Tres argumentos contra la Reforma Judicial
Violeta Vázquez-Rojas Maldonado
En la iniciativa de Reforma al Poder Judicial propuesta por Andrés Manuel López Obrador, la elección popular de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de los magistrados y jueces federales, ha sido el punto que mayor resistencia ha generado.
De manera predecible, están contra ella los opositores al Presidente, pero la propuesta también ha generado reservas entre algunos (cada vez menos) simpatizantes del obradorismo. Ha sido también el tema más abordado y más difundido en los medios de comunicación, y contra el que más largamente ha escrito el columnismo seudoilustrado.
Todo esto es entendible, porque en esa elección está el corazón de la propuesta: el objetivo es modificar quién tiene el control de la designación de los impartidores de justicia y poner este control en manos del poder democrático.
El argumento sobre el que descansa esta idea es simple. En México, sólo dos de los tres poderes de la Unión se eligen democráticamente: el titular del Ejecutivo y los senadores y diputados que conforman el Poder Legislativo. En cambio, a los miembros del Poder Judicial, no sólo no los elige la mayoría ciudadana, sino que son designados de maneras oscuras para la población común, que en última instancia es la afectada por su desempeño. Este desequilibrio entre los tres poderes hace que se plantee como legítima la pregunta: ¿por qué no se someten también los ministros, magistrados y jueces a la elección popular?
Además de algunas respuestas abstrusas a la pregunta de por qué el poder judicial no es electo democráticamente, los opositores a la Reforma suelen presentar otros argumentos de corte práctico. En este texto vamos a revisar los tres argumentos más frecuentes contra el núcleo de la reforma y señalar por qué no se sostienen.
Primer argumento: “Si los juzgadores se designan por voto popular, los partidos políticos participarán en esas designaciones, y con ello los juzgadores perderán su independencia”.
Tal y como está concebida la reforma, esto no sería el caso, al menos no directamente, pues los partidos políticos estarían explícitamente impedidos para pronunciarse en favor de algún candidato. De hecho, se trataría de una elección sin partidos. Los candidatos a los diferentes cargos harían campaña únicamente con tiempos de radio y televisión. Para Ministro o Ministra de la Suprema Corte, los candidatos serían propuestos, en iguales números (10 cada uno), por el Presidente, por el Congreso de la Unión y por la Suprema Corte de Justicia. Esa lista pasa luego a la elección popular. Ciertamente, mucha gente votará -es inevitable- por el nombre que le despierte mayor simpatía política, dependiendo de quién lo haya designado. Y, según los críticos, esto “politiza” a los juzgadores. La verdad es que, por un lado, ese no será el único criterio con el que vote la gente, y por otro lado, hemos visto últimamente ejemplos muy claros de ministros con abiertas simpatías políticas y hasta electorales: la cena de la Ministra presidenta Norma Piña con el presidente del PRI, Alejandro Moreno en la antesala de la elección presidencial, o los reproches contra la recién designada Ministra Lenia Batres por actuar en favor de los principios del actual Gobierno. Si esto ya es una realidad, faltaría que los críticos explicaran por qué la elección popular haría que los ministros y otros juzgadores estén más politizados de lo que ya están con el proceso de designación actual (es decir: propuestos por el Presidente, aprobados por dos terceras partes del Senado).
Segundo argumento: “Eso no pasa en ningún país del mundo, más que en Bolivia, y les ha salido bastante mal”.
Este argumento no sólo tiene premisas falsas, pues hay ejemplos de países en los que la gente elige a los juzgadores en distintos ámbitos (en algunos países se eligen por voto popular o por sorteo), sino que además es irrelevante: equilibrar democráticamente los tres poderes de la Unión no puede evitarse pretextando que “ningún otro país del mundo ha hecho eso”. Por hacer una analogía: ningún país en el mundo tiene un instrumento como el Infonavit, o ningún otro país del mundo tiene un Presidente que sale a dar una conferencia de prensa de más de dos horas cada día de la semana, y eso no ha hecho ni al Infonavit ni a la conferencia matutina instrumentos o prácticas inviables. Rechazar una política, una Ley o una institución sólo por el hecho de que no es lo que hacen en otros países es absurdo.
