FRAGUA
A pesar de lo dicho
múltiples veces en la televisión acerca de los beneficios que traerían
las reformas, en la vida real vemos lo contrario. Desde que subió el
precio de la gasolina hemos visto cómo aumentó el precio de las
tortillas, de diversos alimentos, las tarifas de luz y todavía tenemos
que esperar el próximo aumento al metrobús y al transporte público en
general.
Y ahora con la reforma de salud, que lleva implementándose
gradualmente desde hace tres años, el Secretario de Salud firmó un
convenio donde anuncia con bombo y platillo que próximamente cualquier
persona, derechohabiente o no, podrá atenderse en cualquier unidad del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o de la
Secretaría de Salud, para —dicen— “evitar que se vuelvan ociosos”.
Aunque pareciera bueno que podamos atendernos en cualquier lugar sin
importar si tenemos seguro o no, la propuesta del gobierno es que se
haga bajo un sistema acotado de enfermedades, tal cual ocurre en el
Seguro Popular, con lo que sólo serán atendidas ciertas enfermedades y
se prestarán una cantidad limitada de tratamientos. Además, no se ha
anunciado un aumento al presupuesto asignado a cada institución, ni para
contratar personal nuevo ni para la compra de medicamentos e insumos.
Si en su clínica habitual nunca hay medicinas, tiene que perder todo el
día para pasar a consulta, le dan las citas muy lejanas, siempre está
lleno, con el personal saturado de trabajo y de malas, le suspenden la
cirugía por falta de material, quirófano, cirujano o anestesiólogo,
¿cómo será con esta nueva reforma?
La reforma deja moribunda la
seguridad social: actualmente hay pocos trabajos en los que, además de
IMSS o ISSSTE se tiene derecho a incapacidades, enfermedades y riesgo de
trabajo, guardería, pago de aguinaldo, pago de utilidades y demás cosas
que poco a poco van desapareciendo. Con este nuevo esquema, se limitan
estas prestaciones a la atención médica reducida, dejando el campo
abierto para eliminar de la ley la seguridad social a la cual tenemos
derecho. Por lo pronto ya anunciaron un recorte del 50% del pago en caso
de incapacidades por accidente de trabajo y en general retabular (para
abajo, siempre para abajo) la tabla de riesgos de trabajo.
Mientras tanto el pueblo sigue siendo víctima del bombardeo de los
medios, nos dicen qué debemos pensar y sobre qué debemos preocuparnos:
la bodega de Duarte con los mantras de su esposa, los dimes y diretes de
Yunes y López Obrador, que si Joan Sebastian era pederasta, lo que
Murat y López Dóriga se dijeron, en fin. Todos estos “chismes”, aunque
parecen importantes, tienen la función de mantener entretenida a la
gente para evitar la organización social, ya que aunque es importante
documentar que Murat es un pederasta y homicida, no veremos en las
calles al pueblo organizado defendiendo a este personaje ni al que lo
acusa. Lo que sí debemos mantener visible es que sin importar filiación
política, profesión o nacionalidad, los ricos, los burgueses, nos siguen
pegando, entre otras cosas en el bolsillo, mediante los incrementos de
los precios que solamente benefician a unas cuantas trasnacionales, a
unos cuantos burgueses, como es el caso de todos los gasolineros que
entraron al mercado; nos pegan en las condiciones de trabajo y ahora nos
quieren golpear en la salud, con la privatización del sistema de salud
que, como hemos experimentado con las otras privatizaciones, jamás
beneficia al pueblo.
La única manera de poder revertir esta
situación es con la organización del pueblo bajo un mismo objetivo: la
instauración del socialismo, pues será sólo a través de éste que
tendremos una vida digna.
NOTA:
Este artículo fue
publicado como parte de la sección SALUD del No. 24 de FRAGUA, órgano de
prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP),
Marzo-Abril 2017.
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