado: para trabajar en plataformas o embarcaciones costa afuera (off shore) se requiere obtener la “tarjeta de mar” que a un costo elevado expiden las capitanías de puerto luego de demostrar que el interesado sabe nadar, incluso en condiciones extremas, y que ha pasado cursos básicos de sobrevivencia, primeros auxilios e incluso algo de leyes marítimas mercantes. Además, para trabajar en equipos de perforación de gas y aceite se necesita otro permiso, el llamado rig pass, que es otro curso de seguridad industrial y personal. El ingeniero, cuyo nombre será omitido, explica: “todo está legislado en cuestión de seguridad, pero en la práctica esos documentos te los venden sin tomar curso alguno. Hay empresas que se dedican a dar esos cursos (tarjeta de mar y rig pass) y te dan un curso de seis horas, cuando deberían ser no menos de 40. No es que los documentos sean falsos, es que no se realizan los cursos”… Ricardo Flores pregunta adónde se puede comunicar con la doctora Caldera “para darle una larga lista de ingenieros que están listos para trabajar en Pemex, y un puño de constructoras también”… En España, mientras tanto, se publican anuncios en los diarios en busca de ingenieros de caminos, canales y puertos, o ingenieros técnicos en obras públicas, para fungir como jefes de obra civil en México, conforme a las concesiones recibidas acá por el grupo constructor Aldesa (www.aldesa.es/ofertas_descripcion.jsp?idc=1&id=0016). Carlos Iván Franco, quien reporta lo anterior desde la península, recuerda que en los servicios concesionados se repiten esos esquemas de altos pagos y oportunidades abiertas para los extranjeros, sin dejar a los nativos más que menores y mal pagadas: “Así sucede en el caso de la energía eólica, concesionada a Iberdrola Renovables, que en conjunto con Gamesa explota campos de energía en México pagando una miseria a los ayuntamientos o a los particulares propietarios. En España hay un ejemplo clave en el ayuntamiento de La Muela, en Aragón, cerca de Zaragoza, que es donde más generadores de este tipo hay y donde al ayuntamiento le pagan un buen dinero por el uso de las tierras, lo que permite que con el dinero sobrante, además de invertirlo en equipamiento para el poblado, se destine una parte a invitar a los pobladores de La Muela a viajes anuales subvencionados”… Y, mientras la violencia se desborda en el estado de México, con cada vez más policías asesinados, ¡Hasta mañana, con el romántico gobernador Peña Nieto que disfrutando de la exquisita gastronomía parisina en compañía de su angelical Gaviota de la Rivera mexiquense!
México SA
Carlos Fernández-Vega cfvmexico_sa@hotmail.com - mexicosa@infinitum.com.mx
■ Muy bajo, el rendimiento de estudiantes de AL
Carlos Fernández-Vega cfvmexico_sa@hotmail.com - mexicosa@infinitum.com.mx
■ Muy bajo, el rendimiento de estudiantes de AL
A pesar de la reducida calidad educacional en el país, con los consecuentes resultados negativos para los educandos, algunas encuestas arrojan datos sorprendentes sobre el particular: en México, 68 por ciento de los padres de familia se manifiesta “satisfecho” con la enseñanza pública y privada impartida a lo largo y ancho de la República (un porcentaje incluso mayor –un punto– al que la propia encuesta registra en Estados Unidos), no obstante que los estudiantes, sus hijos, se han quedado rezagados de sus pares asiáticos y de los de naciones desarrolladas en las pruebas de rendimiento.
Dicho nivel de “satisfacción” se observa en prácticamente toda América Latina, con una problemática igual de complicada que la mexicana. La respuesta a esta presunta incógnita la ofrece el Banco Interamericano de Desarrollo (BID): “las personas con menores niveles de educación tienden a expresar una mejor opinión en relación con la calidad de los servicios educativos, que aquellas que tienen más años de escolaridad. Los padres de familia, cuando califican la calidad de la educación, valoran aparentemente otros atributos distintos a los logros mismos del aprendizaje –tal como se mide en las pruebas de rendimiento–, como por ejemplo, si la escuela se mantiene limpia o si la disciplina es justa para todos los estudiantes”.
Los anteriores son algunos de los resultados de una encuesta levantada por la empresa Gallup, por encargo del BID, sobre la calidad de vida en América Latina y el Caribe (que incluye educación, salud y mercado laboral, entre otros temas), de la que surge la primera urgente recomendación: la región “ha ingresado a una nueva fase de desarrollo y requiere que los gobiernos mejoren sustantivamente la calidad de la educación y otros servicios públicos para asegurar que los países sean capaces de competir en una economía global”.
