Leonel
Briozzo es subsecretario de salud de Uruguay –en los hechos el
viceministro del área- desde que en el 2010 José Mugica asumió la
presidencia de ese país. Es además uno de los impulsores de las Iniciativas Sanitarias contra el Aborto Provocado en Condiciones de Riesgo
(ISCAPRC) que desde mediados de la década pasada generaron un espacio
de conserjerías sobre aborto para las mujeres uruguayas. La pasada
semana, como conferencista en una jornada realizada por ASUMEN en
Buenos Aires, defendió enfáticamente el derecho de las mujeres a
decidir sobre su propio cuerpo y la experiencia exitosa en su país de
reducción de la mortalidad materna a través de la despenalización del
aborto.
COMUNICAR IGUALDAD- Briozzo expuso durante la Jornada Situación y Perspectivas de la Mortalidad Materna en Argentina -
organizada por la Alianza Argentina para la Salud de la Madre, el
Recién nacido y el Niño (ASUMEN)- como parte del panel “Experiencias
exitosas de países de América latina que han reducido la mortalidad
materna y cumplirán con el ODM 5”.
En la década del ’90 del siglo pasado Uruguay tenía una situación
muy parecida a la actual en Argentina: un tercio de las muertes de
mujeres gestantes tenían su origen en abortos inseguros. “Vimos que el aborto era un problema de salud pública absolutamente invisibilizado –señaló el viceministro-. Y yo creo que esto que nos pasó a nosotros es lo que está sucediendo hoy en América Latina, lo sepamos o no.”
“Las mujeres que mueren por aborto son las pobres –continuó-. Por
lo tanto, en la agenda de los gobiernos progresistas que hay en este
momento en la región, este tema debería ser central a la agenda política,
porque además cuando una mujer decide interrumpir un embarazo no hay
Cristo que les haga cambiar de opinión, y por tanto lo que debemos
hacer es garantizar un aborto seguro. Pero lo que está sucediendo es
que muchas se están muriendo por la falta de atención confidencial de nosotros, los profesionales de la salud.
Los profesionales no estamos cumpliendo nuestro rol. No podemos poner a
las pacientes en la disyuntiva de estar sanas en la cárcel o muertas en
libertad.”
Desde que fueron implementadas las Iniciativas Sanitarias contra el Aborto Provocado en Condiciones de Riesgo, a mediados de la década pasada -
de las que Briozzo fue activo impulsor-, en Uruguay las mujeres pueden
recibir información pre y post aborto en conserjerías de salud, como
está sucediendo ahora en Argentina, aunque no promovido desde el
Ministerio de Salud como en Uruguay, sino por iniciativa de cada
institución y de organizaciones sociales. Luego, con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo - aprobada
por el Parlamento del país vecino en el 2012-, a esto se sumó que el/la
médico/a que las atiende puede hacerles la receta para la realización
en sus casas de un aborto medicamentoso o incluso realizar el aborto
quirúrgico si el medicamentoso no funcionara.
Las mujeres que solicitaron que se les realizara un aborto –en
instituciones del Estado, obras sociales y sistema privado, ya que la
ley de 
despenalización abarca los tres niveles-, en
un 40% de los casos no querían continuar el embarazo por razones
económicas y en un 40%por interferencias con su proyecto de vida.
Después de la consulta –que incluye a un equipo disciplinario con
profesionales de ginecología, psicología y asistencia social ante el
que la mujer debe explicar las razones de su decisión y se la obliga a
reflexionar por 5 días, una metodología fuertemente criticada por las
organizaciones de mujeres cuando salió la ley
http://www.comunicarigualdad.com.ar/ive-en-uruguay-un-derecho-en-ejercicio/-,
el 53% de las mujeres interrumpieron el embarazo, pero el 21% continuaron. “Por tanto ésta no es una política de promoción del aborto –enfatizó Briozzo-. Con
estas herramientas, las indicaciones y la ley, logramos disminuir la
mortalidad materna en Uruguay y disminuyó el aborto. Por eso no le
damos la derecha a nadie que se diga ‘pro vida. Una política que
disminuye la mortalidad materna es más pro vida que cualquier otra
política.”
despenalización abarca los tres niveles-, en
un 40% de los casos no querían continuar el embarazo por razones
económicas y en un 40%por interferencias con su proyecto de vida.
Después de la consulta –que incluye a un equipo disciplinario con
profesionales de ginecología, psicología y asistencia social ante el
que la mujer debe explicar las razones de su decisión y se la obliga a
reflexionar por 5 días, una metodología fuertemente criticada por las
organizaciones de mujeres cuando salió la ley
http://www.comunicarigualdad.com.ar/ive-en-uruguay-un-derecho-en-ejercicio/-,
el 53% de las mujeres interrumpieron el embarazo, pero el 21% continuaron. “Por tanto ésta no es una política de promoción del aborto –enfatizó Briozzo-. Con
estas herramientas, las indicaciones y la ley, logramos disminuir la
mortalidad materna en Uruguay y disminuyó el aborto. Por eso no le
damos la derecha a nadie que se diga ‘pro vida. Una política que
disminuye la mortalidad materna es más pro vida que cualquier otra
política.”
“Las claves de nuestro modelo son –concluyó el funcionario-: abordar
el aborto como un tema de salud, justicia, equidad, género y
cumplimiento de derechos; romper la dicotomía a favor o en contra del
aborto, lo que importa es el derecho a la salud de las mujeres;
reivindicar los valores de la profesión médica: el respeto del secreto
profesional, que está pautado en todos los países de la región; y desde
el marco normativo internacional avanzar hacia el cambio como pasó en
Uruguay el año pasado con la despenalización.”
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