José Gil Olmos
Hoy un nuevo caso parece reafirmar esta estrategia gubernamental con el candidato del PRD al gobierno de Quintana Roo, Gregorio Sánchez, acusado de estar relacionado con los cárteles de los hermanos Beltrán Leyva y Los Zetas, a quienes, supuestamente, brindaba protección como alcalde de Cancún.
De acuerdo con la Procuraduría General de la República, desde el mes de enero ya se sabía de la presunta relación del perredista con el narcotráfico, gracias a una denuncia anónima y a reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que detectó diferencias entre los ingresos declarados y los percibidos por Sánchez Martínez.
Durante meses, la PGR no actuó en contra del alcalde perredista, sino hasta ahora que empezaron las campañas en Quintana Roo.
El principal cuestionamiento que se le hace a la PGR es por los delitos que le imputa al perredista, basados en declaraciones de testigos protegidos, así como en una denuncia por un presunto fraude por dos millones de dólares, promovida por el empresario Steve Santander Reyes ante la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo, sino por el momento en que decidió detenerlo y enviarlo al penal de alta seguridad de Nayarit. Es decir, cuando apenas se había registrado como candidato de la alianza PRD-PT-Convergencia.
La sospecha del uso político electoral del expediente del perredista por parte del gobierno federal surge por la forma en que operó en Michoacán, pues en vísperas de las elecciones locales en ese estado, fueron detenidos diez presidentes municipales en medio de un enorme escándalo mediático.
Tras el escándalo que desató la detención y encarcelamiento de 30 autoridades michoacanas, incluidos los 10 alcaldes, bajo un aparatoso operativo policíaco militar, las acusaciones resultaron ser falsas y los detenidos tuvieron que ser puestos en libertad sin mediar una explicación. Lo peor del caso es que el PAN en Michoacán fue derrotado y de nada sirvió el operativo.
Curiosamente, hay otro caso que llama la atención. Se trata del proceso que hay contra el panista Martín Orozco, candidato del PAN al gobierno de Aguascalientes, quien cuando fungía como alcalde de la capital --2005 a 2007-- adquirió unos terrenos que eran propiedad del Ayuntamiento y mediante una triangulación con particulares apareció a nombre del exedil, en octubre de 2007, tras lo cual fue denunciado en noviembre de 2009 por dos regidores priistas.
El 22 de febrero se dictó el auto de formal prisión contra el exalcalde de Aguascalientes y de inmediato fue amparado por el PAN y el gobierno federal. Presentó un amparo para proteger sus derechos políticos y no ser detenido, mientras que su partido promovió una queja en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia que ordenó al Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) le repusiera su registro, el cual había denegado bajo el argumento de que había perdido sus derechos políticos con el auto de formal prisión que se le dictó.
A pesar de estar indiciado por el posible fraude millonario, el panista Martín Orozco fue registrado como candidato a gobernador el pasado 16 de mayo. Los priistas de la entidad, como el diputado David Hernández, acusaron que la dirigencia nacional del PAN presionó a los magistrados del tribunal electoral para que resolvieran a favor de exalcalde de Aguascalientes.
La ausencia de autoridades fuertes y efectivas provoca un vacío que es llenado por otros grupos de poder, como es el narcotráfico, que de manera clara están incidiendo en las elecciones.
Las actuaciones erráticas de las autoridades sólo están complicando los procesos electorales que, de por sí, ya tienen visos de violencia.
Los casos de Quintana Roo y Aguascalientes, más las acciones violentas que se han visto contra personajes políticos de Chihuahua, Zacatecas, Tamaulipas y Guerrero, nos dan la idea de que se perfilan unas elecciones violentas y complicadas para el 4 de julio próximo.
Ojalá no sea así, porque ya está demostrado que el gobierno de Felipe Calderón está rebasado por la crisis que hay en el país y la posibilidad de un conflicto social nacional no se descarta.
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