A 4 años del ataque en Iguala
A cuatro años de los ataques contra los normalistas de
Ayotzinapa, no ha sido sentenciado ninguno de los detenidos por el
llamado caso Iguala. De ellos, 69 están relacionados directamente con la
privación ilegal de la libertad y posterior desaparición de los 43
estudiantes. Además, desde mayo de 2016 la Procuraduría General de la
República (PGR) no ha difundido nuevas versiones públicas del avance de
las indagatorias.
Las últimas actuaciones que se dieron a conocer de manera pública,
con la mayor parte de su contenido testado (ocultados o tachonados) para
no revelar datos personales de las personas investigadas, fue en mayo
de 2016, cuando la titular de la PGR era Arely Gómez González. Fueron
cinco tomos integrados por los expedientes profesionales e información
personal de cada uno de los 21 elementos de la Policía Federal que el 26
de septiembre de 2014 estuvieron adscritos a la comandancia del
municipio de Iguala.
El Ministerio Público Federal no ha integrado en un solo juzgado los
más de ocho expedientes consignados ante jueces de distrito, y los
inculpados han tenido que comparecer a través de videoconferencia ante
instancias judiciales en los estados de Nayarit, Morelos y
principalmente Tamaulipas.
Asimismo, indicaron funcionarios de la PGR, están en curso diversos
juicios de amparo contra los autos de formal prisión, solicitados en
algunos casos por grupos de 15 o más de los presuntos involucrados, por
lo que los procesos penales no han pasado a la etapa de presentación de
pruebas.
En ese contexto, tribunales con sede en Tamaulipas han ordenado la
creación de una comisión de la verdad para el caso Iguala y que se
atiendan todas las omisiones que ha cometido la PGR durante sus
indagatorias, y aunque el Ministerio Público Federal presentó recursos
de revisión –incluso solicitó la intervención de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación para analizar la viabilidad jurídica y material
para la integración de esta comisión–, la PGR perdió ya de manera
definitiva todos sus recursos y un tribunal colegiado señaló que sí es
viable la decisión judicial.
Durante estos cuatro años, en los que la PGR ha estado encabezada por
tres titulares del Ministerio Público Federal –Jesús Murillo Karam,
Arely Gómez y Raúl Cervantes Andrade–, no se ha avanzado en la
localización de fosas clandestinas en las cuales pudieran haber sido
inhumados los 43 normalistas, y hasta el momento se mantiene ante los
tribunales la llamada
verdad históricaque se construyó durante la gestión de Murillo Karam, y de la cual han surgido denuncias de más de 100 casos de tortura, detenciones ilegales y hasta la realización indebida de diligencias.
En este último caso se encuentra la investigación que derivó en un
expediente de tipo administrativo en contra del ex titular de la Agencia
de Investigación Criminal Tomás Zerón de Lucio, luego de que los
integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
detectaron que se realizaron diligencias en el río Cocula trasladando a
un detenido sin la debida autorización de un agente del Ministerio
Público y sin la presencia de su abogado, y de ellas se obtuvo como
resultado la localización de miles de restos óseos que, según la PGR,
corresponden a la incineración de los 43 normalistas en el basurero
municipal de Cocula.
Gustavo Castillo y Emir Olivares
Periódico La Jornada
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