El estudio del BID se concentra en identificar la contribución que el desarrollo educativo ha hecho a la calidad de vida en América Latina y el Caribe, adoptando una perspectiva regional de largo plazo. Si bien las tendencias permiten constatar que en todos los países la población está cada vez más incluida en el sistema escolar, la situación en términos de calidad no es tan positiva. “Los datos sugieren que más de la mitad de la población entre 15 y 19 años en Brasil, Argentina, Chile, México, Perú y Uruguay carece de un nivel adecuado de educación y destrezas –evaluado por pruebas que miden aprendizaje efectivo, y no por número de años completados en la escuela– como para obtener un trabajo bien remunerado en una economía global altamente competitiva”.
Varios países de la región reportaron niveles de “satisfacción” similares a las naciones desarrolladas, a pesar de ostentar puntajes significativamente más bajos en las pruebas. Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Honduras y República Dominicana, por ejemplo, indicaron niveles de “satisfacción” mayores que en Japón en cuestiones educacionales, a pesar de que sus estudiantes tuvieron un puntaje 35 por ciento menor que el promedio de los estudiantes japoneses, de acuerdo con la encuesta. México está 30 puntos por abajo. Costa Rica, Venezuela y Nicaragua son los países con los mayores niveles de “satisfacción” en la región, con más de 80 por ciento de las personas entrevistadas que dicen estar “a gusto” con el sistema educativo.
Entre los resultados destaca que “la falta de demanda por una mejor educación puede significar que los gobiernos se sientan menos motivados a introducir mejoras, pero a medida que los países de la región mejoran el nivel de los logros educativos de su población las críticas se incrementan porque se presta mayor atención a los servicios que se ofrecen, como lo demuestran los casos de Chile y Brasil. Ambos países mostraron niveles de satisfacción menores a los esperados, a pesar de que sus estudiantes se encuentran entre los de mayor rendimiento en la región”. El descontento, pues, como acicate para obtener mejores resultados.
Aún así, apunta el BID, “la sola información no es la única clave para mejorar la calidad. El sistema educativo y las autoridades responsables de formular políticas necesitan saber cómo canalizar esa frustración para convertirla en políticas efectivas que permitan que la calidad mejore. Es importante aumentar la conciencia de la población sobre la importancia de la buena educación. Al mismo tiempo, los gobiernos deben empezar a preparar los programas y las instituciones que les permitan manejar una ola creciente de críticas dirigidas contra las escuelas y las autoridades, en la medida en que los padres sean más educados”.
La educación ha sido la fuente primaria del crecimiento económico en Asia, pero en América Latina y el Caribe ha desempeñado un papel menor en los últimos 30 años. La mayor parte del crecimiento de la región entre 1972 y 2000 puede atribuirse a un incremento de la fuerza laboral, mientras en el sur y el este asiáticos los principales motores del crecimiento han sido el capital humano y la productividad. “El número de años de escolaridad para un creciente número de niños latinoamericanos no se ha traducido necesariamente en un crecimiento de la productividad, la prosperidad y un fortalecimiento del bienestar. Los resultados sugieren que los latinoamericanos no están cosechando los beneficios de tener más niños matriculados dentro del sistema educativo, ni del incremento en el número de años que su población permanece en la escuela”.
En América Latina y el Caribe los avances han sido insuficientes para mejorar la calidad de la educación. “Los estudiantes de la región están muy por debajo del rendimiento comparativo de sus pares, de acuerdo con las evaluaciones estudiantiles internacionales que se llevaron a cabo en Asia –uno de los principales competidores de la región en asuntos de comercio internacional– y en Europa. El rendimiento promedio de los estudiantes de 15 años de edad en siete países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay) que hicieron la prueba del PISA es cerca de un grado menos que el promedio de rendimiento del 25 por ciento más bajo de los estudiantes examinados por la OCDE; entre 20 y 40 por ciento de los estudiantes de esos países tuvieron un puntaje menor que el nivel más bajo de destrezas en la prueba, lo cual significa que carecían de un conocimiento básico de la lectura y la escritura”.
