La esperanza de las familias
Rosa
tiene días yendo al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF)
porque piensa que entre los cadáveres apilados en cajas de tráiler puede
estar su hermana Wendy, de 20 años, y la busca ella sola porque su
madre sigue devastada por la pérdida de su hija. En su visita del
viernes 21 de septiembre coincide con una protesta de familias de
desaparecidos de ocho estados que al igual que ella buscan si entre esos
cadáveres está uno de los suyos. Rosa se acerca con unas madres a
pedirles ayuda: no sabe dónde más buscar a Wendy porque una vidente le
dijo que los hombres armados que se la llevaron de su casa en Colinas de
Huentitán, la torturaron y mataron el mismo día, hace dos meses.
–No, corazón, no puedes creer en eso, si los videntes supieran dónde
están nuestros desaparecidos, ya sabríamos dónde están todos. No crean
en eso, pensar que está en ese camión daña mucho a tu familia, tienen
que seguir buscándola, acuérdate que esas personas lucran con nuestro
dolor. Venimos (al Semefo) porque tenemos la responsabilidad de
asegurarnos que no estén aquí, de descartar posibilidades, tú no dejes
de buscarla viva– responde Sonia que tiene un hijo desaparecido.
Rosa se agarra de la reja, ladea su cabeza e insiste que la vidente
no les cobró y que el hijo de Wendy, de seis años, repite “mi mamá ya se
murió”, como si presintiera algo. Las dos madres del colectivo Familias
Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ) le piden su teléfono
para tratar de ayudarla, ella no tiene celular pero les da el contacto
de su mamá.
El día que se llevaron a Wendy, Rosa salió a buscar trabajo, dejó en
casa a sus dos hijos, a su sobrino y a su hermana que padece
esquizofrenia. El niño de Rosa le daba de comer a su tía cuando se
metieron hombres armados, se la llevaron arrastrando, a gritos; los
niños se escondieron debajo de todas las cobijas que encontraron.
Ellos son los únicos testigos. Los vecinos prefirieron callar.
En la misma reja donde Rosa posa su cabeza, cuelgan pancartas de
desaparecidos y cartulinas escritas a mano por los familiares de
desaparecidos: “No soy basura, tengo nombre”, “No son basura, son
nuestros hijos”.
La segunda semana de septiembre comenzó a circular en las redes
sociales la imagen de un camión con cadáveres atascado detrás de una
zona habitacional y videos de vecinos inconformes. El gobierno de
Jalisco aclaró que eran los cuerpos no identificados bajo su resguardo,
que no tenían refrigeradores ni panteones dónde colocarlos. El tráiler
se rentó hace dos años, estuvo en el patio del IJCF, hasta el 31 de
agosto pasado que se trasladó a una bodega en la colonia La Duraznera,
en Tlaquepaque.
Por quejas de los vecinos, la alcaldesa clausuró el sitio por falta
de licencias. El camión regresó el 14 de septiembre a la bodega de
evidencias de la Fiscalía, pero no cabía, intentaron desoldar una viga,
pero no pudieron porque llovía. El proveedor de La Duraznera les prestó
otro predio en Tlajomulco, el camión se atascó y otra vez los vecinos se
quejaron. El 15 de septiembre logran meterlo a la bodega de evidencias y
el 17 de septiembre regresó al IJCF y ahí se filtró la última imagen
del camión abierto, con cuerpos en bolsas de plástico, escurriendo
sangre y líquidos, y un trabajador caminando sobre ellos.
Las familias de desaparecidos en México han visto cadáveres,
fragmentos de restos óseos, fosas, conocen cientos de historias de
terror, pero la noticia del tráiler es otra forma de torturarlos, porque
pueden ver las dimensiones espaciales de 273 cuerpos apilados, porque
ahí imaginan a los suyos, amontonados como “reses para carnicería”,
aplastados, fracturados, maltratados.
Son cuerpos que -en los casos de muertes violentas- ya fueron
rescatados de sus victimarios y el gobierno tiene la obligación de
identificar y regresar a sus familias. Pero las autoridades jaliscienses
prefirieron no resolver el problema del panteón forense.
El gobernador Aristóteles Sandoval declaró el 19 de septiembre pasado
que no estaba enterado de la situación de los cuerpos, de su
acumulación y su traslado. Su solución a la crisis fue destituir al
titular del IJCF, Luis Octavio Cotero Bernal y al fiscal Raúl Sánchez
Jiménez. Sin embargo, el Diario NTR publicó el 22 de septiembre pasado
una minuta de la junta de gobierno del IJCF del 31 de mayo de este año,
donde se aborda el problema de la saturación de cadáveres y que está
firmada por la Secretaría General de Gobierno.
En Jalisco, de 1997 al 11 de junio de 2015, la autoridad forense
incineró 2 mil 754 cuerpos no identificados. Esta práctica tuvo que
detenerse por la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal y
la Ley General de Víctimas que obligan la preservación de los cuerpos no
identificados, y porque las familias de desaparecidos comenzaron a
protestar.
