Falta menos de un mes
para que asuma el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y ya ha
empezado a recibir feroces ataques de los grandes medios de
comunicación y de todos los que sienten que serán afectados con sus
políticas y decisiones, principalmente el poder económico con su derrota
en la consulta popular sobre el proyecto del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAIM).
El resultado de la
consulta popular convocada por López Obrador fue contundente, y ganó la
alternativa del aeropuerto en Santa Lucía y la cancelación del faraónico
proyecto del NAICM,, una aspiración de los gobierno neoliberales desde
el sexenio de Fox, impuesto por la fuerza, con muertos, presos y mujeres
de la localidad de Atenco violadas para obligar su desalojo para
satisfacer los negocios del gran capital.
Los mercados, los
partidos del actual régimen, las cúpulas empresariales y los sicarios de
los medios hegemónicos al servicio (o parte) del poder fáctico,
hablando como supuestos representantes del colectivo (como están
acostumbrados a hacer) anunciaron tormentas y desastres y siguieron con
sus ataques al futuro presidente. La cuerda se tensó y la guerra de
micrófonos tenía como meta dirimir quién manda en México.
La
posición de AMLO no pudo extrañar ya que desde que fue jefe de gobierno
del entonces Distrito Federal, se había opuesto a esta obra. En el 2015
había presentado a Santa Lucia como alternativa frente a lo que calificó
como un “baúl sin fondo”, “una obra faraónica” y “un negoción para unos
cuantos”. La resistencia de las cúpulas empresariales hizo que López
Obrador optara por una consulta como mecanismo de deliberación.
El
asunto central es quién manda (o mandará) en México. Los últimos
gobiernos mexicanos, mientras creaban una nueva oligarquía, se sometían a
los dictados de Washington y de los grandes intereses económicos
estadounidenses y de sus socios locales. Cada reforma “estructural” fue
en beneficio de un pequeño grupo, cada decisión impopular de los
gobiernos era aplaudida de pie por el poder económico y mediático.
A
partir del 1 de diciembre -anunció el cada vez más próximo mandatario-
se cancelará el proyecto de NAICM, los compromisos financieros se
honrarían y se buscaría negociar con las partes inconformes. Lo anunció
AMLO, con los más de 30 millones de votos conquistados en las elecciones
y el y70% del más de un millón de ciudadanos de 538 municipios que
participó en la consulta. quien en preguntó, precisamente "¿Quién manda?
¿No es el pueblo, los ciudadanos? ¿No es eso la democracia? Ese es el
cambio”.
Y agregó que “se acabó el predominio de una minoría y la
vinculación del poder económico y político, que el gobierno esté sólo al
servicio de un grupo. El gobierno es de todos, representa a todos y
estoy seguro que se entenderá. Cuesta trabajo, porque no termina de
desaparecer lo antiguo, lo viejo, lo anacrónico."
AMLO fue
sumamente claro a lo largo de su campaña con respecto a este
megaproyecto que tenía un costo de15 mil millones de dólares -además un
costosísimo mantenimiento anual- por ser construido en un terreno que
antaño fue el lago de Texcoco y que por ello tiene un suelo asentado en
un fondo lleno de agua y lodo.
Era un proyecto ecocida porque se
hubiera secado el lago Nabor Carrillo, eliminando a todas las aves que
allí se han asentado. Las pistas de aterrizaje sufrirían hundimientos
debido a la naturaleza del suelo en donde serían construidas. Toda esa
zona de Texcoco hubiera dejado de ser un vaso regulador y fuente de
absorción de agua para la Ciudad de México.
El pueblo decidió:
en lugar de construir el nuevo aeropuerto, se construirá un complejo
aeroportuario que integrará al actual Aeropuerto Internacional Benito
Juárez con el de Toluca y el actual aeropuerto militar de la Base
Militar Santa Lucía.
Esta decisión augura un cambio en el tipo
de democracia, de un sistema donde lo democrático era ejercido cada seis
años en el derecho al voto (por alguna de las opciones del poder
fáctico representando a distintos partidos que en definitiva son parte
de lo mismo), mientras se beneficiaba permanentemente a las elites
económicas, al mejor estilo neoliberal, por una democracia
participativa, donde el pueblo es el que decide.
¿Y las reformas estructurales?
La división de los partidos conservadores y las contradicciones entre
los diversos sectores capitalistas (trasnacionales, grandes empresas
nacionales, medias y pequeños) e incluso en los mandos de las fuerzas
armadas le permitieron a AMLO llegar a la Presidencia que antes le
habían hurtado.
