En las 10 semanas recientes se han producido evidencias que deberán ser tomadas en cuenta para hacer pronósticos por expertos, observadores, hombres de negocios, parejas que van a vivir juntas y aun para quien planee vacaciones largas; he aquí algunas:
Este gobierno carece de efectividad y no va a adquirirla. Su corrupción y falta de oficio le impide tomar decisiones inteligentes. Es inútil hacer previsiones tomando en cuenta las declaraciones del gobierno. Su política de comunicación es la mentira.
Las estrategias del gobierno para 2010 van a profundizar la recesión, aumentar el desempleo y el subempleo, y nos expondrán a una hipercrisis a mediados de 2010 si no repunta fuerte el precio del petróleo.
México es un paraíso fiscal. Si la suya es una macroempresa monopólica u oligopólica, como las 400 mayores que operan en el país, usted gozará de un régimen de elusión fiscal garantizado. Esto representa 465 mil millones de pesos de merma para el Estado, pero para usted sólo 1.6 por ciento de sus ganancias. No se preocupe por una reforma fiscal, está pendiente desde hace 50 años y la mayoría parlamentaria –PRI, PAN, Panal, Verde– está dispuesta a dar la vida para impedirla.
Si usted es un joven clasemediero de brillante futuro no se haga ilusiones: siempre será un causante cautivo. ¿Por qué no se va a un país donde los que más ganan más pagan y todos tienen los mínimos garantizados?
Si usted pertenece a la alta burocracia, mientras el PRI o el PAN, o una combinación de ambos, estén en el poder podrá estar tranquilo. El gobierno hará cualquier cosa, menos disminuir el gasto en los niveles altos de la administración. El PAN, el gobierno federal, el PRI y sus gobiernos estatales, se pelean por el botín, pero coinciden en lo esencial: apoyarse en la oligarquía y protegerla.
Si es usted progre y quiere unirse a la oposición, tome en cuenta que la izquierda tendrá una gran oportunidad en 2012, siempre que esté unida. Es necesario que los grupos de políticos profesionales lo estén, pero sobre todo que logre organizarse una base social nueva, limpia, capaz de renunciar a los huesos, las carreras y las escaladas.
Estamos a punto de cumplir 200 años de independencia y 100 de revolución, si usted quiere celebrar, piense que la estructura piramidal de México, heredada de la Colonia, está intacta. Una minoría de 5 por ciento, predominantemente criolla, mantiene una dominación de hecho. La desigualdad que horrorizó a Humboldt en 1805 y que produjo las viejas revoluciones continúa vigente. Antes de brindar con tequila, por el orgullo de ser mexicano, piense en eso.
jaorpin@yahoo.com.mx
Este gobierno carece de efectividad y no va a adquirirla. Su corrupción y falta de oficio le impide tomar decisiones inteligentes. Es inútil hacer previsiones tomando en cuenta las declaraciones del gobierno. Su política de comunicación es la mentira.
Las estrategias del gobierno para 2010 van a profundizar la recesión, aumentar el desempleo y el subempleo, y nos expondrán a una hipercrisis a mediados de 2010 si no repunta fuerte el precio del petróleo.
México es un paraíso fiscal. Si la suya es una macroempresa monopólica u oligopólica, como las 400 mayores que operan en el país, usted gozará de un régimen de elusión fiscal garantizado. Esto representa 465 mil millones de pesos de merma para el Estado, pero para usted sólo 1.6 por ciento de sus ganancias. No se preocupe por una reforma fiscal, está pendiente desde hace 50 años y la mayoría parlamentaria –PRI, PAN, Panal, Verde– está dispuesta a dar la vida para impedirla.
Si usted es un joven clasemediero de brillante futuro no se haga ilusiones: siempre será un causante cautivo. ¿Por qué no se va a un país donde los que más ganan más pagan y todos tienen los mínimos garantizados?
Si usted pertenece a la alta burocracia, mientras el PRI o el PAN, o una combinación de ambos, estén en el poder podrá estar tranquilo. El gobierno hará cualquier cosa, menos disminuir el gasto en los niveles altos de la administración. El PAN, el gobierno federal, el PRI y sus gobiernos estatales, se pelean por el botín, pero coinciden en lo esencial: apoyarse en la oligarquía y protegerla.
Si es usted progre y quiere unirse a la oposición, tome en cuenta que la izquierda tendrá una gran oportunidad en 2012, siempre que esté unida. Es necesario que los grupos de políticos profesionales lo estén, pero sobre todo que logre organizarse una base social nueva, limpia, capaz de renunciar a los huesos, las carreras y las escaladas.
Estamos a punto de cumplir 200 años de independencia y 100 de revolución, si usted quiere celebrar, piense que la estructura piramidal de México, heredada de la Colonia, está intacta. Una minoría de 5 por ciento, predominantemente criolla, mantiene una dominación de hecho. La desigualdad que horrorizó a Humboldt en 1805 y que produjo las viejas revoluciones continúa vigente. Antes de brindar con tequila, por el orgullo de ser mexicano, piense en eso.
jaorpin@yahoo.com.mx
En materia financiera y económica India empieza a aplicar la filosofía del BRIC (Brasil, Rusia, India y China), cuando en forma sorprendente su banco central compró al FMI 200 toneladas de oro, cotizadas en 6 mil 700 millones de dólares, del total de 403 toneladas puestas en venta (The Financial Times, 3/11/09).
Destacan dos situaciones: 1) la compra por el banco central de India, más allá de su ultrajante simbolismo, cobra dimensiones geoestratégicas de cara al ajuste del nuevo orden geofinanciero multipolar, y 2) el FMI se encuentra urgido de liquidez para cubrir sus vencimientos y sus falsas promesas de ayudar a los pobres (quizá con este nombre multiusos se refieran a los quebrados banqueros mendicantes del G-7).
En general, el FMI y, en particular, sus domesticados ex empleados colocados en el México neoliberal (Agustín Carstens, secretario de Hacienda, y Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México –BdeM–) padecen el síndrome de la botellita de jerez (todo lo que digas será al revés): más se desploma el caduco orden financierista unipolar y más cacarean su recuperación.
Da pena ajena la lamentable conducta de Calderón, un hombre sin atributos (como lo hubiera descrito seguramente Robert Musil): la antimateria del genio geopolítico del brasileño Lula, quien resultó un gran estadista al haber entendido la nueva correlación de fuerzas del incipiente nuevo orden multipolar.
India, el país que opera con el más bajo perfil en el BRIC y catalogado por los prospectivistas como una de las dos potencias geoeconómicas emergentes del siglo XXI (acompañada por China), compró oro en detrimento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos (EU).
Los conocedores aseveran que el restante de 203 toneladas, que el FMI sacó a la venta desde septiembre, será comprado por China, Arabia Saudita u otra de las petromonarquías árabes del Consejo de Cooperación del Golfo (que lanza su divisa común en 2010).
Destacan dos situaciones: 1) la compra por el banco central de India, más allá de su ultrajante simbolismo, cobra dimensiones geoestratégicas de cara al ajuste del nuevo orden geofinanciero multipolar, y 2) el FMI se encuentra urgido de liquidez para cubrir sus vencimientos y sus falsas promesas de ayudar a los pobres (quizá con este nombre multiusos se refieran a los quebrados banqueros mendicantes del G-7).
En general, el FMI y, en particular, sus domesticados ex empleados colocados en el México neoliberal (Agustín Carstens, secretario de Hacienda, y Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México –BdeM–) padecen el síndrome de la botellita de jerez (todo lo que digas será al revés): más se desploma el caduco orden financierista unipolar y más cacarean su recuperación.
Da pena ajena la lamentable conducta de Calderón, un hombre sin atributos (como lo hubiera descrito seguramente Robert Musil): la antimateria del genio geopolítico del brasileño Lula, quien resultó un gran estadista al haber entendido la nueva correlación de fuerzas del incipiente nuevo orden multipolar.
India, el país que opera con el más bajo perfil en el BRIC y catalogado por los prospectivistas como una de las dos potencias geoeconómicas emergentes del siglo XXI (acompañada por China), compró oro en detrimento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos (EU).
Los conocedores aseveran que el restante de 203 toneladas, que el FMI sacó a la venta desde septiembre, será comprado por China, Arabia Saudita u otra de las petromonarquías árabes del Consejo de Cooperación del Golfo (que lanza su divisa común en 2010).
Después de las calaveras de azúcar y el rodar de cabezas en la guerra contra el crimen organizado, van a pedir posada los sobrevivientes de los desatinos y devaneos de un gobierno que cambia de adversarios y multiplica enemigos hasta lograr el milagro de la unanimidad que el priato tardío confundió con la unidad hasta quedarse solo, a la vera del camino. Y sin el poder que hoy es veleta enloquecida movida por la vanidad y la desaforada autoestima y las fuerzas centrifugas de la voluntad de poder diluida por la incapacidad de hacer.
Amarga, duele, echar sal en las heridas de una comunidad nacional de más de 100 millones de habitantes y una economía cuya dimensión la ubica entre las 15 mayores del mundo, paralizada por el dogmatismo de los mandarines de las finanzas públicas; hundida en el marasmo que la disminuye y la hace retroceder, mientras se multiplica la pobreza; y millones de jóvenes que eran el filón dorado del bono demográfico no tienen acceso a la educación ni encuentran empleo. Hoy vuelve a anunciar el presidente Calderón que ha terminado la recesión que vino de fuera, que no nos afectaría. Y que nos hundió al abrir el boquete que pareció abrir los ojos del secretario Carstens. En busca de culpables, el Ejecutivo se quedó sin aliados. Y se lanzó contra los dueños del dinero, patrocinadores, mecenas, emprendedores del vuelco que sacó al PRI de Los Pinos y llevó ahí al PAN.
