Andrés Manuel. Foto: Especial.
En esta hora en la que el encono y la confrontación se apoderan de
los medios, las redes y las calles; cuando parece haberse diluido, por
la cancelación de las obras del NAICM en Texcoco, la posibilidad de una
transición tersa; a solo un mes de la toma de posesión de Andrés Manuel
López Obrador, conviene tomar conciencia de la necesidad urgente de
poner a México por encima de los intereses particulares y luchar unidos
contra los grandes males que nos aquejan. El país -ya lo he dicho en
este espacio- se nos deshace entre las manos, enfrentamos una crisis
humanitaria por la espiral de violencia incontenible, y vivimos lo que
puede definirse como una verdadera catástrofe ética. El 1 de julio
pasado las y los mexicanos, urgidos de poner fin a esto, no nos
pronunciamos sólo por un cambio de Presidente. Salimos a votar con un
propósito: cambiar de régimen, y con nuestros votos dimos órdenes
precisas a López Obrador: cumple con esa tarea, haz lo que prometiste,
cueste lo que cueste.
Uno de estos grandes males que aquejan a la nación –quizás el mayor
de ellos- es la corrupción, que se ha agudizado en los últimos 30 años
debido fundamentalmente a lo que fue primero un amasiato perverso entre
los poderes fácticos y la Presidencia de la República y después una
franca subordinación del poder político al poder económico. Nada más
dañino para un país que el hecho de que el gobierno se conciba sólo como
una oportunidad de hacer negocios, el erario como una bolsa abierta
destinada a repartirse entre unos pocos y la obra pública como el botín
que toca repartirse sexenalmente.
De Vicente Fox a nuestros días, la Presidencia de la República vino a
convertirse en una especie de vicepresidencia ejecutiva a cargo de la
nación que reportaba y servía a los grandes capitales. Hubo en la
práctica una pérdida de soberanía del poder político y un deterioro
profundo de la institución presidencial. El Presidente pasó de Tlatoani
todo poderoso a simple gerente. Vicente Fox abdicó en los hechos frente a
la televisión. Si durante los gobiernos priístas que le antecedieron,
los inquilinos de Los Pinos mandaban facturas a la única cadena de TV,
con el guanajuatense se produjo una aún más perniciosa inversión de
papeles: de las televisoras comenzaron a llegar las facturas a Los
Pinos. Dejaron los concesionarios de TV de ser soldados del PRI y
comenzaron a mandar sobre el Presidente y a mandar en el país.
Pero no bastó a Fox -que se moría por unos minutos en pantalla y que
vivía obsesionado con la idea de la “pareja presidencial”, un invento
televisivo, por cierto- sólo con arrodillarse frente a la TV. Necesitaba
imponer a Felipe Calderón y cerrar a cualquier costo el paso a López
Obrador a quien, luego de su intento de golpe de Estado constitucional
mediante el desafuero, sólo había logrado convertir en el candidato con
más posibilidad de ganar la elección presidencial del 2006. Pactaron
pues, Fox y Calderón, con empresarios muy poderosos y éstos
descubrieron, al desatar la guerra sucia y convertirse en caja de
resonancia de la campaña “un peligro para México”, que podían hacer algo
más que cobrarle los servicios de imagen al Presidente: podían ayudar a
imponer a uno, podían ayudarlo a robarse la Presidencia de la República
y luego obligarle a pagar sus servicios.
Parte de ese pago llegó, con intereses, en el 2012. Ya no se trataba
únicamente de ayudar al mandatario saliente a imponer un sucesor a modo.
Se trataba de inventar a un Presidente, de elaborar un producto
mediático que más que convencer a votantes sedujera al público. Si esto
no bastaba podían comprarse votos. Y como lo que buscaban era una figura
de pantalla y no a un estadista, no repararon más que en la facha del
escogido y no en sus malas mañas, en su banalidad, en su historial de
oscuras relaciones con pocos y muy poderosos grupos económicos que
habían actuado, durante todo el sexenio, como parte de la corte del
gobernador Peña Nieto y se prepararon para ser sus contratistas de
cabecera una vez que llegara a la Presidencia.
Estos últimos 18 años, la corrupción ha crecido exponencialmente y ha
generado una espiral de violencia que nos ha hecho perder, entre
muertos, desaparecidos y desplazados, prácticamente a una generación
completa. Aunque corrupción y violencia se ceban fundamentalmente en los
desposeídos, no dejan de afectar también y muy profundamente a los
empresarios honestos y patriotas que buscan generar riqueza de manera
legítima y no han pretendido nunca mandar al Presidente. Muchos de ellos
votaron también por López Obrador y otros aunque no lo hicieron no
movieron un dedo para tratar de imponer por las malas a su candidato e
intervenir, como lo hicieron otros, en el curso de unas elecciones que,
como marca la Constitución, han de ser libres y auténticas.
Decenas de veces, mientras seguía a López Obrador con la cámara al
hombro, le escuché contar a la multitud cómo un viejo campesino
oaxaqueño se le había acercado en el Valle de San Quintín, a donde había
emigrado, para pedirle que, así como Benito Juárez había logrado la
separación entre la iglesia y el Estado, así a él, por el bien de la
nación, le tocaba separar al poder económico del poder político. En
muchas plazas, foros y entrevistas, en reuniones con las agrupaciones
patronales, dijo López Obrador que esta separación sería uno de sus
objetivos y que de llegar al poder serviría, obedecería, única y
exclusivamente, al pueblo de México.
En el curso de la campaña y en estos meses de larga y peligrosa
transición, López Obrador ha mostrado su decisión indeclinable de lograr
esa separación. No hizo descansar nunca su estrategia propagandística
en la exposición televisiva, no estableció por tanto la relación de
dependencia de Fox, Calderón o Peña Nieto con los grandes
concesionarios. Más que valerse de las cadenas de radio y TV, se valió
de las redes. Sus videos en Facebook fueron en campaña y son ahora su
principal instrumento de comunicación. Anunció ya una reducción
sustantiva del presupuesto publicitario gubernamental, lo que lo expone
al encono de los medios que consideran parte sustancial de sus ingresos
el dinero público. Ha tomado ahora una decisión que lo enfrenta con
algunos de los capitales más poderosos del país y ante la cual
organismos empresariales, columnistas y medios se han pronunciado
juzgándolo con extrema dureza, lanzado predicciones apocalípticas y
reeditando los argumentos más virulentos de la guerra sucia electoral.
Cambiar de régimen no es un proceso exento de confrontaciones y
peligros. Más todavía cuando el régimen, al que las y los mexicanos
condenamos a desaparecer, se resiste a morir. Vendrán decisiones aun más
polémicas que la del aeropuerto. Tendremos que encontrar la manera,
como la han encontrado otras democracias, de enfrentar esos momentos con
más serenidad, respetando las reglas del juego democrático y sin caer
en las viejas costumbres golpistas de la derecha latinoamericana. En una
democracia el pueblo manda y el Presidente obedece. Si éste se
equivoca, el pueblo se lo cobra en las urnas. A eso se expone, de manera
consciente, López Obrador, y tanto que habrá de someterse a un proceso
de revocación de mandato justo a la mitad de su sexenio. Debemos
recordar que las banderas ideológicas se destiñen con la sangre y no
intentar que a la violencia criminal incontenible se sume ahora la
violencia política. Debemos preservar la paz, pensar en México, respetar
los principios democráticos, aceptar que ya no mandan unos pocos sobre
el Presidente, que somos muchos los que le ordenamos que cumpla su
tarea.
TW: @epigmenioibarra
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