En el marco de la celebración del Día Internacional Contra la Violencia Hacia las Mujeres, en Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, articulación de 43 organizaciones de 17 estados de la República, se emite el siguiente
Pronunciamiento
La violencia contra las mujeres es un fenómeno que tiene profundas raíces, producto de la cultura patriarcal, androcéntrica y misógina que, ahora, gracias a las diversas investigaciones ha quedado en evidencia en su dimensión real, al igual que la existencia de un contexto que la posibilita y la potencia. De entre las modalidades que adopta, la violencia institucional es sin duda alguna la más grave, pues la hace viable por medio de la impunidad su continuidad y reproducción; la forma en la que se materializa esta tipo de violencia es la discriminación que se encuentra tras los actos omisos de algunos servidores públicos, la dilación en la atención de la violencia hacia las mujeres y la obstaculización de la verdad histórica en los casos de feminicidio hacen inaccesible la procuración de justicia, atentando así contra los derechos humanos de las mujeres.
El significativo crecimiento de la violencia de género y el feminicidio a nivel nacional, sin su contraparte en acción gubernamental –que por el contrario se empeña en invisibilizarlo y desaparecer los instrumentos institucionales que se dedican a combatirlo, (incluidos los Ejecutivos –en sus tres niveles-, el Legislativo –federal y estatal- y el poder Judicial –nacional y local-, y los organismos no jurisdiccionales de protección a los derechos humanos –CNDH y comisiones estatales-)- ha derivado en pobres medidas de apremio, y leve contundencia para frenar la violencia contra las mujeres. Lo anterior es un contrasentido con la razón de ser del Estado:
La protección de la vida y la garantía de seguridad de sus ciudadanas.
Las mexicanas vivimos en condición de permanente zozobra sobre nuestra seguridad, en las calles, en los empleos, en las escuelas y en nuestras propias casas: los índices de violencia urbana nos afrentan en la cotidianeidad, pues la inseguridad no se limita a las esferas de la violencia familiar. La violencia contra las mujeres se expande como un cáncer social, que pugna por despojarnos de espacios vitales elementales.
Lo anterior se corrobora con las políticas permisivas en los casos de las violadas de Atenco, de Castaños, de Oaxaca y Michoacán en donde éstas han sido tomadas cómo botín de guerra no declarada, producto de la inconstitucional militarización. Por otro lado, la alta incidencia del delito de trata de personas, que centra su actuar en las mujeres y las niñas, es una forma de esclavitud “moderna”, que ha sido pobremente atendida e inclusive ignorada. Los más de 30 millones de casos registrados por el INEGI de violencia contra mujeres en 2006; y el no estudiado ni tipificado “suceso” de la desaparición de mujeres son el caldo de cultivo para una aceptación cultural de la reproducción de la violencia contra las mujeres en todos los aspectos de su vida.
Esto se agrava en forma exponencial por la insultante indemnidad de perpetradores y funcionarios públicos. Observamos que ante la denuncia de mujeres asesinadas y desaparecidas las autoridades no investigan, no persiguen ni sancionan los delitos que vulneran la seguridad de las mujeres quebrantando la justiciabilidad de sus derechos humanos y constitucionales.
En este sentido, y con base en los datos proporcionados por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad en México, en la totalidad del territorio nacional, se reporta que la probabilidad de que el Ministerio Público –local o federal- integre efectivamente una Averiguación Previa, en consecuencia detenga a un delincuente y que éste sea presentado ante un juez es de aproximadamente 1.8%, por lo que la incidencia de impunidad en cualquier tipo de delito en México se da en un aproximado de 98.2%.
Por todo ello, y teniendo como referente que ahora las mujeres de México contamos con una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley General), que obliga a las 32 entidades de la República a emitir una legislación similar, que provea de los mismos derechos y obligaciones a mujeres e instituciones gubernamentales,
Exigimos
Se garantice un contexto de seguridad en la vida de las mujeres, en el marco de la Ley General y las recomendaciones jurídicamente vinculantes emitidas a México por los organismos internacionales de protección a los derechos humanos.
Para que esto sea posible, se debe hacer público de inmediato, el Reglamento de la Ley General, que esté a la altura de la Ley misma, que permita se determinen las partidas presupuestales necesarias para llevar a cabo las acciones que ordena, y que durante todo este año han sido inaplicables por la falta de dicha regulación.
Demandamos se cumpla con el proceso de armonización legislativa en los estados que instruye la Ley General, que en su mayoría se encuentra omisa o en algunos casos, se han aprobado leyes locales, como en Nuevo León, Chihuahua y Chiapas, fuera del contexto y del espíritu de la Ley General, contraviniendo derechos y omitiendo responsabilidades de las autoridades estatales para prevenir y erradicar la violencia de género y feminicida, establecidas en la ley marco.
Reivindicamos a la Ley General como un instrumento de avanzada que, de ser operante, permitirá comenzar a vencer las inercias de la espiral de violencia que afectan la vida y la seguridad de las mujeres.
En este complicado entramado social por el que se cierne la inseguridad y la violencia tolerada contra las mujeres, el que tengamos una Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia que no se puede ejercer, producto de la indiferencia, la omisión y la indolencia gubernamental de la realidad que vivimos las mujeres en este país, es, como lo hemos sostenido desde el principio, un acto más de violencia institucional contra todas las mexicanas que exigimos no quede impune.
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