EL Manoseo y la burla...

Elecciones asediadas

Víctor M. Quintana S.

Los procesos electorales, una de las pocas expresiones de la balbuceante democracia mexicana, están en la mira de los asesinos y del fuego interno de los actores políticos. A poco más de un mes de que se celebren la mayoría de los comicios estatales de este año, los focos rojos se están multiplicando.

Algunas amenazas provienen de fuera del sistema político: el asesinato de un candidato del PAN a alcalde en Tamaulipas; el asesinato de un brigadista de la campaña a gobernador por el PRI, en Chihuahua; las amenazas en varios estados a candidatos perredistas, Además, la desaparición, o como se le quiera llamar, de Diego Fernández de Cevallos, figura –indiscutible por su protagonismo y discutible por muchas otras razones– de uno de los tres principales partidos del país.

También de las entrañas del sistema político bullen las amenazas a los procesos electorales. Al menos en Chihuahua, las campañas se vacían de contenidos sólidos, se convierten en la feria de las vacuidades, despliegue plástico de fotos de candidatos sonrientes por todos lados; lo que el logotipo separa, que lo una la fotogenia. El posicionamiento visual del candidato como objetivo principal, Peña Nieto demonstrat. Se oscila entre el silencio ante las cuestiones difíciles o la promesa campañera de yo sí lo voy a resolver. No se toman en cuenta los frentazos de los gobiernos ante los nudos gordianos que ahorcan a esta sociedad norteña: deterioro económico e inseguridad galopante. Hay oferta de dádivas: no tenencias, becas, presas, útiles escolares, carreteras, pero muy escasos compromisos con los derechos ciudadanos, sobre todo los sociales.

Por eso el estado de ánimo predominante entre la población es el del temor y el escepticismo. El primero, manifiesto en el ocultamiento de la intención del voto, y de cualquier expresión crítica hacia el gobierno. El segundo, en la creciente base social para el abstencionismo o la anulación del sufragio; en la persistencia de la baja aceptación popular a congresos y partidos políticos.

Así, por un lado tenemos un gobierno que en sus diversos órdenes y niveles pierde capacidades ante los poderes fácticos y su propio descrédito ante la sociedad. Díganlo si no, los despavoridos habitantes de la Baja Babícora y el valle de Juárez, en Chihuahua, donde los sicarios llegan y sientan sus reales y se ríen de las incursiones tan fugaces como ineficaces de las fuerzas federales y estatales. O los habitantes de Ciudad Juárez, de los cuales sólo 5 por ciento tiene confianza en la Policía Federal. O los reiterados fracasos de hacer sentir la fuerza del Estado con programas como Todos somos Juárez, reconstruyamos nuestra ciudad. Asimismo el descrédito del sistema de justicia, no sólo en Chihuahua, sino en todo el país, como puede verse en el caso de la niña Paulette en el estado de México y en los bandazos de la PGR ante el caso Diego.

Por otro lado, a la coyuntura electoral llega una sociedad muy debilitada por varios factores: la exclusión laboral que no ha podido ser contrarrestada por el Presidente del empleo. La exclusión de los jóvenes, principales víctimas de la no apertura de nuevos puestos de trabajo y espacios escolares. La pobreza, que se viene agravando y expandiendo desde octubre de 2008. La implosión de la convivencia y organización sociales por el temor a las acciones de la delincuencia organizada o a los atropellos de las llamadas fuerzas del orden. La emigración inducida por el desempleo y la inseguridad.

Las elecciones se banalizan, se pragmatizan, no son de ninguna manera la disputa ante proyectos alternativos de sociedad, sino subasta de beneficios a los que se tiene acceso de manera individual. Los comicios son piñata multicolor de los que nada se exige, pues lo que caiga es bueno. No hay ciudadanos, lo que hay son, cuando mucho, votantes. Se da entonces lo que señala Manuel Antonio Garretón: “una polis estallada”, una incapacidad real de la democracia para organizar la sociedad y ayudar a constituir sujetos para la toma de las decisiones públicas fundamentales.

A partir de esto uno se pregunta: ¿cuál será, entonces, el cimiento de la fuerza de los elegidos el próximo 4 de julio? ¿De ahí surgirá la capacidad de dirigir a una sociedad atemorizada, escindida, retraída? ¿Serán los elegidos por la minoría más grande los que puedan relanzar una democracia donde sean las mayorías y no las elites quienes tomen las decisiones fundamentales? Y, si no podemos esperar nada, o casi nada, de la clase dirigente, ¿podrá entonces la ciudadanía desde abajo tener la capacidad de generar sujetos que vayan reconstruyendo el espacio público?