Para el analista Guillermo Almeyda fueron
decisivos el temor a la reacción popular en caso de fraude (el tigre que
AMLO ofreció domar) y la agudización de la permanente resistencia, a
pesar de la represión y las matanzas (zapatismo chiapaneco en 1994,
votación por Cuauhtémoc Cárdenas en el Distrito Federal en 1997, Acteal
en ese mismo año, la experiencia de la Asamblea Popular de los Pueblos
de Oaxaca, la lucha de Atenco contra el nuevo aeropuerto durante el
gobierno de Vicente Fox en 2006, los normalistas desaparecidos de
Ayotzinapa, el gasolinazo, Anuee...)
Hoy su Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) tiene mayoría en ambas cámaras, pero ni
siquiera han elaborado un calendario urgente de reformas a las leyes
infames y persisten la Ley de Educación y todas las leyes reaccionarias
sobre seguridad, Petróleos Mexicanos, los recursos naturales, la
minería, la justicia o en materia laboral, nada se dice de todos los charros en los sindicatos y se mantiene la militarización del país.
Muchos analistas consideran negativa la decisión de AMLO de hacer el
Tren Maya a costa del medio ambiente y de los campesinos y en provecho
del turismo de lujo y de la especulación y, también la resolución sobre
las denominadas Zonas Económicas Especiales que reorganizan el
territorio en interés y a la medida del gran capital, con completo
desprecio por las poblaciones y por la ecología.
“AMLO ha
demostrado ser, antes que nada, un caudillo latinoamericano clásico,
verticalista, decisionista y autocrático que pretende establecer un lazo
carismático con la plebe y cubre esa actitud con un discurso
ambiguo democrático-demagógico. Hasta ahora ni siquiera ha mencionado la
posibilidad de romper con los cimientos de la dependencia de México
reconstruyendo la economía y la sociedad sobre otras bases”, dispara
Almeyda.
El modelo neoliberal tiene demasiados cerrojos
La otra pregunta es si está a la orden del día el fin del modelo
neoliberal, lo que es sumamente difícil, porque desde 1994-1996 se han
aprobado una serie de candados legales que blindan jurídicamente el
proyecto neoliberal.
El proyecto alternativo de nación de López
Obrador plantea que hay que recuperar democráticamente al Estado y
convertirlo en el promotor del desarrollo político, económico y social
del país. Esto no significa que sea la mera continuidad del modelo
actual.
Sostiene que se consultará a la gente si las reformas
estructurales se mantienen o se cancelan. Anuncia que el presupuesto
será realmente público y se dará preferencia a los pobres. Insiste en la
centralidad de la lucha contra la corrupción. Pero no habla
explícitamente –como sí hizo en el pasado– de erradicar el modelo
económico neoliberal.
Ya puso en el centro del debate de la
campaña electoral la revisión de los contratos para la obra pública y
las concesiones gubernamentales, la construcción del NAICM y las de
explotación de campos petroleros. Asimismo, se comprometió a dar marcha
atrás a la reforma educativa.
Pero, más allá de la voluntad
política para modificar el modelo neoliberal, está el entramado jurídico
construido para evitar que se modifiquen sus aspectos sustantivos. No
se trata tan sólo de un candado, sino de un sistema complejo de
cerrajería urdido desde las reformas aprobadas por las cámaras, las
resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el
funcionamiento de los organismos reguladores de la economía y la firma
de acuerdos de libre comercio, señala el analista Luis Hernández
Navarro.
El marco legal aprobado es un verdadero campo minado que
favorece invariablemente los intereses de las grandes empresas (muchas
de ellas trasnacionales) en contra de las facultades regulatorias del
Estado. El momento clave para tender este cortafuegos jurídico fue la
restructuración de la Suprema Corte en diciembre de 1994, cuando el
presidente Ernesto Zedillo destituyó a los 26 ministros que la
integraban y estableció una nueva composición de 11, agrega.
El
proyecto neoliberal en México contó, a partir de ese momento, con un
enorme blindaje jurídico. Desde entonces, una y otra vez, la Corte ha
decidido contra los intereses populares. Pero también los órganos
reguladores de la economía impusieron cerrojos que, en lugar de
favorecer la competencia propiciaron la concentración del mercado y
fortalecido a los monopolios, además de permitir al Ejecutivo disfrutar
de facultades extraordinarias.
La firma de innumerables tratados
de libre comercio (sobre todo en sus capítulos de inversiones) obligaron
a modificar la legislación interna y sometieron al país a un nuevo
derecho proempresarial, dedicado a proporcionar garantías a las
inversiones extranjeras. No es factible emprender un nuevo modelo de
desarrollo en favor de las mayorías si no se desmantela este entramado
jurídico abiertamente pro empresarial
A menos de un mes de asumir
la presidencia un presidente centroizquierdista, parece haber decidido
que sean los mexicanos los que acompañen las decisiones de su gobierno,
empoderando a los excluidos -económica, social y políticamente- por
décadas. Para ello deberá abrir muchos cerrojos y atreverse a hacer
camhios estructurales. El tema de base es siempre el mismo: ¿quién
gobernará México?
Gerardo Villagrán del Corral. Antropólogo y
economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis
Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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