Así fuera en la persona de oscuro empresario del Bajío, iluminado por el aura vigorosa de Clouthier, el sinaloense que desesperó del reparto aleatorio del poder priísta y enfocó su energía a combatirlo, abanderar a la burguesía rural y llevarla a filas panistas para ponerse al frente de los bárbaros del norte. Clouthier perdió la elección y ganó la inmortalidad en bronce: su estatua se erigió en la avenida Insurgentes durante el régimen agónico de Ernesto Zedillo. Y los dueños del dinero decidieron diseñar al mesías agonista: abajeño, de la cuna del conservadurismo y la Cristiada. Le dejaron la vestimenta de ranchero norteño para la campaña mediática ayuna de ideas, preñada de combatividad circense para alentar el hartazgo con el PRI y aplicar recetas atribuidas a la izquierda mítica: el uso y abuso del compañero de viaje, del tonto útil.
Se acuñó así la victoria del voto útil. No padeció el PAN la profecía de ganar el poder y perder el partido. Simplemente no ganó el poder. Lo ganaron los dueños del dinero, con la patronal como partido y como boca de ganso para designar a los integrantes del patético gabinete, coro para la incontinencia verbal y la supina ignorancia tan bien resumida en la frase foxiana de ¿Y yo por qué? Con Calderón, el PAN ganó el poder. Y lo perdió al asumirlo. Militante con formación y experiencia políticas, el de Michoacán oyó a las brujas de Macbeth y vio caminar al bosque, agobiado por el fantasma de la ilegitimidad invocado por los seguidores de quien se declaró presidente legítimo y se puso la banda tricolor en el Zócalo capitalino.
Combate imaginario. Confrontación al filo de la irrealidad, pero capaz de provocar violencia en el terreno fértil de la incredulidad centenaria, fruto del oscilar electoral con el fraude como fiel de la balanza. El sufragio efectivo llegó, pero como la mujer de César: no bastó que fuera legal, tenía que parecerlo. Y lo repudiaron millones de mexicanos. Aferrado al mástil del navío con los dogmáticos financieros al timón, Felipe Calderón navega entre Scila y Caribdis. La izquierda partidaria se fracturó al contacto con las prebendas del poder y el movimiento lopezobradorista optó por la desmesura de la mayoría de uno, de uno solo. Pero en Los Pinos, los jóvenes turcos atizaban la intolerancia. Y el miedo hacía ver sombras del bosque en movimiento.
Y se puso el uniforme militar el comandante civil del Ejército Mexicano. No era el primero en buscar refugio en las guardias pretorianas. Ni será el último. Pero esos son otros López. Aquí y ahora, el Presidente de la República llamó al Ejército a combatir al crimen organizado. La guerra de Calderón contra el narco se perdió antes del primer disparo. Sin una clara visión estratégica, o peor todavía, con una turbia táctica diseñada por aprendices de brujos que propusieron combatir al cártel mejor armado y organizado hasta liquidarlo. Y dejar el combate contra el resto de los cárteles, para cuando se venciera y destruyera al primer objetivo. No son fantasmas. Este no es combate imaginario. Los decapitados no son calaveras de azúcar. Los muertos no son todos delincuentes, criminales que amenazan la seguridad nacional y atentan contra la seguridad pública.
Y en la fosa común se pudre el imperio de la ley. Los funcionarios públicos a cargo de cumplirla y hacerla cumplir, arman fuerzas paramilitares, violan derechos, violentan el orden al matar en nombre del orden. Y lo hacen sin un juicio sumario, atrabiliario, ilegal, abusivo, pero juicio al fin. En la feria de vacuidades, el edil del municipio de Garza García (el más rico del país, repiten los heraldos de la oligarquía), el panista Mauricio Fernández, hace gala de clarividente y, al tomar posesión del cargo, anuncia la muerte de Héctor Saldaña, alias El Negro, presunto secuestrador que paseaba ostentosamente por la población a bordo de lujoso automóvil. El oráculo municipal habló por la mañana y el cadáver del Negro, con los de otros tres delincuentes encontrados en el Distrito Federal, no fue identificado sino hasta la tarde de ese día.
Mauricio Fernández Garza aseguró presuntuosamente que los secuestradores saldrían de su municipio por las buenas o por las malas; que había integrado un cuerpo secreto de inteligencia y dicho grupo le había informado de la muerte anticipadamente anunciada. Rechazó, desde luego, que se tratara de escuadrones de la muerte. Ya han exigido algunos legisladores de nuestro sistema plural la inmediata intervención del Ministerio Público, de las autoridades judiciales, del Ejecutivo estatal de Nuevo León, así como del titular del Poder Ejecutivo de la Unión. Ha empezado la ronda de declaraciones, los dimes y diretes que concluirán como en el romancero gitano: Aquí pasó lo de siempre/murieron cuatro romanos y cinco cartagineses.
Van a enseñar el cobre. Tal como lo hicieran quienes pasearon por el centro de la ciudad de México la estatua de bronce de Juanito, el patético personaje estelar de la farsa electorera en la disputa por el capital político y los recursos multimillonarios del presupuesto de gastos de la delegación Iztapalapa.
Pasó el Día de Muertos y ya conjugamos alegremente el verbo madrugar. Los gobernadores acuden a San Lázaro para asegurar sus participaciones. Atraídos por el unto de la expectativa, docenas de diputados de todos los partidos se unieron a la numerosa bancada priísta del estado de México para desayunar pan y fantasía con Enrique Peña Nieto.
En El Colegio de México, Marcelo Ebrard festeja haber podido entrar al comedor de profesores. Afuera, urbi et orbi, pide que el PRD, cuya renovación, refundación, resucitación, está a cargo de su maestro, Manuel Camacho, elija candidato único a la contienda presidencial, por medio de una encuesta.
Espejito, espejito... O cómo resistir la tentación del PAN de muertos y sobrevivir para alimentar el ego con las mágicas pociones del poder.
Amarga, duele, echar sal en las heridas de una comunidad nacional de más de 100 millones de habitantes y una economía cuya dimensión la ubica entre las 15 mayores del mundo, paralizada por el dogmatismo de los mandarines de las finanzas públicas; hundida en el marasmo que la disminuye y la hace retroceder, mientras se multiplica la pobreza; y millones de jóvenes que eran el filón dorado del bono demográfico no tienen acceso a la educación ni encuentran empleo. Hoy vuelve a anunciar el presidente Calderón que ha terminado la recesión que vino de fuera, que no nos afectaría. Y que nos hundió al abrir el boquete que pareció abrir los ojos del secretario Carstens. En busca de culpables, el Ejecutivo se quedó sin aliados. Y se lanzó contra los dueños del dinero, patrocinadores, mecenas, emprendedores del vuelco que sacó al PRI de Los Pinos y llevó ahí al PAN.
Así fuera en la persona de oscuro empresario del Bajío, iluminado por el aura vigorosa de Clouthier, el sinaloense que desesperó del reparto aleatorio del poder priísta y enfocó su energía a combatirlo, abanderar a la burguesía rural y llevarla a filas panistas para ponerse al frente de los bárbaros del norte. Clouthier perdió la elección y ganó la inmortalidad en bronce: su estatua se erigió en la avenida Insurgentes durante el régimen agónico de Ernesto Zedillo. Y los dueños del dinero decidieron diseñar al mesías agonista: abajeño, de la cuna del conservadurismo y la Cristiada. Le dejaron la vestimenta de ranchero norteño para la campaña mediática ayuna de ideas, preñada de combatividad circense para alentar el hartazgo con el PRI y aplicar recetas atribuidas a la izquierda mítica: el uso y abuso del compañero de viaje, del tonto útil.
Se acuñó así la victoria del voto útil. No padeció el PAN la profecía de ganar el poder y perder el partido. Simplemente no ganó el poder. Lo ganaron los dueños del dinero, con la patronal como partido y como boca de ganso para designar a los integrantes del patético gabinete, coro para la incontinencia verbal y la supina ignorancia tan bien resumida en la frase foxiana de ¿Y yo por qué? Con Calderón, el PAN ganó el poder. Y lo perdió al asumirlo. Militante con formación y experiencia políticas, el de Michoacán oyó a las brujas de Macbeth y vio caminar al bosque, agobiado por el fantasma de la ilegitimidad invocado por los seguidores de quien se declaró presidente legítimo y se puso la banda tricolor en el Zócalo capitalino.
Combate imaginario. Confrontación al filo de la irrealidad, pero capaz de provocar violencia en el terreno fértil de la incredulidad centenaria, fruto del oscilar electoral con el fraude como fiel de la balanza. El sufragio efectivo llegó, pero como la mujer de César: no bastó que fuera legal, tenía que parecerlo. Y lo repudiaron millones de mexicanos. Aferrado al mástil del navío con los dogmáticos financieros al timón, Felipe Calderón navega entre Scila y Caribdis. La izquierda partidaria se fracturó al contacto con las prebendas del poder y el movimiento lopezobradorista optó por la desmesura de la mayoría de uno, de uno solo. Pero en Los Pinos, los jóvenes turcos atizaban la intolerancia. Y el miedo hacía ver sombras del bosque en movimiento.
Y se puso el uniforme militar el comandante civil del Ejército Mexicano. No era el primero en buscar refugio en las guardias pretorianas. Ni será el último. Pero esos son otros López. Aquí y ahora, el Presidente de la República llamó al Ejército a combatir al crimen organizado. La guerra de Calderón contra el narco se perdió antes del primer disparo. Sin una clara visión estratégica, o peor todavía, con una turbia táctica diseñada por aprendices de brujos que propusieron combatir al cártel mejor armado y organizado hasta liquidarlo. Y dejar el combate contra el resto de los cárteles, para cuando se venciera y destruyera al primer objetivo. No son fantasmas. Este no es combate imaginario. Los decapitados no son calaveras de azúcar. Los muertos no son todos delincuentes, criminales que amenazan la seguridad nacional y atentan contra la seguridad pública.