El titular del IJCF en 2014, Marco Antonio Cuevas Contreras,
declaraba desde ese año que ya planeaban construir un panteón forense en
un terreno del municipio de Magdalena, pero se canceló porque, dijeron
las autoridades, la población lo rechazó. De ahí buscaron en varios
lugares, el último, en Tonalá, donde la justificación para no
construirlo fue la misma: rechazo de los vecinos. Por todo lo anterior,
es difícil que Aristóteles Sandoval no estuviera enterado.
Y aún así, el problema anterior al resguardo es por qué no se están
identificando cientos de cadáveres. Por ello las familias de
desaparecidos exigen: “si injustamente los llevaron, que dignamente los
regresen”, que se traduce en clasificación, resguardo digno e
identificación de los cuerpos.
NI UN IDENTIFICADO
Los adornos de la bandera mexicana que se deslizan por las columnas y
ventanas del edificio de Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses
(IJCF) de Jalisco para conmemorar los festejos patrios contrastan con un
país que tiene miles de desaparecidos y la imagen de miles de ocho
estados que protestan por la forma en que se trata a las personas no
identificadas.
El viernes 21 de septiembre, familias de Nayarit, Sinaloa, Veracruz,
Querétaro, Michoacán, Estado de México y Jalisco exigen ver los más de
300 cuerpos apilados en dos cajas de tráiler; el olor que emanan los
cadáveres en descomposición hace que muchos tengan que usar tapabocas.
Fidelina Benítez Hinojosa, de Tepic, se trasladó a Guadalajara porque
desde que vio la imagen del camión no puede dormir por pensar que su
hija Aimée Guadalupe Arellano Benítez pueda estar ahí, “vean cómo los
están pisando, no se merecen eso, si fueran sus hijos no los tendrían
así, ellos cobran un sueldo, no se vale que los tengan así, sabrá Dios
cuántos más estén por ahí desaparecidos en fosas, pero no se me hace
justo que a los que ya encontraron los tengan ahí en tráileres, las
imágenes no engañan, exigimos las pruebas, que nos digan quiénes son. Yo
sacaré a mi hija de donde esté, que nos digan el nombre de todos,
porque tienen una familia que los busca y merecemos justicia, es lo que
queremos”.
Entre los gritos de protesta se escuchaba la de Juan Antonio Vázquez,
padre de Margarita Vázquez, una joven estilista de 23 años desaparecida
en Querétaro hace seis años. Viajó a Guadalajara porque le parece una
aberración el tráiler con cadáveres, “me recuerda a los campos de
concentración”. En su colectivo luchan contra la indolencia de las
autoridades de Querétaro que no reconocen desaparecidos ni fosas en la
entidad.
Cerca de medio día, representantes de cada colectivo pasaron a una
mesa de diálogo con autoridades estatales y federales; el gobierno
estatal aprovechó las diferencias personales para sacar de la reunión a
representantes de dos colectivos de Jalisco, abonando a su estrategia de
dividir para debilitar la lucha de todas las familias.
DE CINCO EN CINCO
Las familias comenzaron a hacer fila en pequeños grupos para pasar a
ver si entre los cuerpos no identificados del IJCF podía estar alguno de
los desaparecidos. Ahí les dijeron que tenían 444 cuerpos sin fichas
para la identificación, 362 con las fichas completas y 344 expedientes
de cuerpos incinerados (cifra dudosa considerando que en 18 años
cremaron casi tres mil cuerpos). De cualquier manera, las autoridades de
Jalisco difieren en las cifras cada que declaran, quitan y ponen
cuerpos como si se tratara de objetos.
Berenice Tapia, del Colectivo Familiares Unidos por Nayarit, busca a
su padre desde septiembre de 2017. Fue de las primeras en pasar. Salió
desconcertada porque no pudo ver fotos, prendas o registros relacionados
con los cuerpos. Berenice describió a su papá sin los dos dientes
delanteros. La mujer que la atendió le dijo que no apareció ninguna
coincidencia, y Berenice piensa que no es suficiente para buscar: “Yo no
sé en qué estado dejaron a mi papá, yo solo sé que le faltaban dos
dientes, pero si tiene otros rasgos que ahora yo no sé, o si lo
clasificaron mal y por eso no aparece”.
Ella es madre de dos hijos, sonríe con vergüenza al decir que a veces
los descuida por buscar todos los días a su papá. Lo hace sola porque
nadie de su familia se une a la búsqueda: “No me importa quedar bien con
ellos (su familia). Si ellos no lo quieren hacer, yo no los voy a
obligar ¿verdad? A cada quien le nace hacer lo que quiere. Obviamente es
mi papá y ni modo de dejarlo ahí en el olvido (…) ahorita mi esperanza
de que esté con vida es muy remota, yo siento que no, pero al menos
quiero encontrarlo, sepultarlo y saber dónde quedó. No es posible que
nunca vaya a saber nada”.
