A 8 años del informe sobre de los derechos humanos de las mujeres en México, regresa la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer de la ONU, en un contexto agravado.
Organizaciones
de la Sociedad Civil feministas, de derechos humanos y mujeres se
reunirán el 9 y 10 de julio con la Sra. Rashida Manjoo, Relatora
Especial sobre la Violencia contra la Mujer de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), y con la Sra. Alda Facio, experta del Grupo de Trabajo sobre el Tema de la Discriminación contra la Mujer en la Ley y en la Práctica de Naciones Unidas.
Durante estos días de trabajo se expondrán los rezagos en materia de
violencia contra las mujeres que persisten en nuestro país, luego de la
última visita de la Relatora y la publicación de su informe
“Integración de los Derechos Humanos de la Mujer y la Perspectiva de
Género: la violencia contra la mujer. Misión a México”, en 2006.
En
dicho informe se señala que “la violencia contra la mujer en México
puede describirse como la punta de un iceberg que oculta bajo la
superficie problemas sistémicos más complejos que sólo pueden
entenderse en el contexto de, por un lado, una desigualdad de género
arraigada en la sociedad y, por el otro, un sistema jurídico y de
gobierno dividido en varios niveles que no responde con eficacia a los
delitos de violencia, incluida la violencia de género.”[1]
Asimismo, se destaca que los altos niveles de violencia contra las
mujeres son, al mismo tiempo, consecuencia y síntoma de la
generalización de la discriminación y la desigualdad por motivos de
género.
Entre las medidas que la Relatora solicitó adoptar al Estado mexicano para revertir esta situación destacaron:
1. Poner fin a la impunidad de los actos de violencia cometidos contra la mujer
2. Investigar y encausar a los autores de tales actos, especialmente en el Estado de Chihuahua
3. Prestar servicios de protección y apoyo a las víctimas de la violencia o a sus familias
4. Crear una base de información y conocimientos que tenga en cuenta las cuestiones de género
5. Reforzar las infraestructuras institucionales para el adelanto de la mujer
6. Promover programas operacionales, de capacitación y de sensibilización para funcionarios públicos
Sin embrago, tras 8 años de publicarse este informe, si bien se han adoptado algunas reformas en materia legislativa a favor de los derechos humanos de las mujeres y el acceso a una vida libre de violencia, éstas no han logrado impactar de manera positiva la vida de las mujeres, tanto a nivel de prevención como de investigación y sanción. Cuenta de ello es la gravedad de las violencias, como el feminicidio, la violencia sexual y las desapariciones, que a diario se documentan.
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) en 2012 y 2013 fueron asesinadas 1889 mujeres en 11 estados del país. De estos casos sólo 562 están siendo investigados como feminicidos, a pesar que muchos de ellos reúnen características feminicidas como la saña en los cuerpos de las mujeres y la violencia sexual.
Aún cuando el feminicidio ha sido tipificado a nivel federal y en 30 estados del país, no todos los tipos penales aprobados han considerado elementos objetivos para acreditarlo como delito, por lo que un gran porcentaje de estas reformas ha tratado de invisibilizar la problemática. De la misma forma, estas reformas obligan a que sólo 10 estados cuenten con un protocolo de investigación criminal y a pesar de ello, a la fecha tan sólo se han emitido 7 protocolos.[2]
En relación al tema de violencia sexual, el informe de ONU Mujeres en México[3]reveló que en el país se cometen en promedio 15,000 violaciones al año, es decir 41 mujeres son violadas diariamente, y la mayoría de los agresores quedan impunes debido a los prejuicios de las instancias de procuración de justicia, quienes cuestionan la veracidad de los hechos manifestados por las víctimas.
En relación al mecanismo de protección Alerta de Violencia de Género, a la fecha se ha solicitado en 9 ocasiones (Oaxaca, Guanajuato (3), Estado de México, Nuevo León, Hidalgo, Morelos y Chiapas). Sin embargo, ninguna de las solicitudes ha procedido debido a los obstáculos impuestos en el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La falta de voluntad política ha provocado ver a este mecanismo como un golpe político a las autoridades, quienes prefieren ocultar la problemática en lugar de generar acciones eficaces y de coordinación para erradicar la violencia contra las mujeres.
En relación al tema de mujeres desaparecidas, tan sólo en el 2013 desaparecieron 700 mujeres en 8 estados del país[4]. La mayoría de ellas tenía entre 12 y 17 años de edad, lo que es considerado como un patrón relacionado con el delito de la trata en México.