Y en la fosa común se pudre el imperio de la ley. Los funcionarios públicos a cargo de cumplirla y hacerla cumplir, arman fuerzas paramilitares, violan derechos, violentan el orden al matar en nombre del orden. Y lo hacen sin un juicio sumario, atrabiliario, ilegal, abusivo, pero juicio al fin. En la feria de vacuidades, el edil del municipio de Garza García (el más rico del país, repiten los heraldos de la oligarquía), el panista Mauricio Fernández, hace gala de clarividente y, al tomar posesión del cargo, anuncia la muerte de Héctor Saldaña, alias El Negro, presunto secuestrador que paseaba ostentosamente por la población a bordo de lujoso automóvil. El oráculo municipal habló por la mañana y el cadáver del Negro, con los de otros tres delincuentes encontrados en el Distrito Federal, no fue identificado sino hasta la tarde de ese día.
Mauricio Fernández Garza aseguró presuntuosamente que los secuestradores saldrían de su municipio por las buenas o por las malas; que había integrado un cuerpo secreto de inteligencia y dicho grupo le había informado de la muerte anticipadamente anunciada. Rechazó, desde luego, que se tratara de escuadrones de la muerte. Ya han exigido algunos legisladores de nuestro sistema plural la inmediata intervención del Ministerio Público, de las autoridades judiciales, del Ejecutivo estatal de Nuevo León, así como del titular del Poder Ejecutivo de la Unión. Ha empezado la ronda de declaraciones, los dimes y diretes que concluirán como en el romancero gitano: Aquí pasó lo de siempre/murieron cuatro romanos y cinco cartagineses.
Van a enseñar el cobre. Tal como lo hicieran quienes pasearon por el centro de la ciudad de México la estatua de bronce de Juanito, el patético personaje estelar de la farsa electorera en la disputa por el capital político y los recursos multimillonarios del presupuesto de gastos de la delegación Iztapalapa.
Pasó el Día de Muertos y ya conjugamos alegremente el verbo madrugar. Los gobernadores acuden a San Lázaro para asegurar sus participaciones. Atraídos por el unto de la expectativa, docenas de diputados de todos los partidos se unieron a la numerosa bancada priísta del estado de México para desayunar pan y fantasía con Enrique Peña Nieto.
En El Colegio de México, Marcelo Ebrard festeja haber podido entrar al comedor de profesores. Afuera, urbi et orbi, pide que el PRD, cuya renovación, refundación, resucitación, está a cargo de su maestro, Manuel Camacho, elija candidato único a la contienda presidencial, por medio de una encuesta.
Espejito, espejito... O cómo resistir la tentación del PAN de muertos y sobrevivir para alimentar el ego con las mágicas pociones del poder.
París. La Ciudad Lux, con el más elegante urbanismo y su irrenunciable prestigio de cuna del pensamiento humanista, posee también el récord del mayor número de alojamientos unipersonales en el mundo y la fama de que muchos de ellos son los lugares más deprimentes del planeta (César Vallejo, Brice Echenique, Roman Polansky et al dixit). Opinión basada en gran medida en la figura del portero (a) sucesivamente francés provincial, español, portugués, árabe… a lo largo de dos siglos y aunado a los servicios higiénicos compartidos por los habitantes de cada piso en los edificios anteriores a 1950.
Pero de lo que pocos extranjeros han hablado, por estar generalmente marginados de la propiedad parisina, es de la figura del síndico, representante legal de los condóminos y equivalente en términos de terror a lo que es el portero para los desprotegidos inquilinos.
Pero de lo que pocos extranjeros han hablado, por estar generalmente marginados de la propiedad parisina, es de la figura del síndico, representante legal de los condóminos y equivalente en términos de terror a lo que es el portero para los desprotegidos inquilinos.
Carlos Bonfil: La Muestra
Intentar la crónica de los años de plomo, el periodo histórico en Alemania occidental que va de las revueltas estudiantiles de 1967 en Berlín, al secuestro y ejecución del empresario Hans Schleyer en 1977, era una empresa que sin duda requería, a más de treinta años de distancia, de un tratamiento documentado y preciso, objetivo en lo posible, no exento de cierto aliento épico. En La banda Baader Meinhof (Der Baader Meinhof Complex), el realizador alemán Uli Edel (Christiane F., 1981; Última salida a Brooklyn, 1989), y el experimentado guionista Bernd Eichinger, colaborador suyo en las cintas mencionadas, tuvieron todo para llevar a buen término la tarea: una producción costosa, un reparto de calidad, y la decisión de no emitir de modo alguno un juicio categórico sobre las acciones descritas. Tomaron distancias con el cine de tesis, con el alegato panfletario, y construyeron una cinta de acción, un thriller político, cuyos ejes centrales, en orden estrictamente cronológico, fueron la represión gubernamental a las protestas juveniles durante la visita del Sha de Irán a Berlín en 1977 que orientó la revuelta hacia una espiral de confrontación de violencia extrema que culminaría en atentados terroristas.
A partir de la creación de la llamada Facción del Ejército Rojo/Rote Armée Fraktion (que no habría que confundir con las Brigadas Rojas en Italia), lo que inició como una protesta pacifista contra la guerra de Vietnam y el autoritarismo alemán, pronto derivó en una pesadilla nacional que Uli Edel describe minuciosamente, aunque con un gusto pronunciado por el espectáculo. Esto último hace de su cinta la perfecta antítesis de las propuestas más sobrias y contundentes del cine alemán sobre el mismo tema: El honor perdido de Katharina Blum, según la novela de Heinrich Böll, sobre el nexo de la derecha política y el periodismo sensacionalista, y Las dos hermanas, de Margarethe von Trotta, sobre la relación de Ulrike Meinhof y su hermana Gudrun Esslin en la cárcel de máxima seguridad de Stammheim. Mientras aquellas cintas capturan el clima de terror sicológico implementado, en dosis casi parejas, por los terroristas y el Estado alemán, lo que ofrece Uli Edel es un registro pormenorizado de los acontecimientos desde la perspectiva segura (objetiva, se dirá) de una crónica atenta a los golpes escénicos y al carisma, entre angelical y perverso, de los protagonistas centrales: Andreas Baader (Moritz Bleibtreu), Ulrike Meinhof (Martina Gedeck) y Gudrun Esslin (Johanna Wokalek), víctimas a final de cuentas de su extremismo político y a la postre de su ingenuidad irredimible.
La cinta es eficaz en su afán didáctico y en su recuento del horror físico de la deriva terrorista, pero en su apuesta por lo espectacular encuentra, irónicamente, el mayor obstáculo para profundizar en la historia y sacar las conclusiones más pertinentes de la tragedia humana que describe.
carlos.bonfil@gmail.com
Opinión
El país, intranquilo
En vísperas de la inauguración de la reunión México, Cumbre de Negocios, que se realiza desde hoy en Monterrey, Nuevo León, el ex gobernador de Veracruz y promotor del encuentro, Miguel Alemán Velasco, señaló que existe preocupación entre los empresarios del país por la presente circunstancia económica y social.
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El Correo Ilustrado
Sobre la extinción de LFC
Los comentaristas de televisión, en lugar de sólo leer las noticias dan opinión política y económica, desde luego siguiendo línea –del gobierno y de los industriales y comerciantes neoliberales–, sobre el problema del Sindicato Mexicano de Electricistas, que este gobierno quiere acabar, así como la política y los principios de la Revolución Mexicana, por la que murió tanta gente, y fundó los sindicatos siguiendo los lineamientos de la Constitución. Ojalá se hubiera entregado la empresa a los trabajadores para que se comenzara una cooperativa.
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Anticonstitucionalidad e inconstitucionalidad son acepciones tan antiguas como el mismo derecho constitucional. La primera quiere indicar una resolución (ley, decreto o decisión de autoridad) que va en contra de la letra, el espíritu y el sentido de la Constitución. La segunda, que no hay conformidad o apego de tal resolución a lo estipulado en la propia Carta Magna. Siempre dan lugar, cuando afectan intereses jurídicos, a un concepto que también es muy antiguo, el de controversia. Quiere decir la aparición de un interés legítimo afectado por la contravención de los principios constitucionales. Cuando se trata de la violación de garantías individuales, la controversia da lugar a un procedimiento que es, asimismo, muy antiguo entre nosotros y que es el juicio de amparo.
Desde hace mucho también, por lo menos desde la Constitución de 1857, se reconoce la controversia que puede darse entre una autoridad federal y una estatal o local que pueda producirse por actos que vulneren la soberanía de ambas o su esfera de competencia con sus actos o resoluciones. Hasta hace unos años aparecen lo que ya llamamos controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, que son acciones procesales constitucionales que se siguen en aquellos casos. Antes, todo tipo de controversias se resolvían por la vía del amparo; ahora ha querido hacerse una diferenciación para dejar al primero sólo como modo de resolver los conflictos en que sean violadas garantías individuales.
Si tuviéramos una institución de amparo completa y omnicomprensiva, no habría necesidad de hacer tales distingos. Pero sucede que nuestro amparo sólo sirve para proteger a la persona física o moral que lo reclama y no tiene efectos generales. Si a uno lo ampara la justicia federal contra leyes o actos de autoridad, esto no hace que esas leyes o actos sean anulados, sino que persisten. A eso le llamamos Fórmula Otero, porque así lo propuso don Mariano Otero desde mediados del siglo XIX. Hay necesidad de reformar la institución del amparo de modo que cualquier juez pueda pronunciarse automáticamente sobre la constitucionalidad de una ley, por lo menos, y declararla inválida por anticonstitucional o ajena a la constitucionalidad.
Examinemos ahora los dos casos mencionados. En sus fracciones I y II, el artículo 105 de la Carta Magna establece las particularidades de lo que son la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. A la segunda se la define, muy vagamente, como la no conformidad de las leyes con la Constitución. A la primera no se la define para nada. Sólo se establece en su respecto quiénes pueden ejercerla y en qué casos. Fue una reforma malhecha (por impericia o mala fe o por ambas), de manera que resultara extremadamente difícil plantearla y ejercerla. Es una acción que se da sólo entre autoridades federales y locales o entre poderes de las unas y las otras y nadie más. Sobre qué materia, no se dice.