La madrugada del 7 de septiembre de 2017 un comando ingresó con un
marro a la casa de su papá, derribaron la puerta y se lo llevaron a
rastras según el testimonio de su pareja y vecinos, que vieron cómo lo
montaban en una camioneta blanca de la Fiscalía de Nayarit; sin embargo,
el delito no quedó tipificado como desaparición forzada.
“A mi papá le gustaba consumir drogas”, dice Berenice sin empacho al
explicar que atribuye su desaparición a la disputa territorial entre
grupos delictivos, después de la detención del ex fiscal de Nayarit,
Edgar Veytia, en Estados Unidos en marzo de 2017, señalado por vínculos
con grupos del narcotráfico. “En ese tiempo se habló mucho de que
estaban levantando vendedores, consumidores, de todo parejo. Porque, por
ejemplo, si había dos cárteles y se estaban disputando y mi papá le
compraba al que no debía de comprarle (…) estaban levantando parejo:
consumidores, vendedores, de todo. Yo me imagino que eso fue”, intuye
Berenice.
EXHUMACIONES SIN PROTOCOLO
Berenice dejó de buscar en la fiscalía de Nayarit, también en
Ciencias forenses, porque cada vez que iba las autoridades nayaritas le
negaban el acceso a ver los cuerpos y no agilizaban ninguna
investigación. Por eso decidió unirse a las brigadas de búsqueda en su
estado que desde enero de 2018 han encontrado cinco fosas con alrededor
de 60 cuerpos de los que sólo 5 han sido identificados y entregados a
sus familiares.
“Los esconden en los cañaverales, en terrenos lejos de todo”, comenta
la joven al recordar cómo fue que caminó la primera vez durante casi
cuatro horas buscando entre cañas, preguntándole a los dueños de
parcelas si habían visto algo. Ése día encontraron algunas partes de
cuerpos, luego llamaron a las autoridades. Tardaron casi 6 horas en
llegar, ya era de noche, sacaron 9 cuerpos a jalones.
“Era un total desastre. Todavía no salían bien los cuerpos y los
jalaban y un cuerpo en ese estado pues se desprende; hicieron un
cochinero la verdad. A raíz de esa fosa encontramos otra a 100 metros.
En una fosa había 18 cuerpos y en otra 6 cuerpos (… ) Ése trabajo de
exhumación también lo realizó la Fiscalía pero fue un total desastre,
sacaron puras partes, revolvieron todo, por eso a la fecha no se han
identificado esos cuerpos”.
De la búsqueda en campo pasan a la identificación y ese es un proceso más largo.
De las primeras pruebas de ADN que aplicó la Fiscalía, no hubo ningún
avance. Las segundas quedaron a cargo de la Policía Federal y siguen a
la espera de sus resultados. Pero esperar se ha vuelto un deporte de
largo aliento, a Berenice le angustia el tiempo, le gustaría que las
pruebas de ADN ya estuvieran listas y su confronta se hiciera en semanas
y no meses.
Hace cálculo y cree que en el fondo el olvido de los desaparecidos
viene por el tiempo que tardan en identificarlos: “Nos desesperamos
porque hay que sumar el tiempo en que los encontramos y luego del tiempo
que ya tenían entregados, y eso es ya mucho tiempo. ¿Hasta cuándo van a
llegar las resultados? Faltan muchos. Pero no podemos hacer nada,
esperar nada más, esperar y esperar”.
En el Colectivo Familiares Unidos por Nayarit la mayoría de las que
buscan son mujeres. Hace poco hicieron una rifa y cooperaron para
comprar una camionetita que sirve para moverse en sus traslados, también
aportan para comprar material y herramientas para sus búsquedas en
campo. “Se supone que está una institución como la CEAV (Comisión
Estatal de Atención a Víctimas) y ya está el comisionado, pero todavía
no hace nada, todo se quedó en nombramiento, nosotros seguimos por
nuestra cuenta, no vamos a esperar”.
A REVISIÓN, FORENSES DE TODO EL PAÍS
La protesta concluyó el mismo viernes sin lograr la identificación de
ninguna persona y sin que las familias pudieran ver los cuerpos
apilados en las cajas de camiones. El gobierno de Jalisco se comprometió
a crear la Comisión para el Acompañamiento y Observación del Proceso de
Identificación, que tiene como finalidad dar nombre a cada cuerpo y que
regresen dignamente a su hogar. Ante lo ocurrido en Jalisco, la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas anunció que harán un
diagnóstico de los servicios forenses en otros estados, muchos de ellos
con menor presupuesto, equipo y autonomía que el de Jalisco.
Por ahora ningún cuerpo ha regresado a casa, los perfiles genéticos
de los familiares no pueden cotejarse con los de los cadáveres a menos
que lo solicite un agente del Ministerio Público, todo sigue en promesas
de funcionarios y sin estrategias para detener las desapariciones.
*Este aticulo fue tomado por el portal Cosecha Roja
Imagen retomada del portal Cosecha Roja |Foto: Alejandra Guillén
Por: Paloma Robles y Alejandra Guillén*
Cimacnoticias | Buenos Aires, Arg .-
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