animalpolitico.comPor Nayeli Roldán (@nayaroldan)
Funcionarios que trabajaron con Javier Duarte en el gobierno de
Veracruz, acusados de ser sus cómplices en actividades ilegales, están
libres y algunos son diputados.
Javier
Duarte, exgobernador de Veracruz recién capturado en Guatemala, no
actúo solo para presuntamente desviar cientos de millones de pesos del
erario. Una red de funcionarios ubicados en distintos puestos públicos
en Veracruz le permitió o le ayudó a cometer los delitos de los que se
le acusa.
Mientras que el sábado 15 de abril Duarte de Ochoa fue
detenido en Guatemala y enfrentará un proceso de extradición para ser
juzgado en México, la mayoría de sus presuntos cómplices están libres, e
incluso tienen fuero.
Como gobernador de Veracruz –el tercer estado
con mayor población en el país y un presupuesto estatal superior a 100
mil millones de pesos anuales– Duarte puso en puestos clave a operadores
que facilitaron la constitución, operación y entrega de contratos
públicos a empresas fantasma.
La Procuraduría General de la
República (PGR) investiga a Javier Duarte por los crímenes de
delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia
ilícita. Y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó que el
desvío de recursos federales sólo de 2011 a 2014 podría ascender a más
de 60 mil millones de pesos, lo que considera como irregularidades
“históricas”.
Para lograr estos desvíos millonarios, varios funcionarios del círculo más cercano a Duarte fueron fundamentales.
Antonio
Tarek Abdalá fue tesorero de la Secretaría de Finanzas de Veracruz, una
de las posiciones más importantes en cualquier administración, toda vez
que se encarga de recibir y distribuir el presupuesto estatal.
Entre
2012 y 2015 se encargó de las finanzas locales, justo en el periodo en
que la administración de Duarte entregó contratos a empresas fantasma
que nunca entregaron los productos por los que se pagó.
Sin
embargo, al dejar el cargo, el PRI lo hizo diputado federal
plurinominal. Aunque enfrenta un proceso de desafuero por una solicitud
del fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, quien lo acusa del desvío de 23
mil millones de pesos, Antonio Tarek Abdalá aún goza de fuero. A él lo
investiga la Fiscalía de Veracruz, pero no está en la lista de
implicados de la PGR.
Adolfo Mota Hernández es otro diputado federal del PRI en la actual legislatura y, por tanto, también tiene fuero.
Fue
secretario de Educación en Veracruz en la administración de Duarte,
cuando dicha dependencia entregó casi 325 millones de pesos a compañías
fantasma que ya fueron inhabilitadas por el Servicio de Administración
Tributaria (SAT).
Edgar Spinoso Carrera es diputado federal del
Partido Verde Ecologista de México, que ha ido en alianza con el PRI
tanto en elecciones como en trabajo legislativo. Fue oficial mayor de la
Secretaría de Educación de Veracruz. Es decir, se encargaba de la
administración del presupuesto de la dependencia. En ese puesto avaló
los contratos concedidos por la dependencia a empresas fantasma.
La
Auditoría Superior de la Federación detectó el posible desvío de más de
seis mil millones de pesos de recursos federales destinados para apoyar
la educación en el estado.
Noemí Guzmán Lagunes encabezó la
Secretaría de Protección Civil en Veracruz de 2010 a 2015. Durante su
administración, la dependencia entregó nueve contratos por casi 30
millones de pesos a la red de empresas fantasma. Actualmente tiene fuero
como diputada federal del PRI, también por mayoría relativa.
Alberto
Silva Ramos representa al PRI como diputado federal por mayoría
relativa. Fue secretario de Desarrollo Social de Veracruz y en su
administración la dependencia hizo contratos por 243 millones de pesos
con empresas fantasma. Al dejar la dependencia asumió la coordinación
general del Comunicación Social del gobierno de Duarte y en 2015 también
fue presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz.