El término anticonstitucional, sin embargo, no tiene problema: se trata de actos que van en contra de la Constitución. La inconstitucionalidad se define por el prefijo latino in, equivalente al alfa privativa griega y que equivale a ausencia de. También en su caso sólo la pueden ejercer entes públicos. Los privados, se supone, tienen para sí el juicio de amparo, pero éste no resulta más que en la protección de la persona física o moral. Por eso, cuando la ciudadanía desea servirse de la controversia constitucional o de la iniciativa de inconstitucionalidad, debe hacer un planteamiento que logre involucrar a las entidades públicas, haciéndolas corresponsables de la defensa efectiva de la Carta Magna por esas vías.
Todo ello tiene que ver con la defensa del Sindicato Mexicano de Electricistas. Desde luego, se podría plantear la vía de la anticonstitucionalidad si de ella se hiciera cargo una de las cámaras del Congreso, como tal y no sólo una parte, cosa impensable, vista su correlación de fuerzas. Se puede, empero, de acuerdo con el inciso a) de la fracción I del 105 (controversia entre la Federación, un estado o el Distrito Federal). Y aunque, mañosamente, el penúltimo párrafo de la fracción habla sólo de las impugnaciones de la Federación contra los estados o el DF, la primera fracción no nos dice quién inicia, si la Federación o la entidad federativa. En ese caso, por lo tanto, el Distrito Federal está perfectamente habilitado para plantear la controversia y se deduce que puede ser su gobierno o su Asamblea Legislativa.
En ese caso habría (y más que fundado) el argumento legítimo de la lesión al interés de la población del DF por el acto arbitrario del gobierno federal panista que, anticonstitucionalmente, extinguió una empresa pública, Luz y Fuerza del Centro, que daba servicio de energía eléctrica a dicha población, violando abiertamente la Constitución y sus leyes.
En cambio, la acción de inconstitucionalidad sólo podría plantearse si se hiciera hincapié en el párrafo que encabeza la fracción II, que la define como el planteamiento de una contradicción entre una norma de carácter general (leyes o decretos) y la Constitución; pero sería difícil sustentarla, porque sus siete incisos sólo se refieren a leyes expedidas por los poderes legislativos federal o locales. La acción de inconstitucionalidad está mal definida, por supuesto. Estar en contradicción es ser anticonstitucional y no inconstitucional. Esa fracción no tiene asidero teórico ni jurídico y, además, sólo la puede plantear una tercera parte de los órganos legislativos y la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (aparte los partidos sobre materia electoral). De manera que no vale la pena perderse en ella.
Las reformas al 105 deben haberlas hecho los juristas chafas del Tec de Monterrey o de la Libre de Derecho. En el diccionario de los primeros se define la anticonstitucionalidad como norma o acto contrarios a algún precepto o principio contenidos en la Constitución, y la inconstitucionalidad como acto o norma cuyo contenido está en contradicción con la Constitución. Para un filósofo del derecho riguroso, en un caso habría contrariedad (una coexistencia de contrarios) y, en el otro, contradicción (una incompatibilidad de los contrarios y el reclamo de su disolución mutua), cuando es exactamente lo contrario: contrariedad en la inconstitucionalidad e incompatibilidad en la controversia constitucional.
La defensa del artículo 123 y de su ley reglamentaria es materia del juicio de amparo, como muy bien lo han entendido los abogados del SME. La jueza Guillermina Coutiño Mata, primera de distrito del centro auxiliar de la primera región, concedió el amparo al SME en contra del despido arbitrario de sus trabajadores con motivo de la extinción de su empresa.
Desde hace mucho también, por lo menos desde la Constitución de 1857, se reconoce la controversia que puede darse entre una autoridad federal y una estatal o local que pueda producirse por actos que vulneren la soberanía de ambas o su esfera de competencia con sus actos o resoluciones. Hasta hace unos años aparecen lo que ya llamamos controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, que son acciones procesales constitucionales que se siguen en aquellos casos. Antes, todo tipo de controversias se resolvían por la vía del amparo; ahora ha querido hacerse una diferenciación para dejar al primero sólo como modo de resolver los conflictos en que sean violadas garantías individuales.
Si tuviéramos una institución de amparo completa y omnicomprensiva, no habría necesidad de hacer tales distingos. Pero sucede que nuestro amparo sólo sirve para proteger a la persona física o moral que lo reclama y no tiene efectos generales. Si a uno lo ampara la justicia federal contra leyes o actos de autoridad, esto no hace que esas leyes o actos sean anulados, sino que persisten. A eso le llamamos Fórmula Otero, porque así lo propuso don Mariano Otero desde mediados del siglo XIX. Hay necesidad de reformar la institución del amparo de modo que cualquier juez pueda pronunciarse automáticamente sobre la constitucionalidad de una ley, por lo menos, y declararla inválida por anticonstitucional o ajena a la constitucionalidad.
Examinemos ahora los dos casos mencionados. En sus fracciones I y II, el artículo 105 de la Carta Magna establece las particularidades de lo que son la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. A la segunda se la define, muy vagamente, como la no conformidad de las leyes con la Constitución. A la primera no se la define para nada. Sólo se establece en su respecto quiénes pueden ejercerla y en qué casos. Fue una reforma malhecha (por impericia o mala fe o por ambas), de manera que resultara extremadamente difícil plantearla y ejercerla. Es una acción que se da sólo entre autoridades federales y locales o entre poderes de las unas y las otras y nadie más. Sobre qué materia, no se dice.
El término anticonstitucional, sin embargo, no tiene problema: se trata de actos que van en contra de la Constitución. La inconstitucionalidad se define por el prefijo latino in, equivalente al alfa privativa griega y que equivale a ausencia de. También en su caso sólo la pueden ejercer entes públicos. Los privados, se supone, tienen para sí el juicio de amparo, pero éste no resulta más que en la protección de la persona física o moral. Por eso, cuando la ciudadanía desea servirse de la controversia constitucional o de la iniciativa de inconstitucionalidad, debe hacer un planteamiento que logre involucrar a las entidades públicas, haciéndolas corresponsables de la defensa efectiva de la Carta Magna por esas vías.
Todo ello tiene que ver con la defensa del Sindicato Mexicano de Electricistas. Desde luego, se podría plantear la vía de la anticonstitucionalidad si de ella se hiciera cargo una de las cámaras del Congreso, como tal y no sólo una parte, cosa impensable, vista su correlación de fuerzas. Se puede, empero, de acuerdo con el inciso a) de la fracción I del 105 (controversia entre la Federación, un estado o el Distrito Federal). Y aunque, mañosamente, el penúltimo párrafo de la fracción habla sólo de las impugnaciones de la Federación contra los estados o el DF, la primera fracción no nos dice quién inicia, si la Federación o la entidad federativa. En ese caso, por lo tanto, el Distrito Federal está perfectamente habilitado para plantear la controversia y se deduce que puede ser su gobierno o su Asamblea Legislativa.
En ese caso habría (y más que fundado) el argumento legítimo de la lesión al interés de la población del DF por el acto arbitrario del gobierno federal panista que, anticonstitucionalmente, extinguió una empresa pública, Luz y Fuerza del Centro, que daba servicio de energía eléctrica a dicha población, violando abiertamente la Constitución y sus leyes.
En cambio, la acción de inconstitucionalidad sólo podría plantearse si se hiciera hincapié en el párrafo que encabeza la fracción II, que la define como el planteamiento de una contradicción entre una norma de carácter general (leyes o decretos) y la Constitución; pero sería difícil sustentarla, porque sus siete incisos sólo se refieren a leyes expedidas por los poderes legislativos federal o locales. La acción de inconstitucionalidad está mal definida, por supuesto. Estar en contradicción es ser anticonstitucional y no inconstitucional. Esa fracción no tiene asidero teórico ni jurídico y, además, sólo la puede plantear una tercera parte de los órganos legislativos y la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (aparte los partidos sobre materia electoral). De manera que no vale la pena perderse en ella.
Las reformas al 105 deben haberlas hecho los juristas chafas del Tec de Monterrey o de la Libre de Derecho. En el diccionario de los primeros se define la anticonstitucionalidad como norma o acto contrarios a algún precepto o principio contenidos en la Constitución, y la inconstitucionalidad como acto o norma cuyo contenido está en contradicción con la Constitución. Para un filósofo del derecho riguroso, en un caso habría contrariedad (una coexistencia de contrarios) y, en el otro, contradicción (una incompatibilidad de los contrarios y el reclamo de su disolución mutua), cuando es exactamente lo contrario: contrariedad en la inconstitucionalidad e incompatibilidad en la controversia constitucional.
La defensa del artículo 123 y de su ley reglamentaria es materia del juicio de amparo, como muy bien lo han entendido los abogados del SME. La jueza Guillermina Coutiño Mata, primera de distrito del centro auxiliar de la primera región, concedió el amparo al SME en contra del despido arbitrario de sus trabajadores con motivo de la extinción de su empresa.
Un Lamborghini Murciélago amarillo se hace notar en cualquier parte del mundo, incluso en San Pedro Garza García, donde pululan las marcas más extravagantes y caras del mercado automovilístico. Su tripulante, Héctor El Negro Saldaña, circulaba en él por la zona emblemática de ese municipio, la colonia del Valle, con la tranquilidad que lo hacía don Fanucci –el padrino al que asesina Vito Corleone para sustituirlo– por el barrio donde se dedicaba a cobrar cuotas de protección. Y su paseo en nada alteraba su vida ni, aparentemente, la de la comunidad.
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El pensamiento crítico latinoamericano ha acompañado, a lo largo de varias décadas, los procesos políticos más avanzados del continente, analizándolos y apuntando sus potencialidades, sus límites, contradicciones y perspectivas. Hoy, cuando varios países del continente experimentan la construcción de alternativas políticas al neoliberalismo, el pensamiento social del continente necesita urgentemente ponerse a tono con estos procesos. Una teoría que no desemboca en propuestas efectivas de trasformación social, que no busca la comprensión de las dinámicas de cambio democrático que ocurren de forma real y no meramente imaginaria en nuestras sociedades, termina por volverse una teoría estéril, inocua para cualquier proyecto emancipatorio y liberador. Asimismo, una práctica política que se nutre de la buena teoría, rigurosa, crítica y comprometida, tiende a multiplicar sus potencialidades como práctica transformadora de la realidad social.
