Escrito por Mariana Ávila Montejano y Florencia Escobedo
.-Aguascalientes.-
A sus 26 años, Samanta es sobreviviente de un sistema que la ha
violentado a lo largo de toda su vida desde que era una niña y como
adulta también debió enfrentarse a una detención arbitraria, privación
ilegal de la libertad, tortura sexual, violencia obstétrica y la
desaparición de su bebé, una niña a quien llamó Victoria.La bebé de Samanta, está en calidad de desaparecida, luego de parirla en condiciones de reclusión, por lo que estarían involucradas presuntamente en ese hecho las autoridades del Sector de Salud y el Centro de Readaptación femenil de Aguascalientes.
A raíz de lo vivido por Samanta y su familia, el día 11 de junio de este 2024, se presentó la propuesta para tipificar la violencia obstétrica en el Código Penal de Aguascalientes. La iniciativa tiene el nombre de “Victoria”.
Las violencias que ha atravesado Samanta en el Cereso de Aguascalientes develan la situación precaria de acceso a la salud de las mujeres privadas de la libertad en todo México, así como el continum de tortura sexual a manos de agentes del Estado en algún momento de sus procesos de detención.
Este caso nos permite identificar la maquinaria institucional que opera diariamente contra los derechos humanos de las mujeres, que alimenta la impunidad, injusticia y ende, desconfianza en las instituciones.
En el país, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 2021 cerró con 12 mil 420 mujeres privadas de su libertad en penales federales, estatales y centros de reclusión para adolescentes en México.
De ellas, 6 mil 564 no tienen una sentencia. Aun así, se enfrentan a la misma situación que sus compañeras: una vida en el encierro, abandono, sin atención médica y con una violación sistemática de sus derechos humanos y dignidad humana.
Samanta es una de esas 12 mil mujeres quienes viven en condiciones de reclusión. Ella se encuentra así desde el 21 de noviembre del 2019 en el Centro de Readaptación femenil de Aguascalientes, ahí la trasladaron tras darle sentencia por el delito de Homicidio doloso calificado con ventaja.
Delito por el cual recibió una sentencia de 21 años y 3 meses de prisión, en un juicio oral que se llevó a cabo en mayo del 2022, por lo cual ejerció una apelación a la sentencia el 10 de junio del 2022, no obstante tuvo una sentencia definitiva el 11 de agosto del 2023.
Samanta fue detenida el 19 de noviembre de 2019 en Aguascalientes pero ella rechaza haber participado directa o indirectamente en los hechos que se le imputan.
Por lo que, luego de purgar una pena de 5 años de un delito que afirma «no cometió», a sus 26 años exige saber dónde está su hija a quien recién nacida no volvió a ver, luego que personal médico del Hospital Tercer Milenio de Aguascalientes le confirmaron la muerte de su bebé y un mes después de la inhumación, su familia se percató que el cuerpo recibido correspondía a un varón.
Desde entonces, Samanta y su familia buscan a Victoria, su hija desaparecida desde el 22 de mayo del 2023.
Samanta fue separada de su bebé tras un parto que inició dentro del Cereso femenil de Aguascalientes, localizado en el kilómetro 7 de la carretera a Calvillo, y en donde actualmente se encuentra privada de su libertad junto con otras 145 mujeres.
Han transcurrido cinco años desde que Samanta vive en condiciones de reclusión y un año de no saber del paradero de Victoria, su bebé, por lo que su cuerpo ha reaccionado a lo vivido y lejos de tener una atención especializada, ella se encuentra en espacios reducidos y en el momento en que la angustia o la ansiedad la invaden, de acuerdo con sus propias palabras: “la sujetan, amarran sus muñecas y tobillos mientras los medicamentos psiquiátricos la tranquilizan”.
Samanta es una mujer quien ama cocinar y soñaba con tener su propio restaurante. Desde muy joven se hizo cargo de su hermano y sus dos hermanas menores, situación que la hizo aprender.
