CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -
Detrás de los millonarios desvíos detectados en Veracruz no sólo estuvo el exgobernador Javier Duarte, detenido este sábado en Guatemala.
Según las autoridades federales y estatales, las maniobras fueron
operadas por toda una red de funcionarios y prestanombres a los que se
atribuyen desde la firma de contratos con empresas fantasma hasta la
adquisición de propiedades dentro y fuera de México.
Este miércoles en la audiencia que tuvo el exgobernador en un tribunal de Guatemala
—país donde permanecerá recluído mientras avanza el proceso de
extradición— el juez Adán García ofreció detalles sobre las operaciones
ilícitas —por 350 millones de pesos— que presuntamente realizó el
exmandatario en su sexenio al frente del gobierno estatal, el cual
también tuvo múltiples observaciones por parte de la Auditoría Superior
de la Federación (ASF) superiores a los 35,000 millones de pesos.
A
continuación los nombres de las personas que conforman el entramado del
exmandatario, algunas de las cuales ya han sido encarceladas.
Los operadores clave
Cinco
personajes fueron las piezas clave para orquestar el saqueo de recursos
públicos y la compra de bienes a nombre del exmandatario. Se trata de
Alfonso Ortega López, Moisés Mansur Cysneiros, José Juan Janeiro
Rodríguez, Rafael Gerardo Rosas Bocardo y Mario Rosales Mora, quienes
fueron invitados por Duarte a colaborar con él, desde el inicio de su
sexenio, en diciembre de 2010.
De acuerdo con el documento leído
por el juez, el 31 de diciembre de ese año, con apenas 30 días en el
cargo, el exmandatario instruyó a Ortega López a recibir los recursos y
destinarlos a proyectos de inversión entre los que estaba la
constitución de empresas fachada para la adquisición de bienes
inmuebles, terrenos y otras propiedades.
Janeiro Rodríguez, quien se presume pactó con la PGR
para evitar su detención a cambio de información sobre las operaciones
ilícitas de Duarte, es otro de los nombres principales dentro de la red,
pues además de servir como testaferro del expriista se encargó de
operar las transacciones financieras derivadas de las inversiones con
recursos provenientes del erario.
Otro que presuntamente habría
aportado información sobre las operaciones de Duarte es Mansur
Cysneiros, señalado como amigo cercano del exmandatario, quien se habría
encargado de ejecutar las instrucciones del expriista, a quien incluso heredó inmuebles en la Ciudad de México.
Él también fungió como su prestanombres en la adquisición de
propiedades como el caso de unas parcelas en el estado de Campeche, para
lo que se hicieron pasar como ejidatarios de Lerma.
En el centro
de la estructura para ejecutar los desvíos de recursos del erario
también está Rafael Gerardo Rosas Bocardo, quien se habría encargado de
prestar su nombre para la adquisición de inmuebles.
Finalmente,
otro presunto prestanombres es Mario Rosales Mora, a quien se le habrían
encargado distintas operaciones desde su posición en una notaría del
Estado de México, en la que laboraba.
Los detenidos
Entre
los primeros detenidos estuvieron presuntos representantes legales de
las compañías, como las hermanas Elia y Nadia Isabel Arzate Peralta,
quienes actualmente se encuentran recluidas en el penal de Santa Marta
Acatitla, y Víctor Benítez Márquez, quien fue capturado el mismo día en
que el expriista solicitó licencia al cargo de gobernador. Otro presunto
representante de las empresas, quien no ha sido detenido, es Miguel
Velázquez Nieva.
Estos
arrestos se dieron en el marco de una serie de cateos que realizó la
PGR en inmuebles de la Ciudad de México, los cuales se presume
pertenecían al exmandatario.
A estas capturas se sumaron las de
exfuncionarios, en su mayoría señalados de haber operado desvíos en
dependencias como la Secretaría de Finanzas, de Educación, Desarrollo
Social, así como la Comisión del Agua estatal.
La primera de
estas aprehensiones ocurrió en febrero y fue la de Arturo Bermúdez,
exsecretario de Seguridad Pública, quien está acusado de enriquecimiento
ilícito. Bermúdez había renunciado en agosto en medio de
cuestionamientos, luego de que diversos medios de comunicación
publicaron que poseía al menos 19 inmuebles en México y EU.