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La indigencia de ideas puede ser más dañina socialmente que la carencia material de que nos hablan los cálculos basados en las encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) o las aproximaciones a la marginalidad o el (sub) desarrollo humano que llevan a cabo el Consejo Nacional de Población (Conapo) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sistemáticamente. No hay manera de subestimar la tragedia humana resumida en la pobreza absoluta o la marginación persistente, pero tal vez podamos acercarnos a su significado más profundo si contrastamos los datos y las proyecciones con la manera como las cúpulas de la sociedad, desde el poder político o el económico, y a veces, no pocas, desde las cumbres de la academia mexicana, reciben y traducen esta desolación.
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En el momento en que, al extinguir Luz y Fuerza del Centro (LFC), los funcionarios dijeron que no se iba a privatizar la industria, estamos cumpliendo dos años de las grandes inundaciones de Tabasco y también de Chiapas. Este año es del fenómeno meteorológico El Niño, que corresponde a menos lluvias en el sureste. Y, en efecto, llueve menos, obviamente mucho menos que hace dos años.
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México pende, como un ahorcado, de la cuerda trenzada por el PRI y el PAN que lo ata a Estados Unidos. Ningún otro país latinoamericano está en la situación de deber importar todo del norte y de exportar allá el petróleo y sus habitantes sobrantes a causa de las políticas antinacionales de sus gobiernos. Ahora bien, la crisis de Estados Unidos, en particular, y de todo el sistema capitalista mundial, se prolongará por años y el precio del combustible no basta ni bastará para impedir la caída de la economía mexicana. Por su parte, las remesas de los emigrantes disminuirán, debido a la situación laboral en Estados Unidos, y el turismo caerá, debido al aumento de la inseguridad y de los desastres ambientales resultantes de la crisis económica y del recalentamiento global, que son consecuencia directa del capitalismo.
Para salir de su crisis actual, que se prolongará cerca de dos lustros, el capitalismo necesita utilizar urgente y ferozmente la crisis para que la paguen sus víctimas. O sea, destruir conquistas de civilización prolongando la edad para las jubilaciones, robando el dinero de los jubilados y pensionados, reduciendo los gastos sociales (educación, sanidad, vivienda). Pero no le basta con reducir cada vez más los salarios indirectos, recurriendo incluso a impuestos infames y regresivos, como el IVA sobre los alimentos o aquellos sobre los salarios: también debe aumentar el despojo de los salarios de las generaciones anteriores que sirvieron para construir las empresas públicas fundamentales para el desarrollo nacional y robar al país y a sus generaciones futuras las palancas para otro tipo posible de economía. Debe aumentar la tasa de plusvalía relativa y, al mismo tiempo, acabar con la seguridad en el empleo, aumentar los horarios de trabajo, empeorar las condiciones laborales, desvalorizar la mano de obra, o sea, extorsionar plusvalía absoluta aumentando la miseria y la explotación para que un puñado de grandes monopolios extranjeros con sus socios mexicanos recomponga la tasa de ganancia a costa de la destrucción de la sociedad, acompañada por la depredación y destrucción del ambiente (aguas, bosques, mares).
Por supuesto, el capitalismo y sus agentes gubernamentales prevén que habrá resistencia. De ahí la militarización de México con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, que es una parte esencial del capital y podría ser controlado si se controlasen los bancos (o las bases yanquis en Panamá y Colombia dirigidas contra el creciente antimperialismo en la región y contra los movimientos sociales). De ahí también la ferocidad, la ilegalidad y el ensañamiento contra quienes resisten (Atenco, APPO). De ahí igualmente la inconstitucionalidad y la brutalidad de la embestida contra Luz y Fuerza del Centro, a la que sabotearon durante años, y contra el Sindicato Mexicano de Electricistas, el más democrático, combativo y consecuente de todo el sindicalismo mexicano tan marcado por la corrupción y sobre cuyos dirigentes más infames (como La Güera Rodríguez Alcaine o Elba Esther Gordillo) se ha apoyado el gobierno PRI-PAN del gran capital y de los monopolios y financieros imperialistas. En esta tarea antinacional los grandes medios de desinformación, al servicio de gobernantes y fuerzas antinacionales, se encargan de preparar el terreno de las operaciones represivas mediante su artillería, ocultando y callando las protestas y resistencias, mintiendo, calumniando a las víctimas del capitalismo.
El ataque contra el SME, parado ahora por una juez valiente, pero que no cesará, no está dirigido sólo contra un contingente obrero: busca destruir todas las organizaciones obreras y populares independientes, acabar con las solidaridades, impedir la resistencia a la ofensiva en todos los frentes contra lo conseguido desde la Revolución Mexicana en este siglo de luchas en México y en el mundo.
Alienta por eso que así lo hayan considerado los campesinos de Zacatecas, de Jalisco, de Michoacán, que hicieron llegar toneladas de frijol, maíz y arroz, respectivamente, a sus hermanos del SME. También el sostén estudiantil a la lucha de un sindicato que apoyó siempre todas las causas justas (desde la rebelión zapatista en Chiapas hasta la APPO) y la decisión de un grupo de organizaciones y militantes de la otra campaña de participar en la lucha de los electricistas. Porque este combate impone dos reflexiones. La primera es que permite crear la base, en la acción conjunta en defensa del SME y de LFC, para un frente amplio de resistencia nacional que agrupe sindicatos democráticos, agrupaciones obreras anticharras, movimientos y grupos campesinos, organizaciones indígenas, grupos estudiantiles y de ciudadanos, organizaciones civiles y defensoras de los derechos humanos y democráticos, movimientos de ciudadanos y de jubilados para pelear juntos por la defensa del SME y de LFC, de Pemex amenazada, de los derechos democráticos laborales y constitucionales, por la defensa de los campesinos, del maíz y del ambiente, amenazados por los transgénicos de la Monsanto, por la libertad de los presos de Atenco y de todos los presos políticos, por un plan nacional anticrisis y de desarrollo. La segunda es que es obviamente utópico pensar que este régimen, tras los fraudes descarados de 1988 y de 2006, reconocerá en 2012 la eventual victoria electoral de una candidatura popular. Por eso, si se quiere llegar a votar libremente, hay que imponer con las movilizaciones y las luchas (huelgas, paros, manifestaciones, cortes, ocupaciones) el derecho a la ocupación del suelo público en defensa de los derechos constitucionales, para desembocar en la convocatoria por esas luchas de una asamblea nacional constituyente para decidir quién gobierna y a favor de quién se debe gobernar este país. Mexicanos, nos han declarado la guerra. Respondamos al grito de SME.
Para salir de su crisis actual, que se prolongará cerca de dos lustros, el capitalismo necesita utilizar urgente y ferozmente la crisis para que la paguen sus víctimas. O sea, destruir conquistas de civilización prolongando la edad para las jubilaciones, robando el dinero de los jubilados y pensionados, reduciendo los gastos sociales (educación, sanidad, vivienda). Pero no le basta con reducir cada vez más los salarios indirectos, recurriendo incluso a impuestos infames y regresivos, como el IVA sobre los alimentos o aquellos sobre los salarios: también debe aumentar el despojo de los salarios de las generaciones anteriores que sirvieron para construir las empresas públicas fundamentales para el desarrollo nacional y robar al país y a sus generaciones futuras las palancas para otro tipo posible de economía. Debe aumentar la tasa de plusvalía relativa y, al mismo tiempo, acabar con la seguridad en el empleo, aumentar los horarios de trabajo, empeorar las condiciones laborales, desvalorizar la mano de obra, o sea, extorsionar plusvalía absoluta aumentando la miseria y la explotación para que un puñado de grandes monopolios extranjeros con sus socios mexicanos recomponga la tasa de ganancia a costa de la destrucción de la sociedad, acompañada por la depredación y destrucción del ambiente (aguas, bosques, mares).
Por supuesto, el capitalismo y sus agentes gubernamentales prevén que habrá resistencia. De ahí la militarización de México con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, que es una parte esencial del capital y podría ser controlado si se controlasen los bancos (o las bases yanquis en Panamá y Colombia dirigidas contra el creciente antimperialismo en la región y contra los movimientos sociales). De ahí también la ferocidad, la ilegalidad y el ensañamiento contra quienes resisten (Atenco, APPO). De ahí igualmente la inconstitucionalidad y la brutalidad de la embestida contra Luz y Fuerza del Centro, a la que sabotearon durante años, y contra el Sindicato Mexicano de Electricistas, el más democrático, combativo y consecuente de todo el sindicalismo mexicano tan marcado por la corrupción y sobre cuyos dirigentes más infames (como La Güera Rodríguez Alcaine o Elba Esther Gordillo) se ha apoyado el gobierno PRI-PAN del gran capital y de los monopolios y financieros imperialistas. En esta tarea antinacional los grandes medios de desinformación, al servicio de gobernantes y fuerzas antinacionales, se encargan de preparar el terreno de las operaciones represivas mediante su artillería, ocultando y callando las protestas y resistencias, mintiendo, calumniando a las víctimas del capitalismo.
El ataque contra el SME, parado ahora por una juez valiente, pero que no cesará, no está dirigido sólo contra un contingente obrero: busca destruir todas las organizaciones obreras y populares independientes, acabar con las solidaridades, impedir la resistencia a la ofensiva en todos los frentes contra lo conseguido desde la Revolución Mexicana en este siglo de luchas en México y en el mundo.
