Uruguay Defender la primera ley de aborto seguro de Sudamérica

Emilio Cafassi

Editorial La República

Uruguay se volvió a situar en la senda del progresismo pionero que supo transitar en las primeras décadas del siglo pasado, al ser hoy el segundo país latinoamericano -después de Cuba- y el primero sudamericano en contar con una ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Expuse oportunamente por este medio objeciones diversas a esa ley (“En el nombre del padre” 21/10/12), que muy sintéticamente resumiré en las humillaciones a las que somete a las mujeres que se acogen a sus beneficios, potenciando aún más el modelo médico disciplinador y docilizador junto con la subordinación femenina al patriarcado. También por la posibilidad –aunque limitada- que otorga a prestadoras (privadas, aunque posen de mutualistas ajenas al lucro) y personal de la salud, para apelar a la libertad de conciencia cuando entiendan contradicho su “ideario”, lo que constituye un relativo obstáculo práctico para la implementación de este derecho. Pero todas las leyes son perfectibles. Mucho más que las utopías e ideales que Galeano popularizó como indispensables para caminar, o en este caso para perfeccionar esta ley, aunque no es éste el momento para lograrlo sino sólo para defender la que está vigente. Así tal como está, que aún con sus salvedades, es un pequeño gran paso adelante. Tal vez en un futuro próximo podamos dar batallas culturales e ideológicas que logren producir un “espíritu de época” que induzca a los legisladores o a la ciudadanía a liberar a la IVE de sus remilgados pasos formales y sus violencias tácitas y explícitas.

  Como ejemplificó un ciudadano uruguayo residente en Canadá (país gobernado por la derecha con mayorías parlamentarias propias) en una carta abierta publicada en la edición pasada del suplemento “La República de las Mujeres” de este diario, hace ya 25 años que allí una ley establece como inconstitucional separar la práctica del aborto de la de cualquier otro acto médico, bastando para ella la sola decisión de la mujer preñada sin límite alguno de tiempo de gestación. No es una excepción, ya que casi todos los países occidentales llamados “desarrollados” (en su amplia mayoría hoy gobernados por conservadores) tienen leyes similares, las que a lo sumo en su diversidad, acotan el derecho al aborto según el tiempo de gestación. ¿No habrán alcanzado aún el nivel de desarrollo moral y racionalidad que cultivan hoy las derechas latinoamericanas en general y uruguaya en particular? ¿Serán por ello sociedades en transición al comunismo o váyase a saber qué variante poscapitalista? En la citada carta abierta, Horacio Tejera resalta la obscenidad de la foto del acto de presentación de la “Comisión Nacional Pro Referendum Derogatorio de la Ley de Aborto” en cuyo cuadro aparecen sólo 15 varones. ¿Habrá mejor prueba de violencia patriarcal, segregación y tutelaje sobre las mujeres, cuyos cuerpos se proponen interdecir?

Lo cierto es que el próximo domingo está llamada en Uruguay una consulta voluntaria nacional, algo así como una elección con única opción, para habilitar un futuro referéndum derogatorio de la ley, que se lograría imponer si al menos el 25% de los inscriptos en el padrón electoral (unos 655.000 ciudadanos) expresaran en las urnas su voluntad de que se convoque a referéndum dentro de los 120 días siguientes. El colectivo “Mujer y Salud” que tanto ha contribuido a lograr la ley y a subrayar sus límites con su militancia (que excede holgadamente la “performance” de desnudos con “body painting” durante el debate parlamentario que logró tanta difusión nacional e internacional) y tantas otras organizaciones feministas y de la sociedad civil, llaman a abstenerse de concurrir a la convocatoria. Es esperable que el Frente Amplio también lo haga enfáticamente cuando despierte de la siesta. Es absolutamente consecuente con la defensa de la IVE tal actitud política que desde este modesto lugar de escribiente vengo a acompañar. Dicho sea de paso, ese colectivo tuvo la gentileza solidaria de enviarme el inhallable libro presentado por el ex presidente Vázquez “Veto al aborto”, editado por el Opus Dei aunque maquillado por su universidad privada, que me confirmó las sospechas que abrigaba acerca de que no sólo no es un libro académico, sino que se trata de un libelo de bajísimo vuelo tanto argumental y metodológico, como literario. También recibí el breve ensayo “El veto del ejecutivo uruguayo a la despenalización del aborto: deconstruyendo sus fundamentos” cuya lectura recomiendo (y puede bajarse de http://www.mysu.org.uy).

