TIEMPO DE MUJERES

Ficción mexiquense

Horizonte político

José Antonio Crespo

Una vez más, la ficción supera a la realidad en nuestro país. Y aunque genere indignación, no debiera provocar sorpresa. Así opera la justicia mexicana, en general. Prevalecen la improvisación, el ocultamiento, la impunidad, el interés político y el cinismo. Las conclusiones del caso Paulette resultan inverosímiles para la gran mayoría de la sociedad. Una encuesta telefónica del diario Reforma reporta que 80% no cree en la versión del “accidente”. Lo sorprendente ahí es 12% que sí la da por buena. Supongo que se trata de ciudadanos que se enteraron del caso sin adentrarse en algunos de sus pormenores, como que se halló el cuerpo de la niña nueve días después de desaparecida, que los perros especializados no la detectaron ni la gente que durmió ahí ni las niñeras al hacer la cama. Tampoco deben saber que, mucho antes de ser encontrada, el olor de descomposición debió invadir a todo el edificio y que, para una niña de la complexión de Paulette, debe haber sido sumamente difícil meter su mano debajo del colchón y que, haber rodado hasta el pie de la cama, hubiera provocado desorden en las sábanas y dejado el rastro de su trayectoria.

¿Que era difícil introducir el cuerpo a la casa una vez que ésta había sido ya sellada? Desde luego, pero no tanto si se cuenta con la ayuda de las autoridades, como pudo haber ocurrido (apagón de por medio). El problema no consiste sólo en el error de no haber buscado con lupa en todos los rincones de la casa, o en las precipitadas declaraciones de Alberto Bazbaz; lo increíble es que nadie, miembro de la autoridad o no, se hubiera percatado de la presunta presencia de la niña. Quizá fue accidente, pero lo increíble es que siempre hubiera estado ahí el cuerpo de Paulette. Por eso surgen otras incógnitas que quizá no se aclaren jamás. ¿Por qué tendría que forzar Bazbaz una mentira de ese tamaño? ¿Quién le ordenó tragarse esa rueda de molino y pretender que también nosotros la tragáramos? ¿Por qué insistir, contra el sentido común, en que la niña siempre estuvo ahí? ¿Por qué entonces alterar la escena (como inevitablemente tuvo que hacerse)? ¿Para favorecer a quién? Algo fuerte debe ser, si Peña Nieto estuvo dispuesto a arriesgar parte de su capital político. Porque supongo que quienes no creen en la versión del “accidente”, no pensarán que el hoy ex procurador dio ese paso sin la instrucción del mandatario. Una cosa es que se le haya ordenado hacerse un haraquiri político para proteger a su patrón, y otra que se crea que el gobernador era del todo ajeno a la conducción y la conclusión de las indagaciones.

De alguna forma me recuerda cuando el licenciado Miguel Montes, encargado de investigar el asesinato de Colosio, anunciaba entusiasmado los hallazgos sobre el operativo en que se dio muerte al candidato, los movimientos orquestados, el famoso “clavadista” que entorpecía el paso de la víctima para dejarla a tiro de pistola y, días después, sin explicación de por medio, apareció con semblante funerario a anunciar que la investigación conducía, sin lugar a dudas, a la versión del asesino solitario. Y, poco después, la renuncia. El PRI mexiquense, como parte del control de daños, sugiere abrir los expedientes a la opinión pública: “Si hay un reconocimiento de errores institucionales, que el próximo paso sea una revisión de las áreas que no funcionaron, de las áreas que no trabajaron de acuerdo a la normatividad de la Procuraduría y de ahí algunas sanciones”, dijo el diputado local Enrique Jacob Rocha (24/V/10).

Se preparaba el terreno para cebar el costo político en Bazbaz y liberar al máximo posible al gobernador de toda responsabilidad.

La madre de Paulette exige también una explicación más pormenorizada, así como una reivindicación pública ante el maltrato que recibió. Fue la sospechosa favorita de los medios, inducidos por la autoridad mexiquense, a la que se le quería arrancar, si no una confesión, sí al menos un llanto. La incógnita pendiente es ¿qué tanto podrá Peña Nieto superar este suceso? Si quiere demostrar que nada tuvo que ver en la indagación y su conclusión (lo que resulta poco creíble), tendría que reabrir el expediente. De no hacerlo, sabremos que algo muy turbio hubo detrás de todo esto. Le apostará a la desmemoria que padecemos colectivamente. Muchos ciudadanos se indignaron al conocer la versión del “accidente” porque las autoridades nos han querido ver —una vez más— la cara de tontos. Se verá qué tanto lo somos en las sucesivas encuestas de intención de voto para el año 2012.

Renuncia tardía e insuficiente

Editorial La Jornada.

