La ambición por controlar las partidas 28 y 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación es una razón más para que los paramilitares de la Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui y del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui apunten sus fusiles de asalto contra la población de San Juan Copala, Oaxaca. El Municipio Autónomo sólo exige que entreguen los recursos qu
e les corresponden y se transparente el gasto
En muchas regiones de Oaxaca, una realidad confronta a políticos y caciques: durante los últimos tres años, un gran número de obras prometidas por Felipe Calderón, el gobernador Ulises Ruiz y presidentes municipales de la región simplemente no existen, nunca se construyeron y otras tantas están en situación de ruinas o son inservibles.
El desvío de los recursos federales en Oaxaca hace crujir las corruptas estructuras políticas, electorales y económicas de la zona más pobre del país.
Ante ello, organizaciones indígenas y ciudadanas del estado han instaurado municipios autónomos con la fuerza de la población, misma que se revela al uso faccioso de los recursos públicos que sólo sirven para perpetuar cacicazgos, circunstancia promovida desde las más altas esferas del gobierno estatal.
En ese estado oaxaqueño, la sociedad siempre ha sido la gran perdedora. El saldo acumulado apunta a cientos de mexicanos muertos –asesinados por grupo de paramilitares al servicio de fuerzas políticas–, así como a miles de oaxaqueños arrancados de la tierra en la que el dinero, entregado en cada ejercicio por la Federación, debería destinarse a ofrecerles alimentación, educación, salud, infraestructura y fondos para el combate a la pobreza.
Pero la historia es diferente: las transferencias del gobierno federal, ampliamente disputadas por la poderosa Conferencia Nacional de Gobernadores, sirven sólo para financiar los proyectos políticos de presidentes municipales que controlan al cabildo, órgano supuestamente autónomo que gobierna a las agencias municipales y en el cual el partido político dominante decide libremente sobre cada peso que se les entrega. Ésa es la autocracia que se construye con la sangre de los oaxaqueños y el dinero de la Federación.
“Son esos presidentes municipales quienes se convierten en diputados locales y federales y, con el fuero en la bolsa, se sentirán a salvo de cualquier acción contra ellos por desvíos de recursos”, dice la legisladora perredista Juana Cruz Cruz, quien en marzo pasado promovió en la Cámara de Diputados la creación de una comisión especial para darle seguimiento al conflicto de violencia que se vive en San Juan Copala.
El año pasado, al menos 100 municipios de los 570 existentes en Oaxaca enfrentaban el reclamo de agencias municipales cuyos representantes aseguraban que no se les entregaban los recursos de los ramos 28 y 33 que envía la federación. También, desde 2009, las autoridades del Municipio Autónomo de San Juan Copala pidieron el reconocimiento del Congreso del estado para recibir los recursos que legítimamente les pertenecen y que son controlados por el edil de Juxtlahuaca.
Así, la lucha por las participaciones federales, pero sobre todo el control de su administración para los municipios del estado de Oaxaca y agencias municipales, sobre todo aquellos que exhiben conflictos sociales alentados por las fuerzas políticas, está relacionada directamente con el acoso y persecución que sufren los habitantes de la región.
En San Juan Copala es el control de las participaciones que corresponden a esta entidad el que empuja, en mayor medida, la ráfaga de balas que tiene sometido a ese pueblo.
Copala, el tesoro
Enclavada en una de las regiones más altas de la mixteca oaxaqueña, San Juan Copala no sólo cuenta con grandes recursos forestales o maravillosas colinas para producir el mejor café de altura del mundo, también tiene el tesoro de las participaciones municipales.
A partir de que sus habitantes, indígenas de la cultura triqui, decidieron declarar la autonomía de la región para liberarse del yugo de políticos corruptos que les condicionan la aplicación de los recursos que les pertenecen a cambio de su voto, los recursos de las participaciones federales están prácticamente perdidos. Además, las autoridades autónomas han solicitado se aclare la situación de esos recursos y su legítima entrega.
