Antes de llegar al domicilio vieron a varias personas armadas. Eran
policías judiciales y militares vestidos de civil. Se acercaron a la
puerta y preguntaron por Rosa. Les respondieron que había salido a
comprar comida. Dieron la vuelta al constatar que adentro había
oficiales. Apretaron el paso, pero fue en vano porque varios policías
las sometieron y las subieron a una camioneta. Irene forcejeó para
evitar que le vendaran los ojos. Les espetó: No soy del gobierno para que me tapen los ojos
.
Con un golpe en la cara la doblegaron. Aún vendada exigía que le
dijeran por qué se las llevaban. No tuvo más respuesta que amenazas y
los golpes.
En el Cayaco, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, Lucio y sus hermanos Pablo y Facunda vivieron su infancia con las tías Marciana y Dominga. Como madres solteras, trabajaban en la copra y recolectaban café para asegurar la comida de cinco hijas, dos hijos y tres sobrinos. Lucio y Pablo. junto con sus primos, Valentín y Cecilio, trabajaban como peones y sembraban milpa para completar los gastos de la casa.
Los estudios de las hijas y sobrinos quedaron en segundo plano. Lucio se las ingenió para cursar hasta el tercer grado de primaria. En esos años, conoció a normalistas de Ayotzinapa que realizaban sus prácticas en El Cayaco. A los 17 años de edad continuó sus estudios en Tixtla, donde culminó su primaria. De inmediato se inscribió en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Pronto sobresalió como estudiante carismático y de gran temple.
Gracias a los consejos de Lucio, Irene convenció a su mamá para estudiar la secundaria y la normal en Atequiza, Jalisco. Se graduó como maestra de educación primaria. Para Dominga y Marciana fue una gran satisfacción que una de sus hijas trabajara como profesora. Su primera experiencia como docente fue en San Miguel El Alto, Jalisco. A los cuatro años le dieron su cambio a Jalostotitlán. Con el tiempo se ganó el reconocimiento de los padres de familia y los niños. A pesar de estos logros, sus planes no era quedarse en Jalisco, sino estar con la familia. Lucio supo de su inquietud y la contactó con un maestro que vivía en la Ciudad de México. Su ilusión se truncó al ser detenida por ser prima de Lucio Cabañas.
Irene recuerda que los policías que la interrogaban siempre estaban borrachos. De puta no la bajaban. Estuvo en los sótanos de Tlaxcoaque. Compartió la celda con su hermana Juana. Las dos fueron torturadas y violadas. Los policías, a cachetadas y patadas, querían arrancarles los lugares en los que Lucio se escondía. Entraban más de 15 policías para hacer más cruento el interrogatorio. En esas celdas vieron muy golpeada a su prima Rosa y al esposo de ésta, Pedro. Rosa tenía fracturada la nariz y su pareja sentimental mostraba los estragos de la tortura al caminar. En esos calabozos también estuvo el maestro que gestionaría el cambio de adscripción de Irene.
Doña Dominga, preocupada por la desaparición de sus hijas, pidió a Rosa Elena que fuera con su tía Flavia al domicilio de su prima Rosa. Corrieron la misma suerte: fueron detenidas. Con la tortura que les infligieron señalaron varios domicilios de familiares de Lucio. Irrumpieron en la casa de Dominga en busca de armas, dinero y del guerrillero. En el Cayaco detuvieron a su tía Marciana. Llegó descalza y en bata al campo militar número uno, donde encontró a la esposa de Lucio, Isabel, y a su pequeña Micaela, que apenas caminaba.
Con el tiempo, Antonia, hija de Abelardo Morales Ranmel, animó a sus tías Irene, Juana, Flavia y a su prima Rosa para que interpusieran las denuncias ante el agente del Ministerio Público federal. Lo hicieron en 2015 en Atoyac y en la coordinación general de investigaciones de la entonces Procuraduría General de la República. La investigación duró siete años. La espera les causó mucho coraje porque el agente del Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal, al argumentar que el delito de abuso de autoridad ya había prescrito.
Con el apoyo de la abogada Pilar Noriega, ex integrante de la Comisión de la Verdad en Guerrero, las cuatro primas de Lucio interpusieron un amparo por desaparición forzada transitoria y tortura en un contexto de violencia estatal que se profundizó en Guerrero y en otros estados.
Demostraron que existió una política de aniquilación de carácter sistemático y generalizado. La tortura y la desaparición forzada son crímenes de lesa humanidad, como lo estipula el estatuto de Roma. El mismo decreto de creación de la Comisión para el acceso a la verdad, esclarecimiento histórico e impulso a la justicia reconoce que en el periodo de 1965 a 1990 se consumaron violaciones graves a derechos humanos.
El segundo tribunal colegiado resolvió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijara una postura firme sobre el caso. El máximo tribunal, con tres votos a favor y uno en contra, amparó a las cuatro primas de Lucio Cabañas y ordenó a la FGR que investigue los crímenes de lesa humanidad que son imprescriptibles. En este contexto, el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico entregará en septiembre su informe final al Ejecutivo federal, así como a los familiares, colectivos y sobrevivientes que dan cuenta de estas atrocidades y el acero de hombres y mujeres dignas.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario