Se incrementa la violencia en su contra
El
pasado 28 de octubre, defensoras hondureñas fueron perseguidas,
desalojadas y agredidas con armas de fuego y gas lacrimógeno de su
campamento en Guapinol, en la comunidad de la Cebita, por un contingente
policial hondureño y personal de la empresa minera “Inversiones los
Pinares”, lo que dejó como resultado la muerte de una defensora y dos
heridas.
Integrantes de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de
Derechos Humanos (IM-Defensoras) explicaron que las defensoras fueron
desalojadas de manera violenta por un contingente policial y militar de
casi mil 500 personas, de su campamento en Guapinol, donde desde hace 87
días se mantenían en resistencia para que los ríos de las comunidades
del sector San Pedro, Tocoa y Abisinia, no fueran explotados por la
empresa “Inversiones Pinares”.
La empresa minera “Inversiones los Pinares” con capital nacional e
internacional tiene por objetivo explotar el agua de los ríos para
extraer los minerales en las 200 hectáreas del Parque Nacional “Carlos
Escaleras Mejía”, lo que pone en riesgo la vida de más de 900 mil
habitantes y la vida de los ecosistemas en la región de Colón.
Después del desalojo, las defensoras manifestaron en un comunicado
que fueron agredidas por personal de la empresa minera en presencia del
contingente policial y militar sin que éstos las auxiliaran, lo cual,
aseguraron, evidencia una vez más la colusión del gobierno hondureño con
los intereses privados de empresas y una violación a su obligación de
proteger la vida, integridad y los Derechos Humanos (DH) de las
comunidades.
Resaltaron que estas acciones son ejemplo del mecanismo de represión,
violencia, corrupción e inestabilidad política que ha mantenido, desde
2014, el presidente de este país, Juan Orlando Hernández y que ha dado
como resultado la migración forzada de más de 7 mil personas hondureñas,
cifra que según han manifestado personas expertas, incrementará hasta
finales de este año si organismos internacionales de DH no realizan
acciones ante la crisis que vive el país.
Las defensoras expresaron su preocupación por el aumento de la
violencia en su contra y por la impunidad en la que se encuentran varios
casos como el de la ex coordinadora del Consejo Pueblos Indígenas de
Honduras (Copinh), Bertha Cáceres, asesinada en marzo de 2016.
Ante ello, exigieron que el gobierno hondureño ponga fin a la
impunidad en la que siguen los asesinatos de defensoras, les asegure el
acceso a la justicia y se abstenga de criminalizar y difamar la labor de
estas mujeres, así como también cumpla con sus obligaciones como órgano
protector de los DH.
De acuerdo con el Informe “Defender para vivir” de IM-Defensoras,
entre los años 2016 y 2017, registraron mil 132 agresiones (uso excesivo
de la fuerza, amenazas, intimidación, detenciones arbitrarias,
desprestigio a su labor, entre otras) contra defensoras, las cuales
fueron cometidas principalmente por desconocidos, policías y militares.
Durante las agresiones –documentó el informe- el personal de la
policía y militares han empleado armas de fuego, toletes, bombas de gas
lacrimógeno y pimenta e incendiado las casas o transportes, donde las
defensoras se trasladan y resaltó que en estos actos violencia las
familias de éstas también son agredidas.
ÉXODO DE MIGRANTES
En tanto, a casi un mes de haber comenzado su recorrido (13 de
octubre) el éxodo de 7 mil 111 personas hondureñas -al que le han
seguido otros 3 grupos de casi 2 mil personas hondureñas, salvadoreñas y
guatemaltecas- han caminado más de 400 kilómetros con altas
temperaturas, cruzado ríos, dormido en las calles y han sido agredidos,
todo ello con el objetivo de llegar a su destino: Estado Unidos, en
busca de mejores condiciones de vida y oportunidades de trabajo.
Ayer, algunas personas de este éxodo arribaron a la Ciudad de México y
se han refugiado en el centro del Estadio “Palillo” Martínez, ubicado
en la delegación de Iztacalco, mientras que otras optaron por quedarse
en los pueblos de Juan Rodríguez Clara e Isla, ambos del estado de
Veracruz. Se estima que al éxodo le quedan por recorrer casi 900
kilómetros.
En repuesta a la llegada de las personas migrantes, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), exigió a través de un
comunicado al gobierno mexicano que dé un trato “humanitario, digno y
respetuoso” al éxodo en su paso por la CDMX, ya que dijo, las
condiciones en las que viajan provoca que su situación sea más
vulnerable al exponerse a ser víctimas de algún delito.CIMACFoto: César Martínez López
Por: Aline Espinosa Gutierrez
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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