Tras conocer la situación que viven actualmente las mujeres en México, confiamos en que la Sra. Rashida Manjoo y la Sra. Alda Facio puedan insistir al Estado mexicano en la urgencia de adoptar mecanismos de evaluación del impacto de las políticas públicas que se estan implentando para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Twitter: @CDDMexico y @OCNF
[1]Integración de los Derechos Humanos de la Mujer y la Perspectiva de Género: la violencia contra la mujer. Misión a México E/CN.4/2006/61/Add.4. Pág. 5
[2] Se han aprobado en el DF, Jalisco, Colima, Oaxaca, Sinaloa Veracruz y Morelos, quedando pendientes Baja California, Nuevo León y Querétaro.
[3]Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas: 1985-2010; Autores/editores: Teresa Incháustegui Romero; Ma. de la Paz López Barajas y Carlos Echarri C et al.; ONU Mujeres;2013; pp 79.
[4] Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Guerrero, Campeche, Aguascalientes, Morelos y Veracruz.
Entre las medidas que la Relatora solicitó adoptar al Estado mexicano para revertir esta situación destacaron:
1. Poner fin a la impunidad de los actos de violencia cometidos contra la mujer
2. Investigar y encausar a los autores de tales actos, especialmente en el Estado de Chihuahua
3. Prestar servicios de protección y apoyo a las víctimas de la violencia o a sus familias
4. Crear una base de información y conocimientos que tenga en cuenta las cuestiones de género
5. Reforzar las infraestructuras institucionales para el adelanto de la mujer
6. Promover programas operacionales, de capacitación y de sensibilización para funcionarios públicos
Sin embrago, tras 8 años de publicarse este informe, si bien se han adoptado algunas reformas en materia legislativa a favor de los derechos humanos de las mujeres y el acceso a una vida libre de violencia, éstas no han logrado impactar de manera positiva la vida de las mujeres, tanto a nivel de prevención como de investigación y sanción. Cuenta de ello es la gravedad de las violencias, como el feminicidio, la violencia sexual y las desapariciones, que a diario se documentan.
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) en 2012 y 2013 fueron asesinadas 1889 mujeres en 11 estados del país. De estos casos sólo 562 están siendo investigados como feminicidos, a pesar que muchos de ellos reúnen características feminicidas como la saña en los cuerpos de las mujeres y la violencia sexual.
Aún cuando el feminicidio ha sido tipificado a nivel federal y en 30 estados del país, no todos los tipos penales aprobados han considerado elementos objetivos para acreditarlo como delito, por lo que un gran porcentaje de estas reformas ha tratado de invisibilizar la problemática. De la misma forma, estas reformas obligan a que sólo 10 estados cuenten con un protocolo de investigación criminal y a pesar de ello, a la fecha tan sólo se han emitido 7 protocolos.[2]
En relación al tema de violencia sexual, el informe de ONU Mujeres en México[3]reveló que en el país se cometen en promedio 15,000 violaciones al año, es decir 41 mujeres son violadas diariamente, y la mayoría de los agresores quedan impunes debido a los prejuicios de las instancias de procuración de justicia, quienes cuestionan la veracidad de los hechos manifestados por las víctimas.
En relación al mecanismo de protección Alerta de Violencia de Género, a la fecha se ha solicitado en 9 ocasiones (Oaxaca, Guanajuato (3), Estado de México, Nuevo León, Hidalgo, Morelos y Chiapas). Sin embargo, ninguna de las solicitudes ha procedido debido a los obstáculos impuestos en el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La falta de voluntad política ha provocado ver a este mecanismo como un golpe político a las autoridades, quienes prefieren ocultar la problemática en lugar de generar acciones eficaces y de coordinación para erradicar la violencia contra las mujeres.
En relación al tema de mujeres desaparecidas, tan sólo en el 2013 desaparecieron 700 mujeres en 8 estados del país[4]. La mayoría de ellas tenía entre 12 y 17 años de edad, lo que es considerado como un patrón relacionado con el delito de la trata en México.
Tras conocer la situación que viven actualmente las mujeres en México, confiamos en que la Sra. Rashida Manjoo y la Sra. Alda Facio puedan insistir al Estado mexicano en la urgencia de adoptar mecanismos de evaluación del impacto de las políticas públicas que se estan implentando para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Twitter: @CDDMexico y @OCNF
[1]Integración de los Derechos Humanos de la Mujer y la Perspectiva de Género: la violencia contra la mujer. Misión a México E/CN.4/2006/61/Add.4. Pág. 5
[2] Se han aprobado en el DF, Jalisco, Colima, Oaxaca, Sinaloa Veracruz y Morelos, quedando pendientes Baja California, Nuevo León y Querétaro.
[3]Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas: 1985-2010; Autores/editores: Teresa Incháustegui Romero; Ma. de la Paz López Barajas y Carlos Echarri C et al.; ONU Mujeres;2013; pp 79.
[4] Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Guerrero, Campeche, Aguascalientes, Morelos y Veracruz.
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