Es la primera ocasión en que esa instancia
analiza los asesinatos de mujeres
en Ciudad Juárez
07/LGL/GG/CV
La Corte Interamericana de Derechos Humanos demanda al Estado mexicano por tres casos de feminicidio
Sara Lovera
SEMlac
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió presentar una demanda contra el Estado Mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los casos de tres víctimas del feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua.Se trata del primer caso ante la Corte Interamericana por la violación a los derechos humanos de las mujeres en Ciudad Juárez que se presenta ante este tribunal internacional, informó a SEMlac la abogada Karla Michel, quien desde hace cinco años promueve la justicia para una de las víctimas.
Michel explicó que, con esta demanda, las familias de tres asesinadas en el caso conocido como “Campo Algodonero” tendrán la posibilidad de acreditar, ante esta instancia internacional, las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno Mexicano en relación con el feminicidio, por no cumplir sus recomendaciones.La demanda contra México fue interpuesta el pasado 4 de noviembre ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en San José, Costa Rica.
Será la primera ocasión en que esa instancia analice un caso de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, donde -según cifras oficiales- más de 352 mujeres fueron ultimaas en los últimos 14 años y también, por vez primera, examinará un caso cuyo tema central es la violencia de género, explicó la abogada Michel, actual asesora en violencia de género del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, capital de la República Mexicana.Precisó que la CIDH actúa y recurre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando los Estados, como México, hacen caso omiso de las recomendaciones que ha establecido previamente en un informe de fondo. Hizo notar que México aceptó la competencia de la Corte Interamericana en 1998.
La demanda se refiere a casos que fueron presentados por separado, pero que están relacionados, por tratarse de la desaparición y el homicidio de tres mujeres en Ciudad Juárez, dos de ellas menores de edad, entre septiembre y noviembre de 2001.La CIDH tomó en cuenta, de acuerdo con el documento de aceptación del que tiene copia SEMlac, que el caso se basa en la denegación de justicia por parte del Estado mexicano, la falta de políticas de prevención de la violencia contra las mujeres y el conocimiento de las autoridades estatales de la existencia en Chihuahua de un patrón de violencia contra mujeres y niñas.En Ciudad Juárez, las primeras denuncias de feminicidio se formularon en 1993, por lo que la CIDH, que ha recibido múltiples informes y ha dado seguimiento al caso “Campo Algodonero”, sustanció la falta de respuesta de las autoridades frente a estos asesinatos y desapariciones, por lo que considera negligencia en la investigación de los homicidios.El documento añade que tampoco se ha realizado la reparación adecuada en favor de sus familiares.
Al resumir los hechos, Michel señaló que, el 6 de marzo de 2002, la CIDH recibió tres denuncias por la responsabilidad internacional de México ante las irregularidades en la investigación de lo sucedido a Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monarrez, desaparecidas en 2001 y halladas asesinadas a principios de noviembre de ese año.Esmeralda y Laura Berenice tenían 15 y 17 años, respectivamente, cuando ocurrieron los hechos.
Los peticionarios argumentan que las autoridades gubernamentales "no han hecho todo lo que podían hacer para esclarecer la muerte" de las tres jovencitas y "dar una explicación clara y verídica sobre esta violación" de derechos.Indican, asimismo, que "la ineficacia en las investigaciones demuestra la poca voluntad del Gobierno para esclarecer estos crímenes y prevenirlos".Tras declaraciones y la creación de instancias y programas en Ciudad Juárez, las autoridades alegan que han "redoblado esfuerzos" para agotar todas las hipótesis que conlleven “a localizar y comprobar la probable responsabilidad" de los autores, y consideran que las investigaciones "han sido eficientes" en la medida en que varias personas están cumpliendo penas.También afirman que "en ningún momento se ha minimizado la problemática que viven las mujeres en Ciudad Juárez".
Los hechosLos días 6 y 7 de noviembre de 2001 fueron encontrados ocho cuerpos en el terreno conocido como “campo algodonero”, en Ciudad Juárez. La Procuraduría General de Justicia en Ciudad Juárez inició la investigación por los delitos de homicidio y violación. Fueron detenidos Víctor J. García Uribe (El Cerillo) y Gustavo González Meza (La Foca), a partir de declaraciones autoinculpatorias y las de una supuesta testigo.La identidad de las víctimas también fue establecida a partir de las “confesiones” y vestigios en el lugar. Una de ellas fue presentada como Esmeralda Herrera Monreal, reportada como desaparecida el 29 de octubre del mismo año.