Las rebanadas del pastel
Al frente de Fonatur, con Fox en Los Pinos, John McCarthy presumía que en eso de los negocios a él no le interesaba “de dónde venga el dinero, sea de John Smith o de Juan Pérez”. Y por el expediente publicado ayer por La Jornada queda claro que, en efecto, le importaba un cacahuate, siempre y cuando una parte del negocio y del dinero quedara en sus bolsillos (a costillas de los bienes nacionales, qué mejor)… Vamos, Obama.
Dicho nivel de “satisfacción” se observa en prácticamente toda América Latina, con una problemática igual de complicada que la mexicana. La respuesta a esta presunta incógnita la ofrece el Banco Interamericano de Desarrollo (BID): “las personas con menores niveles de educación tienden a expresar una mejor opinión en relación con la calidad de los servicios educativos, que aquellas que tienen más años de escolaridad. Los padres de familia, cuando califican la calidad de la educación, valoran aparentemente otros atributos distintos a los logros mismos del aprendizaje –tal como se mide en las pruebas de rendimiento–, como por ejemplo, si la escuela se mantiene limpia o si la disciplina es justa para todos los estudiantes”.
Los anteriores son algunos de los resultados de una encuesta levantada por la empresa Gallup, por encargo del BID, sobre la calidad de vida en América Latina y el Caribe (que incluye educación, salud y mercado laboral, entre otros temas), de la que surge la primera urgente recomendación: la región “ha ingresado a una nueva fase de desarrollo y requiere que los gobiernos mejoren sustantivamente la calidad de la educación y otros servicios públicos para asegurar que los países sean capaces de competir en una economía global”.
El estudio del BID se concentra en identificar la contribución que el desarrollo educativo ha hecho a la calidad de vida en América Latina y el Caribe, adoptando una perspectiva regional de largo plazo. Si bien las tendencias permiten constatar que en todos los países la población está cada vez más incluida en el sistema escolar, la situación en términos de calidad no es tan positiva. “Los datos sugieren que más de la mitad de la población entre 15 y 19 años en Brasil, Argentina, Chile, México, Perú y Uruguay carece de un nivel adecuado de educación y destrezas –evaluado por pruebas que miden aprendizaje efectivo, y no por número de años completados en la escuela– como para obtener un trabajo bien remunerado en una economía global altamente competitiva”.
Varios países de la región reportaron niveles de “satisfacción” similares a las naciones desarrolladas, a pesar de ostentar puntajes significativamente más bajos en las pruebas. Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Honduras y República Dominicana, por ejemplo, indicaron niveles de “satisfacción” mayores que en Japón en cuestiones educacionales, a pesar de que sus estudiantes tuvieron un puntaje 35 por ciento menor que el promedio de los estudiantes japoneses, de acuerdo con la encuesta. México está 30 puntos por abajo. Costa Rica, Venezuela y Nicaragua son los países con los mayores niveles de “satisfacción” en la región, con más de 80 por ciento de las personas entrevistadas que dicen estar “a gusto” con el sistema educativo.
Entre los resultados destaca que “la falta de demanda por una mejor educación puede significar que los gobiernos se sientan menos motivados a introducir mejoras, pero a medida que los países de la región mejoran el nivel de los logros educativos de su población las críticas se incrementan porque se presta mayor atención a los servicios que se ofrecen, como lo demuestran los casos de Chile y Brasil. Ambos países mostraron niveles de satisfacción menores a los esperados, a pesar de que sus estudiantes se encuentran entre los de mayor rendimiento en la región”. El descontento, pues, como acicate para obtener mejores resultados.
Aún así, apunta el BID, “la sola información no es la única clave para mejorar la calidad. El sistema educativo y las autoridades responsables de formular políticas necesitan saber cómo canalizar esa frustración para convertirla en políticas efectivas que permitan que la calidad mejore. Es importante aumentar la conciencia de la población sobre la importancia de la buena educación. Al mismo tiempo, los gobiernos deben empezar a preparar los programas y las instituciones que les permitan manejar una ola creciente de críticas dirigidas contra las escuelas y las autoridades, en la medida en que los padres sean más educados”.
La educación ha sido la fuente primaria del crecimiento económico en Asia, pero en América Latina y el Caribe ha desempeñado un papel menor en los últimos 30 años. La mayor parte del crecimiento de la región entre 1972 y 2000 puede atribuirse a un incremento de la fuerza laboral, mientras en el sur y el este asiáticos los principales motores del crecimiento han sido el capital humano y la productividad. “El número de años de escolaridad para un creciente número de niños latinoamericanos no se ha traducido necesariamente en un crecimiento de la productividad, la prosperidad y un fortalecimiento del bienestar. Los resultados sugieren que los latinoamericanos no están cosechando los beneficios de tener más niños matriculados dentro del sistema educativo, ni del incremento en el número de años que su población permanece en la escuela”.
