Por omisión en
los mecanismos regulatorios para el uso de transgénicos en el país,
Greenpeace México exige el cambio de los funcionarios Enrique Sánchez
Cruz, director en jefe del Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasica), y Rocío del Carmen Alatorre, comisionada de
Evidencia y Manejo de Riesgos de la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Según la organización, ambos “han
seguido un patrón sistemático de actos y omisiones que ha debilitado el
marco de bioseguridad de los organismos genéticamente modificados,
también conocidos como transgénicos; tampoco han tomado medidas para
evitar el pésimo manejo y gestión de los plaguicidas altamente
peligrosos en México, entre ellos los insecticidas conocidos como
neonicotinoides, que en otros países han sido prohibidos por el daño que
causan a las abejas y otros polinizadores”.
Y es que Enrique Sánchez Cruz se ha
mantenido en su puesto por 3 sexenios, mientras que Rocío del Carmen
Alatorre ha fungido como comisionada de la Cofepris “al menos desde
2007”, precisa a Contralínea María Colín, campañista legal de la
organización medioambientalista.
Para la activista, la permanencia de los
funcionarios “impediría” la promesa del presidente electo Andrés Manuel
López Obrador de instrumentar eficazmente una política que protega al
maíz nativo, y con ello evitar la inserción y siembra de transgénicos en
los cultivos mexicanos.
Según un comunicado de Greenpeace, “en
materia de bioseguridad de organismos genéticamente modificados
prevalecen nulos, escasos o insuficientes mecanismos de inspección y
vigilancia por parte del Senasica, así como laxitud en la aplicación de
sanciones penales y administrativas, tanto a funcionarios que se
abstienen de aplicar la ley como a aquellos que la emplean a modo, o a
los agricultores que han admitido sembrar cultivos transgénicos de
manera ilegal; y nulas investigaciones a casas semilleras que han
comercializado semillas transgénicas, lo que permite que se extienda la
contaminación transgénica en nuestro país”.
Para la organización, los funcionarios
del Senasica han sido opacos en cuanto a los resultados de monitoreos
anuales para la detección de soya transgénica en Campeche, para los
ciclos agrícolas de 2016 y 2017, siendo las propias comunidades quienes,
a través de monitoreos comunitarios, han denunciado presencia de soya
modificada distribuida y sembrada de manera ilegal en el municipio de
Hopelchén, Campeche.
En cuanto a la Cofepris, indica, no ha
cancelado la autorización de uso de plaguicidas, a pesar de que 183
sustancias altamente peligrosas que figuran en la lista del Catálogo
Oficial de Plaguicidas Altamente Peligrosos en México, los cuales están
prohibidos en otros países.
María Colín considera que “ambas
autoridades hacen mancuerna para crear políticas perversas que permitan
la expansión de este tipo de contaminación en la biodiversidad del
país”.
Jordana González
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