México: Indígenas y afrodescendientes de América Latina y el Caribe reclaman sus derechos
Escrito por Sara Lovera y Soledad Jarquín
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indoafrodescendientes analizaron leyes y derechos dentro del marco de este Primer Encuentro
México, marzo (SEMlac).- Las y los representantes de los pueblos indígenas, originarios y afrodescendientes de Latinoamérica y el Caribe “tomaron” la tribuna parlamentaria del gobierno de Ciudad de México, para analizar los alcances legislativos y derechos individuales y colectivos, como parte de las actividades del Primer Encuentro de Pueblos Indígenas, Originarios y Afrodescendientes de América Latina y el Caribe.
El acto fue presidido por la asambleísta del Distrito Federal, Aleida Álavez Ruiz, y la secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, María Rosa Márquez Cabrera.
En la inusual sesión celebrada en el antiguo edificio ubicado en la misma calle donde vivió el último emperador Azteca, Cuauhtémoc, y que por años resguardó la Carta de Independencia de México, como señaló la diputada Álavez Ruiz, las y los 10 participantes hablaron sobre las diferentes legislaciones que se han creado en los últimos años para reconocer el derecho territorial de los pueblos indígenas, originarios y afrodescendientes del área.
Legislaciones, señalaron, que no siempre son cumplidas por los gobiernos-Estado, por lo que llamaron a emplear el instrumento internacional que haga efectivo el derecho, en referencia al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, instrumento vinculante.
El recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal fue el mismo escenario donde se llevó a cabo el decreto de la expropiación petrolera, donde se aprobó el voto de la mujer y se nacionalizó la industria eléctrica, apuntó Álavez Ruiz, al dar la bienvenida a los participantes, y señaló la importancia del acto que “será recordado como el día en que los pueblos indígenas, originarios y afrodescendientes tomaron la tribuna”.
José Isaac Acosta Mendoza, director Nacional de Política Indígena de Panamá, se refirió al tratamiento que ha dado a los pueblos indígenas la nación centroamericana, donde les pertenece el 23,4 por ciento de los 75.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional.
Esto, como resultado de la participación de los indígenas que, en estos tiempos ya no son espectadores, sino protagonistas reales en cuyas luchas ya no cabe la intermediación de actores internacionales.
Luis Gilberto Guamangate, integrante del Movimiento Indígena y Campesino de la Región de Cotopaxi, en Ecuador, se pronunció porque los pueblos indígenas de la región creen una sociedad emergente que proteja el medio ambiente.
Apuntó que el actual presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha cambiado el mapa de ese país al reconocer, a través de una nueva Constitución, a las comunidades y pueblos indígenas y al considerar el carácter intercultural y plurinacional de la nación, además de dar sus propios derechos a los recursos naturales.
Guamangate coincidió con el representante de Panamá, al plantear que las organizaciones internacionales tratan de imponer su agenda, olvidando la realidad nacional, y expuso la importancia de hacer una agenda propia de estas naciones pluriculturales.
En el mismo recinto, el viceministro de Participación Indígena de Ecuador, Orlando Sánchez, afirmó que en su país el reto hoy es la fundación de un estado plurinacional, que se acompaña de políticas públicas que han sido armonizadas conforme la Constitución, favoreciendo a los grupos indígenas.
Tales políticas públicas han sido concebidas en un ámbito que auspicia la igualdad, la cohesión territorial, plurinacionalidad, interculturalidad, el estado democrático y la equidad de género, entre otros, así como un plan binacional de lucha contra el racismo y la discriminación.
Virginia Flores Flores, indígena tepehuana de grupo asentado en el estado mexicano de Durango, refirió que en el contexto legislativo y de la vida cotidiana, las mujeres indígenas tienen que luchar contra más obstáculos en comparación con los hombres y aseguró que ellas no piden privilegios por el hecho de ser mujeres, sino igualdad de oportunidades en todos los ámbitos.
Por otro parte, la miskita nicaragüense María Hazel Law Blanco dijo que fue ratificado hace una semana por su país el Convenio 169 de la OIT, instrumento que garantiza los derechos de los pueblos autóctonos, e hizo un recuento de las leyes que allí reconocen a los pueblos y la lengua indígena. Incluso, existe una Ley de Autonomía de la Costa Atlántica para los pueblos afronicaragüenses, aunque reconoció la persistente violación a los derechos humanos.
