El superego del gobierno y su modelo antieducativo

Abraham Nuncio

La Jornada

Ninguna respuesta me pareció más adecuada y plena de una voluntad social y solidaria que el desplegado que hizo publicar la comunidad académica, donde decenas de intelectuales de varias instituciones educativas se manifestaron en apoyo a los maestros reprimidos por el gobierno de Peña Nieto. Un gobierno profundamente inmoral y carente de autonomía a quien su superego, los empresarios, le permiten sublimar lo que conviene a sus intereses y le censura aquello que rechazan.

En su última sesión mediática con motivo del Día del Trabajo, la palabra juntos fue reiterada y subrayada por Peña Nieto en relación con las llamadas reformas estructurales (en ese caso la del trabajo). El sentido de la palabra era justificar lo que en la realidad no existió: las reformas no las hizo su gobierno junto con nadie, sino con su superego, sus amigos, aliados, empleados y proyectos de sucesión política. Juntos, es decir, distanciados. Como ahora diálogo, es decir, agresión a los maestros disidentes.

Es terrible vivir en un país donde se legislan políticas punitivas como la educativa y como consecuencia tener que padecer sufrimiento y desgaste en su cotidianidad, en su familia y en su trabajo para evitar ser víctimas de un enorme atropello. No es otra cosa la evaluación magisterial urdida por el superego gubernamental y sus expertos. Una SEP moderna y actualizada no podía prescindir del correspondiente outsourcing.

Desde luego, los maestros que se sometan a las decisiones laborales y administrativas de la SEP podrán recibir un trato preferencial; por ejemplo, ser becados para que se preparen de verdad en instituciones prestigiadas, como el Tecnológico de Monterrey, también en términos de outsourcing. Las tales normales superiores ni esa Universidad Pedagógica Nacional, quién sabe para qué puedan servir. Hay otros premios, como el ofrecido a un profesor que ha abandonó la disidencia y que equivale, según la imagen oficial de la propaganda graneada, a casi ciento por ciento del magisterio movilizado. (Luis Hernández documentó el extraño caso en La Jornada, el 24/5/16.)

El superego del gobierno, hay que reconocerlo, sabe legitimarse. Ni las instituciones educativas, ni el magisterio disidente o no, ni los profesionales de la pedagogía mantienen un programa de fomento a la lectura como el del Consejo de la Comunicación. Bajo el lema voz de las empresas propone, mediante miles de espots, leer 20 minutos al día.

El de la legitimación es un terreno en que la parte privada del Estado sabe manejarse con habilidad. Y es en este terreno donde, al contrario, los lideratos sociales se muestran lentos si no es que torpes. Las reformas estructurales fueron anunciadas con suficiente anticipación antes de que pasaran por el proceso legislativo. ¿No los sectores directamente vinculados con sus materias y que a la postre resultarían afectados debieron haber trabajado sobre proyectos de reforma como para adelantarse a las que maquinaba el Estado?

Actuar reactivamente es actuar en condiciones desventajosas. También se supo con anticipación del golpe que se pensaba dar mediante la evaluación. Y no se dieron pasos para neutralizarlo. Un proyecto de autoevaluación de la práctica magisterial, al que los maestros hubieran podido sumar a los estudiantes participando de manera ponderada habría tenido un impacto educativo real y de defensa estratégica del magisterio. Basta de estar sujetos a evaluadoras, calificadoras, certificadoras externas sin que nosotros mismos, mediante la prueba y la autocrítica, construyamos genuinos mecanismos de autovigilancia, autocorrección y desarrollo con criterios propios producto del análisis y la discusión colectivos.

Pongo un ejemplo de participación ciudadana cuyos frutos han sido en términos generales positivos: el de las organizaciones ciudadanas e instituciones académicas que impulsaron una iniciativa de ley, justamente de participación ciudadana, presentada por ciudadanos al Congreso de Nuevo León. En días pasados el titular del Ejecutivo promulgó la ley correspondiente. Aunque con muy elevados requisitos como para ponerla en práctica, la figura de revocación de mandato incorporada a la ley apareció por vez primera en el horizonte jurídico de México. Un pequeño pero significativo peldaño en el ascenso del soberano colectivo frente a unos representantes que por costumbre le usurpan el ejercicio de la máxima potestad en la nación de la que es el titular insustituible.

No es tarde para pensar en legislar desde la sociedad civil. Si el Ejecutivo lo ha hecho siempre anulando la división de poderes, ¿por qué no hacerlo los ciudadanos con mucho más margen de autonomía y pensando en la solución efectiva de los problemas comunes y no en los privilegios de unos pocos?

En la hipótesis de que sus propuestas no tuvieran éxito, siempre algo queda. En instituciones académicas y oficiales se trabaja en artículos y ensayos sobre la Constitución de 1917 cuyo centenario se celebrará en febrero próximo. Por lo menos habría que recordar los textos escritos por la corriente magonista, el movimiento zapatista y los que se produjeron en la Convención de Aguascalientes. La derrota de villistas, zapatistas y corrientes menores pero identificadas con el espíritu de la convención no significó que su influencia fuera desechada por los constituyentes en la redacción del texto de la nueva Constitución.