Un
mes después, la Fiscalía de Veracruz detuvo al exgobernador interino
Flavino Ríos, a quien acusó de haber facilitado el escape de Duarte a
través de un helicóptero, así como de haber incurrido en presuntos
desvíos por 247 millones de pesos (mdp) durante su encargo como
secretario de Gobierno, en el que había sido nombrado en julio de 2015.
A
finales de ese mismo mes, la Fiscalía de Puebla, en colaboración con la
de Veracruz, informó de la detención de Mauricio Audirac, exsecretario
de Finanzas, a quien se atribuye la desaparición de al menos 2,300 mdp
del Seguro Popular. Él y otros 14 funcionarios fueron señalados por la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) por omisión y daño patrimonial
en el ejercicio de recursos federales de la Cuenta Pública de 2012.
Las últimas detenciones fueron las de Francisco Valencia García y Javier Nava Soria.
Valencia es señalado por el desvío de 25 mdp de la Comisión
del Agua. Presuntamente, depositó el dinero en cuentas de la Secretaría
de Finanzas bajo la instrucción de Carlos Aguirre Morales,
exsubsecretario de Finanzas, quien se encuentra libre. Está en el penal
de Pacho Viejo, donde permanecerá un año como medida preventiva, según Milenio. Está acusado de peculado, tráfico de influencias y abuso de autoridad.
Nava
Soria fue detenido en España, según reportaron medios este 19 de abril.
Se le identifica como representante legal de una de las empresas
fachada presuntamente usadas por la red de Duarte para desviar recursos
del erario.
Los que tienen fuero
En
el entramado del exgobernador Duarte también hay cinco diputados
federales y uno local, quienes tras su paso por la administración
estatal se postularon para una curul y con ello lograron el beneficio de
la inmunidad procesal o fuero.
Entre ellos se encuentra Alberto
Silva Ramos, exsecretario de Desarrollo Social de Veracruz, entre 2013 y
2014, quien presuntamente firmó 45 contratos con empresas fantasma por
243 mdp. Actualmente es diputado federal por el PRI, cargo del que se
separó temporalmente en 2016 para ocupar la coordinación de Comunicación
Social del gobierno veracruzano. Tiempo después volvió a su asiento.
Otro
exfuncionario que goza de fuero es Tarek Abdala Saad, extesorero de la
Secretaría de Finanzas, quien, de acuerdo con lo mencionado por el juez,
a mediados de 2014 llamó al exsecretario de Seguridad Pública, Arturo
Bermúdez —hoy detenido—, para instruirlo sobre nuevas disposiciones
sobre el manejo de los recursos federales, los cuales serían enviados a
las dependencias estatales y posteriormente devueltos a la Secretaría de
Finanzas o destinados al pago de contratos determinados.
Ante la
resistencia de Bermúdez de acatar la instrucción, Abdalá le habría
respondido que "eran órdenes del gobernador": políticos de oposición y
la propia Fiscalía General de Veracruz han solicitado el desafuero del
diputado federal por el PRI, para que enfrente las acusaciones en su
contra.
También en la Cámara de Diputados está Edgar Spinoso
Carrera, legislador por el PVEM, cuya gestión como oficial mayor de la
Secretaría de Educación estatal fue objeto de observaciones de la ASF
por más de 6,000 mdp, de acuerdo con el portal Animal Político.
El exsecretario de Educación Adolfo Mota Hernández y Noemí Guzmán Lagunes, extitular de Protección Civil, completan la lista de exfuncionarios con una curul en el Palacio Legislativo de San Lázaro, ambos por el PRI.
Otros
exfuncionarios y personajes que han sido vinculados con el caso, y cuyo
paradero se desconoce, son Humberto Benítez Pérez, Zaide del Carmen
Zamudio Corro, Juan Carlos Rodríguez García, Tomás Ruiz González y
Antonio Bandín Ruiz.
Recomendamos: Los delatores de Javier Duarte, según Yunes Linares
No hay comentarios.:
Publicar un comentario