Miguel Concha
Del 29 de septiembre al primero de octubre se realizó en Bruselas el encuentro El libre comercio y el derecho a no migrar,
al que acudieron expertos de distintas instituciones públicas y
privadas de diferentes países, como la New School for Social Research;
el Grupo Parlamentario de Izquierda Alemana; Peoples United Nations; el
Centro Eclesiástico del África Meridional; la organización Migration
Programme Coordinator of Public Services International; el Executive
Committee of Development Alternatives with Women for a New Era; la
Coordinación Europea de Vía Campesina y el Centro de Derechos Humanos
Fray Francisco de Vitoria OP, AC.
En dicho acto se analizaron los impactos de los tratados de libre
comercio, cuyo objetivo principal es adaptar la estructura de todas las
economías, sociedades y políticas a las exigencias de las empresas
trasnacionales y los gobiernos de los países hegemónicos.
Esta invasión en la soberanía de los estados y las autonomías
regionales crea mayor nivel de desigualdad e injusticia, en la que los
grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad se ven afectados de manera
diferenciada. Afectaciones vinculadas con la destrucción de las
economías locales, de los bienes comunes y las culturas comunitarias,
mediante la aplicación forzada de la privatización, la desregulación del
comercio y la liberalización, con el consiguiente incremento de la
pobreza y el número de personas que se ven obligadas a migrar, en
búsqueda de seguridad, trabajo y mejora de sus condiciones de vida y las
de sus familias.
Por ello, cuando se habla de las causas estructurales de la
migración, ya sea por cuestiones económicas y/o en busca de protección
internacional, no se puede dejar de lado valorar los impactos de las
políticas comerciales y de seguridad nacional, e incluso militar, que
les van anexas, en las distintas regiones del mundo. El segundo tema que
se reflexionó fue el de la importancia de analizar las implicaciones de
los tratados de libre comercio con una perspectiva y lenguaje de
derechos. Puntualmente, el derecho a migrar y a no migrar. El primero
encuentra su fundamento en el derecho a la libertad de circulación y de
decidir el lugar de residencia; y se vincula con otros tantos derechos,
como los civiles y políticos, y los económicos, sociales, culturales y
ambientales. Pero sobre todo implica la responsabilidad de los países de
origen, tránsito y destino de generar condiciones de vida dignas y
seguras, para que las personas en situación de movilidad ejerzan sus
derechos de manera plena.
Por su parte, el derecho a no migrar se vinculó principalmente con el
derecho al desarrollo; es decir, con las condiciones sociales que los
países de origen deben garantizar para evitar la migración forzada de
miles de personas, incluyendo mujeres, niñas, niños y adolescentes no
acompañados, indígenas, adultos mayores, defensoras y defensores de
derechos humanos, personas con discapacidad y de la comunidad LGBTI.
Sus derechos, cuyo ejercicio debe ser una realidad, no mera
retórica, están relacionados con su derecho al trabajo, a la salud, la
vivienda digna, la alimentación adecuada y la justicia objetiva, pronta y
expedita, entre otros.
El tercer tema al que se hizo referencia en el encuentro fue la
urgente necesidad de diseñar políticas de integración o de acogida, las
cuales no deben ser paralelas a una política de Estado, sino parte de la
misma. Ejemplo de ello es la falta de este tipo de políticas en México,
así como la dramática situación de las personas haitianas y de
nacionalidad africana que llegaron a Tapachula, Chiapas, hace dos meses,
muchas de las cuales siguen todavía en espera de un oficio de abandono
del país, para poder llegar de manera segura a la frontera norte y
solicitar asilo en Estados Unidos, ejerciendo así este derecho.
Por su parte, el Instituto Nacional de Migración ha declarado que
dejará de otorgar estos oficios a personas de nacionalidad haitiana,
para evitar situaciones como las de Tijuana, Baja California. Es decir,
la respuesta nuevamente es la implementación de una política de
administración y control de flujos migratorios, no de acogida ni respeto
a la dignidad humana.
Finalmente se reflexionó sobre el papel de las personas defensoras de
derechos humanos, quienes están en riesgo, debido a las denuncias que
realizan de violaciones a derechos fundamentales cometidas en contra de
estas poblaciones. Generalmente en ellas están implicados diferentes
actores, como el crimen organizado, las empresas, y desde luego la
aquiescencia de distintas autoridades. Ejemplo de ello es lo ocurrido a
la 72 Hogar-Refugio para Personas Migrantes de Tenosique, Tabasco, el 6
de octubre pasado, cuando fueron de nuevo víctimas de amenazas e
intimidación hacia su labor como defensoras y defensores de derechos
humanos.
Cabe mencionar que estas amenazas se realizaron apenas tres días
después de que hicieron una denuncia pública sobre una nueva ola de
violencia contra las personas migrantes y refugiadas; y en particular
acerca del funcionamiento de las redes de secuestro contra estos grupos,
así como la participación de autoridades municipales y en algunos casos
federales.
En síntesis, es fundamental que por una parte los estados retomen sus
obligaciones de garantizar y proteger los derechos humanos de las
personas que habitan y/o transitan por su territorio sin distinción
alguna. Inclusive frente a empresas, el crimen organizado y otros
estados con mayor poder e influencia.
Por otro lado, es también fundamental que asuman su responsabilidad
en la eliminación de las causas estructurales que ocasionan la migración
forzada, como la aprobación de los tratados actuales de libre comercio y
el apoyo a los conflictos bélicos, que ya de por sí violentan la
dignidad y los derechos humanos.
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