En América Latina y el Caribe los avances han sido insuficientes para mejorar la calidad de la educación. “Los estudiantes de la región están muy por debajo del rendimiento comparativo de sus pares, de acuerdo con las evaluaciones estudiantiles internacionales que se llevaron a cabo en Asia –uno de los principales competidores de la región en asuntos de comercio internacional– y en Europa. El rendimiento promedio de los estudiantes de 15 años de edad en siete países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay) que hicieron la prueba del PISA es cerca de un grado menos que el promedio de rendimiento del 25 por ciento más bajo de los estudiantes examinados por la OCDE; entre 20 y 40 por ciento de los estudiantes de esos países tuvieron un puntaje menor que el nivel más bajo de destrezas en la prueba, lo cual significa que carecían de un conocimiento básico de la lectura y la escritura”.
Las rebanadas del pastel
Al frente de Fonatur, con Fox en Los Pinos, John McCarthy presumía que en eso de los negocios a él no le interesaba “de dónde venga el dinero, sea de John Smith o de Juan Pérez”. Y por el expediente publicado ayer por La Jornada queda claro que, en efecto, le importaba un cacahuate, siempre y cuando una parte del negocio y del dinero quedara en sus bolsillos (a costillas de los bienes nacionales, qué mejor)… Vamos, Obama.
esta noche podrían desaparecer más de los 3 millones de votos que se perdieron en 2004
Factores económicos, de raza y de género marcan una elección “histórica” en EU
■ La boleta de un votante negro tiene 900% de posibilidades de ser anulada, advierten expertos
David Brooks (Corresponsal)
Factores económicos, de raza y de género marcan una elección “histórica” en EU
■ La boleta de un votante negro tiene 900% de posibilidades de ser anulada, advierten expertos
David Brooks (Corresponsal)
Nueva York, 3 de noviembre. A 24 horas del día que culminará esta batalla por el puesto más poderoso, aunque más debilitado que nunca, del planeta, la palabra “histórica” define esta coyuntura.
Histórica, primero, porque incluye la posibilidad de que el primer afroestradunidense llegue a la Casa Blanca, pero también una que empezó con la primera mujer candidata de uno de los dos principales partidos. A la vez, es una contienda en la que compite el candidato presidencial de mayor edad, acompañado de sólo la segunda mujer en aspirar a la vicepresidencia. También es, por mucho, la más cara.
Igualmente, la contienda está repleta de implicaciones históricas. Se está por saber si en verdad una mayoría de este país que en parte fue construido por esclavos africanos y sus descendientes, con sus conflictos raciales a través de sus más de 200 años de existencia, y con sus profundas divisiones económicas, sociales y políticas, está dispuesta a elegir a un afroestadunidense con nombre extranjero, de una familia interracial, separada, con un padre africano y un mensaje “post-racial” que celebra el mosaico social de una nación que pronto será mayoritariamente de minorías.
No se puede negar, aparte del debate político, que es histórico que los bisnietos y tataranietos, y hasta nietos de esclavos (una mujer de 109 años de edad cuyo padre nació en la esclavitud ya votó en Texas en esta elección) junto a generaciones no sólo de afroestadunidenses, sino de latinos, asiáticos, judíos, y los hijos de inmigrantes de todas partes del planeta, y todos aquellos, incluidos blancos, que han participado en las luchas por la igualdad y contra la discriminación de todo tipo, están a unas horas de ver la posibilidad de que un hijo de un africano de Kenya y de una mujer blanca de Kansas sea electo por este pueblo para ser presidente de Estados Unidos.
Por otro lado, la participación en las primarias de Hillary Clinton, como de otra manera menos significativa, la presencia de la candidata a la vicepresidencia republicana, Sarah Palin, junto con la de Barack Obama, detonó un gran y necesario debate sobre género y raza a lo largo de esta contienda. Con la explosión de la crisis financiera y sus consecuencias, el tema de clase también está al centro del debate político, algo que ha llegado hasta incluir referencias poco usuales en este país a términos como “socialismo” y “lucha de clases”.