Horizonte político
José Antonio Crespo

Greg: ¿judicialización electoral?

En regímenes poco democráticos (e incluso en aquellos que lo son plenamente) existe siempre la tentación de utilizar el aparato de justicia con fines político-electorales. Se trata de la violación a una regla esencial de la democracia. El PAN criticó siempre este uso político de la justicia. Pero, una vez en el poder, no le pareció tan mala la idea de repetir el esquema. Ocurrió primeramente durante el gobierno de Vicente Fox en el asunto de los videoescándalos en el Distrito Federal, no porque no hubiera habido un ilícito que había que perseguir y sancionar, sino por involucrar a la PGR y a la Secretaría de Gobernación en el manejo político del affaire. El desafuero de Andrés Manuel López Obrador cayó en ese mismo tenor, pues es claro que la infracción del entonces jefe de Gobierno era menor, al grado de que casos semejantes no habían generado una orden de aprehensión. Había una intencionalidad claramente político-electoral, según reconoció más tarde Fox (al afirmar que con la elección de 2006 se “desquitó” de su fracaso en el desafuero).

Por otro lado, un claro caso de judicialización electoral apareció durante la elección para gobernador de Jalisco, cuando la PGR sugirió una conducta delictiva en el candidato priista, Arturo Zamora, lo que pudo haberle restado los votos necesarios para abatir al impresentable Emilio González en una elección reñida, para enterarnos después de que no había fundamento. Lo vimos también menos directamente hace un año, cuando varios alcaldes de Michoacán fueron detenidos por presuntos vínculos con el narco, justamente en víspera electoral, y después muchos de ellos fueron liberados por falta de pruebas. Ahora viene la detención de GregSánchez, candidato de izquierda en Quintana Roo. ¿Es un asunto político o jurídico? ¿Es Greg culpable? No tengo elementos para asegurarlo o desmentirlo, pese a su mala fama y sospechosa trayectoria. Un juez de Toluca lo había exonerado y la PGR peregrinó hasta encontrar un juez en Nayarit que otorgó la orden de aprehensión. Como sea, muchos no ven racional que el gobierno haga esta movida, pues políticamente favorecería al PRI. Y la detención de Greg fue estupenda noticia para Enrique Peña Nieto, cuya buena estrella sigue brillando.

Había, es cierto, indicios de irregularidades en torno a Greg, como también ocurría con el candidato panista en Aguascalientes, Martín Orozco. Y ambos partidos temerariamente insistieron en mantener a su respectivo abanderado. Sobre advertencia no hay engaño. Sin embargo, el medidor más claro será lo que ocurra específicamente con GregSánchez. Si se confirma su culpabilidad, enhorabuena, pues se habrá prevenido la eventualidad de que un socio de los narcos llegue a la gubernatura (como lo fue Mario Villanueva). Si después de la elección resulta que no hay elementos suficientes para hallarlo culpable, será legítimo interpretar esto como una nueva acción político-judicial; se verá como un michoacanazo corregido y aumentado. Y la elección de Quintana Roo quedará manchada de ilegitimidad. Pero como eso es lo que menos importa a nuestros políticos —pues en México se trata de ganar, “haiga sido como haiga sido”—, propongo una reforma electoral que estipule más o menos lo siguiente: “Cuando uno de los candidatos sea aprehendido bajo cualquier cargo en medio de un proceso electoral, o acusado oficialmente, y después del proceso no hubo pruebas suficientes de culpabilidad, se anulará la elección y se celebrará una extraordinaria”. Serviría para disuadir de la judicialización electoral. Desde luego, en tal caso se jugaría con los tiempos para aclarar el tema hasta cuando fuera imposible celebrar una nueva elección. Nuestras leyes siempre tienen una rendija por donde es posible burlarla, y nuestros actores políticos son expertos en darles la vuelta y están siempre bien dispuestos a hacerlo. Algo habría qué pensar para evitar que los gobiernos de cualquier signo usen electoralmente la justicia penal, más aún si se reconoce, con Felipe Calderón, que en México ésta suele jugar al mejor postor.

MUESTRARIO. Que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa arrebate en los hechos al IFAI su carácter constitucional de “última instancia” en transparencia, es casi como si la Secretaría de Gobernación de pronto decidiera modificar o anular los fallos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, última instancia en materia electoral.