Ricardo Ramírez, presidente de la sección instructora de la Cámara Diputados, indicó este viernes en Radio Fórmula que no hay ninguna solicitud para desaforar a cuatro legisladores vinculados con Javier Duarte, y que en el caso del diputado priista Antonio Tarek Abdalá, la solicitud de desafuero será votada el próximo 27 de abril.
En
entrevista, Ramírez detalló que el próximo 27 de abril los cuatro
integrantes de la sección instructora votarán para definir si procede el
desafuero de Tarek Abdalá, solicitado por la Fiscalía de Veracruz, ya
que contra el extesorero que trabajó en la administración de
Duarte –ahora detenido en Guatemala– pesa la acusación de que participó
en el desvío de millones de pesos.
La sección instructora,
órgano legislativo encargado de tramitar las solicitudes de desafuero,
está integrada por Ramírez, del PRI, y por otra priista, Sandra Méndez.
También por Juan Pablo Piña, del PAN, y Omar Ortega, del PRD.
Ramírez explicó a Radio Fórmula
que el próximo 27 de abril podría darse en un inicio un empate en la
votación. Entonces habría una segunda votación, si otra vez hay un
empate, habría una tercera… y si hay empate en ese momento, entonces “ahí queda”, la solicitud de desafuero no pasaría al pleno y no habría votación.
Por
otro lado, si los integrantes de la sección instructora votan en su
mayoría a favor del desafuero, se notificaría de inmediato a la Mesa
Directiva, para que convoque al pleno a votar si Tarek Abdalá pierde la
protección del fuero, como solicitó la Fiscalía de Veracruz, para poder
investigarlo y actuar en su contra con la acusación de que es presunto
responsable por el delito de peculado.
La sección instructora ha
analizado desde enero la solicitud para desaforar a Tarek Abdalá. El
diputado Ramírez dijo que, si avanza en la sección instructora la
petición de desafuero, sí habría tiempo para que se vote en el pleno
antes de que concluya el periodo ordinario, el 30 de abril.
El
ahora diputado federal Antonio Tarek fue tesorero de la Secretaría de
Finanzas de Veracruz, dependencia que autorizó las partidas
presupuestales para pagar los contratos a la red de empresas fantasma de
Javier Duarte por un monto que, según la auditoría local, asciende a
casi 100 millones de pesos.
Tarek es diputado federal por el
distrito 17 de Cosamaloapan, Veracruz desde agosto de 2015 y ha
trabajado en las comisiones de Economía, Juventud y Presupuesto y Cuenta
Pública.
La firma de este diputado aparece en un desplegado
fechado el 22 de septiembre pasado en el que varios legisladores
federales de Veracruz pidieron al presidente Enrique Ochoa del PRI que
no se sancionará a Duarte, detenido en Guatemala.
La solicitud de desafuero de la Fiscalía de Veracruz
es para investigarlo y que responda sobre su presunta relación con el
desvío de recursos del Seguro Popular y la presunta compra de
medicamentos clonados.
El
legislador Ricardo Ramírez informó que no hay ninguna petición o
solicitud de alguna instancia para desaforar a otros cuatro legisladores
vinculados con la red de Javier Duarte y actividades ilegales, tres del
PRI y uno del Partido Verde:
Ellos son:
Adolfo Mota Hernández (PRI):
Era
secretario de Educación del estado de Veracruz en el periodo en que esa
dependencia concedió por lo menos siete contratos por casi 325 millones
de pesos a compañías hoy inhabilitadas por el SAT; todos esos contratos
se concedieron vía adjudicación directa sin competencia.
Noemí Guzmán Lagunes (PRI):
Encabezó
la Secretaría de Protección Civil en el periodo en que esta dependencia
concedió nueve contratos por casi 30 millones de pesos a la red de
empresas fantasma; también se entregaron de manera directa.
Alberto Silva (PRI):
Silva
era el secretario de Desarrollo Social de Veracruz cuando esta
dependencia concedió al menos 45 contratos por 243 millones de pesos,
mediante licitaciones cerradas en la que se fraccionaron montos de
contratos para que les permitiera no convocar a licitaciones públicas.
Empresas de la misma red “compitieron” entre ellas.
Édgar Spinoso Carrera (PVEM):
Bajo
su gestión como Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz
se firmaron contratos con empresas fantasma, y su firma aparece en los
documentos.
En su gestión como Oficial Mayor, la Auditoría
Superior de la Federación detectó el posible desvío de más de seis mil
millones de pesos de recursos federales destinados para apoyar la
educación. Además fue denunciado por el ahora gobernador, Miguel Ángel
Yúnes, de pertenecer a una red de prestanombres de Javier Duarte.
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