Tengo, no obstante, una diferencia de mirada respecto a la significación y alcances de la iniciativa antiabortista, al menos sobre apreciaciones de una de sus referentes, Lilián Abracinskas. En un reportaje en la publicación “En perspectiva”, sostiene que “l a herramienta (derogatoria) es la consulta ciudadana, ahora, eso no lo hace más democrático, podemos apelar a la consulta ciudadana para llevar cosas horribles como podría ser, no sé, la pena de muerte. Creo que estamos confundiendo una cosa con la otra”. Y enfatiza aún más sobre el mismo concepto: “no me parece una alternativa, no creo que porque sea una herramienta que existe convierta al país en algo más democrático”. Por mi parte, creo que sí en la medida en que transfiere el poder de decisión sobre quien efectivamente debe residir como es la ciudadanía. Ello no evita que pueda “llevar a cosas horribles”. Podríamos hipotetizar que no sólo la ciudadanía sino que además los legisladores también pueden sancionar leyes aberrantes. No me refiero sólo en este último caso a una posibilidad presunta, sino que de hecho eso ha ocurrido concretamente en Uruguay, como por ejemplo con la ley de caducidad y ratificada por la ciudadanía al no conseguir el caudal de votos necesarios para su derogación. Pero en su momento no había otra opción legítima que recurrir a un referéndum derogatorio. No es más (ni menos) legítimo apelar a él, o a las diversas variantes de la democracia directa para derogar una ley siniestra que hacerlo para una ley progresista o conquistadora de derechos. Legitimidad y racionalidad son, al menos analíticamente en una primera instancia, momentos diferenciales de una totalidad de práctica decisional. Unificarlos puede conllevar -in extremis- el riesgo de que las decisiones deban ser adoptadas por expertos o ciudadanos calificados, cosa que afortunadamente en ningún caso se le exige a un legislador, sino que basta con ser un simple ciudadano. Sin embargo, conjeturo que en un nivel analítico superior pueden concebirse puentes e interpenetraciones, si las prácticas de decisión colectiva son frecuentes y se someten con periodicidad a la verificación empírica de los resultados, si se desarrollan en un contexto de información regular, de puesta de los medios de comunicación a su servicio, de debate y movilización de los afectados, de educación creciente de la ciudadanía. En suma, de despliegue permanente de lo que Gramsci denominó hegemonía y contrahegemonía, sólo que no espontánea y sometida a la anarquía del mercado y el rating, sino incitada desde el Estado y regulada. Avizoro mucho más factible la captación publicitaria del ciudadano, su posibilidad de manipulación ideológica y seducción emotiva, cuanto menor sea el ejercicio de formas directas de participación decisional. Y esta es la situación actual que el gobierno progresista no ha modificado. La democracia directa se practica, digámoslo así, cada muerte de obispo. Y peor aún, en este caso, a iniciativa de la derecha.

Entiendo muy sintéticamente por democratizar, distribuir el poder de decisión en el mayor número posible de afectados por las decisiones que se adoptan. A escala de un país, en su ciudadanía. Si bien la legitimidad no garantiza racionalidad, menos aún viene ésta endosada a la representación liberal fiduciaria. Espero equivocarme, pero no me extrañaría que algunos de los promotores legislativos de la baja de edad de imputabilidad se vayan deslizando hacia el horror de la pena de muerte que Abracinskas pone como extremo del absurdo y la abyección.

Aplicando este criterio a la coyuntura inmediata, no veo contradicción alguna entre militar por un lado por la abstención ante la convocatoria del próximo domingo, ya que es un derecho de cualquier variante de democracia (directa -dentro de la que también incluyo el mandato expreso al representante- o representativa tradicional y fiduciaria). Y por otro -en el caso de que la proporción ciudadana participante habilite un futuro referéndum derogatorio- en convocar a concurrir a votar en defensa de la ley vigente, es decir contra su derogación. Pero mientras tanto hay que dar la batalla política y cultural en defensa de los derechos amenazados, por todos los medios y fuerzas disponibles. Anticipo mi contribución a ella para el próximo domingo.

Nos han expropiado el significante “vida” ante la mirada abúlica del progresismo en general obnubilado ideológicamente por el espejismo de la libertad de conciencia, que nadie niega para cada integrante. Claro que con excepciones cuya militancia logró arrancar el logro actual, tanto como otras convalidaron este despojo. Lo hicieron vaciándola de sentido para recubrirla, ya vacua, de la ternura teleteatral con la que se glorifican embriones en la misma proporción con que se arriesga indiferentemente la vida de quienes los gestan. Para negocio de mafias y traficantes de circuitos informativos clandestinos, cuyos integrantes serán los primeros en la cola electoral del domingo próximo.

Nadie elige embarazarse para padecer luego un aborto. Ni legal, ni clandestino. Es sólo el último eslabón interruptor de una cadena de decepciones e infelices contingencias que puede aparejar el ejercicio de un derecho humano como es la libertad de goce sexual. La salud sexual y reproductiva no remite sólo a este recurso puesto en discusión. Exige tanto anticonceptivos para no abortar como aborto legal, seguro, libre y gratuito para no morir, como creo que demanda a grandes rasgos una vieja consigna libertaria.

Impedirlos es la plena interrupción voluntaria, pero de la razón humana.

Emilio Cafassi es Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano. cafassi@sociales.uba.ar