Es una mujer deportista, pues desde los 8 años empezó a practicar box, y años más tarde, iba a correr todas las mañanas muy temprano y, por las tardes, iba diariamente al gimnasio. Terminó la preparatoria a los 18 años y luego comenzó a trabajar. Como cualquier joven tenía amigas y salían para divertirse. Amaba especialmente ir al cine con sus hermanas.
Al día de hoy, se sigue en la lucha por la verdad y la justicia para Samanta, así como para localizar a Victoria.
El inicio
Tras cuatro años de vivir en condiciones de reclusión en Aguascalientes, en febrero del 2023, Samanta acudió a la unidad médica interna del Cereso para solicitar un método anticonceptivo, que le fue proporcionado algunas semanas después, luego de reiteradas solicitudes, pero este proceso fue complejo para ella debido a que no cuentan con personal médico especializado.
Conforme pasaron los días, Samanta experimentó dolores físicos y vómitos y al llevarla con el personal médico del Cereso, le diagnosticaron colitis y gastritis. Cabe señalar que el titular de áreas medicas de los diferentes Ceresos en Aguascalientes es el médico Juan Carlos Barnola Ochoa.
Un mes después de estos síntomas, Samanta persistía con dolor físico y una enfermera del mismo Cereso se ofreció a llevarle una prueba de embarazo, misma que salió positiva. Tras el resultado, fue trasladada a un hospital de la ciudad donde le confirmaron que tenía tres meses de embarazo.
El Censo Nacional del Sistema Penitenciario 2022 realizado por el Inegi se llevó a cabo en 319 centros de detención tanto federales como estatales. Sus cifras dejan ver que una de las mayores problemáticas para las mujeres privadas de su libertad es la falta de acceso a servicios médicos.
De los 319 centros censados por el Inegi, solo 298 cuentan con consultorios médicos y 59 con hospitales. Además, únicamente 217 tienen camas hospitalarias y en 212 hay áreas de atención psicológica y psiquiátrica.
Pero el tema de la salud cobra otros matices al hablar de mujeres, pues implica temas como la gestión menstrual y cuidados especiales cuando se trata de maternar.
De acuerdo con dicho censo, de los 319 penales contabilizados, solo en 129 se les proporcionó toallas sanitarias a las mujeres. Además, únicamente 36 de ellos ofrecieron pañales a quienes tienen hijas e hijos en prisión y solo 65 reportaron tener espacios específicos para ejercer una maternidad digna. https://cimacnoticias.com.mx/2022/08/03/6-mil-564-mujeres-en-las-carceles-mexicanas-no-tienen-una-sentencia-el-sistema-de-justicia-que-las-abandona-en-reclusion/#gsc.tab=0
Violencia obstétrica
Semanas después de la confirmación de su embarazo, Samanta presentó sangrado y dolor físico, por lo que tuvo que ser trasladada en varias ocasiones al Hospital de la Mujer de Aguascalientes.
Al poco tiempo de que Samanta regresara al Cereso, luego de haber sido llevada al hospital por complicaciones en su embarazo, su pareja sentimental recibió una llamada de una de sus compañeras de estancia, quien le informó que nuevamente había sido trasladada por una amenaza de aborto.
Es preciso comentar que a su pareja sentimental y padre de su bebé Victoria, le negaron contacto con Samanta durante este proceso y le negaron información sobre su estado de salud tanto en el hospital como en el Cereso.
Cuando finalmente Samanta se pudo comunicar con su compañero sentimental, le informó que en el hospital personal médico, la presionaban para que abortara, porque “su bebé no viviría, pues su embarazo no era viable”. El diagnóstico oficial fue hematoma retroplacentario.
Ese mismo personal médico le aseguró que su bebé tenía malformaciones, y le ofrecieron practicarle un procedimiento médico para que abortara.
“Desde las 7 a.m. hasta las 12 p.m. me tuvieron ahí insistiendo que me tomara unas pastillas, tres pastillas para abortar y yo les decía que no”, señaló Samanta.