Tercer argumento: “Si se deja la designación al voto popular, cualquiera podrá ser Juez, Magistrado o Ministro sin tener siquiera credenciales para el cargo”. La idea detrás de este argumento es que el voto popular es ignorante para evaluar los requisitos técnicos de competencia de los candidatos, y no podrá filtrar a legos y oportunistas. En otras palabras, la ignorancia de los electores se transfiere a los elegidos, y propiciará que el Poder Judicial se llene de inexpertos e incompetentes. Esta premisa, oculta, está viciada. Primero, no es verdad que se podrá presentar “cualquiera” como candidato; recordemos que los candidatos serán propuestos por cada uno de los poderes: una lista el Ejecutivo, otra el Legislativo y otra el Judicial (hay algunas excepciones en ciertas magistraturas, que no vienen al caso ahora). Y en esa selección se verificará que los aspirantes cumplan con los requisitos que especifique la Ley, entre los cuales habrá, por supuesto, normas sobre la competencia para ejercer el cargo. La gente no tendrá por qué escoger entre candidatos sin formación si los órganos encargados de proponer las candidaturas hacen bien su trabajo. Segundo, asumir que la gente no debe votar porque “no sabe” es una creencia ruin: lo que se debe hacer, en todo caso, es informar, no impedir el acceso al voto. Ciertamente, la gran mayoría de los ciudadanos no están al tanto de la estructura y las responsabilidades de cada órgano del Poder Judicial. Esto es verdad en gran medida porque el Poder Judicial, a pesar de funcionar a la vista de todos, se ha constituido en un poder opaco, complicado y alejado del conocimiento de los ciudadanos, para quienes es, además, complejo navegarlo. En otras palabras: precisamente porque la gente no conoce la conformación y funciones del Poder Judicial es porque es urgente, primero, informar y después, reformarlo.
El primer paso en este intento de informar antes de reformar es el proceso de consulta, divulgación y parlamento abierto que ha propuesto la doctora Claudia Sheinbaum: que la gente conozca los contenidos de la reforma y se involucre en respaldarla. También se convoca a los trabajadores del Poder Judicial, barras de abogados y facultades de derecho para que expresen sus opiniones técnicas. Esto último ha suscitado algunas quejas en una parte del obradorismo, que considera que el aval a la Reforma Judicial vino implícito en la avalancha electoral del 2 de junio: la gente votó abrumadoramente a favor del Plan C (o sea, lograr mayoría calificada para que se aprueben las reformas propuestas por el Presidente), así que ya no hace falta volver a consultarlo. Incluso, hay quienes afirman que consultar la reforma es ir en contra del mandato popular que se expresó en las urnas hace dos semanas.
Ante esto, si bien Morena y su coalición tendrán en la siguiente legislatura la mayoría calificada para aprobar las reformas que quieran, hay que recordar que no es el estilo del obradorismo ganar una elección y mandar a los electores a su casa.
A los pocos días del triunfo de AMLO en 2018 se consultó a la gente sobre la cancelación del Aeropuerto de Texcoco; en 2020 se le convocó a juntar dos millones de firmas para solicitar la consulta de juicio a expresidentes; luego, se le llamó a votar en la consulta de juicio a expresidentes; más adelante, a participar en la consulta de revocación de mandato, etcétera.
Es un principio ético, pero también táctico, del obradorismo el mantener a la sociedad permanentemente movilizada, involucrada y participando en política. De ahí que un Poder de la Unión electo lejos de su conocimiento y su aval es un poder, ante sus ojos, ilegítimo. Y por eso, precisamente, la elección democrática de los ministros, magistrados y jueces es el corazón de la Reforma al Poder Judicial.
Violeta Vázquez-Rojas Maldonado
Doctora en lingüística por la Universidad de Nueva York y profesora-investigadora en El Colegio de México. Se especializa en el estudio del significado en lenguas naturales como el español y el purépecha. Además de su investigación académica, ha publicado en diversos medios textos de divulgación y de opinión sobre lenguaje, ideología y política.
Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario