Ronda uno: continuación del despojo

Editorial La Jornada 

Al menos 21 compañías o consorcios han manifestado su interés por participar en la cuarta licitación de contratos de licencia para la exploración y extracción de la ronda uno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la cual incluye 10 áreas contractuales en aguas profundas del Golfo de México. La cuarta licitación se encuentra en proceso de precalificación y será el próximo 5 de diciembre cuando se comiencen a recibir propuestas para la asignación de contratos por un plazo hasta de 50 años.

Entre las empresas que participan en el proceso de precalificación se encuentran cuatro de las llamadas Siete Hermanas, las mayores petroleras de capital privado: la británica BP plc (antes British Petroleum); la anglo-holandesa Royal Dutch Shell y las gigantes estadunidenses Chevron y Exxon Mobil. Cabe recordar que estas compañías controlaron la práctica totalidad de los yacimientos petrolíferos mexicanos antes de la expropiación petrolera de 1938. Otros concurrentes a la cuarta licitación son Petróleos Mexicanos (Pemex), la española Repsol y la francesa Total.

El interés en el actual proceso de licitaciones contrasta con la frialdad con la que fue acogida la primera fase de la ronda uno, en la cual sólo pudieron adjudicarse dos de los 14 bloques petroleros ofertados debido a que las empresas y consorcios participantes se abstuvieron de presentar propuestas o lo hicieron sin cubrir siquiera los requerimientos mínimos. Además del relajamiento de los requisitos para participar anunciado tras el fracaso de esa primera fase por el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, cabe atender a dos factores para explicar la inclinación de las grandes corporaciones hacia esta cuarta licitación.

Primero, el hecho de que bajo el esquema de contrato de licencia contemplado en esta licitación el régimen fiscal de la empresa o consorcio que lleve a cabo la explotación de los recursos petrolíferos se ajustará de acuerdo con la rentabilidad del contratista, pero con un tope fijado en el contrato. Es decir, que el Estado renuncia a obtener beneficios por las ganancias extraordinarias que los privados obtengan por encima de la tasa máxima acordada. En segundo lugar, no puede ignorarse que las regiones de aguas profundas contienen las mayores reservas petroleras del país, 26 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente sin explorar, según estimaciones divulgadas por el presidente Enrique Peña Nieto cuando presentó el texto de la reforma energética vigente.

Además de la renuncia a la renta petrolera real, implícita en el diseño de las licitaciones y del riesgo de agotamiento de los recursos estratégicos que supone entregar las reservas más cuantiosas por un plazo de medio siglo, debe recordarse el peligro que históricamente ha representado la cesión de territorios a empresas extranjeras. En la propia experiencia mexicana, la presencia de las compañías petroleras que ahora podrían volver a gozar en concesión porciones sustanciales del territorio nacional supuso su conformación en poderes fácticos, situados fuera del alcance del estado de derecho y perpetradores de toda suerte de abusos contra la población.

Si a todo lo anterior se suma el entorno de fuerte depresión en los precios internacionales del crudo, queda claro que las licitaciones resultantes de este proceso serán entregadas en condiciones lesivas para los intereses económicos, políticos y sociales de México. Es urgente rectificar el actual esquema y plantear uno nuevo que responda a las necesidades de la población y el fortalecimiento de la economía nacional.