Democracia de luto

   CRISTAL DE ROCA
Cecilia Lavalle*

En Chiapas se vuelve a interpelar al sistema democrático de nuestro país.

En Chiapas se vivieron las elecciones más irregulares (por decir lo menos) de nuestro país en años. Y mire que eso ya es decir en un país en el que la democracia no ha acabado de tener suficientes demócratas ni en los partidos políticos ni en los gobernantes.

Ahí, todo el Consejo General del Instituto Electoral de la entidad fue destituido (léase bien: destituido), por ilegalidades que abarcaron desde aceptar registros de candidaturas sin la paridad de género a que obliga la Constitución federal y las leyes locales, hasta la alteración del padrón que registró el voto de ciudadanía chiapaneca en el extranjero. Por eso varios actores políticos llamaron a esa elección “un cochinero”.

El asunto terminó con sendas sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en los medios fueron calificadas de “manotazos” para poner orden.

Pues el asunto no ha terminado. Y, de hecho, todo indica que se acaba de abrir otra veta de ese cochinero.

En Chiapas muchas comunidades tienen importante presencia indígena y se rigen por sistemas tradicionales, llamados usos y costumbres. Ese sistema en muchos aspectos se puede resumir para las mujeres en algo así como: yo te uso y tú te acostumbras, porque viven en una constante violación a sus Derechos Humanos, incluidos, claro, los políticos. No “tienen permiso” de votar, mucho menos de ser votadas.

Pero a fines de 2014, la primera mujer indígena oaxaqueña que logró ser electa diputada federal, Eufrosina Cruz, en alianza con diputadas de distintos partidos, logró una importantísima reforma al artículo segundo constitucional que en pocas palabras estableció que los usos y costumbres no podrán estar por encima de los Derechos Humanos de las mujeres.

Ya eso plantea una complejidad en Chiapas. Pero para complicarlo más, ahí las comunidades indígenas que se rigen por usos y costumbres aceptan la intervención de los partidos, de manera que el asunto se vuelve una especie de huevo revuelto con chilaquiles.

En ese contexto, varias mujeres indígenas fueron postuladas por distintos partidos políticos; muchas a última hora para cumplir con la sentencia que les obligaba a cumplir con la paridad; y en no pocos casos, al parecer negociaron con señores de la comunidad la renuncia de la señora una vez ganada la elección.

Y eso es lo que tiene hoy, de nuevo, a Chiapas en el ojo de un huracán que vulnera el sistema democrático de nuestro país.

Los hechos: en Chenalhó fue electa Rosa Pérez por el PRI. Y la semana pasada fue obligada a renunciar porque la comunidad secuestró al líder del Congreso estatal y a otro diputado local que fueron a negociar. No a negociar la permanencia de Rosa, sino su renuncia.

Y ellos mismos atestiguaron la asunción al poder del síndico municipal.

Preguntas: ¿Por qué fue a negociar el líder del Congreso y no el secretario de Gobernación? ¿Por qué iba a negociar la renuncia y no la permanencia de Rosa? ¿Por qué aceptó la inmediata toma del poder del síndico? ¿No debe ser ratificada por el Congreso la renuncia de una presidenta o presidente municipal? ¿No su mandato como diputado es cumplir y hacer cumplir la ley?

Muchas respuestas tienen que ver con el cochinero que supuso ese proceso electoral y el cochinero que hay en el gobierno de Chiapas donde, me cuentan, el que de verdad manda y realizó innumerables negociaciones al margen de la ley es precisamente el líder del Congreso.

Por eso, me dicen, él fue “a negociar”, y por eso lo retuvo la comunidad, porque lo que le exigían es que cumpliera el acuerdo.
En ese cochinero están inmiscuidos el PRI y el PVEM. Y en medio una comunidad en la que, en efecto, se usa y se acostumbra violentar los derechos de las mujeres.

Rosa Pérez es una víctima de la corrupción y la impunidad, antes que de una cultura misógina. Y hoy todo eso ha puesto en peligro la vida y la integridad de Rosa, de su familia y de las aliadas que la apoyaron hasta el último minuto.

Por eso pregunto: ¿Qué van a hacer las instituciones democráticas de mi país al respecto? ¿Cómo se protegerá a Rosa, familia y aliadas? ¿Cómo se investigará todo el asunto y cómo se sancionará al diputado que negoció la ley y la destitución de Rosa? ¿Cómo se hará valer el Estado de Derecho? ¿Cómo responderá a esta interpelación el sistema democrático de México?

De nuevo lo que suceda en Chiapas mandará un mensaje a toda la ciudadanía. Y la respuesta marcará rumbo este año y, sobre todo en 2018. Así que espero que las instituciones involucradas actúen con absoluta contundencia.

Apreciaría sus comentarios. cecilialavalle@hotmail.com.

*Periodista de Quintana Roo, feminista e integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.

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