Al negarse a interrumpir su embarazo y decidirse por una segunda opinión médica, la violencia psicológica y sexual se agravó, pues varios elementos (hombres y mujeres) del personal de salud, le practicaron tactos innecesarios en reiteradas ocasiones, lo que puso en peligro su integridad física.
Una vez fuera del hospital, otro análisis contradijo al personal médico, quienes la atendieron de primera instancia.
“Mi pareja logró que me hicieran otro ultrasonido en la oficina del director, y me dijeron que mi bebé estaba bien. El doctor me dijo que tenía que estar en reposo absoluto y tomar mucha agua para reponer el líquido, me dijo: tienes el 99% en tu contra y el 1% a tu favor, y le dije pues me aferro a ese 1%. Me preguntó el por qué, y le dije que porque es 1% se llama fe”, declaró Samanta por escrito en una hoja de cuaderno.
A Samanta le negaron la oportunidad de quedarse hospitalizada, a pesar de que su embarazo era de alto riesgo y la recomendación médica fue permanecer en reposo.
Su pareja, al saber las condiciones en el Cereso, decidió interponer un amparo para que Samanta pudiera quedarse más tiempo en el hospital, recibiendo atención médica especializada, solicitud que le fue negada por un Juez de Distrito.
Al respecto, el 19 de enero del año en curso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó la Recomendación 252/2023 al gobierno de Aguascalientes, en la que señala las deficiencias en la atención médica de las personas privadas de su libertad tanto en el Cereso varonil “Aguascalientes” como en el femenil:
“A la falta de personal especializado en medicina durante los fines de semana y durante las noches, se suma la escasez de medicamentos y, aun cuando autoridades penitenciarias argumentaron que tienen acceso a la atención médica de urgencia las 24 horas del día y de especialidad en cuatro hospitales distintos, esto no garantiza el otorgamiento de tratamiento y seguimiento necesarios; a lo cual se debe añadir que en el caso del penal que alberga a mujeres es indispensable utilizar un enfoque de género de acuerdo a sus condiciones particulares, pues fue notoria la ausencia de profesionales en ginecología y pediatría, así como la inexistencia de convenios entre las secretarías de Seguridad Pública y de Salud estatales para atender esta cuestión.”
El parto
Durante algunas semanas más, Samanta volvió al Cereso de Aguascalientes hasta que en la madrugada del 22 de mayo del 2023, presentó fuertes dolores, y le comentó a su compañera de estancia que sentía una presión en la parte baja del abdomen.
Ella entró en labor de parto después de un sangrado pero no tuvo asistencia mas que de su compañera.
Su hija, Victoria, nació en una cama del Cereso a las 7:25 de la mañana, una hora después de pedir apoyo a las autoridades. Ella tuvo un parto auxiliado exclusivamente por su compañera de la Estancia 1, Módulo 4 quien la apoyó a recibir a su bebé.
—¡Es una niña! —, le dijo su compañera, quien cuenta con formación en el área de la salud, y rápidamente envolvieron a Victoria en una bata rosa de Samanta.
— ¡Mi bebé se va a morir! —, le dijo Samanta a su compañera, a lo que ella le contestó que la bebé se encontraba bien y que estaba respirando.
Llamaron a las guardias, quienes a su vez, dada la falta de personal médico en el Cereso femenil, hablaron al médico Juan Carlos Barnola Ochoa, del Cereso varonil de Aguascalientes, quien anteriormente se había negado a atender a Samanta, pues aseguraba de forma previa, «que ella estaba mintiendo y provocándose el vómito», refiriéndose a los síntomas del embarazo.
Ese médico cortó el cordón umbilical y llamaron a una ambulancia para realizar un traslado a un hospital.
El personal médico que la trasladaría tardó aproximadamente 40 minutos en llegar. Aunado a lo anterior, la autorización para que Samanta y Victoria salieran del Cereso tardó más tiempo.
