POLÍTICA ENERGÉTICA PARA QUE MÉXICO
SEA POTENCIA ECONÓMICA EN EL SIGLO XXI
Manuel Bartlett Díaz (Coordinador)
He recibido este libro de 230 páginas editado por el Partido del Trabajo. El tema tratado –“En defensa del petróleo”- es fundamental y el coordinador -Manuel Bartlett- ha sido secretario de Gobernación, de Educación Pública, gobernador del estado de Puebla, dos veces senador, además de diputado y precandidato presidencial del PRI. Es decir, se las sabe de todas, todas y está más que quemado políticamente. Sin embargo, el año 2000, al iniciarse el gobierno panista, comenzó a deslindarse del PRI (su partido) hasta convertirse en el principal crítico del país de los gobiernos del PAN, de los medios de información, de la privatización de la electricidad y del petróleo. Se podría decir que como crítico profundo está muy por encima de priístas, panistas y socialdemócratas. Por ello –para anunciarlo- he sintetizado su libro como pude. (PEV)
Presentación
Desde hace treinta años, México observa una descomposición interna que cada vez se agrava, profundiza y tiene múltiples consecuencias y manifestaciones. La causa de la descomposición del orden ético-racional de la sociedad mexicana es la apropiación del Estado y de todas las facultades que antes estaban consagradas al servicio de los intereses universales y públicos, por parte de políticos —representantes de los intereses económicos particulares y corporativos— que han puesto estas facultades a su servicio.
Esta apropiación, lograda mediante la vulneración de la democracia, tiene como consecuencia que la democracia representativa no refleja realmente al universo de los mexicanos, ni a los intereses plurales y legítimos de la sociedad.
Las decisiones de los poderes públicos han obedecido a intereses particulares, que en el Estado moderno se reducen al poder corporativo global, fenómeno que se observa no sólo en México, sino en mayor o menor medida en todas las sociedades contemporáneas.
Esta obra es un esfuerzo colectivo que busca contribuir al análisis y crítica de la política energética que propone el actual gobierno, con base en el análisis de la evolución económica, política, social y geopolítica de México durante las últimas décadas. A este libro lo rigen tres propósitos principales:
Objetivo.
1. Demostrar que la propuesta del gobierno federal está diseñada para beneficiar los fines e intereses económicos y geopolíticos extranjeros, no los intereses nacionales plasmados en la Constitución como proyecto nacional.
2. Advertir a la opinión pública nacional de los graves riesgos que tiene para la nación si se llega a adoptar la política energética propuesta por el gobierno federal, apoyada y promovida por una coalición económica, nacional y extranjera.
3. Demostrar que es posible, racional, ética y necesaria, formular y establecer una política de Estado para concretar los fines e intereses de los mexicanos, así como proponer algunos lineamientos básicos de esta política.
Advertencia
a) Con nuestro petróleo se paga entre el 35 y el 40 por ciento de cada peso del gasto público.
b) Pemex aporta el 99 por ciento de las divisas que requiere el Banco de México para la política monetaria y de tipo de cambio.
c) El superávit del petróleo compensa —hasta ahora— el déficit comercial permanente del resto de la economía.
Este paradigma contiene como elemento sustantivo el despojo de la renta petrolera, que pertenece a todos los mexicanos, que se ha destinado al pago de la deuda externa e interna; al gasto corriente y no a la inversión, para compensar los impuestos que no pagan en México las corporaciones globales —de capital nacional y extranjero— y las grandes fortunas individuales, así como su apropiación por las corporaciones globales a través del sistema fiscal.
En las últimas tres décadas, se aceleró la extracción y exportación de petróleo crudo, se dejó de invertir en refinación y petroquímica, por lo que se importan cantidades crecientes de gasolina, refinados y derivados del petróleo, que pudieron y debieron haber sido producidas en México. Esta estrategia se definió en función del interés económico y geoestratégico estadounidense, no por el interés de los mexicanos.
Propuesta
La propuesta privatizadora de la energía no tiene fundamento económico, social, político, ni geopolítico. En el siglo XXI, mantener el petróleo y la electricidad en las manos soberanas del pueblo de México es condición indispensable para que la nación sea potencia económica con sus propios medios, y garantizar con ello los derechos humanos de todos los mexicanos.