Vicente
Benítez González goza de fuero, pero a nivel local. Es diputado en el
Congreso de Veracruz representando al Partido Nueva Alianza. Fue
colaborador de Duarte en 2009, cuando este fue diputado federal. También
fue tesorero en la Secretaría de Finanzas en la administración de
Duarte, pero en 2012 renunció al cargo luego de que la Policía Federal
decomisó 25 millones de pesos en efectivo a dos funcionarios estatales
que no pudieron explicar el origen y destino del dinero.
En marzo
de 2014 Benítez regresó a la administración pública estatal, como
Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, para relevar a
Edgar Spinoso.
Priistas, unos perdonados y otros perseguidos
Aunque
el PRI a través de su presidente nacional, Enrique Ochoa, ha intentado
desmarcarse de Javier Duarte, quien fue expulsado del partido, los
legisladores antes mencionados por la entrega de contratos para desviar
recursos públicos siguen siendo priistas, y ocupando curules del partido
en la Cámara de Diputados.
En septiembre pasado el PRI hizo
público el proceso para suspender los derechos partidistas de Duarte y
otros seis presuntos implicados en el desvío de recursos, pero ninguno
fue titular de dependencia ni con carrera dentro del partido.
Entre
ellos están Daniel Cordero Gálvez, quien fue el notario que dio fe de
la constitución de tres empresas fantasma entre 2012 y 2013. El notario
Israel Ramos Mange avaló la constitución de otra empresa en 2011.
Otro
quien perdió derechos partidistas fue Juan Carlos Rodríguez García,
exdirector jurídico de Sedesol de Veracruz, quien firmó todos los
contratos que la dependencia dio a empresas fantasma mediante
adjudicaciones directas y licitaciones cerradas.
Arturo Bermúdez
Zurita fue secretario de seguridad pública de Veracruz y muy cercano a
Duarte. El pasado 4 de agosto renunció a su cargo para esclarecer el
origen de su patrimonio personal y las acusaciones en su contra por
enriquecimiento ilícito.
El exsecretario de Finanzas de Veracruz,
José Antonio Chara Mansur Beltrán, es otro de los funcionarios
suspendidos del PRI. Renunció a su cargo el pasado 29 de agosto, luego
que el diario Reforma diera a conocer que poseía por lo menos 16 propiedades con un valor de 6.7 millones de dólares en Texas.
Gabriel
Deantes Ramos, exsecretario del Trabajo y ex subsecretario de la
Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Veracruz, es acusado
de enriquecimiento ilícito pero está amparado para evitar ser detenido.
La PGR tiene una lista corta
Aunque
las investigaciones incluyen a los funcionarios y legisladores antes
mencionados, la lista de implicados que persigue la PGR es más corta y
considera a Javier Duarte como el principal beneficiado del presunto
desvío de recursos públicos
Otro de los investigados es Moisés
Mansur Cysneiros, un empresario veracruzano que, según denuncias
presentadas en la Procuraduría, constituyó empresas inmobiliarias
fachada para filtrar los recursos públicos en inversiones
en ese ramo en Estados Unidos.
en ese ramo en Estados Unidos.
Juan José Janeiro Rodríguez y Rafael Gerardo Rosas Bocardo habrían invertido
el dinero en un rancho en Las Mesas, en una operación que involucró más
de cinco millones de pesos, cuyo origen no está confirmado.
el dinero en un rancho en Las Mesas, en una operación que involucró más
de cinco millones de pesos, cuyo origen no está confirmado.
La
lista la completan cinco personas que habrían colaborado como
accionistas, contadores o representantes legales para desviar recursos
públicos e invertirlos
mediante firmas fantasma. Se trata de Santa Bartolo Acuña, Miguel
Velásquez Nieva, las hermanas Nadia Isabel y Elia Arzate Peralta, y
Javier Nava Soria.
mediante firmas fantasma. Se trata de Santa Bartolo Acuña, Miguel
Velásquez Nieva, las hermanas Nadia Isabel y Elia Arzate Peralta, y
Javier Nava Soria.
De todos los implicados en esta red de desvíos,
sólo dos mujeres que participaron como accionistas o representantes
legales de las empresas fantasma fueron sentenciadas hasta ahora a tres
años de prisión, acusadas de lavado de dinero.
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