Naciones Unidas contabiliza siete asesinatos de mujeres diarios
A Mariana Lima Buendía
le asesinó en junio de 2010, cuando tenía 28 años, su marido, un policía
judicial en el municipio de Chimalhuacán (Estado de México). Su madre,
Irinea Buendía, inició entonces una larga batalla para que se hiciera
justicia, razón por la que sufrió amenazas, agresiones y se le forzó al
desplazamiento. Tras el sobreseimiento inicial de la causa, una
sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 2015
otorgó amparo a Irinea Buendía y ordenó que se investigara “con
perspectiva de género” el asesinato. El alto tribunal consideró asimismo
“la especial obligación de prevenir, investigar y, en su caso,
sancionar la violencia contra las mujeres”. Integrado por 23
organizaciones de 43 estados, el Observatorio Ciudadano Nacional del
Feminicidio (OCNF) considera que la sentencia representó un “precedente
histórico”.
La estudiante de 22 años Lesvy Berlín Rivera Osorio
fue hallada muerta en mayo de 2017 en el campus de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM). Tras la movilización popular y de la
familia, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ordenó
en octubre de 2017 que la investigación y el juicio se centraran en un
presunto delito de “feminicidio agravado”, por el que está procesado su
expareja. La versión oficial sobre la muerte de las dos mujeres fue, en
primera instancia, el suicidio.
El OCNF detalla en un informe, a
partir de datos oficiales, que al menos 8.904 mujeres fueron asesinadas
en México entre 2014 y 2017 (las cifras proceden del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la
Procuradoría de Justicia, las fiscalías estatales y las Alertas de
Violencia de Género); de los cerca de 9.000 crímenes, únicamente el
24,5% (2.188) se investigaron como “feminicidio”; el informe del
observatorio agrega que, en el cuatrienio analizado, sólo siete estados
proporcionaron la información anual requerida a las fiscalías y
procuradurías. A partir de los balances del SENSP, organismo adscrito al
Gobierno de México, la plataforma ciudadana concluye que los asesinatos
de mujeres aumentaron en 2017 un 52% respecto a 2015.
Fuente: Observatorio OCNF
Además el OCNF establece –de acuerdo con los feminicidios registrados-
que la mayoría de las víctimas tenían entre 21 y 30 años, se les
asesinó “de manera brutal” y su cadáver fue hallado principalmente en
espacios públicos (carreteras, hoteles, terrenos baldíos, bares, entre
otros). Por otra parte, la articulación ciudadana señala que 13
entidades federativas (de las 32 que integran México) no establecen un
tipo penal adecuado en relación con el feminicidio.
El informe
de ONU-Mujeres y el Gobierno de México “La violencia feminicida en
México, aproximaciones y tendencias 1985-2016” apunta un promedio de
7,5 asesinatos de mujeres diarios (un total de 52.210 en los 30 años
analizados). El pasado mes de julio el Comité para la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas instó al
Estado mexicano a que adoptara “medidas urgentes” contra los
feminicidios. Asimismo la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2016 señala que el 66% de las
mujeres mayores de 15 años han sido víctimas de algún tipo de
violencia (el 41%, de violencia sexual; y el 34%, física); las mayores
tasas de violencia se registran en Ciudad de México, Estado de
México, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro.
La Red
Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos TDT subraya que en
el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED)
figuran 8.495 mujeres desaparecidas entre 2008 y octubre de 2017,
principalmente en el Estado de México, Tamaulipas, Puebla y Nuevo León
(los datos corresponden al fuero común). Los grupos mayoritarios de
desaparecidas son las niñas, adolescentes y jóvenes, entre los 11 y 15
años, y entre los 16 y 20. La Red TDT (Todos los Derechos para Todas y
Todos), de la que forman parte 85 organizaciones, incluye en el
análisis de la “violencia extrema” contra las mujeres la llamada
“guerra contra el narcotráfico”, iniciada durante la presidencia de
Calderón Hinojosa a partir de 2006 y continuada por Peña Nieto desde
2012 hasta la actualidad (el balance supera los 200.000 muertos en
doce años); “el combate frontal a los grupos del crimen organizado con
Fuerzas Armadas del Estado, a las que se ha dado tareas de seguridad
ajenas a sus funciones” ha tenido en la sociedad “impactos
devastadores, que han afectado de manera diferenciada a las mujeres”,
sostiene el informe “Derechos y violencias: la experiencia de ser
mujer”.