Alienta por eso que así lo hayan considerado los campesinos de Zacatecas, de Jalisco, de Michoacán, que hicieron llegar toneladas de frijol, maíz y arroz, respectivamente, a sus hermanos del SME. También el sostén estudiantil a la lucha de un sindicato que apoyó siempre todas las causas justas (desde la rebelión zapatista en Chiapas hasta la APPO) y la decisión de un grupo de organizaciones y militantes de la otra campaña de participar en la lucha de los electricistas. Porque este combate impone dos reflexiones. La primera es que permite crear la base, en la acción conjunta en defensa del SME y de LFC, para un frente amplio de resistencia nacional que agrupe sindicatos democráticos, agrupaciones obreras anticharras, movimientos y grupos campesinos, organizaciones indígenas, grupos estudiantiles y de ciudadanos, organizaciones civiles y defensoras de los derechos humanos y democráticos, movimientos de ciudadanos y de jubilados para pelear juntos por la defensa del SME y de LFC, de Pemex amenazada, de los derechos democráticos laborales y constitucionales, por la defensa de los campesinos, del maíz y del ambiente, amenazados por los transgénicos de la Monsanto, por la libertad de los presos de Atenco y de todos los presos políticos, por un plan nacional anticrisis y de desarrollo. La segunda es que es obviamente utópico pensar que este régimen, tras los fraudes descarados de 1988 y de 2006, reconocerá en 2012 la eventual victoria electoral de una candidatura popular. Por eso, si se quiere llegar a votar libremente, hay que imponer con las movilizaciones y las luchas (huelgas, paros, manifestaciones, cortes, ocupaciones) el derecho a la ocupación del suelo público en defensa de los derechos constitucionales, para desembocar en la convocatoria por esas luchas de una asamblea nacional constituyente para decidir quién gobierna y a favor de quién se debe gobernar este país. Mexicanos, nos han declarado la guerra. Respondamos al grito de SME.
El juicio de amparo constituye el remedio frente a los actos arbitrarios de la autoridad, no importa su jerarquía. Es una de las instituciones más espectaculares de nuestra Constitución y de su Ley de Amparo, reglamentaria. Pone en manos del Poder Judicial la solución de las resoluciones arbitrarias de las autoridades.
Tiene, como es natural, varias etapas. En la primera, si se trata de violaciones de procedimiento: por ejemplo, en un juicio o en un acto administrativo, del juicio de amparo debe conocer un juez de distrito, en lo que se denomina amparo indirecto. Si se trata de una resolución de fondo, la competencia le corresponde a un tribunal colegiado de circuito que suele estar especializado en una determinada materia: civil, administrativo, penal o laboral o, eventualmente, conocer de todo tipo de asuntos, dada la extensión de su territorio.
En contra del famoso decreto del 11 de octubre por virtud del cual el Presidente de la República ordenó, sin razón alguna y violando normas constitucionales y reglamentarias, la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, el Sindicato Mexicano de Electricistas, por conducto del despacho de Raúl Carrancá con sus excelentes colaboradores y del bufete De Buen (de manera notable, Carlos E. de Buen), promovió un amparo que en vía indirecta fue remitido al juzgado primero de distrito en materia laboral del centro auxiliar de la primera región, con sede en el Distrito Federal, a cargo de la juez Guillermina Coutiño Mata.
De inmediato la juez ordenó la suspensión provisional del decreto, lo que impidió a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dar por terminados los contratos de trabajo hasta en tanto no se resuelva el fondo del juicio de amparo. Y el 6 de noviembre, después de una jornada agotadora que culminó alrededor de las 10 de la noche, una vez recibidas las pruebas y alegatos que formularon las partes, otorgó la suspensión definitiva, lo que evita que la JFCA pueda resolver el juicio especial promovido por la empresa liquidadora de LFC, hasta en tanto no se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo, lo que ocurrirá a mediados de este mes.
El trabajo del juzgado fue agotador. Se integraron expedientes de miles de hojas. Las partes tuvimos que regresar por la tarde con el compromiso de firmar las actas y con la promesa de que la resolución definitiva nos la darían a conocer el lunes muy temprano. Sin embargo la juez hizo un enorme esfuerzo y no se limitó a redactar toda la parte inicial de la audiencia sino que asumió la responsabilidad de resolver sobre la suspensión provisional que finalmente concedió. Ya se pueden ustedes imaginar la tensión de los solicitantes del amparo, que no teníamos idea del resultado, que nos fue dado a conocer en el último momento. Carlos de Buen tuvo oportunidad de contestar llamadas de La Jornada, cuya información habrán ustedes leído en el número de ayer.
Casi al final de la jornada, ésta sí con minúsculas aunque también merecería mayúsculas, supimos de una conferencia de prensa del secretario del Trabajo, Javier Lozano, en que reconociendo el resultado desfavorable para él y el resto del gobierno de esta suspensión definitiva, se atrevió a afirmar que de todas maneras LFC seguirá en liquidación, por lo que las cosas no se pueden cambiar. Evidentemente que el señor secretario ignora lo que es el juicio de amparo, y si éste se resuelve en forma favorable para el SME y sus trabajadores, quedarán sin efecto todas las maniobras indecentes que se han hecho, inclusive la restitución de los supuestamente separados con finiquitos cuya validez queda en tela de juicio.
Fue sensacional la presencia de los trabajadores, miles de ellos, que nos acompañaron en toda la diligencia matutina y algunos por la tarde y noche. Y por supuesto de su secretario general Martín Esparza y miembros del comité ejecutivo. Las porras aturdieron a litigantes, empleados y jueces, pero sirvieron de enorme aliento para nosotros, el equipo jurídico.
Un hecho lamentable es que se ha contratado por empresas privadas trabajadores inmigrados de Centroamérica y que dos de ellos han fallecido en accidentes de trabajo por culpa de su falta de experiencia. Nunca van a sustituir la experiencia y la calidad de los trabajadores de LFC, y ese desperdicio de material humano experto, que todos vamos a resentir, es uno de los pecados intolerables que comete el Estado.
Finalmente, habrá que repetir con las porras su clásico ¡Viva el SME!
Tiene, como es natural, varias etapas. En la primera, si se trata de violaciones de procedimiento: por ejemplo, en un juicio o en un acto administrativo, del juicio de amparo debe conocer un juez de distrito, en lo que se denomina amparo indirecto. Si se trata de una resolución de fondo, la competencia le corresponde a un tribunal colegiado de circuito que suele estar especializado en una determinada materia: civil, administrativo, penal o laboral o, eventualmente, conocer de todo tipo de asuntos, dada la extensión de su territorio.
En contra del famoso decreto del 11 de octubre por virtud del cual el Presidente de la República ordenó, sin razón alguna y violando normas constitucionales y reglamentarias, la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, el Sindicato Mexicano de Electricistas, por conducto del despacho de Raúl Carrancá con sus excelentes colaboradores y del bufete De Buen (de manera notable, Carlos E. de Buen), promovió un amparo que en vía indirecta fue remitido al juzgado primero de distrito en materia laboral del centro auxiliar de la primera región, con sede en el Distrito Federal, a cargo de la juez Guillermina Coutiño Mata.
De inmediato la juez ordenó la suspensión provisional del decreto, lo que impidió a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dar por terminados los contratos de trabajo hasta en tanto no se resuelva el fondo del juicio de amparo. Y el 6 de noviembre, después de una jornada agotadora que culminó alrededor de las 10 de la noche, una vez recibidas las pruebas y alegatos que formularon las partes, otorgó la suspensión definitiva, lo que evita que la JFCA pueda resolver el juicio especial promovido por la empresa liquidadora de LFC, hasta en tanto no se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo, lo que ocurrirá a mediados de este mes.
El trabajo del juzgado fue agotador. Se integraron expedientes de miles de hojas. Las partes tuvimos que regresar por la tarde con el compromiso de firmar las actas y con la promesa de que la resolución definitiva nos la darían a conocer el lunes muy temprano. Sin embargo la juez hizo un enorme esfuerzo y no se limitó a redactar toda la parte inicial de la audiencia sino que asumió la responsabilidad de resolver sobre la suspensión provisional que finalmente concedió. Ya se pueden ustedes imaginar la tensión de los solicitantes del amparo, que no teníamos idea del resultado, que nos fue dado a conocer en el último momento. Carlos de Buen tuvo oportunidad de contestar llamadas de La Jornada, cuya información habrán ustedes leído en el número de ayer.
Casi al final de la jornada, ésta sí con minúsculas aunque también merecería mayúsculas, supimos de una conferencia de prensa del secretario del Trabajo, Javier Lozano, en que reconociendo el resultado desfavorable para él y el resto del gobierno de esta suspensión definitiva, se atrevió a afirmar que de todas maneras LFC seguirá en liquidación, por lo que las cosas no se pueden cambiar. Evidentemente que el señor secretario ignora lo que es el juicio de amparo, y si éste se resuelve en forma favorable para el SME y sus trabajadores, quedarán sin efecto todas las maniobras indecentes que se han hecho, inclusive la restitución de los supuestamente separados con finiquitos cuya validez queda en tela de juicio.
Fue sensacional la presencia de los trabajadores, miles de ellos, que nos acompañaron en toda la diligencia matutina y algunos por la tarde y noche. Y por supuesto de su secretario general Martín Esparza y miembros del comité ejecutivo. Las porras aturdieron a litigantes, empleados y jueces, pero sirvieron de enorme aliento para nosotros, el equipo jurídico.
Un hecho lamentable es que se ha contratado por empresas privadas trabajadores inmigrados de Centroamérica y que dos de ellos han fallecido en accidentes de trabajo por culpa de su falta de experiencia. Nunca van a sustituir la experiencia y la calidad de los trabajadores de LFC, y ese desperdicio de material humano experto, que todos vamos a resentir, es uno de los pecados intolerables que comete el Estado.
Finalmente, habrá que repetir con las porras su clásico ¡Viva el SME!
De todas las explicaciones acerca del Premio Nobel de Barack Obama, el que sonó más verdadero provino del presidente francés Nicolas Sarkozy. Imprime el sello del retorno de Estados Unidos al corazón de los pueblos del mundo. En otras palabras, ésta fue la manera en que Europa le dijo a Estados Unidos, de nuevo te amamos, algo así como esas extrañas ceremonias de renovación de votos que celebran las parejas luego de sobrevivir una mala racha.
