TIEMPO DE MUJERES

Ejercen Estados poder absoluto con violación y tortura: experta

Hubo violencia de género contra Valentina, afirman expertos en la CoIDH

Por Anayeli García Martínez, enviada especial

San José, Costa Rica, 27 may 10 (CIMAC).- Valentina Rosendo Cantú, indígena tlapaneca guerrerense, fue víctima del Estado mexicano, pues siendo menor de edad -17 años- fue violada por miembros del ejército, una institución que cometió un abuso de poder absoluto pues las mujeres víctimas de violación sexual son sometidas y torturadas, argumentó Roxana Arroyo Vargas, perito especialista en violencia contra las mujeres.

Durante la audiencia pública realizada hoy en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en esta ciudad, con el fin de analizar las probables irregularidades de este caso, la experta dijo que cuando agentes del Estado cometen violaciones a Derechos Humanos (DH), lo principal es garantizar un procedimiento imparcial y eficiente, condición que no se cumplió en el caso de Valentina.

Como lo marcan los lineamientos de la Corte, Arroyo Vargas no pudo hablar en específico del caso de Valentina, porque su testimonio se debe limitar a dar un dictamen sobre la violencia y discriminación que los agentes del Estado ejercen contra las mujeres, sin embargo sí pudo hablar de la falta de acceso a la justicia de las mujeres indígenas y menores de edad.

De acuerdo con la especialista, la violación sexual y la violencia familiar son las dos manifestaciones más relevantes de la violencia de género debido a que se dan en cualquier sociedad y en tiempos de guerra pero también de paz, de ahí, la importancia de que estos casos sean investigados “con inmediatez y celeridad”, señaló.

Para Arroyo Vargas, Valentina “sólo podrá recuperar algo de lo que perdió ese día sólo si se hace justicia, se reconoce que fue víctima de la impunidad militar y si el Estado mexicano implementa mecanismos para limitar la violencia contra las mujeres”.

En su oportunidad, Hipólito Lugo Cortes, visitador general de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero, narró ante los ocho jueces de la CoIDH, su acompañamiento a Valentina y a su esposo Fidel Bernardino Sierra, desde el 8 de marzo de 2002, cuando presentaron la denuncia ante el Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Allende.

Desde entonces, dijo, “pudo observar la falta de un debido procedimiento en el caso”.

Durante la audiencia, el testigo, fue interrogado por la defensa, los jueces y el Estado mexicano, este último se limitó a peguntar si la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos tenía la facultad de acreditar la violación y si el hecho de que una persona presentara una queja era elemento suficiente para decir que hubo una violación a sus DH.

Mientras el testigo relataba cómo Valentina tuvo que pasar por una serie de trabas para que un médico acreditara la violación, el Estado objetó que Lugo Cortes estaba dando opiniones, sin embargo, no hizo más preguntas, ni observaciones.

Cabe recordar que el 19 de marzo de 2002, un mes con tres días después de la violación de Valentina, el médico legista Enoch Dolores Flores, adscrito al Distrito Judicial de Morelos, la revisó, en atención a la solicitud que le hiciera Hipólito Lugo el 19 de marzo de 2002, y posteriormente emitió el certificado médico después de que se le negó la atención por miedo a los militares y por no tener una cita previa.

Durante el receso de la audiencia que se dio a mediodía, Valentina, quien antes de la participación de los dos expertos, dio su testimonio en privado ante los jueces de la Corte, se mostró contenta de saber que se puede hacer justicia después de ocho años de lo ocurrido.

Sin embargo, aún cree que las autoridades de México “se burlan de ella”, por ser mujer, indígena y pobre y cree que sólo acudieron ante este tribunal para cumplir con su mandato. No obstante faltan los alegatos finales en donde cada parte presentara su postura.