Fuente: Observatorio OCNF
El documento de las organizaciones contabiliza además, a partir de la
solicitud de información a los estados, 4.230 mujeres víctimas de
trata entre 2008 y 2017, de las que 466 eran menores de edad; el
informe señala la impunidad del fenómeno, ya que en este periodo se
han producido sólo 488 sentencias condenatorias; el mayor número de
víctimas se registró en Ciudad de México, Puebla, Baja California y
Estado de México (no se pudo acceder a información sobre Chiapas,
Nayarit y Tlaxcala); en el estado de Tlaxcala, la trata vinculada a la
explotación sexual se ha enquistado y agravado, en parte “por la
vinculación de autoridades municipales y cárteles” con las redes.
El Informe de Amnistía Internacional (AI) 2017-2018 sobre México
resume la situación: “La violencia de género contra mujeres y niñas
era generalizada; la investigación de la mayoría de los casos
deficiente, y los autores de la violencia gozaban de impunidad; no se
disponía de suficientes datos actualizados sobre los feminicidios”.
Activistas y movimientos sociales trabajan en aportar fuentes de
información. La geofísica y colaboradora de la página Web de
investigación y datos Serendipia, María Salguero, ha elaborado un mapa
de los feminicidios en México, con datos entre 2010 y julio de 2018,
que incluye categorías como edad de las víctimas, relación con el
feminicida, modo en que fueron asesinadas, situación jurídica del
criminal y enlaces a informaciones periodísticas; entre enero y julio
de 2018 ha documentado 1.649 feminicidios; 2.206 durante 2017 y 2.103
en 2016.
El último de los casos recopilados por María Salguero
es el de una mujer cuyos restos en descomposición fueron localizados
-el pasado 31 de julio- dentro de un socavón, en el municipio de
Fresnillo (Zacatecas). El mismo día fue hallada muerta en el municipio
de Genaro Codina (Zacatecas) una mujer de 16 años, después que la
familia denunciara su desaparición y la de su hijo de tres meses, que
finalmente apareció con vida.
Amnistía Internacional menciona
en el informe anual el asesinato de la defensora de derechos humanos
Míriam Elizabeth Rodríguez, ocurrido en mayo de 2017 en el estado de
Tamaulipas; la activista, amenazada en numerosas ocasiones y a las que
unos individuos dispararon en su domicilio, ya perdió a una hija en
2012 (Karen Alejandra Salinas Rodríguez fue asesinada por una banda
criminal y localizada por su madre en 2014, en una fosa clandestina
del municipio de San Fernando de Tamaulipas). Además, AI-México se
hace eco del documento “Gobierno espía. Vigilancia sistemática a
periodistas y defensores de derechos humanos en México”, realizado por
las organizaciones Article 19, la Red en Defensa de los Derechos
Digitales (R3D) y SocialTIC; la investigación revela ataques a
activistas y periodistas mediante el software “malicioso” Pegasus
entre enero de 2015 y julio de 2016.
La defensora de los
derechos humanos y de las personas desaparecidas y sus familias,
Aleida Quintana, está actualmente exiliada en el estado español; la
activista mexicana, antropóloga de formación, es una de las personas
acogidas al programa para defensoras en riesgo de Amnistía
Internacional, que tiene un año de duración. Desde 2013 ha sido
víctima de asedio telefónico, vigilancia, amenazas y violencia física,
entre cuyos responsables AI señala a grupos criminales y a “medios
cercanos a las autoridades de Querétaro”, estado en el que Aleida
Quintana desarrolla su labor en el grupo T’ek’ei por la equidad y la
Red de Feministas en Querétaro, entre otras organizaciones.
Las
presiones y hostigamientos se iniciaron hace cinco años, afirma,
“cuando empecé a elaborar una base de datos sobre las personas
desaparecidas, las víctimas de trata y los feminicidios en Querétaro;
la última agresión que sufrí fue el pasado 11 de enero, cuando me
dirigía a la organización en la que trabajaba y fui agredida por dos
hombres a bordo de un automóvil”, explica la defensora, que ha
participado en un acto organizado por AI en el Colegio Mayor Rector
Peset de la Universitat de València. El grupo T’ek’ei denuncia en las
redes sociales que entre 2015 y 2018 se han producido 85 feminicidios
en Querétaro, y 762 mujeres han desparecido en el mismo periodo
mientras las autoridades “han justificado, legitimado y ocultado tales
violencias”.
Aleida Quintana recuerda unas declaraciones del
Procurador General de Justicia del Estado de Querétaro, Alejandro
Echeverría Cornejo, sobre las personas desaparecidas, de las que
informaron medios como Rotativo o Ciudad y Poder en febrero de 2016:
“Yo pediría la comprensión de los padres para que pongan atención en
sus hijos, porque el 92,8% es gente que se va por su voluntad”. La
defensora agrega que según los registros oficiales el número de
desaparecidos en todo el país ronda los 35.000; “pero las cifras
reales son mucho mayores y existe una gran impunidad”, remata.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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