La ex diputada nicaragüense dijo que también se ha avanzado en la demanda histórica de los pueblos indígenas, al aprobar la ley de territorios, permitiendo hasta ahora la titulación territorial de al menos 15 comunidades, faltando sólo siete más.
El mexicano Maximino Muñoz, indígena huichol o wixarika, planteó la defensa pública bilingüe de los pueblos indígenas de México y apuntó que, a pesar de que el Estado reconoce la identidad pluricultural de la nación, falta el acceso pleno a la jurisdicción del Estado.
Ello se traduce —abundó— en una violación recurrente a sus derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e Instrumentos Internacionales.
Es decir, “del dicho al hecho hay mucho trecho”, ya que aun cuando está garantizado contar con una defensa bilingüe, los indígenas procesados por un delito no cuentan con este apoyo, explicó.
En tal sentido, propuso mecanismos flexibles e inclusión de abogados indígenas con conocimiento sólido de la lengua y la diversidad cultural, así como capacitar y sensibilizar a quienes se encargan de procurar y administrar la justicia en México.
Maximino Muñoz, Premio Nacional de la Juventud, aseveró que los pueblos indígenas deben tener la esperanza de que algún día vuelvan a tener un presidente como Benito Juárez, indígena zapoteco.
De la organización Pueblo Negro, Donají Mendoza, abordó la problemática que viven los no reconocidos pueblos negros de México, con mayor presencia en las entidades de Veracruz, Oaxaca y Guerrero. “Si para los pueblos indígenas y originarios ha sido difícil, para nosotros es aún peor, porque carecemos de reconocimiento constitucional como pueblo afromexicano pese a que tenemos identidad propia”, dijo.
Denunció que no serán incluidos en el censo de población que este año realizará el gobierno federal, porque “dicen que no tenemos lengua propia”.
Por otra parte, Miguel Palacín Quispe, de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas del Perú, apuntó que los grupos indígenas de Latinoamérica y el Caribe no son más parte del folclor, ni adornos para los visitantes, “hoy somos actores políticos en un mundo en crisis ambiental, política y económica, estamos vivos”.
En ese sentido, expuso que las legislaciones que se han construido en los países de la región son producto de la participación y lucha de los antepasados, por lo que no son dádivas de los gobiernos, y apuntó que se quieren derechos horizontales donde se deseche la verticalidad de los mandatos.
Cuando exigimos, han criminalizado la protesta, militarizado los territorios y asesinado, pero sólo hemos demandado el derecho al buen vivir y a la suma causa, porque, a diferencia del neoliberalismo, los pueblos indígenas respetamos a la naturaleza, nuestra lucha ha sido por salvar la vida, agregó.
Palacín Quispe anunció que una caravana de pueblos indígenas vendrá desde el sur para estar presente en la Cumbre del Clima, que se realizará en México este año, a fin de denunciar que han sido los Estados los causantes de la depredación ambiental.
Por su parte, Marcos Pereyra, del Consejo Indígena de Brasil, agradeció el apoyo del jefe de Gobierno de la ciudad de México, Marcelo Ebrad, por las facilidades brindadas para la realización del Encuentro de Pueblos Indígenas, Originarios y Afrodescendientes de América Latina y el Caribe.
Recomendó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal crear formas de sustentabilidad para los pueblos originarios e indígenas que habitan la capital mexicana y que México se convierta en un ejemplo para el resto de las naciones.
Finalmente, tocó a Jesús González presentar el pronunciamiento de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Distrito Federal, en el que plantean que nada tienen que celebrar en el marco del Bicentenario de la Independencia, pues siguen viviendo en la miseria, la exclusión y marginación, en tanto otros viven en la opulencia y promiscuidad política.
También se pronunciaron contra los gobiernos atrapados en el capitalismo que atenta contra los recursos naturales de los pueblos indígenas del país y propusieron la instalación de una mesa de diálogo fraterno entre las organizaciones triquis (de Oaxaca), con la intermediación y observación de organismos de derechos humanos, intelectuales y la sociedad civil.
En la voz de González, exigieron el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución mexicana, según se establece en el Convenio 169 y los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, a la vez que urgió la articulación de un movimiento indígena nacional.
También demandaron al gobierno y la asamblea del Distrito Federal una consulta pública con los pueblos y comunidades indígenas de la ciudad de México, en el proceso de elaboración de la una ley de derechos y cultura indígena.
El pronunciamiento contempla además la armonización legislativa de la ley en materia de derechos y cultura indígena con el Convenio 169, la reorientación y adecuación de programas de gobierno y el cumplimiento de acuerdos firmados desde 2006.
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