Llegando al Hospital de la Mujer, el cual pertenece a la Secretaria de Salud, se negaron a recibir a la bebé Victoria, porque no contaban con lo necesario para su atención, a pesar de ser el único centro hospitalario dedicado exclusivamente a la atención obstétrica. Por lo anterior, madre e hija, debieron ser canalizadas al Hospital Tercer Milenio, que se encuentra en el complejo hospitalario contiguo, ubicado a 3 minutos.
«Me sacaron a las 8:25 en la ambulancia. En el camino, yo le pregunté a la oficial “¿se sigue moviendo mi bebé?”, la oficial le destapó su carita y se la enseñó a la otra compañera y sonriendo, las dos afirmaron que sí», escribió Samanta.
Samanta fue atendida entre 25 y 30 minutos después de haber esperado en una camilla en el pasillo del área de urgencias del Hospital de la Mujer; hasta antes de arribar a la clínica.
Una mujer llamada Marilú, quien era oficial de custodia, tuvo entre sus brazos a Victoria con vida, después pasaron a Samanta al quirófano. Según versiones del personal médico que la atendió, el dispositivo anticonceptivo que expulsó en el parto, fue la causa de las complicaciones durante el embarazo.
Luego, a Samanta le practicaron un legrado a pesar de ser señalado como un procedimiento médico violento y obsoleto por la FIGO (Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia), y por la OMS (Organización Mundial de la Salud).
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, no se recomienda el uso del legrado uterino instrumental (LUI) ni ‘verificaciones’ con una cureta afilada y afirman que la aspiración por vacío o los regímenes de aborto con medicamentos deben reemplazar el legrado uterino instrumental por la evacuación endouterina.
Poco a poco, la violencia obstétrica ha sido reconocida como uno de los métodos de tortura usado específicamente contra las mujeres. De acuerdo con Edith Escareño Granados, coordinadora general del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), estas prácticas se han hecho más visibles en México.
Edith Escareño, coordinadora del CCTI afirmó que la violencia obstétrica y sexual han ampliado el panorama sobre lo que implica la tortura en México. En este sentido, consideró necesario observar con detenimiento cómo las modificaciones del Protocolo de Estambul contribuyen a la investigación de estas prácticas.
Tanto Edith Escareño como Felicitas Treue –quien también es parte del CCTI– coincidieron en que identificar este tipo de tortura es complicado cuando las autoridades no tienen una preparación adecuada: puede caerse en la revictimización o intimidación que impida a las víctimas hablar abiertamente sobre sus casos.
En 2019, diversas organizaciones de la sociedad civil entregaron un informe sombra sobre la situación de la tortura en México frente al Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Según este documento, entre 2014 y 2018, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) registró 474 quejas de mujeres por diferentes manifestaciones de violencia obstétrica.
De acuerdo con el relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Nils Melzer, cuando instituciones del Estado como hospitales públicos son quienes ejercen este tipo de violencia, entonces se habla de una forma de tortura.https://cimacnoticias.com.mx/2022/07/13/violencia-obstetrica-como-metodo-de-tortura-contra-las-mujeres-practica-constante-en-mexico/#gsc.tab=0
Desaparición de Victoria
De acuerdo con la nota médica del servicio de urgencias del Hospital de la Mujer, Samanta fue llevada por:
“presentar aborto espontáneo séptico, (22 de mayo de 2023) a las 7:35 horas en el CERESO, obteniéndose producto único, vivo de 410 gr., femenino, el cual llora y respira al nacer y es trasladado del CERESO y fallece en el traslado”.
Sin embargo, el informe del estudio histopatológico de la Dirección General de Investigación Pericial General del Estado Aguascalientes, del Servicio Médico Forense, informó el 6 de junio que la bebé de Samanta:
“fue un producto de sexo masculino nacido no vivo por hipoxia fetal, secundario a interrupción de circulación materno fetal y presentaba hematomas en el hombro izquierdo y tórax, así como escoriaciones en otras partes del cuerpo”.