Acuatro días de haber dado por cerrada la investigación en torno a la muerte de la menor Paulette Gebara Farah y de haber concluido que ese fallecimiento se debió a un accidente, Alberto Bazbaz Sacal, hasta ayer titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), renunció a su cargo en medio de un profundo desprestigio personal y de una extendida pérdida de confianza ciudadana hacia la dependencia que encabezó y hacia la institucionalidad mexiquense en general.

Preferible a la dimisión de ayer habría sido una destitución hace por lo menos un mes, cuando resultó evidente que la investigación del caso Paulette no tenía más rumbo que el de los errores persistentes: de entrada, el servilismo obsequioso hacia una familia pudiente que contrastó con la falta de interés y la abulia que provocan en las autoridades los muchos otros casos de niños desaparecidos en el estado de México y cuyos familiares, de escasos recursos, no pueden aspirar a una atención personalizada como la que brindaron los más altos funcionarios de la procuraduría mexiquense a la familia Gebara Farah; luego, el ahora ex procurador promovió, con insinuaciones y filtraciones a los medios –carentes de sustento, según sus propias conclusiones–, el linchamiento social y mediático de la madre de la menor fallecida, Lissette Farah (quien se quejó de haber sido golpeada por su esposo en las instalaciones mismas de la PGJEM, sin que interviniera ningún funcionario y sin que haya habido interés en investigar el hecho); las empleadas domésticas Érika y Martha Casimiro Cesáreo sufrieron un largo hostigamiento policial y el cateo de domicilios de parientes suyos; por añadidura, los encargados de la investigación actuaron con descuido injustificable en el sitio central de la pesquisa y, por si fuera poco, el propio Bazbaz sostuvo en público que la menor había sido asesinada.

La perla que coronó esa larga secuencia de atropellos, despropósitos y torpezas, fue la conclusión, presentada la semana pasada por el ahora ex procurador, de que Paulette se había asfixiado de manera accidental y que su cadáver había permanecido nueve días al pie de su cama, sin que nadie, ni familiares ni agentes investigadores que pulularon por la habitación se dieran cuenta.

Tan grave como la manifiesta incapacidad del funcionario para resolver el caso fue el empecinamiento de Enrique Peña Nieto, gobernador mexiquense, en mantener en el cargo, contra viento y marea, a Bazbaz. Casi 40 días después de la desaparición de Paulette, cuando ya el desempeño de su procurador resultaba insostenible, Peña Nieto afirmó: Confiamos en él y por ello sigue ahí.

Así como resulta inaceptable la versión oficial finalmente pergeñada y difundida, no se debe permitir que la dimisión tardía de Bazbaz sea usada como medida de control de daños para poner punto final a este sórdido episodio. Es necesario, en cambio, rehacer la investigación en torno a la muerte de Paulette Gebara Farah, no sólo porque la explicación de la PGJEM es a todas luces inverosímil, sino también porque cabe presumir que, en el curso de la impresentable indagatoria, diversos funcionarios públicos pudieron cometer delitos y violaciones a los derechos humanos.

Una vez que se dio a conocer la dimisión de Bazbaz, Peña Nieto, lejos de asumir su propia responsabilidad y la de su subordinado, se quejó de que los partidos quieran llevar la ganancia política a sus terrenos. Se equivoca el gobernante: el desastroso manejo oficial en torno a la muerte de la niña Paulette Gebara no puede producir ganancias a nadie; se traduce, en cambio, en graves pérdidas para la credibilidad de la justicia en el estado de México y en el país, y en un rotundo descrédito a las instituciones mexiquenses en su conjunto..

El silenciado caso Diego

Luis Linares Zapata

El secuestro del señor Diego Fernández de Cevallos (DFC) se empareja con su manera de ser, decir y actuar que lo han caracterizado a través de los años. Ambas cosas, su vida profesional y el secuestro, se entremezclan con secrecías grupales, pasillos oscuros, forcejeos burocráticos, solidaridades de socios poderosos, insultos de los muchos afectados, silencios forzados, complicidades varias y otras minucias. Todas mostrando, a las claras, los efectos que, en su trasiego, el llamado jefe Diego desparramó sin señal alguna de pudores o códigos éticos. Siempre retozando entre un intenso y cínico tráfico de influencias sin el menor recato o sentido de Estado. Sus exitosos litigios contra el erario o la Reforma Agraria y el Gobierno del Distrito Federal, siendo senador, ejemplifican con amplitud lo afirmado.

El mismo título que se añade a su nombre de pila, a manera de un alias de elite, proviene de su malsana subordinación con otro personaje más tenebroso aún: el ex presidente Salinas de Gortari. Este último, un político ligado a masivos favores atados, rencores incontrolables y enfebrecidos afanes de continuidad en el mando. En fin, un minúsculo padrino que derrama certezas de su ilegítimo origen electoral como presidente formal de México. De la trabazón entre estos dos politiqueros negociantes, en mucho inconfesable, surgió gran parte de la leyenda que se ha zurcido alrededor de DFC como actor de primera línea en la transición mexicana. Una transición en mucho dilatada, torcida y negada gracias a su notoria intervención, siempre bajo consigna de algún interés oculto.