Durante la investigación previa, los peritos oficiales solamente realizaron la necropsia de ley, que consistió en una descripción del estado del cuerpo de cada una de las víctimas, sin abundar en su identidad ni el modo y causa de las muertes.En forma irregular, los dictámenes en antropología forense, criminalística y genética forense, destinados a corroborar la identidad de las víctimas y las causas de muerte, se fueron agregando a la causa penal, cuando cinco días después del hallazgo las autoridades ministeriales ya habían asignado una identidad a cada víctima.Al comparecer por vez primera ante un juez, ambos inculpados denunciaron haber sido torturados física y psicológicamente por los policías judiciales y otros funcionarios de la Procuraduría, para firmar confesiones en las que reconocían a las víctimas. A Víctor y Gustavo les fueron tomadas fotografías poco después de la tortura, en las que aparecen las lesiones provocadas.
No obstante, el juicio siguió su curso. El 8 de febrero de 2002, Gustavo González murió en prisión después de una operación por hernia inguinal y en condiciones aún no aclaradas. Anteriormente, su abogado fue asesinado por agentes de la policía judicial, quienes “justificaron” los hechos, señalando que lo habían confundido con un delincuente fugitivo.Los familiares de las víctimas en ningún momento fueron tomados en cuenta por las autoridades en las investigaciones, ni en el proceso penal. La madre de Esmeralda, como otras madres de víctimas, no vio el cuerpo de su hija.El 13 de octubre 2004, después de cuatro años de proceso, Víctor Javier García Uribe fue condenado a 50 años de cárcel.
El caso fue informado a diversos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, que documentaron y se pronunciaron en varias ocasiones sobre las múltiples irregularidades y violaciones cometidas.Declaraciones públicas de fiscales y peritos que intervinieron en la investigación dan cuenta de que fueron obligados, por órdenes del Procurador, a “armar” el expediente y fabricar culpables, para evitar la presión social.
De acuerdo con esos testimonios, los nombres fueron puestos en cada uno de los cuerpos encontrados, a partir de una lista de jóvenes recién desaparecidas, de manera que las fechas de desaparición coincidieran con el estado de los cuerpos, no por deducción científica.El 14 de julio 2005, el tribunal de apelación decretó absolver a Víctor Javier García por falta de elementos en su contra, lo que implicó la reapertura de las investigaciones. Para la madre de Esmeralda (y otras madres en el caso), significó confirmar que los hechos siguen impunes, dudar nuevamente de la identidad de los cuerpos presentados y ratificar que la actuación de las autoridades había sido un montaje intencional e interesado.
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Producto de la violación a los derechos humanos de las mujeres
Militares
violencia feminicida
Por Lourdes Godínez Leal
México, DF, 17 dic 07 (CIMAC).- Por una supuesta lucha contra el narcotráfico, este año varias entidades del país se convirtieron en “cuarteles del Ejército”, donde las mujeres han sido víctimas de la violencia feminicida ejercida por militares.
Este tipo de violencia feminicida, explica Marcela Lagarde, es “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado”.
Está “conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”, agrega la feminista.
Esta violencia prevaleció, durante 2006 y 2007, en Coahuila, Veracruz y Michoacán.
Para Lagarde, el caso más emblemático de violencia feminicida, reconocida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, fue el de Ernestina Ascencio Rosario, en Veracruz, presuntamente violada y asesinada por militares en febrero de este año.
“Ernestina era mujer, indígena y mayor, fue abusada, se le lastimó y maltrató, fue violada a grado tal que al segundo día después de la agresión murió a consecuencia no de una gastritis, sino del maltrato brutal del cual fue objeto por parte de militares”, señala.
Para Lagarde “el abuso de poderes por parte de funcionarios del Estado y del propio Felipe Calderón, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que se convirtió en Ministerio Público”, le dieron a este caso múltiples formas de violencia.
No ha sido el único, se sumó a la larga lista de mujeres violadas en México por militares, denunciados desde la década de los 90.
En julio de 2006, 14 mujeres fueron violadas por 13 soldados en la zona de tolerancia de Castaños, Coahuila, de los cuales, al año siguiente, sólo tres fueron sentenciados por un juez civil. En mayo de 2007, 4 menores de edad fueron violadas en los municipios de Nocupétaro y Carácuaro, Michoacán.