En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio González Anaya, doctor en economía por la Universidad de Harvard y quien está a cargo de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, envía a los estados los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos, así como en los fondos especiales como el de excedentes petroleros que durante la última década representaron recursos por más de 100 mil millones de dólares. No obstante, la rendición de cuentas ante el Congreso de la Unión es nula, un argumento que ha esgrimido Hacienda para confrontar a los gobernadores en sus pretensiones de ampliar las transferencias contempladas en la Ley de Coordinación Fiscal.
¿Quién rendirá cuentas?
El 29 de enero de 2010, el gobernador Ulises Ruiz, junto con Jorge Toledo, exdiputado federal por el distrito de Juchitán y en ese entonces secretario General de Gobierno, firmó el acuerdo por el que se realiza la distribución de los recursos del ramo 33, que no son otra cosa que las aportaciones federales para entidades federativas y municipios; los fondos para la infraestructura social, municipal, y fondos de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios, correspondiente al año fiscal 2010.
Como Guerrero y Chiapas, Oaxaca vive de las participaciones federales. Así que se trata de un bocado muy apetitoso que a nivel estatal representa recursos por 4 mil 830 millones 255 mil 867 pesos, de los cuales, 3 mil 432 millones 434 mil 647 corresponden al Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y 1 mil 397 millones 821 mil 220 pesos para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento del Municipio (FAFM). Falta además el fondo para el combate a la pobreza.
Al municipio de Santiago Juxtlahuaca, al cual está integrado San Juan Copala, le corresponden de esa cantidad 43 millones 853 mil 734 pesos; 30 millones para el FISM y 13 millones 313 mil 661 pesos para el FAFM. Junto con Santiago Pinotepa Nacional, con 57 millones, Juxtlahuaca registra uno de los montos más altos que el gobierno de Ulises Ruiz debe transferir a un municipio de ese estado.
Para Juxtlahuaca y sus regiones, las asignaciones de las participaciones federales han sido incrementales durante los tres últimos ejercicios: 41.2 millones en 2008, 42.6 millones en 2009 y 43.8 en 2010.
A la cabecera municipal de Copala le corresponde por ley el monto proporcional al resultado de una fórmula establecida por el Congreso de la Unión, que se determina calculando las necesidades de la región a partir del ingreso por trabajo, el nivel de educación, las condiciones bajo las cuales se utiliza el drenaje, la electricidad.
Así, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, los municipios deben hacer del conocimiento de sus habitantes los montos que reciban las obras y acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. Además, debe proporcionar, por conducto del gobierno del estado a la Secretaría de Desarrollo Social, la información sobre la utilización del Fondo para la Infraestructura Social Municipal.
¿Qué ha pasado entonces con los recursos que les corresponden a los habitantes de Copala, ahora que se encuentran secuestrados, muertos o lejos de su tierra?
Ha sido la Presidencia Municipal de Juxtlahuaca la que ha recibido los recursos que deberían otorgársele a San Juan Copala, un flujo que se ha visto afectado convenientemente por el conflicto armado en la región.
“Porque las agencias municipales son un cuarto nivel de gobierno, no son reconocidas por la Constitución”, comenta David Colmenares, exfuncionario de la SHCP y especialista en federalismo, a quien se le considera el artífice del ramo 33.
Y explica: “El centralismo se reproduce a nivel de los más pequeños; un agente municipal depende del cabildo y del municipio que deciden el destino de los recursos”.
La situación se agrava, sin embargo, cuando se trata de un Municipio Autónomo. En ese caso, reconoce Colmenares, la entrega de recursos se circunscribe a una negociación de buena fe entre el municipio y la agencia.
Pero, en el caso de San Juan Copala, la rendición de cuentas tiene nombre: Carlos Martínez Villavicencio, exedil de Juxtlahuaca y quien busca alcanzar una diputación federal por el Partido Revolucionario Institucional, debe explicar qué sucedió con los recursos de la Federación para San Juan Copala.