Pero, a unas horas de “hacer historia”, los partidarios de Obama están nerviosos, como si no creyeran posible que todas las encuestas los colocan en condiciones de triunfo.
Hasta Michael Moore, el cineasta documentalista, afirma que teme el optimismo. “Sabes, tantas veces en el pasado nos hemos contentado demasiado rápido, y no quiero sucumbir a esa sensación ahorita. Espero que todo se vea bien el martes, pero por muchas razones, aún hay una posibilidad de que gane McCain”, declaró en entrevista con Amy Goodman en Democracy Now.
Los fantasmas de las elecciones de 2000 y 2004, tan contaminadas con irregularidades que aún hoy nadie puede comprobar quién ganó, además de intensos debates sobre si el factor de la raza ejercerá o no un papel determinante en una contienda, más los efectos de la crisis económica, así como el espectro aún presente del 11-S y cómo se expresará eso en las urnas, más cuál será el impacto del voto joven, el afroestadunidense, el latino, el de los cristianos conservadores, el de familias militares y decenas de “factores” más, alimentan un debate nacional que resultará, según pronósticos de algunos expertos, en la elección más concurrida tal vez en décadas.
Y, por tanto, no está fuera de lo posible que la historia sea robada.
Incluso con una enorme participación, el problema es que no se cuentan todos los votos. El periodista Greg Palast, (que trabaja para la BBC y Rolling Stone), con Robert F. Kennedy, afirma que “habrá muchos más votos desaparecidos para la noche del martes que los 3 millones perdidos en 2004” (cuando fueron no contados por ser descalificados o no legibles).
Y no a todos quienes tienen el derecho les es permitido votar, agrega. “Desde la última elección, más de 10 millones de votantes han sido purgados del padrón, y eso es sólo el inicio de un robo”, escribe en Truthout.org. Señala que la purga no es arbitraria y que la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos ha analizado que la posibilidad de que una boleta de un votante negro sea anulada es 900 por ciento más que la de un blanco. Leyes en 24 estados que impiden nuevas reglas de identificación han impedido que voten miles, más la depuración del padrón, supuestamente para mejorarlo, han sido el pretexto para quitar cientos de miles de nombres de las listas en algunos estados.
Ahora, ambas campañas han desplegado a ejércitos de abogados –unos 5 mil por el lado de Obama, poco menos de eso del lado de McCain– encargados de vigilar los intereses de cada uno en el proceso electoral. Eso provoca temores de que esta elección “histórica” pueda que sea determinada por abogados y jueces, y no por la voluntad popular, como ocurrió en 2000.
Pero aun si su final es menos histórico de lo que los partidarios de Obama esperan, esta elección sí marca otro capítulo histórico: el fin del gobierno de George W. Bush. Con casi 90 por ciento de este pueblo que opina que el país está seriamente descarrilado, Bush ha logrado cumplir su promesa de hace 8 años de unir al país: hay un consenso en reprobar su presidencia. Tal vez es una de las pocas promesas que cumplió.
Para Michael Moore, eso ya es algo. “Ya estamos tan golpeados a este punto que no aguantamos más, y tenemos que detener lo que los republicanos han hecho a este país en 20 de los últimos 28 años. No creo que haya muchos que estemos bajo alguna ilusión de que Barack Obama y Joe Biden (el candidato a la vicepresidencia) nos van a llevar hasta la tierra prometida, pero sí van a detener, son el torniquete que va a detener esta sangría”, dijo en su entrevista con Democracy Now
Histórica, primero, porque incluye la posibilidad de que el primer afroestradunidense llegue a la Casa Blanca, pero también una que empezó con la primera mujer candidata de uno de los dos principales partidos. A la vez, es una contienda en la que compite el candidato presidencial de mayor edad, acompañado de sólo la segunda mujer en aspirar a la vicepresidencia. También es, por mucho, la más cara.
Igualmente, la contienda está repleta de implicaciones históricas. Se está por saber si en verdad una mayoría de este país que en parte fue construido por esclavos africanos y sus descendientes, con sus conflictos raciales a través de sus más de 200 años de existencia, y con sus profundas divisiones económicas, sociales y políticas, está dispuesta a elegir a un afroestadunidense con nombre extranjero, de una familia interracial, separada, con un padre africano y un mensaje “post-racial” que celebra el mosaico social de una nación que pronto será mayoritariamente de minorías.
