La ASF detectó en la
gestión de Duarte presuntos desvíos o peculados por 60 mil mdp, pero la
condena en su contra es sólo por un desvío de mil 650 mdp, por lo que
PGR todavía debe asegurar más bienes y cuentas bancarias, señaló Jorge
Lara.
La condena de 9 años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa que se le impuso un juez al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, no
abarca la totalidad de los presuntos desvíos que se registraron durante
su administración y que suman 60 mil millones de pesos, afirmó el ex encargado de despacho de la PGR, Jorge Lara.
Especialista en lavado de dinero, Lara Rivera destacó que la condena penal contra Duarte de Ochoa es solo por un desvío de 1,650 millones de pesos detectado durante su gestión, por lo que es necesario “realizar una autopsia forense” de todos sus ingresos y bienes para recuperar más inmuebles de su red de negocios y prestanombres.
Agregó que la “autopsia” también se le debe practicar a la
investigación realizada por la Procuraduría General de la República
(PGR), debido a que los fiscales del caso no han explicado qué
va a pasar con la red de 30 empresas fachada usadas en operaciones
irregulares y con las más de 90 propiedades que presuntamente se le han
detectado a Javier Duarte de Ochoa, su familia y sus prestanombres.
Recordó que la cifra de 60 mil millones de pesos que presuntamente se desviaron son las irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó en el gobierno del ex mandatario de Veracruz, por lo que PGR tiene que transparentar su actuación de frente a la sociedad.
El ex subprocurador Jurídico de la PGR añadió que aún cuando es
positivo que Javier Duarte haya reconocido su responsabilidad penal como
lavador de dinero ante un juez federal, también es cierto que la
condena que se le impuso es muy baja y que podrá recuperar su libertad
cuando haya cumplido la mitad de su sanción en la cárcel, gracias a los beneficios que se le concedieron en el acuerdo de procedimiento abreviado.
En este marco, pidió a la PGR explicar el criterio y la negociación que llevó a los fiscales de esa dependencia a intercambiar el delito de delincuencia organizada que le imputaba a Duarte por el de asociación delictuosa, modificación que le permitirá al ex gobernador solicitar su libertad condicionada en un plazo máximo de tres años.
Los tres años que le faltan, sumados al año y medio que lleva en la
cárcel tras su detención en Guatemala, permiten adelantar que el ex
gobernador podría recuperar su libertad en 2021, situación que
hubiera sido imposible si la PGR hubiera mantenido la imputación por
delincuencia organizada.
Jorge Lara Rivera dijo que conforme al artículo 137 de la Ley de Ejecución de Sanciones, si Javier Duarte de Ochoa hubiera sido acusado de delincuencia organizada, delito que se castiga hasta con 15 años de prisión, el ex gobernador no hubiera tenido acceso al beneficio de la libertad anticipada.
El ex encargado de despacho de la PGR en la administración de Felipe Calderón también lamentó que el gobierno de Enrique Peña Nieto se niegue a aplicar la Ley de Extinción de Dominio en casos complejos de corrupción política como el de Javier Duarte.
Por último, consideró que la defensa del ex gobernador no puede impugnar la sentencia,
puesto que ya existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) en la que se advierte que si el imputado acepta su
responsabilidad penal en un delito, simplemente no procede el amparo
para revertir el fallo judicial.
Ve la entrevista completa:
No hay comentarios.:
Publicar un comentario