Lo que indicaría que había nacido sin vida, ese documento decía que era de sexo masculino, y presentaba signos de maltrato: ninguna de las descripciones correspondía con la bebé de Samanta.
El Informe Pericial de la Dirección General de Investigación Pericial, contrario a lo que indica el Acta de Denuncia y Reconocimiento e Identificación del Cadáver ante el Agente del Ministerio Público, con fecha del 8 de junio, tiene registrado un feto de cinco meses, de sexo femenino.
Fue la familia de Samanta quienes a un mes de la presunta muerte de Victoria, recibieron la necropsia de ley y el cuerpo sin vida, pero de un bebé varón, el cual fue inhumado, se desconoce de quién es hijo y hasta el momento la pregunta que sigue presente es: ¿Dónde está Victoria?
El camino por justicia
Ante las diversas violencias y anomalías, se decidió presentar una denuncia penal con número de carpeta CI/AGS/13760/05-23, misma que estaba siendo integrada con una “evidente inactividad procesal”, de acuerdo con su equipo legal de Samanta, por parte de la agente del ministerio público, Florinda Esmeralda Pérez, adscrita a la Mesa de Atención Temprana No. 5, de la Unidad de Trámite Común de la Fiscalía General del Estado.
Tras la supuesta muerte de la bebé Victoria, la ministerio público demoró más de tres semanas en entregar copia de la carpeta de investigación a la familia de Samanta; al revisarla, se detectó información que revictimizaba a la mamá y sin contener información relativa a la investigación de la muerte de Victoria.
Tampoco señalaba las negligencias de las que la madre e hija fueron víctimas.
Asimismo, el expediente médico de Samanta del Cereso femenil fue enviado de manera incompleta, entorpeciendo con ello la investigación e invisibilizando la negligencia médica.
Elizabeth Delgado Aguilar se desempeñaba como encargada de despacho de la Dirección del Cereso femenil pero fue asignada a otra área y actualmente está Sandra Samanta Ruiz Esparza, aunque el equipo legal que acompaña este caso intentó un acercamiento con la directora, no fue recibida su petición.
Cabe hacer mención que se levantaron varias quejas, entre las que se encuentra una en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuyo expediente es el 301/23-A, y otra más en la Visitaduría General del Órgano Interno de Control y Vigilancia de la Fiscalía General del Estado; ambas siguen sin prosperar.
El 26 de febrero del año en curso, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, organización que acompaña a Samanta y a su familia, solicitaron a las autoridades que la carpeta fuera enviada al Centro de Justicia para la Mujer para su correcta integración.
Sin embargo, esa carpeta de investigación fue turnada a la Mesa de Atención Temprana No. 3, cuya materia de especialidad son fraudes, y está a cargo de la ministerio público Rocío de los Dolores Hernández, quien proporcionó las copias de la carpeta de investigación de ese mismo mes.
El equipo legal de Samanta, solicitó el apoyo al Vicefiscal René Urrutia, para que la carpeta fuera enviada a la Mesa de Atención Temprana No. 2, con María Silvia Delgado Martínez, quien solicitó una prueba genética en mayo pasado, cuyos resultados no han sido entregados a la familia de Samanta al momento de esta publicación.
Hasta ahora, Samanta y su pareja sentimental, ambos, madre y padre de la bebé Victoria siguen en la incertidumbre de saber dónde está el cuerpo de su hija en caso de haber fallecido como se lo comunicaron y ¿quién es el bebé varón que les entregaron en lugar de su hija?
Privación ilegal de la libertad, tortura, violencia sexual y amenazas
El martes 19 de noviembre del 2019, alrededor de las 19:45 horas, hubo un operativo en el Fraccionamiento Lomas de Santa Anita, ubicado al oriente de la ciudad de Aguascalientes, en el que participaron alrededor de 15 agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, su objetivo era la detención de Samanta, Verónica N, Víctor Hugo N y Erick N.