“Todas ellas son sobrevivientes de violencia feminicida porque quedaron en riesgo de perder la vida, hubo un poder total sobre ellas y se ejerció violencia directa en su contra”, sostiene Lagarde.
VÍA ERRADA DE JUSTICIA
Este año, el interés de los medios de comunicación se centró en la lucha contra el narcotráfico, las elecciones en 14 estados de la República y la reforma electoral, por lo cual la visita de Amnistía Internacional (AI) y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), dos de los organismos defensores de los derechos más importantes en el ámbito internacional, pasaron inadvertidas al parecer para Felipe Calderón.
AI y Cejil manifestaron preocupación por la creciente militarización en el país y la violación a los derechos humanos, condenaron la violación sexual contra mujeres ejercida por soldados y que los casos fueran “investigados” por el fuero militar, no civil, porque ello garantizaba la impunidad.
Opinión contraria a la expresada por la CNDH en sus recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en septiembre pasado por los casos de Michoacán, Castaños y Zongolica, ésta última emitida siete meses después de los hechos y seis después de que Calderón decretó la muerte por “gastritis” de la señora Ascencio.
Las “recomendaciones” de la CNDH a la Sedena fueron calificadas como “una cortina de humo” y recomendaciones Light para legitimar la existencia de la Comisión, por el General Brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez, preso en 1993 por denunciar violación de derechos humanos en el Ejército
“A Calderón no le conviene que haya señalamientos directos sobre el Ejército porque deslegitima su actuación en la lucha contra el narcotráfico”, sostuvo el militar a Cimacnoticias.
Gallardo es pesimista sobre las recomendaciones, pues recuerda que aún en los casos “más oscuros” en donde el Ejército ha estado implicado, como la ejecución de 7 judiciales en 1991 o la guerra sucia, cuyos personajes han sido identificado con nombre, apellidos y cargos, “hubo recomendaciones de la CNDH y no pasó nada”.
LA IMPUNIDAD TIENE PERMISO
Protegido por el poder político, el Ejército ha sido históricamente “intocable”. La diferencia hoy, opina Gallardo, es que tiene una participación activa en tareas que no le competen: seguridad pública y lucha contra el narcotráfico. “Estamos viendo un abuso de las Fuerzas Armadas por parte de Calderón, quien en una decisión unilateral saca al Ejército del cuartel”.
La impunidad empieza desde que los militares deambulan por las comunidades indígenas violando los derechos humanos de mujeres, hombres e infancia sin que haya una autoridad que los sancione, porque quienes incurren en estos delitos son juzgados en tribunales militares por “faltas a la disciplina militar”, no por las violaciones sexuales contra mujeres, precisó Gallardo.
“El Ejército calcula costos y no pasa nada si pone a disposición del ámbito civil a 20 personas, porque negocian y salen procesadas dos o tres, como ocurrió en Castaños y volvemos a lo mismo, a la impunidad absoluta”, opinó.
Gallardo afirmó que corresponde al Ministerio Público Militar y no a la Unidad de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea investigar los delitos sexuales cometidos por militares, por lo que las recomendaciones de la CNDH no tienen peso alguno para una institución como la Sedena.
Asimismo, Soraya Long, directora de Cejil, criticó durante su reciente visita a México que los tribunales militares no tengan autonomía, pues son nombrados directamente por el Presidente y entonces no hay independencia sino vinculación política.
Gallardo afirma que el Secretario de la Defensa “da línea” sobre quién es culpable o inocente: “Tiene la facultad de modificar alguna opinión del MP (procurador militar) que se supone es un abogado, pero el Secretario le puede decir este señor es culpable o es inocente”.
Por eso conviene reformar artículos de la Constitución referentes a las Fuerzas Armadas y a las facultades del Presidente. Sobre ello existen al menos tres iniciativas, congeladas en el Congreso de la Unión.
07/LGL/GG/CV
Ministra Sánchez defraudó confianza de mujeres
Protección a la integridad de Lydia Cacho, exigen feministas
Por Hypatia Velasco Ramírez
México DF, 17 dic 07 (CIMAC).- Luego de la resolución emitida el mes pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de Lydia Cacho Ribeiro, organizaciones feministas exigieron esta mañana la protección absoluta a la integridad de la periodista y que se profundice e investigue a fondo la pederastia y la redes de complicidad a todos los niveles en nuestro país.