“Siendo una agencia de Santiago Juxtlahuaca, como no hay un reconocimiento de parte del Congreso Estatal de Oaxaca, a San Juan Copala no le asignan los recursos de manera directa. Las autoridades de ese municipio autónomo han pedido su validación en el Congreso para que se les declare como tal, pero se ha argumentado que no cumple los requisitos”, dice la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En su opinión, el municipio de Juxtlahuaca debió asignarle a Copala los recursos correspondientes, independientemente de que no se les quiera reconocer. “El presidente municipal debe actuar de manera institucional para que la gente pueda disponer de esos recursos”.
Es un secreto a voces en la región que los recursos de Juxtlahuaca se han dirigido a otros objetivos, agrega Cruz sin precisar a cuáles.
La legisladora por el PRD asegura que el diputado Heliodoro Díaz, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y quien supuestamente encabezaría la comisión especial del caso de San Juan Copala, deberá contemplar que este caso también involucraría desvíos de recursos y que ameritan que la Auditoría Superior de la Federación revise la gestión de las autoridades municipales de Juxtlahuaca.
Podría ser un caso parecido, refirió, al del municipio de San Juan Mixtepec, que recibe del ramo 33 poco más de 8.8 millones de pesos y en donde se acusa a las autoridades del municipio de malversar los recursos que llegan de la federación. Se trata de obras que debió ejecutar el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y que simplemente no se hicieron.
“No se sabe en qué se están ocupando los recursos. Tenemos que exigir una revisión de ellos… no se pueden desviar, si lo ocupan para otra situación diferente, se está cometiendo un delito”, asegura la diputada. Agrega que “es casi un hecho que en Juxtlahuaca no se aplicaron los recursos y también se desviaron. Voy a pedir auditoría a los recursos en esta región de la mixteca con complicidad de su ayuntamiento, del presidente municipal y el tesorero”.
Vacíos legales, el problema
Investigadores sobre la autonomía indígena reconocen que tanto el traslado de recursos federales a los estados y municipios como las atribuciones legales e instrumentos de que puedan dotarse los órdenes de gobierno estatal y local para la generación de sus propios recursos están relacionados con las capacidades y experiencia para su administración.
Analistas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey que se han ocupado de la relación con los municipios y la federación señalan que a partir de la creación de los fondos municipales de solidaridad, de los fondos de desarrollo social municipal y de los fondos para la infraestructura municipal, los gobiernos indígenas se han visto obligados a seguir procedimientos con los cuales no están familiarizados.
Establecer planes de desarrollo es un verdadero problema para los municipios indígenas, entre otras cosas, porque hace falta capacitación y experiencia. Pero también porque los modelos y formatos que exigen los gobiernos estatales no están pensados para los municipios indígenas, sino para los urbanos. Así que el problema está sobre la mesa y no es con balas como debe solucionarse.
Además, se están violando los acuerdos firmados por los gobiernos panistas para respetar a los pueblos indígenas. Fue en diciembre de 2000 cuando una reforma constitucional sobre derecho indígena los reconoce y establece estos compromisos con ellos: “Los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación y, como expresión de ésta, a la autonomía como parte del Estado mexicano para decidir sus formas internas de convivencia y de organización social, económica, política y cultural; aplicar sus sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, en particular, la dignidad e integridad de las mujeres; sus procedimientos, juicios y decisiones serán convalidados por las autoridades jurisdiccionales del Estado; también pueden decidir sus formas internas de convivencia y de organización social, económica, política y cultural. Se respetará, por lo tanto, el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles en que hagan valer su autonomía, pudiendo abarcar uno o más pueblos indígenas, de acuerdo con las circunstancias particulares y específicas de cada entidad federativa”.
Por lo tanto, alguien en Oaxaca está violando las leyes.
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