Luego de la detención arbitraria y sin darles razón alguna de lo que estaba ocurriendo, todas las personas, incluida Samanta fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, cuyo titular, desde el momento de la detención, y al día de hoy, es Jesús Figueroa Ortega.
Samanta fue torturada sexualmente por Mario Arturo ‘N’, agente de la Fiscalía, quien la abusó sexualmente en diversas ocasiones mientras estuvo ilegalmente privada de su libertad.
Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) del 2021, en Aguascalientes, el 49.6% de la población privada de la libertad sufrió algún acto de agresión física después de la detención hasta antes de llegar al Ministerio Público, y 64.4% de la población de mujeres privada de la libertad mencionó haber sufrido algún acto de violencia, realizado o permitido por la policía o autoridad después de la detención hasta antes de llegar al Ministerio Público, y el 47.8% señaló haber sido incomunicada o aislada después de la detención. El 22% señaló haber sido desvestida.
Horas después de la detención, uno de los policías ministeriales les comentó a Samanta, Verónica, Víctor Hugo y Erick que se encontraban detenidos por delitos contra la salud.
En este diagnóstico se informó que 7 de cada 10 mujeres sufrieron algún tipo de violencia, incluyendo la tortura sexual en diferentes etapas de su proceso: ya sea en su arresto, traslado, puesta a disposición ante el ministerio público, arraigo, estancia en centro de reclusión o la etapa de juicio.
Y precisamente se especifica desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres que “este delito es mayor cuando se comete contra mujeres privadas de su libertad, al utilizar su cuerpo como un instrumento de castigo y sometimiento, y en ese contexto son procesadas penalmente, por tanto, enfrentan doble vulnerabilidad”.
La violencia institucional
El 27 de noviembre, la Fiscalía General de Aguascalientes presentó ante medios de comunicación, la historia sobre el hecho delictivo por el que Samanta, junto con sus familiares, fue detenida.
En la carpeta de investigación 1650/2019 obra el delito de homicidio, que Samanta afirma «no cometió».
Sin embargo, las autoridades lo difundieron desde otra perspectiva, pues en rueda de prensa hablaron de la detención de “una peligrosa banda dedicada a la prostitución y extorsión”. En dicho ejercicio mediático, que fue publicado el 27 de noviembre del 2019, se habló reiteradamente de Samanta con discurso de índole sexual, exhibiéndola como el gancho de una banda de extorsionadores.
Desde ese momento se desató violencia digital contra Samanta, atribuida al boletín de prensa de la propia Fiscalía General del Estado de Aguascalientes y, después, difundido por los medios de comunicación locales y nacionales quienes hicieron público su nombre completo y domicilio, así como fotografías del momento de su detención.
Dentro de las instalaciones de la Fiscalía General, sin ningún tipo de censura, después de haber sido abusada sexualmente y torturada por al menos un elemento de la Policía Ministerial del Estado de Aguascalientes; también publicaron fotografías de una mujer semidesnuda que no corresponde con Samanta, pero que algunos medios locales mostraron como «evidencia auténtica» de que ella se dedicaba a la prostitución.
Además, se exhibieron imágenes de diversos documentos de la investigación, así como fragmentos de los videos que la Fiscalía tenía como evidencia del delito por el que imputaban a Samanta, y que se publicó en diversas redes sociales, nueve días antes de que se llevara a cabo el juicio, violando el debido proceso.
La información filtrada fue atribuida a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, la cual giró en torno a una historia fuera del contexto de la carpeta de investigación 1650/2019, fomentando una versión revictimizante y misógina.
“Dicha conducta impactó mis derechos, afectó en cuestión total mi derecho a la presunción de inocencia y a una defensa adecuada”, Samanta.
Este caso no es aislado, se ha documentado un fenómeno de violencia estructural que opera dentro los espacios penitenciarios en México donde se violenta a las mujeres quienes se encuentran recluidas y Samanta hoy sigue en busca de verdad y justicia por ella y por su hija Victoria.
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