Ipas-México critica criminalización y acusa violación a la ley
En 13 años, de 2002 a 2014, en el estado de Veracruz han muerto 84
mujeres por abortos inseguros, decesos que no ocurrirían si las
autoridades garantizaran el derecho a la salud para la población
femenina, y si no criminalizaran la interrupción del embarazo, dijo
Julia Escalante de Haro, coordinadora de política y abogacía de la
organización civil Ipas-México.
En una videoconferencia realizada a propósito del 28 de Mayo, Día
Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, Ipas-México
–integrante de la Coalición por la Salud de las Mujeres (una red que
aglutina a 10 grupos civiles)– advirtió que el gobierno de Veracruz
tiene la obligación de prevenir las muertes maternas y los decesos por
aborto.
Escalante de Haro señaló que de acuerdo con datos del Instituto Nacional
de Geografía y Estadística (Inegi) y del Sistema Nacional de
Información en Salud, 15 por ciento de las mujeres que fallecieron por
aborto eran menores de 19 años de edad, y 4.7 por ciento hablaban alguna
lengua indígena.
La experta criticó que en enero pasado el gobernador Javier Duarte
propusiera una iniciativa para reformar el artículo cuarto de la
Constitución local, para “proteger la vida desde el momento de la
concepción y hasta la muerte natural” –modificación aprobada en primera
vuelta el 21 de enero y en espera de ratificación en segunda vuelta en
el Congreso estatal–, porque –alertó– criminalizaría a las mujeres por
decidir interrumpir sus embarazos.
En vez de aprobar esa iniciativa, observó Julia Escalante, se deberían
tomar medidas para prevenir el embarazo no deseado, no planeado o
forzado, impulsar programas de educación integral en sexualidad, y
garantizar el acceso pleno a la anticoncepción y la planificación
familiar.
A decir de la activista, también es necesario asegurar el aborto legal
porque hasta las mujeres que usan anticonceptivos y tienen acceso a
consejería deben tener esta opción. Recordó que Veracruz fue una de las
primeras entidades en reconocer legalmente la violencia obstétrica, por
lo que resulta contradictorio que el Congreso pudiera criminalizar a las
mujeres.
El pasado 12 de marzo se tenía previsto que la iniciativa de Duarte se
ratificara en segunda vuelta, pero obispos católicos informaron que la
votación se aplazaría hasta después de las elecciones locales del
próximo 5 de junio.
Escalante de Haro apuntó que la simple presentación de esa reforma
contraviene las recomendaciones del Comité de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés), que en 2012 instó al Estado mexicano a
homologar sus leyes en materia de embarazo favoreciendo la autonomía de
las mujeres.
Este año, abundó la experta, el Estado mexicano deberá rendir un informe
a ese Comité sobre el cumplimiento de la CEDAW, por lo que advirtió que
deberá explicar la razón de aprobar esta reforma y la falta de
políticas públicas, para evitar las muertes por aborto en un contexto
donde –para colmo– Veracruz ha reducido en 69 por ciento su gasto en
salud.
Recordó que a nivel estatal la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) analiza una
solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) por “agravio
comparado”, que fue solicitada por grupos civiles el pasado 5 de abril,
ante la negación del derecho a la interrupción del embarazo a las
víctimas de violación sexual, y las penas de cárcel que se imponen a las
acusadas del delito de aborto.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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