Hernán Gómez Bruera
Hay una fotografía del 19 de octubre en la frontera Sur
ante la que es imposible permanecer indolente. Es la imagen de un
hombre que intenta abrirse paso con un bebé en sus brazos en medio de
los granaderos que acudieron a recibir a la caravana de migrantes. Tiene
los ojos visiblemente enrojecidos por el gas pimienta y la
desesperación en su rostro es evidente. Arriba se alcanza a leer un
anuncio que dice: “Bienvenido a México”.
La imagen captura muchas cosas al mismo tiempo: la falta de preparación que tienen nuestras fuerzas de seguridad para mantener el orden en situaciones extraordinarias y la facilidad con la que recurren a la violencia y se saltan protocolos de derechos humanos. Pero la foto muestra también lo atrasado de una política migratoria que sigue asumiendo un carácter militarista y de seguridad nacional, en lugar de un enfoque de derechos como el que estableció en la Ley General de Migración de 2009 (una de esas tantas leyes que nunca salen del papel).
Las autoridades migratorias sabían que venía una caravana desde Honduras y tuvieron tiempo para preparar una recepción ordenada y pacífica. Los migrantes –que más que por voluntad personal son víctimas de un desplazamiento forzado–
podrían haber sido recibidos en una zona especial o campo de
refugiados, donde permanecieran bajo resguardo de la autoridad hasta
permitirles internarse en territorio nacional. Algo similar a lo
que hizo Alemania con los refugiados sirios. En lugar de eso
prefirieron una operación al más puro estilo halcón.
Haber recibido a mujeres y niños con gases lacrimógenos
quedará inscrito como una de los episodios más lamentables de nuestra
política migratoria que la Cuarta Transformación debe cambiar
de una vez y para siempre. Lejos está de ser el único episodio
lamentable en este terreno. Los integrantes de la caravana bien podrían
haber cruzado por separado, como lo hacen todos los años cientos de
miles por una frontera prácticamente inexistente. Si decidieron marchar
todos juntos no solo es por la visibilidad y el impacto político de una
acción de este tipo, sino también para protegerse de las graves agresiones que sufren los migrantes a su paso por nuestras inclementes tierras.
Una encuesta elaborada entre migrantes muestra que 85% de ellos son víctimas de un delito a su paso por México, 67% sufren algún robo y 26% algún tipo de extorsión. ¿Y quién los extorsiona? 42% afirman que lo hacen las propias autoridades.
No en balde el Instituto Nacional de Migración está entre las diez
instituciones que más violan derechos humanos en el país. En su interior
es muy común la presencia de extorsionadores profesionales
que complementan sus magros sueldos quitándole a los inmigrantes lo
poco que traen encima, sino es que entregándoselos al crimen organizado a
cambio de mayores sumas.
Ciertamente, la mayor parte de los integrantes de la caravana quiere llegar a Estados Unidos. No debemos descartar, sin embargo, que muchos opten por quedarse en México. Abrirles
las puertas y reconocerles su condición de refugiados es lo mínimo que
puede hacer un país que exige respeto y dignidad a sus millones de
migrantes en Estados Unidos.
México no tiene un problema de inmigración, suponiendo sin conceder que éste sea un problema (escribí sobre el tema aquí https://goo.gl/2SHc4L). Tenemos una de las proporciones de población extranjera más bajas del continente
y la más baja de todos los países de la OCDE. Estamos en condiciones de
recibir a un número importante de refugiados. Sin embargo, en 2016 México tan solo reconoció el refugio a 3,223 personas y en 2017 tan solo a 1907.
Muy lejos de países como Turquía, que hoy tiene 2.5 millones; Pakistán,
con 1.6 millones, Irán con 979 mil o Alemania con 670 mil.
Es sabido que México poco a poco está dejando de ser únicamente un
país con migración de tránsito para convertirse en un país destino. Cada vez son más los hondureños, salvadoreños y guatemaltecos que llegan aquí huyendo de la violencia.
A pesar de la situación de muchas de estas personas, cuyas vidas
peligran en sus países de origen, en muchos casos las estamos regresando
deportadas a una muerte segura, a veces incluso tratándose de menores
de edad.
México ha demostrado su falta de voluntad para reconocer legalmente a
los refugiados. Las autoridades migratorias hacen todo lo posible por
no otorgar dicho reconocimiento. Para muestra, cifras de Amnistía Internacional muestran que a 75% de los migrantes que llegan a México no se les informa siquiera la posibilidad de solicitarlo
y a 69% nadie les pregunta las razones por las cuáles han escapado de
su país. Además, el rezago para procesar las solicitudes de refugio en
México es enorme y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR)
tiene un presupuesto y una estructura raquíticas.
No deja de llamar la atención que entre 2016 y 2017 se aprobaron prácticamente todas las solicitudes de refugio presentadas por venezolanos,
mientras la tasa de rechazo a solicitudes presentadas por
centroamericanos es muy elevada. El año pasado, por ejemplo, de los 912
venezolanos que completaron el trámite para solicitar la condición de
refugiados la obtuvieron 907. En cambio, de los 1537 hondureños que
completaron el trámite solo 378 fueron reconocidos.
¿Habrá una instrucción de otorgar casi automáticamente la condición
de refugiados a todos los venezolanos que así lo solicitan? ¿Será que a
la Cancillería de Luis Videgaray no le resultaba tan redituable conceder
refugio a nuestros hermanos hondureños, salvadoreños y guatemaltecos
como reforzar una narrativa sobre el autoritarismo de Nicolás Maduro y
de paso promover una agenda política interna en el contexto electoral?
Lo cierto es que frente a los venezolanos a los que se ha reconocido
el carácter de refugiados las autoridades han hecho una lectura amplia
de lo establecido en la Ley Sobre Refugiados, Asilo Político y Protección Complementaria.
Qué bueno que así sea. Esa determinación debiera aplicarse hacia los
miles de solicitantes centroamericanos que bien podrían encuadrarse en
criterios igualmente amplios. Hacerlo no solo sería un gesto humanitario
indispensable. También nos daría prestigio internacional y autoridad moral para defender a nuestros propios migrantes en Estados Unidos.
Investigador del Instituto Mora
@HernanGomezB
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