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Ultimos datos oficiales. En octubre la tasa de desempleo fue de 10.2 por ciento (9.8 en septiembre) porque 558 mil personas más se quedaron sin empleo, de los cuales 190 mil son asalariados urbanos. Ya suman un total de 15 millones 700 mil personas de 16 años o mayores sin trabajo en el vecino país. El mayor número absoluto de toda su historia.
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Sara Sefchovich
Los sindicatos
Hablar de los sindicatos es referirse a un tema que divide a la sociedad mexicana y evidencia dos maneras irreconciliables de entender a México y de pensar en su futuro.
Y es que los mexicanos nos cuestionamos una y otra vez si los mineros, petroleros, maestros, electricistas son amigos o enemigos de los ciudadanos y si contribuyen al desarrollo o lo impiden.
De manera muy general, la respuesta a estas preguntas se reduce a dos posiciones: la de quienes consideran atávica la existencia de los sindicatos y la de quienes piensan que deben seguir existiendo a pesar de los muchísimos peros contra ellos.
Quienes sostienen la primera posición hablan en idioma económico: altos costos, ineficiencia, corrupción, escasa productividad de los trabajadores. Quienes sostienen la segunda hablan en lenguaje social: una forma de organización de los trabajadores que, como escribió Barrington Moore, “protege al individuo en contra de los estragos de la mano invisible del destino que trabaja a través del mercado”.
Ahora bien: a la primera manera de pensar se le considera la del progreso y la modernización, mientras que a la segunda se le califica de rémora del pasado que impide ambos.
Esto es lo interesante. Se ha creado una unidad ideológica y discursiva según la cual el libre mercado es el mejor de los modelos posibles (si no es que el único) para crear riqueza. Y no sólo eso: Román Revueltas incluso afirma que “hay una relación estrechísima entre democracia y libre mercado”. Esto significa que lo contrario también es cierto: que cualquier modelo diferente está directamente relacionado con el autoritarismo y la pobreza. Así lo escribió Carlos Pereyra hace algunos años: el carácter de la expansión económica contradice la lógica del corporativismo.
Sin embargo, se puede desconstruir esta argumentación. La analista social Barbara Ehrenreich demostró que en el país que de acuerdo a estos criterios es modelo de generación de riqueza y democracia, a millones de personas, así trabajen dos y tres turnos, día tras día, no les alcanza para vivir y tienen que inventar mil estratagemas además de estar en ansiedad perpetua porque en cualquier momento se quedan sin empleo. O sea que esa prosperidad de la que nos quieren convencer que inevitablemente va con el libre mercado está lejos de ser para todos.
Y esta es precisamente la razón por la cual hay que oponerse al modelo en el que el mercado es el único determinante del valor de un ser humano y este es desechable cuando deja de serle útil al capital.
En México los sindicatos en efecto son persistencias del pasado, del país posrevolucionario que conformó un Estado nacionalista, benefactor y paternalista (porque eso era lo que había estado en la base de la explosión revolucionaria, afirma Arnaldo Córdova). Y en efecto, su corrupción e ineficiencia le hacen daño a la economía y a todos nosotros. Como me escribió una lectora para el caso de la luz que ahora está en el candelero: “Tenemos un contrato y un medidor, pero nos encontramos en total estado de indefensión ante la pésima calidad del servicio y la completa arbitrariedad en los cobros por la energía eléctrica. Y ante la impotencia para canalizar una queja o aclaración, y el cálculo sobre mayores costos económicos y pérdidas de tiempo, uno acaba pagando el recibo aún con estas tarifas ilógicas y arbitrarias, con el agravante de los cada vez más frecuentes cortes de energía (todos los días, a veces varias veces al día y por varias horas) y la descompostura de aparatos eléctricos”.
Pero también es cierto que son la única manera de oponerse a la lógica perversa que deja a cada individuo solo, teniéndoselas que arreglar por sí mismo o en pequeños grupos atomizados que demandan algún servicio.
Los sindicatos dan protección, negocian, consiguen beneficios colectivos, impiden despidos o en su caso obligan a indemnizaciones, pero sobre todo, como escribió Sergio Zermeño, tienen capacidad para luchar por grupos sociales amplios y con una concepción nacional.
La solución no es pues desaparecer a los sindicatos sino actualizar su modo de funcionar.
sarasef@prodigy.net.mx
Escritora e investigadora en la UNAM
Y es que los mexicanos nos cuestionamos una y otra vez si los mineros, petroleros, maestros, electricistas son amigos o enemigos de los ciudadanos y si contribuyen al desarrollo o lo impiden.
De manera muy general, la respuesta a estas preguntas se reduce a dos posiciones: la de quienes consideran atávica la existencia de los sindicatos y la de quienes piensan que deben seguir existiendo a pesar de los muchísimos peros contra ellos.
Quienes sostienen la primera posición hablan en idioma económico: altos costos, ineficiencia, corrupción, escasa productividad de los trabajadores. Quienes sostienen la segunda hablan en lenguaje social: una forma de organización de los trabajadores que, como escribió Barrington Moore, “protege al individuo en contra de los estragos de la mano invisible del destino que trabaja a través del mercado”.
Ahora bien: a la primera manera de pensar se le considera la del progreso y la modernización, mientras que a la segunda se le califica de rémora del pasado que impide ambos.
Esto es lo interesante. Se ha creado una unidad ideológica y discursiva según la cual el libre mercado es el mejor de los modelos posibles (si no es que el único) para crear riqueza. Y no sólo eso: Román Revueltas incluso afirma que “hay una relación estrechísima entre democracia y libre mercado”. Esto significa que lo contrario también es cierto: que cualquier modelo diferente está directamente relacionado con el autoritarismo y la pobreza. Así lo escribió Carlos Pereyra hace algunos años: el carácter de la expansión económica contradice la lógica del corporativismo.
Sin embargo, se puede desconstruir esta argumentación. La analista social Barbara Ehrenreich demostró que en el país que de acuerdo a estos criterios es modelo de generación de riqueza y democracia, a millones de personas, así trabajen dos y tres turnos, día tras día, no les alcanza para vivir y tienen que inventar mil estratagemas además de estar en ansiedad perpetua porque en cualquier momento se quedan sin empleo. O sea que esa prosperidad de la que nos quieren convencer que inevitablemente va con el libre mercado está lejos de ser para todos.
Y esta es precisamente la razón por la cual hay que oponerse al modelo en el que el mercado es el único determinante del valor de un ser humano y este es desechable cuando deja de serle útil al capital.
En México los sindicatos en efecto son persistencias del pasado, del país posrevolucionario que conformó un Estado nacionalista, benefactor y paternalista (porque eso era lo que había estado en la base de la explosión revolucionaria, afirma Arnaldo Córdova). Y en efecto, su corrupción e ineficiencia le hacen daño a la economía y a todos nosotros. Como me escribió una lectora para el caso de la luz que ahora está en el candelero: “Tenemos un contrato y un medidor, pero nos encontramos en total estado de indefensión ante la pésima calidad del servicio y la completa arbitrariedad en los cobros por la energía eléctrica. Y ante la impotencia para canalizar una queja o aclaración, y el cálculo sobre mayores costos económicos y pérdidas de tiempo, uno acaba pagando el recibo aún con estas tarifas ilógicas y arbitrarias, con el agravante de los cada vez más frecuentes cortes de energía (todos los días, a veces varias veces al día y por varias horas) y la descompostura de aparatos eléctricos”.
Pero también es cierto que son la única manera de oponerse a la lógica perversa que deja a cada individuo solo, teniéndoselas que arreglar por sí mismo o en pequeños grupos atomizados que demandan algún servicio.
Los sindicatos dan protección, negocian, consiguen beneficios colectivos, impiden despidos o en su caso obligan a indemnizaciones, pero sobre todo, como escribió Sergio Zermeño, tienen capacidad para luchar por grupos sociales amplios y con una concepción nacional.
La solución no es pues desaparecer a los sindicatos sino actualizar su modo de funcionar.
sarasef@prodigy.net.mx
Escritora e investigadora en la UNAM
Carlos Monsiváis
¡Albricias, pastores, que está por nacer el Estado!
No hay Estado fallido. Ya pasó a mejor vida el Estado a la antigüita, con todo y presidencialismo y lectura del Informe ante un Congreso que consideraba blasfemia las críticas al presidente; queda como reliquia el espectro del Estado, hecho trizas por ineptitud, corrupción, represiones y culto a la impunidad que es la esencia del sistema. En el Legislativo abundan los representantes fantasmales de la voluntad de encumbramiento, y en el Judicial se acata la voluntad de los poderosos aunque no se molesten en emitirla. El desprestigio describe el manejo de imposiciones muy lesivas para la economía de casi todos y de trampas de lejano origen jurídico que buscan desalentar a quienes quieren participar en la política.
El debate (si así queremos llamar al jaloneo) sobre el aumento de impuestos revela la falta de convicciones y de información que ya es sinónimo de clase gobernante. En esto han coincidido los legisladores de PAN y PRI: actúan para luego contradecirse y decir que lo hicieron contra su voluntad, y que las cosas empezarán bien porque para eso las dejaron tan mal. El nivel doctrinario y cultural exhibido delata a la educación privada, formadora de la mayoría de los legisladores, y anuncia el fin del vocabulario amplio que alguna vez tuvo que ver con el uso en México del español. Se comprueba la ausencia de formas y de contenidos en la vida política. No saben qué decir ni cómo decirlo, crean laberintos en los que se enredan para descubrir que ya no saben a dónde iban.