Sin energía producida y controlada por los mexicanos, México dejará de ser país independiente y tendrá una estructura productiva nacional más raquítica y menos capaz de producir los alimentos, productos industriales y servicios de la economía del conocimiento. El Estado mexicano se debilitará aún más, los niveles de vida se desplomarán y se profundizará la pobreza e inequidad.
Las reservas de hidrocarburos son recursos estratégicos de las naciones. El derecho a explotarlas en su beneficio es un derecho humano reconocido. Por ello, el 87 por ciento son controladas por empresas estatales. La tendencia actual en el mundo es a la re-estatización, no la privatización.
Conclusión
Con lo anterior se pone en entredicho el carácter soberano del Estado mexicano, pues las decisiones concernientes a los recursos del petróleo, los hidrocarburos y la petroquímica básica se tomarán con la injerencia de intereses externos. Las consecuencias de esto no son menores:
a) Los inversionistas podrán participar en todas las etapas de la industria petrolera, por lo que Pemex terminará siendo un administrador de contratos, sin capacidad real para influir en la industria petrolera.
b) Los beneficios económicos derivados de la explotación del petróleo, hidrocarburos y petroquímica básica se compartirán en cantidades importantes con el exterior.
c) No habrá autodeterminación científica y tecnológica, lo que profundizará la dependencia económica.
d) Los riesgos para el mantenimiento de la soberanía del Estado mexicano son muy grandes, habida cuenta de la importancia macroeconómica de los ingresos petroleros.
e) Esto se acompaña del riesgo mayor de profundizar el desmantelamiento del proyecto nacional, al intentar modificar los preceptos constitucionales en favor de los corporativos, para garantizarles que no habrá posibilidades de reversión de los cambios jurídicos al régimen de propiedad que ellos desean. Lo que precisa la industria petrolera estadounidense es el petróleo mismo y el manejo de sus rentas a través de cambios a la Constitución mexicana, a fin de lograr la certeza de que aquí no habrá otra nacionalización.
Reforma de Peña Nieto
La reforma propuesta desde la campaña de Enrique Peña Nieto impactó en medios económicos y políticos fuera de México. Sin embargo, la situación política nacional y la complejidad de la tarea harán que esa reforma sea difícil de concretar, sobre todo en ausencia de consensos por una propuesta que cambia de raíz el proyecto nacional.
Las propuestas programáticas requieren cambios constitucionales que no tienen fundamento, entre las cuales se hallan las siguientes:
1) El manejo de Pemex a través de un gobierno corporativo cotizando en la bolsa de valores.
2) La adopción de un régimen de concesiones para la explotación de petróleo y gas, así como para el petróleo y gas de esquisto.
3) Una reforma constitucional sobre el artículo 27 que, en tanto se alcanza, avanzaría a través del cambio a la Ley Reglamentaria del mismo artículo.
4) Alianzas estratégicas con corporaciones privadas y extranjeras.
5) Muchos ―buenos contratos otorgados por Pemex para la producción petrolera, pero también para todas las actividades abiertas a la participación privada.
Los argumentos para cambiar la situación de Pemex se centran en la necesidad de modificar su régimen fiscal para avanzar en nuevos desarrollos. Lo que se oculta es que este cambio fiscal busca en realidad entregar la renta petrolera a corporaciones
extranjeras y obligar a los mexicanos a pagar más impuestos para compensar esta pérdida de ingresos fiscales.
Se pretende reducir la aportación fiscal de Pemex, para volver imperativa la privatización, lo anterior debido a que el presupuesto de Pemex no es suficiente para realizar las inversiones que se requieren, por lo que la empresa ha de endeudarse para poder realizarlas y las corporaciones privadas se apropiarían aún más de la producción y de la renta petrolera.
Más aún, como ya se ha expuesto, la participación del petróleo en el presupuesto nacional tiene como destino preferencial el gasto corriente, en vez de inversiones de largo aliento y de suprimir una deuda externa e interna que no se ha podido reducir. De aquí la necesidad de una reforma hacendaria integral, en la que aumente la tributación de los mexicanos, bajo un nuevo régimen fiscal que aplique todo tipo de impuestos.
pedroe@cablered.net.mx
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