En efecto, DFC ha participado en muchos de los episodios recientes que han modelado la anormalidad democrática de México. Su intervención ha tenido una línea distintiva: obedecer los designios del poderoso que lo ha alquilado. Acciones que van, desde la invención de legitimar con actos de poder al señor Salinas, hasta la quema de las boletas, sus movimientos fueron cuidadosamente pensados para congraciarse con la generosidad de las alturas. Es verdad que, en estos trastupijes, algo sacaron los panistas: una gubernatura aquí, varios contratos allá y, en medio, alguna presidencia municipal de postre. Estas ganancias validaron, a ojos de sus correligionarios, los febriles oficios de lo que después coloquialmente llamaron concertacesiones. Un toma y daca que iba, de Los Pinos directo al Senado, para dar lugar a lo que, también, se catalogó de modernización salinista: el conjunto de reformas estructurales de feroz corte neoliberal impuestas, sin distingos ni matices, desde la metrópoli para todo el subcontinente latinoamericano. En medio de toda esa barahúnda con epicentro en Los Pinos y el despacho de abogados que dirige DFC, algo le tocó a la jerarquía eclesiástica y empezaron, a la luz de los santos, las exigencias continuas de protección y los actuados retobos de cardenales y obispos para recobrar su mermado protagonismo.

Así, DFC llega al momento de su secuestro, cargado de anécdotas, hinchado de billetes, capaz de recomendar a sus socios para sendas oficinas de influencia política y jurisdiccional. Y son ahora, esos mismos despachos los que responden con instrucciones de silencios torpes, deberes soslayados y consignas mediáticas que, en sus destinos, son disfrazadas de acendrados sentimientos de humanidad. Son esas mismas oficinas las que se ven incapacitadas para, siquiera, diseñar una estrategia informativa que contenga los rumores y la especulación, actividad tan del gusto de la plebe. En medio del desasosiego reinante, un fenómeno colectivo ha tomado cuerpo virtual. Su espíritu se gestó en las profundidades del México agredido, del ninguneado, ése que va cargado de rencillas por dirimir, corajes para enjuiciar a pelo, envidias que no han podido ser mitigadas en el opresivo quehacer cotidiano. Irrumpió en las llamadas redes sociales. Le ha explotado, por diversos meandros tecnológicos, tanto a los medios de comunicación como a varios de sus más notorios oficiantes, integrantes de la bautizada opinocracia.

Los temporalmente discretos medios masivos fueron sorprendidos y el ciberespacio los rebasó. A pesar del silencio autoimpuesto a la información, los textos improvisados, las fotos sin origen ni destinatario específico o la misma desinformación, corrió muy por fuera de su voluntad de control. Puso en evidencia lo que será, de ahora en adelante, ineficaz consigna de callar, de manipular agendas, distraer al populacho o encumbrar actores predeterminados mediante pago en sonante. Tal fenómeno de la globalización mediática tomó, aquí mismo, carta de naturalidad. Ya se venía anunciando con motivo de la censura impuesta por el crimen organizado en varios estados bajo su férula. Pero esta vez les estrelló la cara a los comunicadores dispuestos a salvarle cara y la vida a DFC. Para ello recalan una y otra vez y con voz compungida en la titánica labor que ha personificado. Algunos de ellos se han llenado de santa indignación ante las querellas que les son enviadas por Twitter o Facebook, las calificaron de abundante mierda contra un hombre que, sin duda, sufre en cautiverio, afirman. No pueden asimilar que, los insultos y denostaciones eran y serán desahogos, furias incontenidas, modos rudos de expresarse con mentadas y descalificaciones que les apaciguan un tanto las ofensas padecidas e incontables frustraciones. Es decir, la pequeña o triste historia de la enajenación masiva, de la realidad social de muchos de los de a pie. Pero también son expresiones de los sentires, las agonías y la búsqueda desesperada de un lugar en la fiesta de todos que, por su posición de privilegio o suerte, algunos coleccionan en racimos. DFC impersona mucho de lo que otros añoran, desprecian, rechazan o maldicen. Otros muchos también saben, porque lo han hecho consciente, que ese tipo de comportamiento como el del secuestrado, es lo que les impide avanzar, lograr lo que ambicionan, vivir en una sociedad que puede ser justa. Nadie debe llamarse a escándalo por los deseos de muerte cifrados en mensajes, mentadas y alaridos desesperados que llevan dedicatoria, más cuando algo de ello al menos fue ganado en sendas batallas que, como por desgracia discursiva dice el señor Calderón: DFC todavía tiene por delante.