Observen al secretario del Trabajo, Javier Lozano, hablando de la desaparición de LyFC: “No se trató de una acción represiva sino preventiva. Se nos ha criticado por lo que algunos llaman equivocadamente el sabadazo”. ¿A qué alude? Se podría suponer que la acción es preventiva para que la represión ya no sorprenda, o que prevenir con ánimo de exterminio es quitarle oportunidades de lucimiento a la represión, o mejor, que el secretario ignora que una represión nunca puede ser preventiva: “Te meto a la cárcel ahora para que después no te sorprendan las rejas”. Lozano responde a la pregunta “¿Cuál sería la reforma nuclear en la cuestión laboral?”, y lo hace en términos que llevan al desvarío: “El acceso al mercado de trabajo en modalidades que faciliten la productividad en las relaciones laborales y que aumenten la competitividad de nuestra economía”. Esta respuesta desconcertará al que se proponga entenderla: así que la reforma nuclear en lo laboral consiste en el acceso al mercado de trabajo en modalidades que faciliten la productividad. ¿No me repite, por favor? La reforma nuclear da como fruto estatal el acceso (¿de quiénes?) al mercado de trabajo (¿en dónde y en qué condiciones?) en modalidades que faciliten la productividad en las relaciones laborales (¿hay quién pueda descifrar esta contribución al sonido de una sola mano, la del licenciado, aplaudiendo?). Y el final es ya un concurso de fuegos de artificio en noches sin pretextos para usarlos: todo lo anterior, las modalidades que fomenten la productividad no en el trabajo sino en las relaciones de obreros y patrones, son métodos preventivos, el que declare entender este discurso será reprimido.
Escúchese el dictamen judicial del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont: “Estamos tomando decisiones difíciles que afectan la estructura de poder existente para volverla más incluyente, pero la inclusión y la participación no pueden imponerse”. Maravilloso, ¿para qué se vuelve más incluyente la estructura de poder si sólo va a beneficiar a quienes así lo decidan? Ahora resulta que uno no se incluye si no le da la gana, porque no quiero del Estado sino lo que me apetezca. ¿Y de qué participación habla? ¿De las decisiones que sólo una minoría exigua toma, de la sorpresa al saber que la estructura de poder se deja afectar por actos naturalmente preventivos?
Vacío de forma es desaparición de fondo.
* * *
¿A quién le creemos: a las palabras o a los votos? Si juzgamos por las votaciones en las cámaras, nos equivocaremos: los hechos nada tienen que hacer al lado de las declaraciones. Se han desgarrado las vestiduras alternas panistas y priístas alegando la urgencia de aprobar el plan Calderón en materia fiscal, y luego se arrepienten. Así, por ejemplo, el senador priísta Francisco Labastida: “El paquete no nos gusta porque no impulsa el empleo, es recesivo, impulsa la inflación. Es un Frankenstein que llegó y al que le hicimos algunos cambios para quitarle lo más nocivo”. Conclusión: no le quitaron al paquete todo lo nocivo, sino lo más nocivo que no se toma la molestia de señalar. Les regalaron a las empresas televisivas dos años sin impuestos, no buscaron explicaciones mínimamente convincentes, creyeron que abstenerse, y lo dijeron textualmente, era una forma de votar, así como si dijeran que abstenerse sexualmente es una forma de follar, y esta no es metáfora sino extensión lógica.
En la mentalidad de los políticos históricos el arrepentimiento sólo tiene sentido como jactancia. “Sí, lo hicimos mal, pero a ver, cámbienlo”. Beatriz Paredes dice que no sirvió para nada la golpiza fiscal; el líder del PAN, César Nava, afirmó que el aumento de impuestos no satisfizo a nadie (bueno, no exagere, el Presidente no es un don nadie); y al diputado líder priísta, Francisco Rojas, no le tiemblan los verbos y los sujetos aunque sí algo los complementos: “(votamos) aun por encima de costos políticos. Por lo que decidimos, en congruencia con el contenido de nuestros documentos básicos, rechazar el IVA en alimentos y medicinas”. ¿Qué habrá querido decir? ¿Qué son “los costos políticos”? ¿Qué tanto compensa su rechazo del IVA la aprobación de impuestos guillotinadores? No dudamos de los documentos básicos, sobre todo porque a manera del 100% de los ciudadanos, no los conocemos, pero como disculpa parece infantil: “Sí, votamos en contra del costo político que significa votos y prestigio, pero los votos nos llegan por el clientelismo y el prestigio llevamos décadas de no tenerlo, así que se aguantan y se llevan su costo político a otra parte”.
Sigo creyendo que una adecuada represalia de los ciudadanos es la lectura de las declaraciones de los políticos. Y que un ejercicio lógico insustituible es indagar en lo que quisieron decir. Algo se logrará si saben que sus palabras, o las de sus suplentes verbales, son leídas. El temor a Dios comienza en algún lado, y ese puede ser la certeza de que alguien está leyendo los textos explicatorios por encima del hombro de quien los distribuye.
Escritor
El debate (si así queremos llamar al jaloneo) sobre el aumento de impuestos revela la falta de convicciones y de información que ya es sinónimo de clase gobernante. En esto han coincidido los legisladores de PAN y PRI: actúan para luego contradecirse y decir que lo hicieron contra su voluntad, y que las cosas empezarán bien porque para eso las dejaron tan mal. El nivel doctrinario y cultural exhibido delata a la educación privada, formadora de la mayoría de los legisladores, y anuncia el fin del vocabulario amplio que alguna vez tuvo que ver con el uso en México del español. Se comprueba la ausencia de formas y de contenidos en la vida política. No saben qué decir ni cómo decirlo, crean laberintos en los que se enredan para descubrir que ya no saben a dónde iban.
Observen al secretario del Trabajo, Javier Lozano, hablando de la desaparición de LyFC: “No se trató de una acción represiva sino preventiva. Se nos ha criticado por lo que algunos llaman equivocadamente el sabadazo”. ¿A qué alude? Se podría suponer que la acción es preventiva para que la represión ya no sorprenda, o que prevenir con ánimo de exterminio es quitarle oportunidades de lucimiento a la represión, o mejor, que el secretario ignora que una represión nunca puede ser preventiva: “Te meto a la cárcel ahora para que después no te sorprendan las rejas”. Lozano responde a la pregunta “¿Cuál sería la reforma nuclear en la cuestión laboral?”, y lo hace en términos que llevan al desvarío: “El acceso al mercado de trabajo en modalidades que faciliten la productividad en las relaciones laborales y que aumenten la competitividad de nuestra economía”. Esta respuesta desconcertará al que se proponga entenderla: así que la reforma nuclear en lo laboral consiste en el acceso al mercado de trabajo en modalidades que faciliten la productividad. ¿No me repite, por favor? La reforma nuclear da como fruto estatal el acceso (¿de quiénes?) al mercado de trabajo (¿en dónde y en qué condiciones?) en modalidades que faciliten la productividad en las relaciones laborales (¿hay quién pueda descifrar esta contribución al sonido de una sola mano, la del licenciado, aplaudiendo?). Y el final es ya un concurso de fuegos de artificio en noches sin pretextos para usarlos: todo lo anterior, las modalidades que fomenten la productividad no en el trabajo sino en las relaciones de obreros y patrones, son métodos preventivos, el que declare entender este discurso será reprimido.
Escúchese el dictamen judicial del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont: “Estamos tomando decisiones difíciles que afectan la estructura de poder existente para volverla más incluyente, pero la inclusión y la participación no pueden imponerse”. Maravilloso, ¿para qué se vuelve más incluyente la estructura de poder si sólo va a beneficiar a quienes así lo decidan? Ahora resulta que uno no se incluye si no le da la gana, porque no quiero del Estado sino lo que me apetezca. ¿Y de qué participación habla? ¿De las decisiones que sólo una minoría exigua toma, de la sorpresa al saber que la estructura de poder se deja afectar por actos naturalmente preventivos?
Vacío de forma es desaparición de fondo.
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¿A quién le creemos: a las palabras o a los votos? Si juzgamos por las votaciones en las cámaras, nos equivocaremos: los hechos nada tienen que hacer al lado de las declaraciones. Se han desgarrado las vestiduras alternas panistas y priístas alegando la urgencia de aprobar el plan Calderón en materia fiscal, y luego se arrepienten. Así, por ejemplo, el senador priísta Francisco Labastida: “El paquete no nos gusta porque no impulsa el empleo, es recesivo, impulsa la inflación. Es un Frankenstein que llegó y al que le hicimos algunos cambios para quitarle lo más nocivo”. Conclusión: no le quitaron al paquete todo lo nocivo, sino lo más nocivo que no se toma la molestia de señalar. Les regalaron a las empresas televisivas dos años sin impuestos, no buscaron explicaciones mínimamente convincentes, creyeron que abstenerse, y lo dijeron textualmente, era una forma de votar, así como si dijeran que abstenerse sexualmente es una forma de follar, y esta no es metáfora sino extensión lógica.
En la mentalidad de los políticos históricos el arrepentimiento sólo tiene sentido como jactancia. “Sí, lo hicimos mal, pero a ver, cámbienlo”. Beatriz Paredes dice que no sirvió para nada la golpiza fiscal; el líder del PAN, César Nava, afirmó que el aumento de impuestos no satisfizo a nadie (bueno, no exagere, el Presidente no es un don nadie); y al diputado líder priísta, Francisco Rojas, no le tiemblan los verbos y los sujetos aunque sí algo los complementos: “(votamos) aun por encima de costos políticos. Por lo que decidimos, en congruencia con el contenido de nuestros documentos básicos, rechazar el IVA en alimentos y medicinas”. ¿Qué habrá querido decir? ¿Qué son “los costos políticos”? ¿Qué tanto compensa su rechazo del IVA la aprobación de impuestos guillotinadores? No dudamos de los documentos básicos, sobre todo porque a manera del 100% de los ciudadanos, no los conocemos, pero como disculpa parece infantil: “Sí, votamos en contra del costo político que significa votos y prestigio, pero los votos nos llegan por el clientelismo y el prestigio llevamos décadas de no tenerlo, así que se aguantan y se llevan su costo político a otra parte”.
Sigo creyendo que una adecuada represalia de los ciudadanos es la lectura de las declaraciones de los políticos. Y que un ejercicio lógico insustituible es indagar en lo que quisieron decir. Algo se logrará si saben que sus palabras, o las de sus suplentes verbales, son leídas. El temor a Dios comienza en algún lado, y ese puede ser la certeza de que alguien está leyendo los textos explicatorios por encima del hombro de quien los distribuye.
Escritor
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