A pesar del contundente fallo dictado por la Corte Suprema provincial
en Tucumán, un nuevo caso revela cómo la salud pública no cumple con las
obligaciones que dicta la ley. Esta vez, la víctima de esa violencia
institucional es una joven de 19 años, denunciada por un médico y
criminalizada por el Ministerio Público Fiscal por presumir un aborto
inducido.
La autopsia reveló que se trató de un aborto espontáneo, por lo cual el
juez ordenó el cese de la medida privativa de su libertad, pero la
causa sigue abierta. Hoy, la abogada integrante de Católicas por el
Derecho a Decidir (CDD) y defensora del caso Belén, Soledad Deza, hará
dos presentaciones para exigir que en esa provincia se cumpla la ley.
El martes pasado una tucumana de 19 años llegó con un aborto en curso
al Hospital del Este Eva Perón, en la ciudad de Banda del Río Salí. De
acuerdo a lo reconstruido por agencia tucumana APA!, se le colocó goteo
para que expulse el feto sin vida de “aproximadamente 22 semanas de
gestación y al mismo le faltaban sus dos extremidades superiores”, según
detalla el acta policial. La chica explicó que durante la mañana sintió
un bulto en su vagina y al tirar de él se dio cuenta que eran los
brazos de un feto, por lo que se dirigió al hospital.
Según fuentes hospitalarias el médico que la atendió, Lucas Carbonell,
la denunció y la ayudante Fiscal de turno, Fernanda Antoni, dio
intervención al médico policial, quien solicitó que la policía se
constituya en el domicilio de la joven, que quedó detenida y con
custodia.
CAUSA ABIERTA
Días después le retiraron la custodia policial, pero la causa no se
cerró. El abogado de la familia, Roberto Vicic, explicó: “Con la
autopsia que se realizó en la morgue, en la justicia se dieron cuenta de
que fue todo de forma natural. Con este informe de los forenses, el
juez Alejandro Tomas ordenó el cese de la medida privativa de la
libertad”.
Y agregó: “Hubo un gran revuelo en el hospital y mucha gente le
aconsejó a la chica que denunciara a uno de los médicos, que decía que
había sido un aborto inducido. Según el argumento de este profesional,
la joven no podía no saber que estaba embarazada, pero lo cierto es que
no es así. Es una muchacha que vive en el campo, que no tiene el acceso a
la información que sí poseen otras chicas y la verdad es que estaba muy
flaquita”.
SECRETO PROFESIONAL
El caso involucra una vez más a un hospital público de Tucumán,
provincia en la cual recientemente la Corte Suprema Provincial absolvió,
por unanimidad y en un fallo histórico, a Belén, joven que estuvo presa
casi 900 días por un aborto espontáneo. En ese fallo se determina que
la violación del secreto profesional es una obligación de todo el
personal dedicado a cuidados médicos. Todos, incluido el médico que
denunció a esta joven.
Dice este fallo: “El deber de guardar el secreto profesional tiene
sólidos fundamentos éticos y jurídicos” y detalla que su violación
implica incurrir en un delito tipificado por el artículo 156 del Código
Penal y, en esa provincia, es violatorio además de la Ley N° 6.952 que
dispone los derechos de las y los pacientes “a que se respete la
intimidad y la confidencialidad”.
Nada de esto ocurrió en este caso.
Soledad Deza, abogada de Belén, integrante de Católicas por el Derecho a
Decidir y de la Mesa por la Libertad de Belén, dijo a lavaca: “Tenemos
que pensar por qué frente a un evento obstétrico adverso interviene la
policía, interviene el Ministerio Fiscal, solo porque hay un quiebre del
secreto profesional. Por un lado, los profesionales de la salud que no
pueden revelar los datos que conocen en el marco de la atención
sanitaria; por otra parte, el Ministerio Público no debe abrir una
causa que es producto de la violación del secreto. Y si está abierta,
debiera archivarla”.
Hoy lunes las organizaciones que conforman la Mesa por la Libertad de
Belén van a realizar dos presentaciones: una ante el Sistema Provincial
de Salud, “alertando sobre esta violación del secreto profesional que
entendemos que en esta provincia es sistemática”, y otra presentación la
harán ante el Ministerio Público Fiscal “porque consideramos que sin la
actuación del Ministerio Público una paciente no tiene una causa
judicial”.
*Texto publicado por el sitio argentino lavaca.org
Imagen retomada del portal Kaos en la Red
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Buenos Aires, Arg .- 
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