No se puede negar, aparte del debate político, que es histórico que los bisnietos y tataranietos, y hasta nietos de esclavos (una mujer de 109 años de edad cuyo padre nació en la esclavitud ya votó en Texas en esta elección) junto a generaciones no sólo de afroestadunidenses, sino de latinos, asiáticos, judíos, y los hijos de inmigrantes de todas partes del planeta, y todos aquellos, incluidos blancos, que han participado en las luchas por la igualdad y contra la discriminación de todo tipo, están a unas horas de ver la posibilidad de que un hijo de un africano de Kenya y de una mujer blanca de Kansas sea electo por este pueblo para ser presidente de Estados Unidos.
Por otro lado, la participación en las primarias de Hillary Clinton, como de otra manera menos significativa, la presencia de la candidata a la vicepresidencia republicana, Sarah Palin, junto con la de Barack Obama, detonó un gran y necesario debate sobre género y raza a lo largo de esta contienda. Con la explosión de la crisis financiera y sus consecuencias, el tema de clase también está al centro del debate político, algo que ha llegado hasta incluir referencias poco usuales en este país a términos como “socialismo” y “lucha de clases”.
Pero, a unas horas de “hacer historia”, los partidarios de Obama están nerviosos, como si no creyeran posible que todas las encuestas los colocan en condiciones de triunfo.
Hasta Michael Moore, el cineasta documentalista, afirma que teme el optimismo. “Sabes, tantas veces en el pasado nos hemos contentado demasiado rápido, y no quiero sucumbir a esa sensación ahorita. Espero que todo se vea bien el martes, pero por muchas razones, aún hay una posibilidad de que gane McCain”, declaró en entrevista con Amy Goodman en Democracy Now.
Los fantasmas de las elecciones de 2000 y 2004, tan contaminadas con irregularidades que aún hoy nadie puede comprobar quién ganó, además de intensos debates sobre si el factor de la raza ejercerá o no un papel determinante en una contienda, más los efectos de la crisis económica, así como el espectro aún presente del 11-S y cómo se expresará eso en las urnas, más cuál será el impacto del voto joven, el afroestadunidense, el latino, el de los cristianos conservadores, el de familias militares y decenas de “factores” más, alimentan un debate nacional que resultará, según pronósticos de algunos expertos, en la elección más concurrida tal vez en décadas.
Y, por tanto, no está fuera de lo posible que la historia sea robada.
Incluso con una enorme participación, el problema es que no se cuentan todos los votos. El periodista Greg Palast, (que trabaja para la BBC y Rolling Stone), con Robert F. Kennedy, afirma que “habrá muchos más votos desaparecidos para la noche del martes que los 3 millones perdidos en 2004” (cuando fueron no contados por ser descalificados o no legibles).
Y no a todos quienes tienen el derecho les es permitido votar, agrega. “Desde la última elección, más de 10 millones de votantes han sido purgados del padrón, y eso es sólo el inicio de un robo”, escribe en Truthout.org. Señala que la purga no es arbitraria y que la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos ha analizado que la posibilidad de que una boleta de un votante negro sea anulada es 900 por ciento más que la de un blanco. Leyes en 24 estados que impiden nuevas reglas de identificación han impedido que voten miles, más la depuración del padrón, supuestamente para mejorarlo, han sido el pretexto para quitar cientos de miles de nombres de las listas en algunos estados.
Ahora, ambas campañas han desplegado a ejércitos de abogados –unos 5 mil por el lado de Obama, poco menos de eso del lado de McCain– encargados de vigilar los intereses de cada uno en el proceso electoral. Eso provoca temores de que esta elección “histórica” pueda que sea determinada por abogados y jueces, y no por la voluntad popular, como ocurrió en 2000.
Pero aun si su final es menos histórico de lo que los partidarios de Obama esperan, esta elección sí marca otro capítulo histórico: el fin del gobierno de George W. Bush. Con casi 90 por ciento de este pueblo que opina que el país está seriamente descarrilado, Bush ha logrado cumplir su promesa de hace 8 años de unir al país: hay un consenso en reprobar su presidencia. Tal vez es una de las pocas promesas que cumplió.
