Miguel Ángel Montoya*
La iniciativa presentada por
el senador Martí Batres el pasado 6 de septiembre presume estar
destinada a revertir y frenar el proceso de privatización del agua en
México. Nada más lejano a esa afirmación. Da la impresión que fue
redactada con el fin de lograr un gran efecto mediático pero no un
dictamen favorable, que de lograrlo no cambiará el estado de la gestión
del agua en nuestro país.
El contenido más llamativo de su propuesta es haber adicionado un
párrafo segundo al artículo cuarto de la Ley de Aguas Nacionales (LAN)
para prohibir
que un particular realice actos de administración y comercialización del servicio de agua potable, lo que generó muestras de simpatía en las redes sociales y concitó el aplauso fácil e inmediato de algunas organizaciones. Entusiasmo entendible, ya que la privatización del servicio público de suministro es el aspecto más visible de la privatización y el que más rechazo social ha generado, ya que los hogares se enfrentan a súbitas alzas en las tarifas y cortes indiscriminados en el suministro, al tiempo que la calidad del servicio y la dotación de infraestructura no se incrementan.
Si se tratara de un acto tan sencillo como enunciar la prohibición
desde un artículo aislado de la LAN, desde hace muchísimo se hubieran
presentado no una, sino decenas de iniciativas en ese sentido. Si no se
ha hecho es porque simple y sencillamente la LAN nada tiene que ver con
el servicio público de suministro de agua. La materia legislativa es el
artículo 115, cuya reforma en 1984 otorgó la atribución a los
ayuntamientos –y en su caso a los estados– para la prestación de este
servicio y abrió la posibilidad de que los congresos de los estados
determinaran en las leyes locales que el servicio pudiera ser operado
por privados. De llevarse a cabo la reforma propuesta, de inmediato
provocaría una acción de inconstitucionalidad.
Lo que sí es materia de la LAN es el modelo concesional por el que se
entrega el agua a los agentes privados sin más intermediario que la
propia Conagua. Bajo este esquema los particulares tienen acceso a la
explotación de las aguas superficiales y subterráneas de manera
irrestricta hasta por 30 años con prórrogas por el mismo lapso de
tiempo, pueden además transferir sus concesiones y cambiar el uso al que
originalmente están destinadas.
En la iniciativa es clara la intención de no trastocar este modelo
concesional y, por ende, no afectar los grandes intereses en el sector.
Así, Grupo México podría seguir contaminando los ríos de Sonora sin que
se le revoquen las concesiones; las mineras canadienses de Carlos Slim,
Alberto Baillères y del propio Germán Larrea podrán seguir acaparando el
agua en zonas de baja disponibilidad; las nuevas empresas petroleras
mexicanas y extranjeras seguirán apuntando hacia el fracking;
las nuevas empresas generadoras de energía eléctrica seguirán utilizando
millones de metros cúbicos agua de primer uso para enfriar sus
reactores y las empresas refresqueras y cerveceras seguirán concentrando
las concesiones de agua en detrimento del uso público y agrícola
generando severos conflictos como los que se han presentado en los
tiempos recientes en Baja California y Chiapas.
No se trata de prohibir las concesiones, sino de transformar a fondo
este modelo, que es la base de la privatización profunda del agua en
México. De querer en verdad hacerlo, la iniciativa debió reformar cinco
títulos, 18 capítulos y por lo menos 96 artículos de la LAN. Pero el
senador decidió tomar un atajo estableciendo que el director de Conagua
no pueda otorgar concesiones, lo cual no altera en nada el estado de
cosas, ya que en la actualidad las concesiones de agua se otorgan por
medio de los 13 Organismos de Cuenca establecidos a lo largo del país.
Se trata, pues, de taparle el ojo al macho.
El aspecto donde la iniciativa apunta con mayor solidez es para
anular la reforma foxista de 2004 por la que se estableció que privados
pueden construir, operar y mantener infraestructura hidráulica federal.
Muy bien, aunque resulta que en la actualidad sólo el Acueducto
Independencia en Sonora trabaja bajo este esquema y –de concluirse– la
polémica presa Zapotillo operaría bajo esa misma modalidad. Estos
procesos no pueden revertirse pero estos cambios evitarían que
infraestructura estratégica termine bajo el control de particulares. Sin
embargo es tal la impericia con la que ha sido redactada esta propuesta
que llega al extremo de impedir contratos y licitaciones, los cuales
son necesarios para construir cualquier obra.
Con su propuesta pirotécnica el senador Batres ha incurrido en el
mismo desacato en el que incurrieron los senadores y diputados de las
dos anteriores legislaturas ignorando la obligación constitucional de
expedir una Ley General de Aguas. No obstante, su iniciativa posee la
innegable virtud de mandar un mensaje político claro y contundente en
contra de la privatización del agua. Asunto relevante considerando que
el mensaje proviene desde la presidencia del Senado de la República.
* Consultor político y desde 2006 asesor parlamentario
especializado en materia de gestión integral del agua; como tal
participó activamente tras las discusiones y redacción de la reforma que
plasmó el derecho al acceso al agua y al saneamiento en nuestra
Constitución.
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