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propósito de la discusión sobre el sistema judicial que plantea la
propuesta presidencial y el plan C, me parece muy importante aterrizar
la discusión en casos concretos. Por ello, en esta ocasión traigo dos
ejemplos de lo que las mujeres enfrentan cuando hablamos de justicia.El primer caso es el de Sanjuana Maldonado, una mujer acusada de un secuestro que no cometió. Tras 15 años de prisión injusta, el pleno del Congreso del estado de San Luis Potosí votó por su indulto, solicitado por 22 mil firmas.
El segundo caso, aún más aterrador, es el de Samanta y su hija Victoria. Victoria nació viva en el Cereso Femenil de Aguascalientes, pero después de un mes de que la autoridad la declarara muerta, se descubrió que el cuerpo que les entregaron era de un bebé masculino. Esto abre la sospecha de lo que pudo haber sucedido con la bebé Victoria.
Estos son solo dos casos en entidades distintas. Mujeres que, por las circunstancias que las rodean, enfrentan juicios sexistas y represalias institucionales misóginas por levantar la voz y buscar justicia. Lo común en ambos, además de la injusticia, es el acompañamiento de organizaciones que arrojan luz sobre estos casos, pero cuántos más siguen en la sombra de la impunidad y el abuso de autoridad.
Aun cuando en nuestro país desde hace 24 años existe el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, este es poco conocido por parte de quienes juzgan y mucho menos aplicado, por considerarlo innecesario. Ninguno de los cuatro ejes que contempla la reforma integra esta visión para garantizar que la justicia patriarcal sea erradicada.
Los efectos sexistas en el sistema judicial afectan a mujeres concretas, en su gran mayoría mujeres pobres con poco acceso a recursos de defensa. Sus inocencias y libertades están en manos de defensores públicos que llevan cientos de casos y eso es lo único que tienen.
Sanjuana Maldonado Amaya fue detenida ilegalmente en 2009 y, bajo un proceso plagado de irregularidades, fue criminalizada en un contexto de guerra contra el crimen organizado, violencia de género y alta marginación.
A pesar de la falta de pruebas que acreditaran su participación en el supuesto delito, fue condenada a una pena desproporcionada de 30 años de prisión. Su caso llegó a una organización civil y hoy, el Congreso Estatal de San Luis Potosí votó de manera unánime su indulto, devolviéndole su libertad.
Samanta, por su parte, representa al 86 por ciento de las mujeres privadas de libertad que son madres, quienes nunca dejan de estar al pendiente de sus hijas e hijos. Se embarazó en 2023 estando en prisión, sin seguimiento adecuado a su gestación. El descuido de las autoridades penitenciarias de Aguascalientes se refleja en la colocación de un DIU sin confirmar que no estuviera embarazada. Con tres meses de gestación y un DIU recién colocado, se confirmó el embarazo de Samanta.
A pesar de tener un diagnóstico de embarazo de alto riesgo, las autoridades del Cereso Femenil de Aguascalientes la destinaron a trabajos pesados en la cocina. A los cinco meses y medio de gestación, Victoria nació en el módulo 4, siendo recibida por la compañera de celda de su mamá, quien es enfermera titulada por la UNAM. Gracias a la generosidad de las presas, Victoria tuvo agua hervida y ropa limpia para ser cubierta. Madre e hija fueron trasladadas al Hospital de la Mujer de Aguascalientes.
Victoria, por ser prematura, fue trasladada al hospital Tercer Milenio y Samanta quedó en el Hospital de la Mujer, donde, a pesar de estar contraindicado, le practicaron un legrado.
Minutos después, las autoridades del Hospital de la Mujer le informaron a Erick, padre de Victoria, que ella había muerto. Él jamás la vio y los supuestos restos de Victoria fueron entregados en un ataúd cerrado a la abuela materna, quien solo vio el rostro de un bebé.
Un año después del nacimiento de Victoria y tras un largo litigio por negligencia en la atención del embarazo de Samanta, se enteran de que en la carpeta 13760/05/23 se habla de la muerte intrauterina de un niño varón ¿Dónde está Victoria y qué pasó con ella? Son preguntas que siguen sin respuesta.
En tanto, Samanta vive la represión institucional de las autoridades carcelarias por la denuncia pública del caso. Tras las crisis emocionales que sufre por la supuesta muerte de Victoria y las distintas violencias vividas, es amarrada de pies y manos a su cama en la prisión.
Para mujeres como Samanta y Sanjuana, la reforma al Poder Judicial no les garantiza cero impunidades, ni tampoco a las 12 mil 700 mujeres privadas de su libertad con sentencia o sin ella, quienes quedan atrapadas en un sistema que se ensaña con ellas por el simple hecho de ser mujeres.
De esto estamos hablando cuando hablamos de justicia.
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