Para Michael Moore, eso ya es algo. “Ya estamos tan golpeados a este punto que no aguantamos más, y tenemos que detener lo que los republicanos han hecho a este país en 20 de los últimos 28 años. No creo que haya muchos que estemos bajo alguna ilusión de que Barack Obama y Joe Biden (el candidato a la vicepresidencia) nos van a llevar hasta la tierra prometida, pero sí van a detener, son el torniquete que va a detener esta sangría”, dijo en su entrevista con Democracy Now
Magdalena Gómez
¿Ganar o perder?: instituciones y movimientos sociales
¿Ganar o perder?: instituciones y movimientos sociales
Se consolidó un nuevo pacto en los recintos del Congreso de la Unión sobre la reforma petrolera, y la soberbia del poder demanda aplauso y acatamiento a las instituciones ante un movimiento en defensa del petróleo que impidió una buena parte de los planes privatizadores impulsados por el calderonismo y aliados. La miopía política ya característica del PRIAN, con sus ocasionales aliados, no logra entender que ellos ocupan el espacio de la legalidad, pero que la legitimidad no es automática respecto de las decisiones que tomen. Por ello exige el aplauso so pena de condenar a quienes se lo niegan a la denostación personalizada de quien encabeza un movimiento conformado por una ciudadanía consciente de sus posturas y de los principios que la orientan.
Sobra señalar la trascendencia del tema de los recursos petroleros en el proyecto de nación que se delineó en 1917. Por ello es histórico el hecho de que , por esta vez, se logró impedir la entrega descarada de ese recurso estratégico al capital privado nacional e internacional. Pero no olvidemos que también han sido “históricas” las contrarreformas salinistas de 1992, que dieron al traste con la propiedad social agraria del artículo 27 constitucional para colocar las tierras en el mercado y dar una supuesta certidumbre jurídica a ejidatarios y comuneros. Basta ver la situación en el campo, el viraje en el discurso oficial para ostentar que el paradigma moderno es “sembrar edificios”.
Resulta importante detenernos en el análisis de las llamadas “prácticas parlamentarias” para observar cómo encubren la definición de intereses fundamentalmente económicos que son los determinantes para cerrar sus discusiones y aprobar dictámenes inamovibles, porque se rompe “el consenso”. Cuando en 2001 pactaron la contrarreforma indígena, actores y cómplices no lo hicieron guiados por su mayor o menor aprecio hacia los pueblos indígenas, sino por la defensa del poder establecido y de los intereses en juego. ¿Qué había detrás de su preocupación por garantizar los llamados derechos de terceros sobre las tierras y omitir los territorios y sólo después de ello darles “preferencia” a los de los pueblos originarios? ¿Qué detrás de su decisión de transferir a los estados la regulación de una autonomía que decían reconocer, cuando sabían que las facultades en los asuntos claves de la demanda indígena son de orden federal? ¿Mucha técnica jurídica?
La reforma consolidada la semana pasada, más que ganadores, tuvo perdedores porque para garantizar en última instancia los intereses privados se obligó a sus personeros en el Congreso a recurrir a las trampas de la ley, como bien señaló Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Legislativo de San Lázaro; por ello el encono ante la crítica social. Como vimos, todo lo que se proteste fuera o dentro de los recintos parlamentarios no tiene cabida una vez que los señores y señoras legisladoras lograron su “consenso”. Viene al caso contrastar esta experiencia nuevamente con la de 2001, cuando se llegó a decir que la tergiversación de la propuesta indígena se dio porque el subcomandante Marcos no se quedó en el Distrito Federal para protestar en la calle en el momento de los arreglos internos y se regresó a Chiapas con la comandancia zapatista después que ésta dijo su palabra en el recinto del Congreso. Siempre hay supuestas razones para transferir responsabilidades a los actores sociales frente a las decisiones del poder. Estas dinámicas se repiten una y otra vez y nos muestran la verdadera cara de las instituciones que se han alejado de lo que fueron sus principios fundacionales. La autonomía y facultades del Poder Legislativo fueron otorgadas para que se constituyera en garante del proyecto social reflejado en la Constitución. Hoy en día eso se olvida, y la autonomía se usa como un fin en sí mismo para encabezar y procesar el retroceso. No en balde observamos que la única mira que alcanza a los ocupantes de las instituciones es la de reformar sus reglas para seguir reproduciéndose al margen de las dinámicas y exigencias del movimiento social.
Afortunadamente hoy no es 1992, cuando el salinismo logró minimizar y acallar las protestas campesinas por la contrarreforma agraria; por ello el movimiento en defensa del petróleo no escuchó el canto de las sirenas para regodearse en los logros, que los hubo, frente a la embestida privatizadora, y evidenció las “trampas legales” en la reforma de Petróleos Mexicanos (Pemex). “Se busca aplicar contratos de servicios con asignación de bloques con un tiempo de 20 a 25 años y con incentivos económicos especiales, y da la casualidad que en la reforma no hay limitantes”, señaló López Obrador ante diputados, y no se logró que en el artículo 60 de la Ley de Pemex se incluyera una prohibición expresa al respecto. Cuando se defienden principios no hay gradualismo posible; por ello el encono de “las instituciones”.
Sobra señalar la trascendencia del tema de los recursos petroleros en el proyecto de nación que se delineó en 1917. Por ello es histórico el hecho de que , por esta vez, se logró impedir la entrega descarada de ese recurso estratégico al capital privado nacional e internacional. Pero no olvidemos que también han sido “históricas” las contrarreformas salinistas de 1992, que dieron al traste con la propiedad social agraria del artículo 27 constitucional para colocar las tierras en el mercado y dar una supuesta certidumbre jurídica a ejidatarios y comuneros. Basta ver la situación en el campo, el viraje en el discurso oficial para ostentar que el paradigma moderno es “sembrar edificios”.
Resulta importante detenernos en el análisis de las llamadas “prácticas parlamentarias” para observar cómo encubren la definición de intereses fundamentalmente económicos que son los determinantes para cerrar sus discusiones y aprobar dictámenes inamovibles, porque se rompe “el consenso”. Cuando en 2001 pactaron la contrarreforma indígena, actores y cómplices no lo hicieron guiados por su mayor o menor aprecio hacia los pueblos indígenas, sino por la defensa del poder establecido y de los intereses en juego. ¿Qué había detrás de su preocupación por garantizar los llamados derechos de terceros sobre las tierras y omitir los territorios y sólo después de ello darles “preferencia” a los de los pueblos originarios? ¿Qué detrás de su decisión de transferir a los estados la regulación de una autonomía que decían reconocer, cuando sabían que las facultades en los asuntos claves de la demanda indígena son de orden federal? ¿Mucha técnica jurídica?
La reforma consolidada la semana pasada, más que ganadores, tuvo perdedores porque para garantizar en última instancia los intereses privados se obligó a sus personeros en el Congreso a recurrir a las trampas de la ley, como bien señaló Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Legislativo de San Lázaro; por ello el encono ante la crítica social. Como vimos, todo lo que se proteste fuera o dentro de los recintos parlamentarios no tiene cabida una vez que los señores y señoras legisladoras lograron su “consenso”. Viene al caso contrastar esta experiencia nuevamente con la de 2001, cuando se llegó a decir que la tergiversación de la propuesta indígena se dio porque el subcomandante Marcos no se quedó en el Distrito Federal para protestar en la calle en el momento de los arreglos internos y se regresó a Chiapas con la comandancia zapatista después que ésta dijo su palabra en el recinto del Congreso. Siempre hay supuestas razones para transferir responsabilidades a los actores sociales frente a las decisiones del poder. Estas dinámicas se repiten una y otra vez y nos muestran la verdadera cara de las instituciones que se han alejado de lo que fueron sus principios fundacionales. La autonomía y facultades del Poder Legislativo fueron otorgadas para que se constituyera en garante del proyecto social reflejado en la Constitución. Hoy en día eso se olvida, y la autonomía se usa como un fin en sí mismo para encabezar y procesar el retroceso. No en balde observamos que la única mira que alcanza a los ocupantes de las instituciones es la de reformar sus reglas para seguir reproduciéndose al margen de las dinámicas y exigencias del movimiento social.
Afortunadamente hoy no es 1992, cuando el salinismo logró minimizar y acallar las protestas campesinas por la contrarreforma agraria; por ello el movimiento en defensa del petróleo no escuchó el canto de las sirenas para regodearse en los logros, que los hubo, frente a la embestida privatizadora, y evidenció las “trampas legales” en la reforma de Petróleos Mexicanos (Pemex). “Se busca aplicar contratos de servicios con asignación de bloques con un tiempo de 20 a 25 años y con incentivos económicos especiales, y da la casualidad que en la reforma no hay limitantes”, señaló López Obrador ante diputados, y no se logró que en el artículo 60 de la Ley de Pemex se incluyera una prohibición expresa al respecto. Cuando se defienden principios no hay gradualismo posible; por ello el encono de “las instituciones”.
primera plana
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martes, 04 de Noviembre de 2008 Rebelión
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