Así mismo exigieron, en conferencia de prensa y tras un debate entre feministas, que las y los ministros Guillermo Ortiz Mayagoitia, Sergio Armando Valls Hernández, Margarita Beatriz Luna Ramos, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Olga Sánchez Cordero y Mariano Azuela Güitrón presenten de inmediato su renuncia y que se democratice la selección de miembros de la SCJN.
En ese sentido lamentaron el voto de la ministra Olga Sánchez Cordero y aseguraron que merece especial repudio “por la confianza que equivocadamente algunos sectores del feminismo le habían otorgado”.
La resolución de la SCJN ha generado el descontento de la sociedad civil que fue provocado no “sólo por lo impopular de la decisión o por la ignorancia del pueblo, como lo manifestó la ministra Margarita Luna Ramos”, sino porque ha dejado en estado de indefensión a la niñez mexicana, explicó Inés González, integrante de la Red de Mujeres Sindicalistas, como parte del manifiesto resultado del debate.
Y aseguró que la decisión de la SCJN no es una manifestación de “justicia moderna”, según lo refirió el ministro presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, sino un acto de complicidad e impunidad que en otros países ha provocado el encarcelamiento de mandatarios.
Lo importante del dictamen, en el que también se determinó no investigar la existencia de redes de pederastia, era enviar un mensaje claro de lo que no se puede tolerar en la sociedad mexicana: la pederastia y la violación cínica y descarnada de los derechos humanos de ninguna persona protegida por las leyes vigente en el país, indicó González.
Además, el dictamen también tenía que ver con el atajo a la impunidad, la importancia a las instituciones y la visión de Estado de los gobernantes como factores para fortalecer el avance democrático del país.
Es así como la decisión de la SCJN, donde se establece que no existe violación a las garantías individuales de Lydia Cacho, se suma a los pendientes por resolver respecto a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de las mujeres en México, como la incursión policíaca de San Salvador Atenco y Oaxaca y la intervención militar en Castaños, Coahuila, y el caso de Zongolica, Veracruz.
Así como la falta de aplicación de la ley y el rezago en la armonización legislativa “que favorece la impunidad y la violación a los derechos humanos”, por lo que para eliminar el estado de indefensión en que ha quedado la sociedad ante esta decisión, la SCJN debe cumplir con su cometido, establecido en la Constitución mexicana.
Al respecto, Magdalena García Hernández aseguró que ante esa indefensión es necesaria la movilización social pues, además, “las y los periodistas están sujetos a un estado de indefensión mucho mayor”.
ACUDIRÁN A REDES INTERNACIONALES
Por ello, para continuar manifestándose en contra de la resolución emitida por la SCJN, diversas organizaciones feministas acudirán a redes internacionales que están a favor de promover actividades de denuncia y modificación de la situación que prevalece en el Poder Judicial.
Estas redes, explicó, han puesto en manos de las organizaciones feministas una serie de mecanismos y de posibilidades de participación en reuniones internacionales de diversos tipos para así visibilizar aún más el caso.
Y aseguró que en el ámbito internacional, las y los expertos en materia de reforma judicial están “pasmados” por la decisión emitida por la SCJN y por ello han ofrecido su ayuda y solidaridad en este caso.
Al respecto, la feminista Adriana Luna Parra acotó que este caso ha movido la solidaridad e indignación de todos los sectores de la sociedad debido a la protección a la pederastia que se ha manifestado “de manera cínica” con esta decisión.
Sobre la renuncia de la doctora Alicia Elena Pérez Duarte a la titularidad de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia en contra de las Mujeres (Fevim) Magdalena García Hernández aseguró que es un “acto de congruencia”.
Explicó que haberle retirado a la Fevim el caso de Lydia Cacho, pues en un principio las investigaciones se estaban llevando a cabo a la par de la SCJN, no daba “buenas señales sobre el asunto”.
Por ello se sumo a la declaración de la ex fiscal en la que argumenta que no podía ser parte del actual Poder Judicial pues de quedarse en la Fiscalía, dijo García Hernández, podría haberse confundido como un contubernio que de ninguna manera Pérez Duarte quiso que sucediera.
Las organizaciones que se solidarización esta mañana son la Coordinación Nacional de Mujeres por un Milenio Feminista, la Red de Mujeres Sindicalistas, La Red de Trabajadoras de la Educación y la Vicepresidencia de Género de la Unión Nacional de Trabajadores.
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